México: Carta
abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto: Preocupación frente a la
campaña de desprestigio y difamación contra víctimas y defensores
17 de marzo de 2016
Re:
Preocupación frente a la campaña de desprestigio y difamación contra
integrantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violaciones de
derechos humanos en México
Excmo. Señor
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
De manera muy
atenta, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar
nuestra profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio que están
viviendo integrantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las
víctimas de violaciones de los derechos humanos en México. Paralelamente,
queremos manifestar nuestra inquietud aguda respecto a los actos de difamación
y criminalización contra las víctimas de tortura y en particular las del caso
conocido como los “4 civiles de Rosarito”[1].
En relación con
las víctimas del mencionado caso, el 8 de marzo de 2016, el Sr. Héctor de
Mauleón, en una columna del periódico El Universal, con el título “Secuestró, huyó y lo
indemnizaron”, pone en duda su condición de víctimas y critica que se les haya
indemnizado, reiterando su supuesta participación en múltiples homicidios,
desapariciones, decapitaciones y secuestros[2]. Este hecho no constituye un
caso aislado, ya que tenemos constancia de otros episodios de descalificación,
particularmente en los meses posteriores a la decisión del Comité contra la
Tortura[3].
El pasado 4 de
marzo, en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, en el programa “Ciro Gómez
Leyva por la mañana”, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la
asociación “Alto al Secuestro”, aludió al caso “4 civiles de Rosarito” para
denunciar un “modus operandi” en virtud del cual, las organizaciones de
derechos humanos defenderían a presuntos secuestradores, ya sentenciados, para
ganar pleitos y pedir indemnizaciones cuantiosas[4]. La acusación, en
particular, se dirigía al Sr. José Antonio Guevara, director de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), quien
trabajaría en una “red de corrupción que se sirve de la tortura para hacer
dinero”, junto con otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) y el apoyo del Relator Especial sobre la cuestión
de la tortura, el Sr. Juan E. Méndez. En la misma dirección, se han publicado
otros artículos recientemente en los que directivos y ex–directivos de la
CMDPDH son calificados como “mercenarios de los derechos humanos” o “defensores
de delincuentes”[5].
Las
organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad y respeto máximo
hacia el trabajo del Sr. José Antonio Guevara, la CMDPDH, CEJIL y secundamos el
pronunciamiento público que divulgó la CMDPDH, esclareciendo los señalamientos
e informaciones difundidas en el citado programa de radio.
Tememos que la
reiteración de declaraciones públicas tendientes a desprestigiar a las víctimas
y al movimiento de derechos humanos, incluyendo organizaciones de la sociedad
civil y mecanismos internacionales, forme parte de una campaña de descrédito y
criminalización en contra de estas, con el fin de deslegitimar su labor en
defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales de
rango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Estas
declaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la
inacción gubernamental frente a dichos pronunciamientos y, por el otro, por la
descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos
que llevan a cabo las autoridades mexicanas.
El 2 de marzo
de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Situación de derechos humanos
en México" resultado de su visita in loco en septiembre/octubre del 2015.
El informe confirma la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México,
con particular énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones
extrajudiciales y la tortura. En un comunicado firmado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la
Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano desacreditó
tanto la metodología como el diagnóstico del informe.
En el
transcurso de la misma semana, el 29 de febrero de este año, el Sr. Miguel Ruiz
Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,
cuestionó la rigurosidad y la objetividad del trabajo de los mecanismos de la
ONU en la apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Cabe precisar que, en el año 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas
y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura publicaron informes en
los cuales se urgía a las autoridades mexicanas a tomar un amplio abanico de
medidas para hacer frente a la grave situación de derechos humanos que enfrenta
el país.
Igualmente, el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la
CIDH con el fin proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero),
ha sido el blanco de una ola de descalificaciones y señalamientos contra sus
integrantes a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos.
Señor
Presidente, queremos recordar que en 2014, la Procuraduría General de la
República (PGR) fue notificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas
únicamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura[6]. En el informe
publicado recientemente por la CIDH se afirma que “la práctica de la tortura es
alarmante en México”, destacando que “[e]l Estado mexicano informó que la
Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015,
con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15
sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”. Por su parte, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y 2015 más de
9.200 quejas por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A las
organizaciones firmantes nos preocupa profundamente lo que parece un patrón de
descalificación por parte de las autoridades, de cualquier informe o
pronunciamiento emanante de mecanismos
internacionales que identifique la comisión de graves violaciones de derechos
humanos en el país. Estas reacciones crean un terreno fértil para el
señalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechos
humanos por parte de actores privados.
