¿A quién obedece Isabel Miranda de Wallace?/Roberto Rock L
LSR, 2 de mayo de 2016..
INFORME CONFIDENCIAL | OPINIÓN | 2016-05-02 00:00:00
A inicios de este año se cumplió una década de que el país fuera cautivado, por una hasta entonces, anónima madre de familia, pedagoga de formación, que atrajo los reflectores públicos al demostrar que ella misma se había dado a la tarea de investigar el secuestro de su hijo, identificar a los presuntos responsables y presionar a la autoridad para que fuera tras ellos.
Esa valiente mujer es Isabel Miranda de Wallace, quien actualmente dirige la agrupación ciudadana “Alto al Secuestro”. En 2010 recibió de manos el entonces presidente Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos, y habría sido el propio Calderón quien en 2012 la impulsó para que el Partido Acción Nacional la postulara como candidata a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, para contender contra Miguel Ángel Mancera.
Este último episodio político-electoral parece haber tenido dos víctimas. El primero y más notorio fue el PAN, que en aquella elección, con un presidente blanquiazul en Los Pinos, captó apenas 16% de los votos en la capital del país, lo que lo sumió en una debilidad de la que aún no se recupera.
El segundo actor lesionado por aquella campaña desastrosa fue la propia señora Miranda de Wallace, cuya exposición a la política partidista exhibió un largo rastro de colaboracionismo con el gobierno del citado Calderón, labor en la cual no parece haber tenido conflicto alguno para reeditar bajo la administración del presidente Peña Nieto.
En el campo de las organizaciones de la sociedad civil ha crecido por años la indignación por el “acompañamiento” de la señora Miranda de Wallace con las estrategias oficiales para desactivar, aislar y en caso necesario, sembrar infundios en contra de agrupaciones que se han mantenido críticas ante el gobierno por violaciones graves a los derechos humanos.
Durante la pasada administración panista, la señora Miranda usó su voz como activista en este campo para cuestionar las causas de Alejandro Martí y de Javier Sicilia. Con ambos la identificaba la tragedia de haber sufrido el secuestro y posterior homicidio de un hijo. Pero su postura no fue ejercer mayor presión sobre la autoridad, sino deslindar a funcionarios federales en sendos casos.
Desde aquella época se empezó a rumorar que la señora Miranda atendía directrices del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lo que la llevaba a emprender posicionamientos que fueron deteriorando rápidamente su autoridad moral.
En el actual gobierno este perfil se ha repetido, e incluso ha mostrado un mayor énfasis. Debe subrayarse que la colaboración en su equipo de abogados con trayectoria nacional e internacional, como Samuel González, ex funcionario de PGR y ex asesor externo de la ONU, han permitido a la señora De Wallace incluso elevar la mira hacia presas de mayor calibre.
Es por ello que en los últimos años hemos visto a la dirigente de “Alto al Secuestro” en aceras contrarias a las que ocupan personajes ampliamente reconocidos en el campo de le defensa de los derechos humanos, como Juan Méndez, relator de Naciones Unidas para temas de tortura, cuyos reportes sobre la gravedad del problema en México han atraído críticas y condenas de la señora Miranda y su equipo de asesores.
También puede ubicarse a este grupo no en el activismo ciudadano sino en el denostación contra el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), conformado por un convenio establecido entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.
En toda la historia del caso Ayotzinapa, Miranda de Wallace se ha alienado con la visión del oficialismo. Y esta vez el destinatario de sus dardos, cada vez menos eficaces, ha sido el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
El discurso asumido por ella se halla nutrido de recursos de baja calaña: hacia el GIEI, la xenofobia más elemental –¿qué hacen extranjeros metidos en este tema que corresponde a los mexicanos?-, y contra el funcionario de OEA, dos veces ombudsman del DF, el correlato previsible: traidor a México.
A los estrategas que utilizan a la señora Miranda como la mano del gato que rescata castañas del fuego, no se les escapa que el enorme desprestigio de México y su gobierno no deriva de lo que hagan o dejen de hacer los señores Méndez y Álvarez Icaza. Ahí está por si hace falta, el reporte en materia de tortura generado por Amnistía Internacional; los pronunciamientos de altísimo nivel surgidos en la reciente gira europea del presidente Peña, o la declaraciones de Hillary Clinton, posible futura presidenta de Estados Unidos a partir de noviembre próximo.
No han faltado en las campañas de la señora Wallace objetivos más modestos pero igualmente sensibles, como la presión desbordada para combatir la eventual liberación de Nestora Salgado, integrante de policías comunitarias, quien estuvo presa por más de 36 meses, hasta que en marzo pasado alcanzó su libertad.
Ni en México ni en el extranjero hay duda alguna de que la señora Miranda tiene un compromiso de sujeción si no al gobierno mexicano en su conjunto, sí a alguno de los sectores “duros” de la administración Peña Nieto.
En diversos espacios de la clase política, de analistas y de la comunidad de defensores de derechos humanos se han ido abriendo paso la convicción de que el “halcón” del gobierno federal que orienta la conducta de la señora Miranda se halla en la Consejería Jurídica de Los Pinos, que encabeza Humberto Castillejos, un influyente personaje que ha logrado doblegar la voluntad de muchos actores en el Congreso, el Poder Judicial Federal y hacia el interior mismo de la administración.
Una reciente carta desplegada por el diario “El Universal” en días recientes bajo la firma de Miranda de Wallace, con un confuso cuestionamiento hacia el ministro José Ramón Cossío, atrajo entre los enterados, la lectura de una pugna entre el citado Castillejos y un sector independiente de la Corte, al que pertenece Cossío.
