Contra la corrupción, la gran simulación/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso # 2068, 19 de junio de 2016.

Contra la corrupción, la gran simulación/JENARO VILLAMIL

Después de una prolongada sesión de posicionamientos, la madrugada del martes 14 los legisladores aprobaron por mayoría el adéndum al artículo 29 que alteraba la Ley 3de3 y prácticamente le “quitaron los dientes” a esa iniciativa ciudadana. Entrevistado al respecto, el analista Edgardo Buscaglia dice que, en manos de la mafiocracia el Poder Legislativo, el Sistema Nacional Anticorrupción “nació muerto”.

La iniciativa ciudadana que negoció el Sistema Nacional Anticorrupción con la mafiocracia nació muerta”, sentencia el doctor Edgardo Buscaglia.

Y argumenta: En los países donde se hicieron profundas reformas anticorrupción –Colombia, Italia y Brasil– “se impusieron desde las calles. No fue un proceso de buena fe y de confianza en los legisladores, sino de imposición ciudadana”.

Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y experto en los temas de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción política, Buscaglia es enfático: “Ese paquete de siete leyes que se aprobaron como Sistema Nacional Anticorrupción no va a disminuir la corrupción” porque, insiste, están ausentes varios componentes esenciales:

“En primer lugar, el combate a la corrupción político-electoral es un vacío enorme que ni siquiera se toca en las leyes aprobadas; las auditorías ciudadanas son inexistentes, en especial las presentadas ante la Fepade y el INE; y la ausencia del tipo penal conocido como asociación ilícita que permite abarcar a cientos de personajes y empresas que conforman una red de corrupción”.

Y aclara: “No hay corrupción judicial, policiaca o administrativa sin corrupción político-electoral. Esta es la pieza clave para armar el rompecabezas de un sistema nacional anticorrupción; y está ausente de las nuevas leyes mexicanas”.

Pone ejemplos: “En el sistema político mexicano, entre 80 y 90% de los recursos que utilizan los candidatos, de manera individual, son de procedencia ilícita. Los capos colocan a los candidatos. Las empresas los apoyan a cambio de futuros contratos y licitaciones. Con este tipo de políticos que llegan a gobernadores o legisladores tienes la tormenta perfecta para que exista un pacto de impunidad entre todos los partidos”.

La corrupción, un cáncer

En entrevista vía telefónica tras la polémica aprobación en el Congreso del paquete de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y, en especial, tras la abierta confrontación de la cúpula empresarial y de los organismos ciudadanos promotores de la Ley 3de3, Buscaglia recuerda una máxima: “No puedes esperar que políticos que llegan a legisladores como parte de la mafiocracia vayan a atentar contra su propia forma de llegar al poder y de mantenerse en él”.

Autor de los libros Lavado de dinero y corrupción política y de Vacíos de poder en México, así como de decenas de ensayos académicos sobre delincuencia organizada, Buscaglia insiste durante la entrevista que “la corrupción en México es un cáncer que se expande. Y no puedes combatir el cáncer con simples pañitos húmedos.

“La delincuencia organizada no es de derecha o de izquierda. No tiene ideología. Es mentira si piensan que con llegar a la Presidencia de la República se acabará la corrupción, como piensan Andrés Manuel López Obrador y Morena. Se necesita proponer instituciones eficaces.

“En México, la sociedad civil que ha vivido tantos años de autoritarismo se organiza para marchar o para protestar, pero no para auditar. La democracia funcional exige una auditoría permanente a los procesos político-electorales.”

–Sin embargo, los promotores de la Ley 3de3 advierten que ellos representan a la ciudadanía y que su propuesta de rendición obligatoria de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal disminuirá la corrupción. ¿Es inútil esto? –pregunta el reportero.

–El problema es que es una ley que no tiene dientes. La he llamado una simulación porque, si no tienes el componente político-electoral, resulta ser como lobos con humo blanco. Son grandes simulaciones. No hacen daño.

“No existen casos de países que hayan disminuido la corrupción con los siete componentes que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado en México.”

–¿Ni siquiera una Ley 3de3 que hubiera obligado a todos los servidores públicos a presentar sus tres declaraciones de manera pública y completa?

–Mi madre decía: “reza mucho que los Reyes Magos te traerán muchos regalos” –ironiza Buscaglia–. La experiencia internacional demuestra que este tipo de auditoría funciona si tiene dientes, si existe un Estado fuerte que se enfrenta a grupos criminales y los acota. Aquí estamos ante delincuencia organizada desde el Estado.

