Arrasa con todo el tren Toluca-Ciudad de México

Revista Proceso # 2064, 22 de mayo de 2016

Arrasa con todo el tren Toluca-Ciudad de México/RODRIGO VERA

Es un sueño del Grupo Atlacomulco: un tren que conecte la capital del Estado de México con la Ciudad de México… para lucro de la propia camarilla priista. El presidente Enrique Peña Nieto ya lo está construyendo, aunque en el proceso se lleve cerros y ecosistemas, barrios y modos de vida, milpas y colonias, y comunidades a las que no les preguntó su parecer. Con el mismo esquema de opacidad que ha caracterizado a su gobierno, un costoso capricho más está por concretarse.

Alfredo Reyes Mejía, representante de los comuneros de San Lorenzo Acopilco, camina por la zona boscosa y húmeda del cerro de Cruz Blanca. Se detiene en una pendiente desde la que se observan las faldas desforestadas del cerro y donde trabaja una multitud de obreros de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA). Comenta con tristeza:

 “Mire cómo están acabando con nuestros bosques. Por esa parte talada, ICA va a empezar a abrir un túnel subterráneo por donde pasará el tren México-Toluca. Utilizará dinamita para abrir el túnel, que tendrá más de cuatro kilómetros y medio. Atravesará todo el cerro. Y destruirá muchos mantos acuíferos, flora y fauna.

 “El tren también afectará otras áreas de nuestra comunidad, como los cerros de San Miguel y Las Cruces, por donde pasará. La obra la están realizando arbitrariamente, sin siquiera habernos consultado a los comuneros de Acopilco, quienes somos los dueños de estas tierras.”

 –¿Qué medidas están tomando para defenderse? –se le pregunta.

 –Ya interpusimos un amparo contra la obra. Pedimos que escojan otra ruta para tender su vía del tren… Pero, aun así, la construcción continúa de manera totalmente ilegal.

 En la delegación Cuajimalpa, en los linderos con el Estado de México, la comunidad de San Lorenzo Acopilco lleva meses manifestándose contra la construcción del tren, pues sostiene que está provocando un fuerte daño ecológico a la zona, considerada un importante pulmón por sus altos y tupidos bosques de pino.

 Con golpeadores

 Viejo proyecto del llamado Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, el tren México-Toluca recorrerá una distancia de 58 kilómetros, a lo largo de los cuales varias comunidades afectadas están arreciando sus protestas e interponiendo juicios de amparo contra la obra, argumentando daños ecológicos y el hecho de que no fueron consultadas.

 Pero los comuneros inconformes de San Lorenzo Acopilco son quienes hasta el momento han padecido mayor represión por parte de los golpeadores que trabajan –dicen ellos– para las autoridades locales coludidas con las empresas constructoras, como ICA, OHL y La Peninsular:

 “Hemos sufrido dos golpizas que han dejado a gente herida y con huesos fracturados. La primera fue el 8 de marzo del año pasado, cuando 10 comuneros, quienes nos dirigíamos a una reunión, fuimos agredidos a patadas y puñetazos por alrededor de 100 golpeadores. En esa ocasión me hirieron de un ojo, y a un hijo mío le quebraron dos costillas y el tabique nasal”, cuenta Reyes.

 “Volvieron a reprimirnos apenas el pasado 24 de abril. Fue domingo. Estábamos congregando a la gente en la plaza del pueblo para informarle sobre el ecocidio que provocará el tren, cuando llegaron alrededor de 60 golpeadores y nos empezaron a agredir con tubos, palos y piedras. El más lastimado fue nuestro compañero Miguel Guerra, quien tuvo que ser hospitalizado.”

 –¿Quién está detrás de los agresores? –se le inquiere.

 –Gabino Sandoval Baltasar, quien trabajó como funcionario en la delegación Cuajimalpa a las órdenes del exdelegado y hoy diputado Adrián Ruvalcaba. Ahora, de manera ilegal y sin el apoyo de los comuneros, Gabino se ostenta como nuestro representante comunal.

 “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de Javier Izquierdo Lara (director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios), se entiende con Gabino para continuar con la construcción de la vía del tren. Tienen el apoyo de la delegación Cuajimalpa. Por lo pronto, estamos esperanzados en que prospere nuestro amparo.”

 Por su lado, el abogado de estos comuneros, Misael Toledo, indica que el amparo contra la construcción del tren (número 1589/2015) se interpuso en noviembre del año pasado. Explica:

 “Esa construcción está afectando las tierras comunales indígenas de Acopilco, que por ley deben ser intocables. Y además se debió consultar primero a los pobladores, cosa que no se hizo. Aparte, el artículo 27 constitucional prohíbe claramente en su párrafo décimo los daños al equilibrio ecológico y a los mantos acuíferos.”

