Al desnudo, la red bancaria de Elba Esther Gordillo/

 Al desnudo, la red bancaria de Elba Esther Gordillo/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso # 2066, 5 de junio de 2016

Durante años, la otrora dirigente magisterial Elba Esther Gordillo tejió una intrincada red financiera para ordeñar los fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que incluía empresas fantasma y casas crediticias manejadas por Enrique Martínez Ríos, antiguo funcionario del Banco Nacional de Comercio Exterior, y Pedro Ramírez Campuzano. Ellos se encargaban de “dispersar” los fondos del magisterio en bancos extranjeros con los consabidos intereses que regentaba La Maestra. En 2010, por ejemplo, manejaron más de 129 millones de pesos, según los documentos consultados por Proceso.

 La otrora poderosa Elba Esther Gordillo hizo de todo para mover las finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de varias empresas ubicadas dentro y fuera del país.

 También ordeñó la nómina de sus agremiados mediante esquemas financieros operados por Pedro Ramírez Campuzano, en tanto que Enrique Martínez Ríos, un funcionario del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), desvió recursos del magisterio a casas de préstamo que cobran elevados intereses a maestros para beneficiarla a ella y a sus líderes seccionales.

 Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 –acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto mayor de los mil millones de pesos–, y la Procuraduría General de la República nunca explicó la forma en que ella se apropió del dinero del sindicato.

 Documentos financieros y judiciales, así como cientos de correos electrónicos consultados por Proceso, detallan uno de los esquemas mediante el cual los líderes sindicales y personas físicas se quedaron con parte de la nómina del magisterio.

 Los nombres que aparecen en la trama financiera del SNTE y los créditos de nómina para sus agremiados incluyen, además de Ramírez Campuzano y Martínez Ríos, a Alejandro Rueda, así como a las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConSuPago.

 Entre los beneficiarios figuran José Manuel Díaz Flores –detenido junto con Gordillo–, Enrique Martínez Ríos, Jaime Gonzaga Charola y Juan González Pérez; también están las empresas Servicios Administrativos Espival; la Temple Corporation, con sede en Holanda, y Pineapple Holdings LLC y Goat Enterprises LLC, que se encuentran en Texas.

 En medio de esta estructura se encuentra Servicios Financieros DC, la empresa fantasma creada ex profeso para facturar a las prestadoras de servicios y posteriormente dispersar el dinero.

 Gracias a ese esquema, La Maestra y sus personeros movilizaron 129 millones de pesos tan sólo en 2010.

 Esquema agiotista

 De los empleados federales, sólo los maestros siempre “van para arriba”, pues cuentan con más de una plaza y por lo tanto su ingreso siempre se eleva. Debido a ello, el SNTE y las empresas prestamistas idearon un esquema de créditos con descuento vía nómina. Sin mayores requisitos, el docente siempre puede acceder a dinero fresco, aunque el costo sea elevado: el interés va de 60 a 188%.

 Para que una empresa pueda prestar dinero al magisterio debe contar con el aval del sindicato, que al autorizarlo se lo comunicaba a la Secretaría de Hacienda, para que le otorgara una clave. Así, al maestro se le hacía un descuento bajo ese número.

 Para aligerar la deuda, Enrique Peña Nieto anunció el 21 de noviembre de 2013, nueve meses después del arresto de Gordillo, un esquema de rescate: aportó 5 mil millones de pesos con el fin de que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) comprara la deuda de los maestros para que ellos la liquidaran en menor tiempo, con un interés de 18%.

 El entonces director de Bansefi, Jorge Estefan Chidiac, declaró: “Las Sofomes (sociedades financieras de objeto múltiple) estuvieron cobrando en el pasado tasas de entre 60 y 188% al sector magisterial. Lo que ofrecemos es que, voluntariamente, todos los que decidan irse a crédito de Bansefi podrán recibir una tasa de 18%”.

 La bolsa era de 5 mil millones de pesos, de los cuales apenas se han utilizado mil millones.

 Una de las razones por las que el rescate no ha sido del todo exitoso se debe a que los estratosféricos intereses que cobran las empresas benefician a los líderes seccionales, quienes recibían una comisión de 2% por cada docente que engancharan; la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) recibía parte de ese recurso, según los documentos obtenidos por Proceso.

 En 2009, la cartera del magisterio que tenían las empresas Kondinero (Maayane y Directodo), ConSuPago y Crédito Maestro ascendía a 4 mil 500 millones de pesos; es decir, lo que hasta ese momento se había prestado a los maestros. Además, a cada préstamo había que sumarle los intereses

 Los documentos bancarios, los mensajes en donde se ordenaba la dispersión del dinero y se pedía la elaboración de facturas, así como las entrevistas a uno de los participantes en la trama financiera describen la triangulación de los recursos que iban a parar a líderes sindicales, personas ajenas al sindicato y empresas ubicadas dentro y fuera del país.

