Mensaje
a medios de Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR
Tarde del domingo 24 de abril de 2016.
Buenas
tardes tengan todas y todos ustedes.
Las
instituciones del Gobierno de la República y quienes servimos en ellas,
reiteramos nuestra solidaridad plena, nuestro reconocimiento y compromiso total
con los padres de los normalistas desaparecidos y las víctimas de los
lamentables acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A
ellos, les refrendamos que seguimos trabajando de tiempo completo,
exhaustivamente y con su acompañamiento, en una indagatoria que sigue abierta y
en la cual se atienden todas y cada una de las líneas de investigación que la
integran.
Estos
repudiables hechos nos indignan como mexicanos y no vamos a permitir que queden
impunes.
La
Procuraduría General de la República ha tenido como prioridad el
esclarecimiento de los hechos del Caso Iguala. Seguimos con un esfuerzo
permanente, hasta que todas las personas penalmente responsables sean
presentadas ante las autoridades judiciales, quienes determinarán las sanciones
que en derecho les correspondan.
El
Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de
la procuración de justicia en México. Ha contado además con ejercicios inéditos
de colaboración internacional, de transparencia y trabajo con las víctimas.
Fija un estándar en materia de procuración de justicia y derechos humanos en tres
aspectos: atención a víctimas, búsqueda de personas y una investigación amplia
de los delitos para que estos hechos no queden impunes.
Los
familiares de los estudiantes y el Gobierno de la República estamos del mismo
lado y trabajamos por el mismo objetivo: saber qué pasó con los jóvenes
normalistas y castigar a cada uno de los responsables.
RECONOCIMIENTO
AL GIEI:
Nuestra
Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público. En un acto de apertura al escrutinio internacional, y en
respuesta a las medidas cautelares del Caso Iguala, dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano solicitó un mecanismo de
asistencia, a través de un grupo de expertos que coadyuvara técnicamente en las
investigaciones.
Al
concluir esa coadyuvancia el próximo 30 de abril de acuerdo a la extensión del
periodo solicitado por el GIEI, la PGR expresa su reconocimiento a los
Expertos, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al
expediente, en los términos y alcances que establece la ley y el Acuerdo de
Asistencia Técnica.
En
este contexto, el día de hoy el GIEI hizo entrega de su Informe de nuevos
avances en el Caso Iguala. Agradecemos las aportaciones y las recomendaciones,
las cuales, de acuerdo con las instrucciones del señor Presidente Enrique Peña
Nieto, serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego a derecho, para
enriquecer la investigación sobre estos trágicos hechos.
Para
que una investigación tan amplia y compleja como la del Caso Iguala avance, la
confianza entre víctimas y autoridades resulta fundamental. Durante este periodo
la participación del grupo de expertos fortaleció significativamente estos
vínculos y la Procuraduría General de la República mantendrá esta cercanía.
De
manera coordinada, se intensificaron las acciones de búsqueda, se acordaron
nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones y se realizó la
valoración de nuevas evidencias científicas.
La
Institución expresa su reconocimiento a los expertos integrantes del GIEI:
Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia,
quienes han colaborado con la Procuraduría General de la República durante sus
dos mandatos. Los días que restan a su mandato, sostendremos varias reuniones
para aprovechar en toda su extensión este esfuerzo de colaboración.
REUNIONES
CON EL GIEI:
El
trabajo de la PGR con el Grupo de Expertos ha sido constante. La Procuradora
General de la República, Subprocuradores y diversos funcionarios de la
Institución, nos hemos reunido en 94 juntas de trabajo para el seguimiento del
mandato motivo de la asistencia técnica. 31 de estas reuniones han sido con la
Titular de esta Institución, y el resto con funcionarios de primer nivel, para
desahogar peticiones, analizarlas y tomar acuerdos en torno a la Investigación,
sumado al trabajo cotidiano con el equipo ministerial.
Adicionalmente
el Grupo de Expertos también sostuvo reuniones de trabajo con el Secretario de
Gobernación y con el Subsecretario de Derechos Humanos de dicha dependencia.
NÚMERO
Y ESTATUS DE PETICIONES:
En
todo momento, la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno
a la información para el desarrollo de su labor.
Debe
destacarse que a petición expresa de los padres, de la CIDH y del Grupo, la
investigación del caso pasó, de manera excepcional, durante este segundo
mandato de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad, creándose una oficina de investigación exprofeso,
dotada de todos los recursos técnicos, materiales y humanos para atender este
caso, cuyo personal además, fue previamente seleccionado por el GIEI y los
representantes de los padres.