En este marco,
instamos al Gobierno de México:
- A tomar las
medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual,
observando e implementando las decisiones y recomendaciones de organismos
expertos internacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales
contraidas por el Estado mexicano en virtud de la ratificación de tratados
internacionales de derechos humanos. En el mismo contexto, sería altamente
recomendable que, en el transcurso de este año, los Relatores Especiales de la
ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre la situación de los defensores de
derechos humanos recibieran el visto bueno del Gobierno para realizar las
visitas oficiales solicitadas.
- A garantizar,
en particular en el caso de los ”4 civiles de Rosarito”, el pleno
reconocimiento y legitimidad de las víctimas y tome las medidas necesarias para
protegerlas de todo ataque o señalamiento que ponga en duda su inocencia y las
exponga a la revictimización. Estas acciones se enmarcan en el deber que tienen
las autoridades mexicanas de implementar cabalmente las medidas de reparación
establecidas por el Comité contra la Tortura, entre las cuales se dictaminó la
plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada y la
rehabilitación de las víctimas.
- A reconocer
públicamente la legitimidad y el valor de la labor que realizan la CMDPDH y en
general las organizaciones de derechos humanos en favor de los derechos de las
víctimas, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución. Sr. Presidente,
las organizaciones que suscriben esta carta confiamos en su firme compromiso
con los derechos humanos e instamos a su Gobierno a condenar de forma pública
los actos de desacreditación y difamación descritos en este comunicado y
cualquier otro acto que señale a las víctimas y a las personas defensoras de
derechos humanos en México.
Estimado Sr.
Presidente, agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted
muy respetuosamente,
Las
organizaciones que suscribimos la carta:
Acción de
Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)
Asociación para
la Prevención de la Tortura (APT)
Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F.
Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)
Servicio
Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
A la atención
de:
Excmo. Sr.
Presidente Enrique Peña Nieto
Residencia
Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán,
Col. San Miguel
Chapultepec, C.P. 11850, México DF.
Fax: (+52) 55
5093 4901
E-mail:
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Con copia a:
Lic. Claudia
Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México
Plaza Juárez
20, Piso 22.
Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
Teléfono: (+52)
55 3686 5100 Fax: (+52) 55 9159 6028
Lic. Miguel
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Bucareli 99,
1er. Piso.
Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfono: (+52)
55 5093 3400, Fax (+52) 55 5093 3414
E-mail:
secretario@segob.gob.mx
Mtra. Arely
Gómez González, Procuradora General de la República
Av. Paseo de la
Reforma 211-213, Piso 16.
Col.
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Teléfono: (+52)
55 53 46 01 08, Fax: (+52) 55 53 46 09 08
E-mail: arely.gomez@pgr.gob.mx
[1] El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez,
Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden
de aprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California. Durante la
aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º
Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos
repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas
eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de
uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los
delitos de secuestro y posesión de armas. La CMDPDH, la Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos del Noroeste y la OMCT presentaron el caso ante el Comité
contra la Tortura en 2012. El 4 de agosto de 2015, durante su 55º período de
sesiones, el Comité contra la Tortura concluyó que el Estado mexicano había
vulnerado los artículos 1º, 2º, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradante, y dictaminó
que las víctimas debían ser liberadas y reparadas por los actos de tortura a
los que fueron sujetos. La tortura y los malos tratos infligidos tuvieron como
objetivo la extracción de declaraciones autoinculpatorias que posteriormente
fueron usadas para sostener su culpabilidad y la privación de libertad en
espera de juicio durante más de 6 años.
[2] Hemos sido informados de que el Sr. de
Mauleón rectificó su posicionamiento en un artículo titulado “Sólo es posible
saber que la tortura existió” de fecha 15 de marzo de 2016: http://goo.gl/WR5LuM.
[4] Al mismo tiempo, desde la cuenta twitter de
la Sra. Wallace, circularon unas infografías estableciendo conexiones entre
personas y organizaciones en un supuesto complot para apoyar a delincuentes.
Entre las personas señaladas, figuran reconocidos defensores de derechos
humanos en México, entre ellos Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez
Contreras, Alejandra Nuño, Sergio Méndez Silva y Miguel Sarre.
[5] El 9 de marzo, El Universal publicó una
columna del Sr. Héctor de Mauleón, titulada “Mercenarios de los derechos humanos”, en la
cual se reiteran las supuestas pretensiones económicas de la CMDPDH, citando el
caso Rosendo Radilla Pacheco y la emblemática sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el defensor torturado y desaparecido
durante la “Guerra Sucia”.
[6] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo
Karam ante la Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver aquí, a
partir del minuto 7:40.
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