 El pacto entre dueños de empresas prestamistas, encargados de la triangulación, y el SNTE funcionaba de la siguiente manera, según detalla uno de los operadores que pide omitir su nombre: “Había una bolsa de 4 mil 500 millones de pesos. Ese dinero generaba una tasa de interés, de la cual se descontaban los gastos administrativos. Del restante, 50% se quedaba en una empresa y el resto iba al SNTE. Este último porcentaje se distribuía a una persona que daba las órdenes vía mail”.

 Y agrega: Martínez Ríos (quien entre 1989 y 1992 fue director de área en el Bancomext) es el emisor de los mensajes electrónicos en los cuales se detalla a quién entregar el dinero, si el depósito es a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o por transferencia, bajo qué números de CLABE interbancaria, a cuáles bancos, a cuáles empresas en el extranjero y a quiénes pagar en efectivo con el apoyo de empresas de seguridad de valores.

 Ramírez Campuzano, quien aparece en todos los mensajes electrónicos –se incluye su número de cuenta bancaria en Estados Unidos– y Martínez Ríos fueron quienes pidieron la creación de la empresa Servicios Financieros DC para que se encargara de “dispersar” el dinero de los préstamos a maestros (parte de los intereses excesivos que se les cobran), detalla el operador.

 Proceso llamó por teléfono a la oficina que Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, tiene en Jardines del Pedregal. Nunca lo localizó.

 La empresa fantasma

 Servicios Financieros DC se creó el 5 de octubre de 2009, según consta en la escritura pública número 93,623 bajo la fe del notario público número 121 del Distrito Federal, Armando Mastachi Aguario, y quedó inscrita con el Registro Federal de Contribuyentes SFD-091006-GT7.

 Esta empresa fue la encargada de hacer una revisión a los más de mil 700 proveedores que tenía el SNTE en esas fechas. Además de empresas crediticias como Crédito Maestro, Kondinero y ConSuPago, el sindicato tiene proveedores de talleres mecánicos, seguros de vida, ópticas, electrodomésticos y otros.

 Las empresas prestadoras de crédito entregaban 50% de la utilidad de la siguiente manera: pedían a Servicios Financieros DC que les emitiera una factura bajo el concepto de “servicios profesionales, asesoría o convenios de pago”; después la pagaban vía electrónica a Servicios Financieros DC. Y una vez que el dinero llegaba a la empresa, Martínez Ríos ordenaba cómo distribuir el dinero.

 Por ejemplo: el 10 de marzo de 2010, a las 11:19 horas, Martínez Ríos mandó a los dueños de Servicios Financieros el siguiente correo electrónico, con la leyenda: “Tercera instrucción, dispersión 4.640 facturación DC-Crédito Maestro colegiatura inicial”, y agregó: “Te envío la última instrucción de esta dispersa, cualquier duda, me llamas”.

 El mensaje está acompañado de un adjunto titulado “datos para movimientos de dispersión de facturación 1’-servicios DC-Crédito Maestro de 4M’ Colegiatura inicial de 5’M”.

 Y detallaba: “1. Monto a facturar, total $4’000,000.00 + $640,000= $4’640,000.00

 “2. Pagos a realizar: Enrique J. Martínez Ríos, monto $123,000.00 (3), HSBC (luego aparece el número de cuenta y el número de CLABE interbancaria que, por ser información personal, se omite).

 “Monto 1 $180,000.00 (4.5), monto 2: 200,000.00 (5), monto 3: $145,500.00 adicional, monto 4: $18,040.00 adicional. A la cuenta Bancomer (luego aparecen número de cuenta y número CLABE.

 “3. Pago a realizar: Johnny CASH (que es el dinero en efectivo que se pagaba).

 “Monto 1: $213,150.00 (5) PRC (Pedro Ramírez Campuzano).

 “Monto 2: $332,710.00 (7) PRC

 “Monto 3: $157,780.00 (3.5) RO

 “Monto 4: $90,160.00 (2) FA

 “Monto 5: $90,160.00 (2) Fondo

 “4. Pago a realizar: Juan González Pérez, Bancomer monto: $2,832,500.00 (también aparece el número de clabe bancaria).”

 Además del mensaje electrónico que habla de la dispersión, figura el beneficiario. Por ejemplo, Juan González Pérez, con los 2 millones 832 mil 500 pesos, la fecha y el concepto “CREMAS (Crédito Maestro) 10 mar 10”.

