El País, 1 de junio de 2016
Para infligir la pena de muerte o la tortura, es necesario utilizar instrumentos con los que se comercia y se obtienen pingües beneficios. Es preciso desarrollar una adecuada y contundente regulación comercial europea contra el negocio de la tortura y de la pena de muerte con participación de empresas comunitarias.
Las ejecuciones de pena de muerte aumentaron más de un 50% el año pasado, según un informe de Amnistía Internacional. La cifra más alta desde el último cuarto de siglo. Sólo durante el 2015 se arrebató la vida a, al menos, 1.634 personas, mientras más de 20.000 esperaban en corredores de la muerte.
Activistas políticos, defensoras y defensores de los derechos humanos, personas con discapacidad mental, personas acusadas de delitos de drogas, de corrupción, de secuestro, de adulterio, de blasfemia… han sido exterminadas en procedimientos intolerables para lanzar mensajes de terror en las plazas o en las prime-time de los informativos.
La Unión Europea (UE) es líder mundial en la lucha contra la tortura y la pena de muerte. Dentro de nuestras fronteras “nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado” y “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Así de tajante es nuestra Carta de Derechos Fundamentales, que no deja resquicio para introducir ningún tipo de excepción a este derecho.
En nuestra Unión de valores, hemos asumido el compromiso de promover su erradicación global. Y para ello, debemos coordinar todas nuestras políticas, incluida la política comercial que es un instrumento fundamental en su consecución.
La Unión Europea dio un gran paso en el año 2005 cuando aprobó su primer Reglamento para prohibir la fabricación y exportación por empresas europeas de materiales destinados a torturas y ejecuciones. Cuando entró en vigor en 2006, la UE era la primera región del mundo en contar con una prohibición comercial en este sentido. Sin embargo, la legislación quedó rápidamente obsoleta, porque el mercado es muy dinámico y, lamentablemente, las modalidades de tortura y pena de muerte también se van sofisticando.
Muy pronto se identificaron cuestiones importantes pendientes de regular para ser más efectivos en la lucha contra el comercio de instrumentos que infringen tortura o pena de muerte, como la posibilidad de que empresas europeas medien en la compra-venta de este tipo de productos, que materiales autorizados en Europa se modifiquen en el país de destino para torturar o que compañías extranjeras, como recoge un reciente informe de Amnistía Internacional y la Fundación Omega, expongan materiales prohibidos en ferias comerciales europeas.
En el primer semestre de 2010, al asumir España la Presidencia del Consejo de la UE, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defendió en Bruselas una revisión profunda de la legislación europea. Hubo que esperar hasta el 2014, una vez que la Comisión Europea concluyó las preceptivas consultas públicas, para conocer su propuesta de reforma del Reglamento Anti-Tortura. Ese mismo año, fui elegida eurodiputada y los socialdemócratas me nombraron su portavoz en esta materia.
Ahora, tengo la satisfacción de poder compartir con ustedes la noticia de que, la semana pasada (el 24 de mayo de 2016), los co-legisladores europeos -el Parlamento, la Comisión y el Consejo-, conseguimos cerrar un excelente acuerdo para que estas terribles aberraciones dejen de cometerse con participación europea.
Resulta muy simbólico que la UE y sus 28 Estados miembros hayan unido nuevamente su voz contra la tortura y la pena capital, exactamente a los 70 años de los juicios de Núremberg.
La nueva regulación comercial extenderá la prohibición y el control de este tipo de instrumentos, no solo a la venta internacional, sino también a todas aquellas actividades necesarias para su uso: los servicios de intermediación, asistencia técnica, transporte, publicidad, marketing o la exposición comercial incluyendo las actividades on-line. Se aplicará a las personas y empresas nacionales y extranjeras en nuestro territorio y podrá ser revisada con agilidad mediante un “procedimiento de emergencia” cuando se identifiquen nuevos productos de riesgo. Asimismo, se exige un mayor deber de control e información por parte de los Estados de la UE y la aplicación de sanciones a quienes quieran sacar rédito de esta terrible lacra.
Con este nuevo Reglamento, ningún nacional ni empresa europea podrá lucrarse de este comercio. Con ello, se da un paso adelante muy importante para combatir la pena de muerte y la tortura. No basta con oponerse. Hay que hacer todo lo posible para impedirlo.
Desde el PSOE no cejaremos en esta lucha, porque aún queda mucho por hacer. Es evidente que, cuando millones de familias, de niñas y niños a la deriva, continúan huyendo de barbaries como las que asfixian a la población de Siria, la solución no está en poner más muros, sino en seguir trabajando para garantizar el respeto a las personas en el mundo entero. Ahora tenemos un instrumento más para hacerlo.
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