 Cerca de Acopilco, los comuneros de las poblaciones de Santa María Tepezoyuca y San Jerónimo Acazulco, pertenecientes al municipio mexiquense de Ocoyoacac, padecen una situación muy similar, por lo que también interpusieron su propio amparo. Su abogado, Gustavo Olivares, comenta:

 “La SCT está negociando con dos personas que, sin serlo, se hacen pasar como representantes de estas dos comunidades, a quienes incluso ya les pagó casi 300 millones de pesos por concepto de indemnización. No se vale. Todo esto es ilegal.”

 –¿Con este amparo deberían suspenderse las obras del tren?

 –¡Claro! No puede realizarse ningún trabajo hasta que el juicio se resuelva.

 En ese mismo sentido se declaró la Central Campesina Cardenista a través de un comunicado de prensa, emitido el pasado 14 de abril, en el que asegura que la construcción del tren se realiza de “manera ilegal y violatoria”: “Exigimos que la suspensión de las obras sea permanente, así como el respeto a los amparos que mandatan la detención de la construcción, no puede ser que el gobierno no cumpla la ley”.

 Empresas conocidas

 Pero la obra continúa pese a las protestas. En el tramo que corresponde al Estado de México se le otorgó la concesión a empresas claramente ligadas al Grupo Atlacomulco: La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon; y la española OHL, empresa consentida de Peña Nieto y en la que tienen inversiones empresarios mexiquenses ligados a ese grupo político-empresarial.

 Mientras que en el tramo de la Ciudad de México –que corre de Cuajimalpa a la terminal de autobuses Observatorio– la concesión de la obra la tienen ICA y un consorcio integrado por seis empresas (Caabsa Constructora, Omega Construcciones Industriales, Prefabricados y Transportes, Grupo Corporativo Amodher, Cargo Crane y González Soto y Asociados), también señaladas de tener nexos con el Grupo Atlacomulco.

 Los municipios mexiquenses por donde pasará la vía son Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco y Ocoyoacac. Y ya en la Ciudad de México pasará por Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

 En algunos tramos los rieles serán elevados, sostenidos por altos y gruesos pilotes de concreto. En otros irán por el subsuelo o correrán a ras de tierra y paralelamente a la autopista México-Toluca.

 Según la SCT, el tren se desplazará a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Y el recorrido de 58 kilómetros lo hará en 39 minutos.

 El pasado miércoles 4, la obra del tren sufrió un aparatoso accidente en un tramo que atraviesa Toluca y el cual construye la empresa OHL: intempestivamente se cayeron cuatro enormes “ballenas” de concreto que ya estaban sostenidas por pilotes.

 La SCT informó que el accidente lo provocó el vencimiento de uno de esos soportes. Y prometió –en un comunicado de prensa– que las “trabes involucradas serán sometidas a una minuciosa revisión técnica”.

 Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, advierte: “Este accidente demuestra, una vez más, las peligrosas fallas estructurales con que OHL realiza sus obras, que además carecen de las más elementales medidas de seguridad. Por pura suerte, la caída de las “ballenas” de varias toneladas no ocasionó ninguna pérdida en vidas humanas.”

 Por otro lado, el cascajo y todo el material de desecho que deja la obra se tira arbitrariamente sobre fértiles terrenos de cultivo, cuyos propietarios también han interpuesto juicios de amparo.

 La zona donde se asientan las pequeñas comunidades de San Antonio El Llanito, La Merced, San Pedro Cholula y Alfredo del Mazo –en la colindancia de los municipios de Lerma y Ocoyoacac– ya se convirtió en un extenso tiradero de material de deshecho de la obra, que incluso está provocando enfermedades respiratorias entre los pobladores.

 Humberto Alvarado, quien vive en La Merced, apunta hacia los camiones de volteo que están descargando cascajo sobre las milpas de su comunidad, y se queja: “Aquí antes cultivábamos maíz, haba, frijol, avena y trigo. Hoy ya no se puede. Nuestras milpas están siendo sepultadas por el escombro”.

 Vicente González, de San Antonio El Llanito, dice: “En nuestro pueblo no sólo están acabando con las tierras de cultivo, sino hasta con nuestra laguna, catalogada como zona protegida. Ahora ahí están tirando toneladas de escombro”.

 Mientras que Rubén Orozco, de la comunidad Alfredo del Mazo, comenta: “Es tanto el cascajo que arroja OHL sobre nuestros terrenos, que ya nos está provocando problemas respiratorios y pulmonares”.