 Adicionalmente aparece el nombre al que debe facturarse. Para el caso de Crédito Maestro, cuyo propietario es Oliver Fernández Mena, se pedía a Servicios Financieros DC hacerlo a nombre de Grupo Rinker, cuyo RFC es GRI-030303-h77, y se proporcionaba su dirección.

 A Fernández Mena se le pidió su opinión por escrito. En su respuesta, expone: “El equipo de comunicación de Crédito Maestro comentó que ante las pruebas y documentos que señaló Proceso, iniciará una investigación interna, ya que no tenía conocimiento de la relación con la empresa Servicios Financieros DC ni con los personajes (mencionados)”.

 La “dispersión” de fondos

 En otros documentos donde se da instrucción para la dispersión de la utilidad de ConSuPago o grupo Homex, aparece también el nombre de González Pérez. En el del 12 de enero de 2010, que fue enviado a las 15:11 horas por Martínez Ríos a Servicios Financieros DC, le pedía depositar a González Pérez 3 millones 800 mil pesos.

 Luego, Servicios Financieros le regresó la ficha de depósito a esa persona por la cantidad mencionada. La empresa ConSuPago también recurrió a González Pérez para hacerle un depósito vía SPEI por 2 millones 120 mil pesos bajo el concepto “CSP12011008”. La fecha: 12 de enero de 2010.

 Ese mismo día fue enviado a Servicios Financieros DC el número de banco en el extranjero –Bank of America en San Diego–, el número de cuenta, el ABA (una CLABE bancaria) y el SWIFT (otra CLABE) a nombre de Ramírez Campuzano.

 En el caso de Kondinero, se le facturaba bajo el concepto “servicios de administración, asesoría, intermediación y elaboración de contratos para expansión en ventas a nivel nacional”.

 En todas las instrucciones quien más depósitos vía SPEI recibió durante 2010 fue Enrique Martínez Ríos, quien utilizó los bancos HSBC, Bancomer y Banamex. Para el SNTE se utilizaron depósitos a José Manuel Díaz Flores, detenido junto con la maestra Gordillo. Él se encargaba de pagar, del cheque que le depositaban vía SPEI a Santander, 2% de comisión a los líderes seccionales y a la SEP, según se desprende de los documentos.

 Así, por ejemplo, el 18 de mayo de 2010 a las 2:33 de la tarde, Martínez Ríos ordenó pagos de comisión de 2% por concepto de “créditos enganchados a maestros” con la empresa ConSuPago, tanto a líderes seccionales como a la propia SEP. A esta última, en enero de 2010, por el crédito de 11 millones 532 mil pesos, le correspondió un pago de 230 mil 640 pesos. En febrero, la SEP recibió 301 mil 250 pesos y en marzo 261 mil 240 pesos. En las órdenes nunca se indicó un nombre, sólo decía “SEP”.

 Del pago de todos los líderes seccionales, por el mes de enero, les correspondió una comisión total de 572 mil 826 pesos con 71 centavos. La transferencia en SPEI llegó a nombre de José Manuel Díaz Flores, quien se encargó de dispersarlo. Este personaje tiene depósitos vía SPEI por 924 mil 330 pesos el 8 de noviembre; por 77 mil 110 el 30 de julio; por 433 mil 893 pesos el 4 de junio, y por 977 mil 380 el 14 de diciembre, todos en 2010.

Durante 2009 y hasta antes de octubre de 2010, Martínez Ríos hizo transferencias a las empresas Pinneapple Holdings LLC y GOAT Enterprises LLC. A partir del 19 de octubre de ese año ordenó las transferencias al RBTT Bank, en las Antillas Holandesas, pero lo hizo como beneficiario de la empresa CV Temple de Holanda.

Así, Servicios Financieros DC facturó a Willemstad, de Antillas Holandesas, el 21 de octubre de 2010, a las 12:36 horas, 1 millón 621 mil 635 pesos con 95 centavos; el 22 de octubre, a las 13:09 horas, otro millón; el 26 de octubre, a las 13:46 horas, 999 mil 999 pesos con 92 centavos; el 27 de octubre, a las 22:29 horas, y el 1 de noviembre, una cantidad similar.

El 11 de noviembre le depositó 450 mil 799 pesos con 99 centavos; al día siguiente, a las 13:31 horas, otros 450 mil 799 pesos con 93 centavos, y el 16 de noviembre, a las 12:41 horas, una cantidad similar.

