El
viraje absurdo/Sergio
Aguayo
Reforma, 23
Mar. 2016
En
derechos humanos, el gobierno mexicano y sus aliados en la sociedad civil
perdieron la brújula. Están rebasados y reaccionan negando la realidad o
descalificando a los críticos.
El
Estado se encajonó en una contradicción. Para sentirse parte de la modernidad
universal aprobó leyes, asignó presupuestos y derrochó discursos. Llenó su
organigrama de simuladores, burócratas y algunos funcionarios comprometidos con
las víctimas que operan en condiciones bastante difíciles por las trabas
burocráticas y las políticas erráticas.
Felipe
Calderón ocultó el problema y dejó un panorama desolador. Enrique Peña Nieto
empezó bien. Se comprometió a estar del "lado de las víctimas y de sus
familiares", y el 9 de enero de 2013 recibió en Los Pinos a un grupo
representativo de afectados que llegaron con sus fotos, sus lágrimas y sus
reclamos. El Presidente sentó a su lado a Javier Sicilia y así nació una Ley
General de Víctimas ahora desdibujada.
Ayotzinapa
y otras barbaridades despedazaron el espíritu de aquel 9 de enero. Puestos a
elegir entre víctimas u orden establecido optaron por el segundo; y Veracruz lo
confirma cada día. Se multiplicaron las críticas del exterior mientras que los
organismos civiles mexicanos y algunos medios de comunicación señalaban la
crisis de los derechos humanos. En algún momento de 2015 el gobierno de Enrique
Peña Nieto y sus aliados civiles dieron un golpe de timón e intentan levantar
una muralla similar a la que había en el México autoritario.
Hay
indicadores. La Secretaría de Relaciones Exteriores descalificó a Juan Méndez,
relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, sustituyó al
independiente Miguel Sarre con un embajador de carrera para integrar el Comité
contra la Tortura de la ONU y lanzó señales de inconformidad con el trabajo del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La
actitud hacia el GIEI muestra el viraje. En junio de 2015 el Presidente alabó
el trabajo del GIEI y aceptó sus recomendaciones. Poco después empezó una
guerra sucia contra el GIEI y en enero de 2016 la CIDH se vio obligada a salir
a expresarle públicamente su "respaldo total, absoluto e
incondicional". Lo más revelador es que la CIDH solicitó al gobierno
mexicano que salieran juntos a respaldar al GIEI y tuvieron como respuesta el
silencio.
Simultáneamente
los organismos civiles que coinciden con la postura oficial se lanzaron a una
crítica frontal y despiadada contra Juan Méndez, Emilio Álvarez Icaza y
aquellos activistas relacionados permanentemente con la comunidad
internacional. Se aprovecharon de la ausencia de un código de ética para los
defensores civiles de derechos humanos. Los escasos documentos sobre este tema
(la Declaración de Compromisos Éticos de los Profesionales de Derechos Humanos)
sólo exhortan a actuar con "veracidad" e "imparcialidad".
Eso es lo que les ha faltado a Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega,
entre otros.
La
señora Wallace afiló el machete adjetivador y acusó al experto de las Naciones
Unidas, Juan Méndez, de "banal" e "ignorante" en el tema de
la tortura y de auspiciar "una red de corrupción" en la que
participaría, entre otros, José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Afirmaciones sin sustento que
buscan distraer o neutralizar a enemigos cuidadosamente seleccionados.
José
Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal, interpuso el 15 de marzo una demanda penal por fraude contra el
secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. Según esta absurda
acusación, él seleccionó para el GIEI a un grupo de ineptos que sólo vinieron a
confundir. El GIEI presentó una versión errónea de los hechos en Ayotzinapa
porque la buena es la de la Procuraduría General de la República; el GIEI ha
"lincha[do] mediáticamente a los militares"; y el GIEI está integrado
por "activistas extranjeros" que deben ser expulsados utilizando el
Artículo 33 constitucional.
La
negación y las infantiles descalificaciones no sacarán al gobierno del foso de
las contradicciones ni resolverán el vía crucis cotidiano de las víctimas de la
violencia de criminales protegidos, en muchas ocasiones, por funcionarios. El
Estado debe regresar a la consigna de los inicios peñanietistas: estar del
"lado de las víctimas y de sus familiares". Su viraje actual es
absurdo, contraproducente y condenado al fracaso.
Colaboraron
Maura Álvarez Roldán y Delia Sánchez del Ángel.
www.sergioaguayo.org
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