 Todos ellos señalan que a través de la empresa GAP –encargada de “liberar” el área por donde pasará el tren, indemnizando a sus actuales propietarios–, la SCT sólo quiere pagarles la franja de 13 metros de ancho por donde correrá el tren, ignorando las enormes extensiones de terreno donde se está tirando el escombro.

 “Estamos luchando para que quiten el cascajo de nuestras tierras y las dejen como estaban; limpias y fértiles para el cultivo”, dicen.

 El abogado de estos afectados, José Luis Altamirano, habla sobre la lucha legal que están emprendiendo: “Pusimos una demanda de amparo contra OHL por el daño ecológico y económico que le está provocando a los pobladores de la zona. La empresa no tiene ningún permiso para vaciar sus desechos –los calculamos en unos 700 mil metros cúbicos– sobre estos terrenos. Lo hace de manera ilegal y corrompiendo a las autoridades”.

Agrega el abogado que incluso el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, creó un “conflicto inducido” para desgastar a los propietarios inconformes: le entregó a un grupo de ejidatarios de la zona –del ejido de San Pedro Tultepec– alrededor de mil 400 hectáreas que siempre han pertenecido a los propietarios:

“Echó a pelear a los propietarios con los ejidatarios; estos últimos están siendo manipulados por los intereses empresariales de los constructores del tren. También nos estamos defendiendo en tribunales de esta sucia maniobra maquinada por las autoridades”, asegura.

Y admite que no la tienen fácil, pues el proyecto del tren es idea de Arturo Montiel, quien intentó ponerlo en marcha cuando fue gobernador del Estado de México a fin de que el Grupo Atlacomulco hiciera negocios con la obra. No lo logró. Pero ahora que llegó su sobrino –Peña Nieto– a Los Pinos, éste retomó el proyecto.

Hasta Texcoco

En la zona urbana de la Ciudad de México también se han dado protestas contra la construcción del tren, principalmente de los colonos de Santa Fe.

Alrededor de 10 asociaciones civiles de esa zona urbana realizaron movilizaciones a finales de 2014 y principios de 2015, protestando porque el tren elevado pasaría por arriba de una de sus principales vialidades, la avenida Vasco de Quiroga. Amenazaban con interponer amparos.

El ingeniero Gerardo Garduño, uno de los líderes de ese movimiento popular, dijo entonces a este semanario:

“Esa obra nos dejará sepultados a los pobres, pues está proyectada de la siguiente manera: el tren pasará por encima de la avenida Vasco de Quiroga, nuestra principal vialidad; y por encima del tren pasará una supermoderna autopista. De manera que será una descomunal obra de concreto de tres niveles, muy alta. Las dos vialidades elevadas estarán sostenidas por gruesas columnas, cada una con un peso de más de 150 toneladas. Abajo quedará el pueblo de Santa Fe, sin accesos al tren ni a la autopista y ya de por sí muy golpeado por la carencia de muchos servicios urbanos” (Proceso 1991).

Ante las fuertes protestas en Santa Fe, las autoridades capitalinas y la SCT hoy prometen que se modificará la ruta del tren para evitar su paso por esa zona. Pero no han precisado por dónde cruzará ahora.

José Luis Luege Tamargo, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y extitular de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que ese cambio al trazo original sólo “demuestra que la SCT hace los proyectos sobre las rodillas”, con “nula planeación y pésima ingeniería”. Y además “apuesta a infraestructura muy costosa, de miles de millones de pesos en varilla y cemento, en lugar de invertir en proyectos de mayor utilidad y beneficio social”.

En un artículo titulado Tren a Toluca, sin rumbo, publicado el pasado 19 de octubre en El Universal, Luege agregó: “El objetivo principal de los proyectos en esta administración son los ‘negocios’ y no la atención a fondo de los serios problemas de movilidad”.

Por si fuera poco, el pasado miércoles 4 la SCT anunció un proyecto de ampliación del tren México-Toluca; ahora intenta que cruce toda la Ciudad de México –de poniente a oriente– hasta llegar al nuevo aeropuerto internacional que se construirá en Texcoco, donde el Grupo Atlacomulco también tiene intereses empresariales.

En entrevista con Notimex, el principal encargado gubernamental de realizar la obra, Javier Izquierdo Lara, señaló ese día que la ampliación a Texcoco será de unos 20 kilómetros y tendrá algunos trayectos subterráneos, aunque es todavía “un proyecto conceptual” que requiere mayor definición.

De concretarse todos estos planes, el Grupo Atlacomulco habrá logrado –de manera arbitraria y para lucro suyo– tender un tren supermoderno que conectará a su capital política, Toluca, con la Ciudad de México y con lo que será el principal aeropuerto del país.