Revista
Proceso
# 2068, 19 de junio de 2016.
Demanda
justicia real para la comunidad gay
PALABRA
DE LECTOR
Señor
director:
Recientemente
el presidente de México, obligado por la presión internacional hacia nuestro
país en materia de derechos humanos, evidenciada a partir del caso Ayotzinapa,
y por mandato de la Suprema Corte de Justicia ha “concedido” una iniciativa de
ley general sobre derechos a la comunidad gay. Soy lega en el tema, pero como
víctima considero que el simple otorgamiento formal de estos derechos sin un
seguimiento puntual y sin resultados específicos en temas pendientes, como el
esclarecimiento de homicidios; sin el apoyo real a las víctimas de la violencia
homofóbica; sin programas compensatorios y acciones positivas de gobierno,
entre otras medidas no anunciadas, hacen que esta iniciativa sea un limitado
acto protocolario, una escenografía carente de contenido humano y de respeto
hacia las víctimas cuya palabra en el discurso oficial fue una ausencia
notoria.
La
palabra víctima incomoda, porque en el actual contexto de los derechos de la
comunidad gay hay una contradicción fáctica y evidente: a mayor
institucionalización de sus derechos, ¿cómo pueden surgir casos de tanta
intolerancia y violencia contra el transexual?
Los
datos duros sitúan a la Ciudad de México como una de las más peligrosas de
América para la vida de un homosexual o transexual. La pregunta es concreta,
pero no hay quien la responda. O la reacción institucional el pasado 17 de mayo
fue una respuesta nueva para una vieja pregunta. Hoy, señor presidente, las
demandas han cambiado, se han ampliado. La exigencia es mucho mayor. No quiero
sólo un acta de identidad de género, quiero ciudadanía plena, integral y
sustantiva en un país menos violento pero más justo e igualitario.
Ante
el crecimiento de homicidios de mujeres transexuales en la Ciudad de México y
el resto del país, no es hiperbólico decir que la manzana de oro de los
derechos humanos instrumentados sólo en lo textual, tiene el peligro de
alimentar el gusano de la simulación y de una formalidad vacía. Porque hacer
leyes que no se cumplen es cambiar para seguir iguales. Inmovilismo cambiante;
simulación evidente y protocolar. Es fomentar un reconocimiento gradual y
parcial de los derechos a la comunidad gay como un mero paliativo, un sucedáneo
para maquillar y posponer ad infinitum soluciones genuinas y creíbles.
Y
lo que es peor, esta conmiseración presidencial alienta indirectamente la
violencia contra esta comunidad por parte de sectores conservadores. Las
discusiones poselectorales, particularmente de la Iglesia, sobre el tema del
matrimonio igualitario y las declaraciones homofóbicas de funcionarios locales,
la ejemplifican, y además son el inicio de una verdadera caja de Pandora. Otra
pregunta sin respuesta es: ¿Por qué se condenan los asesinatos de homofobia en
el extranjero (bar gay de Orlando) y se guarda silencio en los de casa (bar gay
de Jalapa)?
En
sentido opuesto, se requiere crear leyes acompañadas de garantías para su
cumplimiento. Hacerlo en la realidad material, cotidiana y cultural con un
sentido de compromiso ético y político. Los derechos humanos de la comunidad
gay son la frontera que un país democrático debe transitar para hacer posible
una cultura de libertades, de tolerancia y de una pluralidad respetuosa.
Mientras tanto, las víctimas de la discriminación y la violencia, los
activistas de la diversidad asesinados a lo largo del país y los 43 de
Ayotzinapa, junto con todas las víctimas de la actual crisis de derechos
humanos en México, seguiremos exigiendo auténticos actos de justicia por parte
del Estado mexicano.
Atentamente,
Victoria
Rule
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