El
Estado Mexicano ha brindado al GIEI en todo momento las facilidades que
requirieron para su trabajo. En ese sentido, en cuanto a solicitudes y
requerimientos, esta Procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones, de las
cuales al día de hoy, el 85 por ciento ha sido cumplido en su totalidad y el
resto se encuentra en vías de cumplimiento.
Cabe
señalar que en el primer mandato se recibieron 177 peticiones; 30 más, en el
periodo intermedio y 734 en el segundo mandato. De estas últimas, más de 200 se
recibieron entre febrero y marzo de este año.
Dentro
de estas peticiones, el Grupo de expertos le pidió a la PGR:
·
Información sobre fichas de Identificación de los 43 estudiantes, conforme con
el “Registro Único de Personas Desaparecidas” del Protocolo para el Tratamiento
e Identificación Forense.
·
Georreferenciación de teléfonos, de los cuales se elaboró dictamen a fin de
determinar la última ubicación de las señales de los números de los estudiantes
y de diversos inculpados. En este rubro, del total de solicitudes del GIEI, 430
corresponden específicamente a telefonía y cruces de llamadas. Todas ellas han
sido desahogadas, derivándose elementos de investigación que han sido atendidos
por el Ministerio Público de la Federación.
·
Testimonios e información referente a todas las autoridades de seguridad
pública en servicio, durante los hechos, también fue requerido.
·
Así, como reportes meteorológicos y de imágenes satelitales.
·
Estudios, peritajes, confronta de elementos balísticos, comparaciones de
perfiles genéticos, e información científica referente al caso.
·
Investigación de organizaciones criminales, su estructura, vínculos
financieros, así como de presuntos responsables.
·
Además de promover la acumulación por conexidad de las cuatro causas penales
del fueron común al federal, mismas que hoy se encuentran radicadas en un mismo
juzgado.
ACCIONES
DE BÚSQUEDA:
Como
se ha reiterado, la investigación para el esclarecimiento de los hechos del
caso Iguala se encuentra abierta, por lo que de manera permanente se siguen
realizando acciones de búsqueda. La última tuvo lugar los pasados 13 y 14 de
abril.
En
coordinación con la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la
Secretaría de Marina, a la fecha se han efectuado 851 acciones de búsqueda,
utilizando para ello todos los recursos institucionales y tecnológicos más
avanzados. En el segundo mandato 25 de ellas se realizaron a petición del GIEI
y en todo momento se tuvo acompañamiento de los representantes forenses de los
padres.
INVESTIGACIÓN
Y PROCESO PENAL:
54
policías municipales de Iguala.
19
policías municipales de Cocula.
50
integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, entre los que se encuentran
integrantes de células que operaban en Huitzuco.
El
expediente se ha trabajado con transparencia, lo cual puede constatarse con la
versión pública del Caso, que está disponible para consulta de cualquier
interesado en Internet. La propia versión da cuenta de un trabajo exhaustivo,
que incluye, entre otros aspectos:
Mil
651 intervenciones periciales.
850
declaraciones ministeriales.
98
extracciones forenses de información, todas ellas con autorización judicial.
La
toma de 135 muestras de ADN,
20
cateos, entre otras muchas diligencias.
MENSAJES
TORTURA
La
PGR ha manifestado como uno de sus cuatro ejes rectores el respeto a los
Derechos Humanos. De ahí que condene, investigue y sancione, como lo manda
nuestra Constitución, cualquier práctica de tortura o malos tratos.
Los
señalamientos sobre supuestos actos de tortura referidos a esta indagatoria,
están siendo investigados por la Unidad Especializada en Investigación del
Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delitos Federales, área creada por acuerdo de la Procuradora el 27 de octubre
del 2015, la cual ha iniciado 6 averiguaciones previas, relacionadas con 31
presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores
públicos de distintas instituciones.
Cabe
señalar que estos hechos se investigan a iniciativa de la propia institución.
Toda
indagatoria ministerial vinculada con probables casos de tortura, requiere la
aplicación del estándar internacional de Derechos Humanos para su investigación
en esta materia, conocida como Protocolo de Estambul, el cual consiste en la
práctica de exámenes médicos de integridad física, psicológicos y de fe de
integridad psicofísica, mismos que deben obrar en las actuaciones de donde
deriva la calidad de la probable víctima.