El entrevistado tiene presentes los casos de Brasil, Colombia e Italia y los cita frecuentemente. En la nación amazónica, abunda, se conoce que la gran mayoría de los legisladores que destituyeron a Dilma Roussef están involucrados en procesos de corrupción porque fue el resultado de protestas de cientos de miles de personas en las calles y de auditorías ciudadanas que fueron a dar a los tribunales.

“En Brasil lo que está sucediendo no es un caos, como dicen algunos intelectuales mexicanos a los que no les gustan las protestas en las calles. Es un proceso de limpieza de la clase política”, señala.

En Italia, las protestas y presiones de la ciudadanía desde las calles obligó a que la aprobación, hace 10 años, de una ley de reasignación social de bienes decomisados a las mafias, que fueron a cooperativas agrarias en las zonas donde operaba el crimen organizado.

En Estados Unidos, comenta Buscaglia, “existe una corrupción político-electoral legalizada, pero con una regulación muy fuerte que elimina el efecto piraña; es decir, una corrupción mafiosa que se va comiendo partes del Estado como observas en México. Eso es lo que sucede en entidades como Chiapas, Veracruz, Tamaulipas o Chihuahua.

–¿Fue insuficiente el apoyo de más de 600 mil ciudadanos a una iniciativa de ley?

–No puedes esperar que políticos que llegan como mafiocracia vayan a atentar contra su propia forma de llegar al poder. En este sentido, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el CIDE y otros que participaron deben abrir el juego para incorporar en sus demandas a académicos que no hayan sido consultores de García Luna o de Calderón, a sindicatos, a periodistas, a organizaciones de víctimas de los crímenes de lesa humanidad que comete el crimen organizado.

“Hay acciones que pueden bajar la corrupción si las aplicas simultáneamente, pero no si se aplican de manera separada. Estas acciones simultáneas se pueden resumir así: ‘Políticos encarcelados, bienes decomisados y reasignación de esos bienes a las víctimas de la corrupción, en especial, a los de la delincuencia organizada’.”

El “adéndum” y la “venganza”

El martes 14, de madrugada, como ya es costumbre en el Senado cuando se discuten iniciativas polémicas, el dictamen proveniente de las comisiones unidas sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas se discutió con un adéndum en el artículo 29 propuesto por el PRI y el Partido Verde que prácticamente anulaba la obligatoriedad de las tres declaraciones para los servidores públicos: la patrimonial, la fiscal y la de intereses.

Ese adéndum pretendía superar las diferencias entre el PRI y las organizaciones promotoras de la Ley 3de3 y la “congeladora” a la que se mandaron las siete leyes anticorrupción desde finales de abril pasado.

“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, decía el artículo.

El Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana son las dos instancias nuevas creadas en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción que estarán integradas, en el primer caso, por una mayoría de funcionarios dependientes del Ejecutivo federal como son el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especial nueva de combate a la corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Consejo de la Judicatura.

La senadora independiente Martha Tagle, quien mantuvo su apoyo a la Ley 3de3, advirtió en tribuna que “no podemos transitar” en aprobar ese artículo “porque es justamente donde se traiciona la voluntad de la ciudadanía al no considerar los formatos que están actualmente utilizando por la iniciativa ciudadana 3de3”.

A su vez, el senador perredista Zoe Robledo advirtió que esta modificación crearía “la más profunda frustración” y el Sistema Nacional Anticorrupción “puede convertirse en una enorme simulación que pretende engañar a los ciudadanos”.

La senadora panista Marcela Torres Peimbert también argumentó en contra de ese artículo; advirtió que el actual sexenio quedará para la historia como “uno de los más corruptos”.

Enviada por el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, a defender este punto, la senadora Anabel Acosta afirmó que este adéndum se basó en una declaración de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, y citó unas frases suyas.

La situación se puso muy tensa, pero Gamboa Patrón decidió hablar desde su curul para pelearse con el PAN y reprocharle a la bancada panista que “por su culpa no habrá Mando Único”.

La votación de ese artículo, en lo particular, demostró la vieja habilidad del coordinador priista para lograr “ausencias” y abstenciones en la oposición que favorecieran al bloque oficialista.

El adéndum al artículo 29 que alteraba la Ley 3de3 fue aprobado por 59 votos (52 del PRI, seis del Partido Verde y un independiente), y 51 votos en contra (34 del PAN, 16 del PRD y un independiente), pero hubo 17 abstenciones (cuatro del PAN, tres del PRD, tres del PRI, seis del PT y uno del Verde) que dejaron a sólo ocho votos de distancia la victoria de quienes apoyaron la iniciativa ciudadana que se acompañó de más de 600 mil firmas.

