El Financiero, 2 de mayo de 2016
Los padres de los normalistas ofrecieron una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino. (Eladio Ortiz)
Poco después de las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le informó al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, de una balacera en Iguala, donde había muertos, heridos y, además, que los principales atacados eran normalistas de Ayotzinapa, quienes, no pensó necesario subrayar, tenía una larga historia de rebeldía y conflicto con las autoridades.
Miranda lo escuchó, pero a decir de su reacción no entendió, pues no sonó ninguna alarma. Sólo le pidió al subsecretario que ve medios, Andrés Chao, que estuviera pendiente el sábado porque había habido una balacera en Iguala, para ver si la mencionaba la prensa. El compadre del presidente Enrique Peña Nieto se fue a dormir.
El gobierno federal no actuó. El Ejército y la Policía Federal interactuaron en Iguala con las acciones criminales, pero la información tampoco fue procesada por Miranda. ¿Qué habría pasado si responde el gobierno federal esa misma noche? La pregunta es retórica, pero el hecho de que no haya hecho nada dibuja de cuerpo entero la incompetencia de un gobierno que, hasta hoy, presume con soberbia su capacidad. Las consecuencias de aquello llevó a críticas internacionales sobre la falta de Estado de derecho en México y cuestionamientos interminables sobre la investigación del crimen en Iguala, que finalmente rompieron el silencio dentro del gobierno que hoy esboza sus diferencias y contradicciones.
Funcionarios de diversas dependencias, frustrados, dicen que uno de los grandes problemas que ha enfrentado el gobierno por el crimen contra los normalistas es su falta de cohesión interna y la forma como en términos reales, no discursivos, ha actuado. “Lo han tratado como si fuera un asunto de barandilla de Ministerio Público”, se quejó un funcionario de la PGR. “Es cierto, no se ha trabajado como una unidad”, admitió un colaborador del presidente Peña Nieto, quien reconoció que una parte del problema nació en la Presidencia. Dos de las principales críticas apuntan hacia Los Pinos y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“(La canciller Claudia) Ruiz Massieu no se quiere ensuciar las manos”, dijo un funcionario de la PGR. “Nos enterábamos por la prensa de lo que iba a hacer el GIEI (el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque nunca nos informaban con antelación de nada”. Qué tanta falta de comunicación se dio entre la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, sólo el presidente podría aclararlo, pero igualmente Peña Nieto, o se mantuvo ausente en la presión a sus colaboradores para que trabajaran de diferente manera, o delegó tanto que cada quien hizo lo que mejor se le acomodó a sus intereses particulares.
Un ejemplo de que eso puede ser lo que pasa regularmente en Los Pinos es su oficina de Comunicación Social, a la que señalan cada vez de manera más abierta no sólo desde la PGR sino desde la Secretaría de Gobernación, por la creciente idea que una gran parte de la crisis que vive el gobierno tras las conclusiones del GIEI y las reacciones en el mundo coincidentes en contra de la administración de Peña Nieto, tiene que ver directamente con el mal trabajo que realizaron sus operadores de medios. El caso que han resaltado en los últimos días para ilustrar cómo hay más interés en la promoción personal que en la defensa de los intereses del gobierno, fue la entrevista del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, que publicó el diario La Razón 48 horas antes de que el GIEI diera a conocer su informe final sobre el Caso Ayotzinapa. La entrevista fue de alta promoción de Sánchez, quien posó para una fotografía que tuvo una exposición sobresaliente en su primera plana, sin tener la sensibilidad que La Razón es el periódico al que organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación en el mundo responsabilizan de encabezar la campaña de desprestigio gubernamental contra del GIEI.
“Sánchez debió haber estado más atento en cómo enfrentar la crítica que se venía, que en promoverse de esa manera”, dijo molesto un funcionario en el área política del gabinete. Pero el vocero presidencial está lejos de ser el único cuestionado. Funcionarios en el gabinete de seguridad nacional han mostrado descontento por la forma como varios subsecretarios de Gobernación han enredado la relación con los padres de los normalistas y sus abogados a lo largo del tiempo. En un principio se quejaban de las promesas imposibles que hacía Miranda –como que les abrirían las puertas del cuartel del Batallón 27º de Infantería–, y posteriormente por declaraciones hechas por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, que contradicen las investigación, con lo que las contradicciones dentro del gobierno minan sistemáticamente su posición.
El crujir de los maderos en los altos niveles del gobierno no parece ser escuchado por el presidente Peña Nieto, quien a decir de sus discursos, piensa más en que no lo entienden los mexicanos –sobre todo los medios de comunicación– que en reconocer que algo está mal en las oficinas de mayor responsabilidad de su administración. Peña Nieto padece, se puede argumentar, de lo que en Teoría de Juegos se llama El Paradigma de la Rana, un ejercicio biológico donde una rana se cuece gradualmente mientras nada, sin darse cuenta de que se está muriendo hasta que ya es muy tarde para evitarlo.
Mañana:
Ayotzinapa, ¿qué sigue?
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