Actualmente,
la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, que en México es la
instancia con acreditación internacional para su aplicación, realiza estudios
conforme al Protocolo de Estambul a las probables víctimas.
Es
importante reiterar que las consignaciones realizadas por la PGR están basadas
en pruebas periciales, evidencia científica y no solamente en declaraciones.
Nuestra
Constitución es la garantía de que la tortura no es tolerada y es sancionada
con severidad. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso
con la indagación de todas las denuncias al respecto.
ESTUDIO
DE FUEGO
En
el Informe publicado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015, se incluyó el
estudio del doctor José Torero, quien planteó la necesidad de realizar una
investigación de altísimo nivel en el basurero de Cocula, con peritos de las
más altas calificaciones independencia y experiencia en materia de fuego.
Atento
a ello, la PGR propuso al GIEI, y así lo pactó con este Grupo, realizar un
tercer estudio de fuego, compromiso que fue formalizado durante la audiencia
pública del Caso Iguala ante el Pleno de la CIDH el 20 de octubre de 2015.
Posteriormente, el 25 de enero de este año la PGR y el GIEI fijaron como objetivos
del estudio los siguientes: determinar si hubo un episodio de fuego controlado
en el basurero de Cocula y analizar la posibilidad de la quema de restos
humanos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Asimismo,
el 12 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI integraron de común acuerdo el panel
internacional e independiente de 6 especialistas de fuego con las más altas
acreditaciones científicas forenses del mundo en esta materia. Cada parte
propuso tres expertos, incluyendo al doctor Torero.
Debe
referirse que, como se especificó en las bases acordadas por la PGR y el GIEI,
el panel de especialistas de fuego realizó su análisis con base en toda la
evidencia contenida en el expediente incluyendo los dictámenes periciales de la
PGR, los estudios de José Torero y del EAAF.
Como
fue comunicado públicamente por el representante del grupo de especialistas de
fuego en su informe conclusivo, se indicó que en el basurero de Cocula, y cito
textual: “Uno: derivado de los siguientes análisis practicados se puede
concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente,
para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes
dimensiones en el lugar denominado ‘basurero de Cocula’”.
“Dos:
la recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente
entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República
como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar
que al menos 17 seres humanos, fueron quemados en el lugar”.
No
obstante, la indagatoria sigue abierta y se agotarán todas las líneas de
investigación para esclarecer los hechos.
27
BATALLÓN
Como
se ha referido en múltiples ocasiones, el marco legal mexicano establece que
los interrogatorios a cualquier persona, en el marco de una averiguación
previa, incluyendo a personal militar, solo pueden desarrollarse bajo la
conducción única del Ministerio Público de la Federación.
Permitir
las entrevistas en los términos que pretendía el GIEI vulneraba el debido
proceso.
Ello
no obsta, para señalar que el cuestionario con las preguntas que el GIEI
deseaba formular directamente y que hoy fue difundido durante su informe, será
valorado internamente por el Ministerio Público en los términos que legamente
correspondan. Es importante destacar que en diversas ocasiones se solicitó al
GIEI la entrega del cuestionario que hoy finalmente es público, para que la
autoridad ministerial lo aplicara en los términos legales conducentes.
Cabe
comentar también, que en la indagatoria constan más de 50 declaraciones ante el
Ministerio Público de la Federación de elementos militares del 27 batallón de
infantería. La PGR ha ampliado las declaraciones según ha sido necesario para
esclarecer los hechos, de modo que algunos de sus integrantes han comparecido
hasta en cuatro ocasiones, sin que se haya encontrado evidencia que los
incrimine respecto de estos sucesos.
QUINTO
AUTOBÚS
El
GIEI se ha referido a la hipótesis del “Quinto Autobús”, la cual han
manifestado no fue debidamente investigada por las autoridades ministeriales.
Con
relación al autobús 3278 de la empresa Eco Ter, Estrella Roja, señalado como el
Quinto autobús por el GIEI, su presencia fue integrada en el expediente desde
que la PGR atrajo la investigación.
A
esta línea de investigación se le ha dado un seguimiento muy puntual para su
esclarecimiento. Además, en torno a este punto, el Grupo de Expertos hizo 19
peticiones, entre otras:
Realizar
diligencias de investigación relacionadas con el autobús Estrella Roja.