Entre los “ausentes” estuvieron la senadora panista Adriana Dávila y dos excoordinadores parlamentarios de Acción Nacional, Héctor Larios y Jorge Luis Preciado, cercanos a Gamboa Patrón. Del lado del PRD, Benjamín Robles, Alejandra Roldán y Luz María Beristain se abstuvieron. Ésta, senadora por Quintana Roo, es la segunda vez que se abstiene de votaciones muy polémicas. Antes sucedió durante la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

El escándalo mayor fueron los seis faltantes de la bancada del Partido del Trabajo cercanos a Morena: Manuel Bartlett –quien argumentó que el Sistema Nacional Anticorrupción no valía la pena porque dejaba intacta a la Presidencia de la República–, Marco A. Blásquez –también por segunda vez con un voto alineado al PRI-Verde–, Layda Sansores, Héctor Menchaca, Carlos Merino y Martha Palafox.

El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador verde Pablo Escudero, repitió que este polémico adéndum se basaba en una participación de Eduardo Bohórquez.

Después de las dos de la madrugada, el PRI y el Verde utilizaron al senador Manuel Cárdenas Fonseca, suplente de la fallecida senadora Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza, para proponer un candado en el artículo 32 que obliga a presentar declaraciones patrimoniales y de interés también a las “personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos” o “contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios”.

Ese cambio legislativo “lo hizo el PRI, no el senador Cárdenas Fonseca. No hay que caer en ese garlito en que la brillante idea de un senador provocó esa nueva idea”, advirtió Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en conferencia de prensa.

La “ocurrencia” que molestó a los integrantes de la Coparmex, en especial a su presidente Gustavo de Hoyos, “la hizo el PRI y, claro, es una reacción del PRI, de la clase política del PRI, al sector privado para que entren dentro de las cuerdas del poder”, abundó Barbosa.

Lo paradójico es que la mayoría de los legisladores del PAN apoyó esta “ocurrencia”, que fue leída como “venganza” del PRI contra los empresarios que apoyaron la Ley 3de3. Según la versión estenográfica de esa sesión, la modificación al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue aprobada por 84 votos a favor (52 del PRI, 24 del PAN, seis del Partido Verde, uno independiente y otro del PT), 22 en contra (15 del PRD, cuatro del PT, uno del PRI, uno del PAN y uno independiente) y una abstención.

La cúpula de la Coparmex protestó el jueves 16 en las escalinatas del Ángel de la Independencia. De Hoyos reprochó que “luego de un largo año de no resolver la legislación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y de violar el plazo constitucional (que se cumplió el pasado 28 de mayo), de último momento pretenden modificar el espíritu ciudadano de esta iniciativa”.

A pesar de la airada protesta de la Coparmex y ante la ausencia de movilizaciones de los más de 600 mil que firmaron a favor de la iniciativa ciudadana de la Ley 3de3, la Cámara de Diputados avaló la minuta proveniente del Senado sin ningún cambio a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con sólo 19 votos de diferencia, la bancada del PRI, Partido Verde, Panal y el Partido de Encuentro Social ganaron por 228 votos a los 209 legisladores del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena que propusieron respetar la redacción original del artículo 29.

La falta de autonomía

Las otras seis leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobaron sin mayores dificultades ni protestas de grupos ciudadanos, empresarios o legisladores de la oposición.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que crea “un galimatías burocrático”, según el senador Manuel Bartlett, fue aprobada con amplia mayoría por 116 votos a favor y sólo cuatro en contra.

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrá una sección tercera en la Sala Superior para resolver recursos de apelación en materia de responsabilidades administrativas y la faculta para imponer sanciones a quienes participen en faltas de corrupción fue aprobada por 101 votos a favor y cinco en contra.

Las reformas al Código Penal Federal fueron aprobadas por 104 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. Las sanciones que se establecen son la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas y concesiones por un plazo de uno a 20 años a los responsables de actos de corrupción.

Define un nuevo delito llamado “ejercicio ilícito de servicio público” como “el hecho de que un servidor público sepa que el patrimonio o los intereses públicos pueden resultar gravemente afectados, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.

Las reformas a la Ley Orgánica de la PGR que crean la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con la corrupción fueron aprobadas por 100 votos a favor, sólo seis en contra y dos abstenciones, a pesar de que el fiscal no contará con plena autonomía y puede ser removido por el propio titular de la PGR.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales “literalmente” desapareció del proyecto, según destacó la senadora del PRD, Angélica de la Peña; por tanto, los delitos político-electorales estarán al margen del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.