El 8 de noviembre Martínez Ríos había ordenado enviar a CV Temple 1 millón 783 mil 355 pesos vía SPEI, a través de la empresa mexicana Servicios Administrativos Espival. Catorce días más tarde ordenó el envío de 653 mil 660 pesos por la cuenta de Bancomer bajo el concepto de Crédito Maestro, así como de 1 millón 507 mil 42 pesos.

Los movimientos bancarios suman poco más de 129 millones de pesos tan sólo en 2010. En 2011 y 2012 los envíos continuaron. Se suspendieron en enero de 2013, una semana antes de la detención de La Maestra.

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El sinuoso camino del dinero&JESUSA CERVANTES

Para desentrañar la intrincada red de dispersión de recursos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizó con empresas que otorgan créditos a maestros, se abrió la causa penal 10/2015 radicada ante el juez 14 de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

En esa causa, la empresa Servicios Financieros DC, encargada de dispersar las “ganancias” o la “utilidad” que obtenían Crédito Maestro, Kondinero y ConSuPago –por los altos intereses que cobran a los docentes, de entre 60 y 180%–, y sus operadores enfrentan el delito de “defraudación fiscal equiparable”.

Los movimientos de Servicios Financieros DC fueron motivo de sospecha para el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que en 2011 realizó una auditoría fiscal sin que estuvieran presentes los propietarios. En marzo de 2015 fueron detenidos los operadores de la compañía, pero nunca fueron citados ante el Ministerio Público, como consta en los escritos que forman parte de la causa penal 10/2015.

Desde el punto de vista de la parte acusada, el fisco sólo se preocupó por el ingreso de 129 millones de pesos, pero nunca por lo que salió (la misma cantidad); es decir, todos los pagos que la empresa realizó vía el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) a diversas personas, las transferencias a tres empresas en el extranjero y los depósitos a empresas de seguridad de valores para que trasladaran el dinero en efectivo que salía de Servicios Financieros DC.

En los documentos judiciales la parte acusada señala que el Código Fiscal de la Federación establece “las salidas” de dinero como parte de comprobación ante el SAT. Sin embargo, eso no ha sido aceptado por parte del juez como prueba de descargo.

En el documento judicial de la causa 10/2015 se detallan pagos al extranjero (con fecha, número de orden de pago e importe) por 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos.

Además, pagos vía SPEI “por cuenta de terceros” por 20 millones 642 mil 886 pesos, donde los terceros son Crédito Maestro, Kondinero y ConSuPago.

Y para el caso de las entregas en efectivo se establece un monto de 11 millones 737 mil 433 para Pedro Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez: “Entregas realizadas en efectivo al domicilio ubicado en el número 170 de Avenida de las Fuentes, en el Pedregal San Ángel de esta ciudad por la empresa de transporte de valores Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C.V. (Grumer) para ser entregado a Pedro Ramírez Campuzano”.

Luego aparecen las fechas de los envíos con sus respectivos importes. Proceso intentó comunicarse telefónicamente a ese domicilio, pero no logró el contacto.

Aparece también la relación de poco más de 10 millones en “transferencias electrónicas vía SPEI a Enrique Jorge Martínez Ríos”, a sus cuentas de Bancomer, HSBC y Banamex, con sus respectivas clabes.

A Juan González Pérez, por poco más de 5 millones de pesos en Bancomer; a Consultoría Internacional, por 4.4 millones de pesos. A José Manuel Díaz Flores, por 6.4 millones de pesos en su cuenta de Santander.

Este personaje está detenido por la misma causa que implica a Elba Esther Gordillo.

Figuran, en el documento entregado al juez, depósitos vía SPEI por 6.6 millones de pesos a Servicios Administrativos Espival, S. A. de C. V.; a tres empresas en el extranjero por un monto de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos: Pineapple Holdings LLC, Goat Enterprises LLC y CV Temple Corporation.

Los implicados consideran que se les juzga “por consigna”. Desde 2011 se sabía de los movimientos de la empresa, pero no fue sino hasta 2015 cuando fueron detenidos; es decir, dos años después de la consignación de Gordillo y Díaz Flores.

En la causa 10/2015 los imputados han solicitado al juez 14 de Distrito que cite a declarar a todas las personas a las que se les depositó el dinero. Sin embargo, según el dicho de éstos, el juez se ha negado pues dijo que “no había relación con los hechos y lo que había pasado con el dinero”.

También se solicitó al juez que le pida a la empresa Grumer –la que entregaba el efectivo en Avenida de las Fuentes 170– un informe de dónde y a quién se le llevaron esos más de 11 millones de pesos.

Los afectados lograron obtener una fianza de 2 millones de pesos para seguir el proceso en libertad.