Ampliación
de entrevista al chofer.
Guías
de transporte o bitácoras de recorridos de los autobuses que se encontraban en
la terminal de Iguala.
Inspección
ministerial de la unidad y práctica de dictámenes periciales.
En
respuesta, esta autoridad llevó a cabo las siguientes diligencias:
El
11 de septiembre del 2015, personal de la Oficina de Investigación se trasladó
a Cuautla, Morelos a practicar nuevamente la inspección ministerial y realizar
dictámenes periciales, destacando la identificación vehicular, de la que
resultó que dicho camión no contaba con alteración alguna, como podría ser
compartimentos ocultos para esconder droga u otra sustancia. Además, se utilizó
un binomio canino que permitió descartar la presencia de narcóticos.
El
2 de octubre de 2015, el chofer de este autobús amplió su declaración
manifestando:
1.
Que el camión asegurado es el mismo que salió de la central de autobuses, una
vez que fue tomado por estudiantes.
2.
Que éstos descendieron por su propia voluntad calles adelante, y
3.
Que jamás fue detenido por elementos de la policía de ninguna corporación.
El
29 de septiembre de 2015, compareció el apoderado legal de la empresa a la que
pertenece el autobús, quien exhibió el Reporte de Velocidad de la unidad,
correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Anexó además las
impresiones del sistema copiloto satelital, de la cual se advirtió la ruta del
vehículo el día de los hechos. Estos elementos son coincidentes con la
declaración ministerial del chofer, al acreditarse técnicamente que salió de la
central de autobuses a las 21:20 horas del día 26 de septiembre de 2014 y a las
22:05 horas se encontraba en la caseta de Iguala.
Respecto
al manuscrito del 5 de octubre de 2015, al que se refirió el GIEI y que se
atribuyó al chofer y que en su contenido señala haber sido detenido, a éste se
le practicaron dictámenes de Grafoscopía, uno elaborado por la Coordinación
General de Servicios Periciales de esta institución y otro por la Policía
Federal. En dicho dictamen se concluyó que no fue el chofer quien lo escribió
sino el apoderado legal de la empresa.
Además,
con el propósito de ser exhaustivos en esta línea de investigación, se
encuentra en trámite una solicitud de asistencia jurídica internacional al FBI,
misma que ayudará a profundizar al respecto.
Un
punto relevante sobre esta hipótesis del GIEI, es que la ruta de este
transporte estaba circunscrita a los estados de Morelos y Guerrero. Por lo
tanto, no habría podido cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de América
tal y como es sugerido.
HUITZUCO:
Con
relación a la línea de investigación sobre la Policía Municipal de Huitzuco, la
PGR, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, ha atendido las
líneas de investigación necesarias para su esclarecimiento, incluida la
declaración de un testigo que apuntaba a que una de las rutas de desaparición
se dirigía a esta población.
En
atención al principio de exhaustividad que requiere toda investigación penal,
se han desarrollado en la comandancia de la policía municipal de Huitzuco,
entre otras diligencias, inspecciones ministeriales, fe de registro y archivos,
inspecciones del parque vehicular y armas con las que cuentan los elementos de
seguridad pública municipal, estudios de situación patrimonial, y se han
indagado posibles vínculos que pudieran existir con miembros de la delincuencia
organizada, entre otras acciones.
En
forma particular, durante esta segunda etapa de la indagatoria, desde diciembre
de 2015 a la fecha, han declarado ante el Ministerio Público de la Federación
45 Policías Municipales de Huitzuco.
Adicionalmente,
esta Representación Social indaga la información fiscal y financiera de los
policías de ese municipio.
Además
de las acciones de investigación a los policías, se han realizado a la fecha en
esa población y lugares aledaños múltiples acciones de búsqueda de los
estudiantes normalistas, siendo la primera de ellas en el mes de diciembre de
2014.
POLICÍA
FEDERAL:
El
mismo testigo que llevó a desarrollar la línea de investigación sobre Huitzuco,
también refirió la probable presencia de algún elemento de la Policía Federal
en un evento relacionado con la desaparición de los estudiantes.
En
este sentido, esta institución agota hasta sus últimas consecuencias esta línea
de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que
legalmente procedan.
Es
conveniente precisar que, como obra en el expediente, en sus declaraciones
iniciales registradas en 2015, dicho testigo no refirió ni hizo algún
señalamiento previo, relativo a elementos de esta corporación.