Es muy probable que estos patrones se agudicen en la medida en que se desahogue la agenda gubernamental en derechos humanos, o en cuestiones que deba dirimir la Corte. Es predecible que el oficialismo debe ajustar sus estrategias y ajustar su nómina de “compañeros de viaje”, pues cada vez menos personas se llamarán a sorpresa cuando encuentren a la señora Miranda en el lado equivocado de las causas de la sociedad.
robertorock@hotmail.com
@OpinionLSR
%203.20.53%E2%80%AFp.m..png)
2 comentarios:
OBEDEZCO A MIS CONVICCIONES Y A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
Uno de los problemas que tenemos los mexicanos es la desinformación o la ausencia de ella, lo cual queda de manifiesto cuando Roberto Rock hace alusión a mi persona.
Señor Rock le comento que el Aniversario del secuestro y muerte de mi hijo NO fue a inicio de año, sino el 11 de julio, es decir a mitad de año.
Por otro lado, es indudable que he sido una dura crítica de las instituciones de Procuración y Administración de Justicia; también he denunciado cómo algunos actores con intereses políticos y económicos quienes se dicen defensores de Derechos Humanos, lo que hacen es ver por intereses propios, logrando obtener grandes recursos y dejar a las víctimas sin justicia.
Respecto al artículo que publica hoy en La Silla Rota, le señalo lo siguiente:
- Nunca he cuestionado la causa de Javier Sicilia, lo único que yo en su momento le sugerí es que no se quedara en la calle por el reciente asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, activista asesinada por protestar por el asesinato de su hija. Jamás he intentado boicotear nada, soy respetuosa de las expresiones de todo mundo porque creo que en eso se basa la democracia, no en callar voces.
- En el caso de Juan Méndez, he presentado pruebas de la red en que se desenvuelve y el conflicto de intereses con el que actúa, ya que el Señor Méndez y su grupo saltan de ONG´s a cargos en la administración pública y organismos internacionales, favoreciendo sus propios casos y agendas personales.
Casos como el de los 4 civiles de Rosarito, miembros de una célula del Cártel de Sinaloa, que fueron detenidos con una víctima de secuestro en flagrancia y sin embargo obtuvieron beneficios gracias a los malos oficios de una camarilla de abogados y “pseudo activistas”, demuestran la gran inequidad entre las víctimas del delito y los imputados que hoy persiste en la legislación mexicana. La red que a continuación ilustramos ha aprovechado esta situación para hacer de los derechos humanos un negocio muy lucrativo obteniendo indemnizaciones millonarias y la libertad de delincuentes, dejando a las víctimas del delito indefensas y con las manos vacías.
- Por su parte, las evidencias sobre el señor Emilio Alvarez Icaza son muy claras: es una persona sin calidad moral, lo único que ha hecho es sacar provecho de las víctimas, por eso se ha acercado a activistas como Javier Sicilia y ha actuado como Juez y Parte en otros casos. Cabe anotar que en lo personal no tenemos nada contra el señor Alvarez Icaza, salvo cuando su agenda política atropella el derecho más elemental de cualquier víctima: el derecho a no volver a ser ultrajada por la manipulación de las muchas fallas del sistema de justicia y la tan frecuente incompetencia del Estado.
Pertenece a la Red de quienes se dicen defensores de derechos humanos, pero lejos de hacerlo lucran con el dolor de las víctimas y propician la impunidad en nuestro país.
- Es también un hecho claro y demostrado que los miembros del GIEI, nombrados por Emilio Álvarez Icaza, tuvieron inconsistencias y dolo en su actuar, prueba de ello es que no entregaron el video denunciando las supuestas irregularidades al MP antes de sacarlo a la luz pública, lo que buscaban era protagonismo. Además nunca actuaron con la transparencia que ellos exigían.
Muestra de ello es que pese a contar con información brindada por muchos de los padres y obtenida en entrevistas con los imputados nunca la aportaron a la investigación.
Se dedicaron a dividir y a obtener recursos de los bolsillos de los mexicanos sin dar ningún resultado, ya que a la fecha no han dicho qué fue lo que pasó con los 43 normalistas.
Estimado Roberto, por favor no se confunda, no hay actitud xenófoba en rechazar que un grupo de extranjeros no aptos, o mexicanos con intereses personales, reciban millones de dólares de parte del gobierno. Ese dinero proviene de los ciudadanos que pagamos impuestos.
- Respecto a Nestora Salgado, es un caso emblemático donde la política pasó por encima de la justicia. Pese a contar con pruebas de que Nestora cometió más de 40 secuestros, según la flagrancia y constancias que obran en el expediente además la imputación de sus propios subordinados, fue puesta en libertad por acuerdos políticos. Ciertamente lamentamos que así allá ocurrido. Por cierto, de ser cierta su sugerencia de que nuestra causa la mueven los hilos del poder que usted sugiere, ¿no le parece que tendríamos la fuerza para evitar injusticias como ésta?
Mi interés, Señor Rock, son las víctimas del delito, que son olvidadas tanto como por algunas organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos, como por las propias Instituciones de Procuración y Administración de justicia. Esa es mi única agenda.
Mi convicción es que los derechos humanos son para todos, pero lamentablemente en este momento en nuestro país las víctimas del delito son las primeras en ver sus derechos fundamentales vulnerados al ser secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas; es con ellas mi compromiso.
Por ello, deseo dejarle muy claro que seguiré trabajando por la equidad y para que todo el que ha sufrido un delito pueda tener acceso a la justicia.
Ma. Isabel Miranda de Wallace
Presidenta Alto al Secuestro, A.C.
Publicar un comentario