AVISPONES:
En
cuanto al lamentable evento que involucró a integrantes del equipo de futbol
Avispones de Chilpancingo, se inició una indagatoria el 11 de noviembre de
2014, con motivo de la averiguación previa recibida de la Fiscalía General de
Guerrero.
Respecto
a lo manifestado por las víctimas, de que policías federales no actuaron
oportunamente, los elementos declararon ante el Ministerio Público de la
Federación que sí solicitaron servicios médicos para el auxilio inmediato de
los heridos, atención que fue otorgada oportunamente según consta en las
declaraciones.
MEZCALA:
Sobre
hechos ocurridos en el tramo Chilpancingo-Iguala, en las inmediaciones de la
población de Mezcala, Municipio de Eduardo Neri, la Fiscalía General de
Guerrero inició una averiguación previa por el delito de tentativa de
homicidio, lesiones, amenazas y robo cometido en agravio de una víctima, quien
resultó lesionado en el hecho ocurrido en la carretera Federal México –
Acapulco en la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Esta
persona declaró ante la Fiscalía local que observó a un grupo de
aproximadamente 40 personas que vestían ropas civiles y pasamontañas, que
portaban rifles, y sin mediar advertencia o señal alguna empezaron a
dispararle, resultando herido en la pierna. Refiere haber escuchado de sus
agresores que a uno de los sujetos por radio le avisaron, “ahí viene la ley
vámonos”, por lo que se retiraron llegando al poco tiempo una patrulla de la
Policía Federal.
La
Fiscalía General de Guerrero también recogió las declaraciones del padre de una
víctima de la agresión al equipo “Los Avispones de Chilpancingo” quien se
refirió a movimientos de varias camionetas de lujo que intentaban bloquear la
carretera a media noche, cuando él pretendía acudir en auxilio de su hijo,
quien le reportó que estaba herido. En su declaración no refiere que alguno de
estos vehículos fueran patrullas.
En
las averiguaciones previas que quedaron asentadas en la Fiscalía General de
Guerrero, no hay evidencia de la presencia de la policía federal como agresores
en el lugar de los hechos.
FRAGMENTACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN:
La
investigación del caso Iguala no está fragmentada. El expediente del caso
consta de una sola averiguación en la cual se han integrado las actuaciones de
cuatro investigaciones relacionadas con el secuestro y desaparición de los
estudiantes normalistas.
La
Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los
hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce de eventos relacionados con delincuencia
organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que se
dejen de remitir a la Oficina de Investigación las actuaciones directamente
vinculadas con el Caso Iguala.
Es
necesario precisar que por razones de ley la SEIDO debe proseguir con las
investigaciones en su materia, lo que ha permitido seguir consignando sujetos
relacionados con la organización criminal que opera en la zona norte de
Guerrero, que además es responsable de la agresión a los estudiantes, y de
otras víctimas.
En
relación con el video mostrado el día de hoy por el GIEI, la PGR analizará
dicho material y en el marco de la investigación determinará lo conducente.
SALIDA
La
Procuraduría General de la República reitera su compromiso permanente con las
familias y todas las víctimas para esclarecer los hechos, así como con la
promoción y defensa de los derechos humanos.
Refrenda
también su interés de seguir trabajando con ellas y con sus representantes.
También
expresa que en el contexto de las medidas cautelares del Caso Iguala, brindará
a la CIDH toda la información necesaria para su seguimiento.
Los
hechos de Iguala han representado una de las más grandes ofensas y uno de los
más grandes desafíos para el Estado Mexicano.
Las
autoridades reiteramos nuestro compromiso con la apertura y transparencia en la
investigación.
Por
ello, la PGR, puso a disposición de la ciudadanía la versión pública del
expediente. Además, como parte de esta política de apertura, se anuncia que en
esta semana se dará a conocer un amplio informe con el estatus actual de la
investigación hasta el segundo mandato del GIEI.
Dicho
documento contiene la síntesis de los 201 tomos y 14 anexos del caso, e incluye
las principales acciones y los resultados más destacados de la investigación
hasta la fecha.
Finalmente,
la PGR expresa, reitera y enfatiza que la investigación está abierta y no
concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces, así
también manifiesta su convicción de que la relación de confianza y diálogo con
los familiares de los estudiantes normalistas es fundamental y seguirá
trabajando en su tarea de procurar justicia.
Fuente: Procuraduría
General de la República
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