8° Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación
Lugar: Centro de Convenciones “Cinia González Diez”, Polanco.
México DF., a 7 de junio de 2016
Intervención al doctor investigador Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Señores Alejandro Martí y Ernesto Canales; distinguidas autoridades del presídium de honor.
Señoras y señores:
El tiempo nos alcanzó.
Parecía lejana la fecha del 18 de junio de 2016 y aquí estamos, a escasos 11 días de que venza el plazo para tener funcionando en todo el país y para todo tipo de delitos el nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias.
Luego de miles y miles de horas de capacitación, de cientos de foros y seminarios de análisis, de cambios legislativos de enorme magnitud, de haber invertido más de 21 mil millones de pesos llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano.
A partir del primer momento del 18 de junio, sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo.
Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber. Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo Sistema de Justicia Penal aprobadas a tiempo.
No se trata de las saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la Vacatio Legis, simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes, como la que habrá de regir todo el todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones o por citar solamente un ejemplo más, las indispensables reformas al marco jurídico de la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada.
Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y atenciones parecieron estar en otro sitio.
Hagamos votos para que puedan remontar dichas omisiones en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, que habrá de empezar dentro de unos días.
La reforma de nuestro procedimiento penal tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en particular el abuso de la prisión preventiva; tener un sistema más eficiente, al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.
La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas. Son de su competencia. El 92 por ciento de todos los asuntos penales del país; un dos por ciento adicional corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal, y un seis por ciento son de la competencia del fuero Federal.
En el México plural que vivimos, hemos visto gobiernos locales muy comprometidos con la Reforma Penal, otros que han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que el tiempo pase sin hacer nada, para heredar a sus sucesores el problema.
Cabe felicitar a estados como: Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, que han hecho un buen trabajo implementando la Reforma Penal. Lamentamos el enorme rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como: Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala.
Una de las piezas centrales del nuevo Sistema de Justicia Penal son los métodos alternativos de solución de controversias. En la llamada justicia alternativa trabajan en todo el país mil 225 personas, quienes con datos de 2014, atendieron 136 mil 115 casos en 27 entidades federativas; el 61 por ciento de esos fueron casos resueltos por medición y el 15 por ciento por conciliación.
A partir de este dato, podemos comenzar a responder la pregunta de si es o no es importante haber implementado bien la Reforma Penal.
Miremos, precisamente, lo que nos dicen los datos.
El 39 por ciento de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos, gracias al buen trabajo de implementación realizado, pero solamente el 0.51 por ciento fueron resueltos por la Justicia alternativa en Sonora, como sabemos, el estado más rezagado en el tema.
Hay otros datos que apuntan en la misma dirección, mientras que en Chihuahua hay 18.8 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, en Sonora hay apenas 2.9.
El promedio nacional es de 10, y es más alto en los estados en los que la Reforma Penal ya funciona, 16 en Yucatán, 14 en Chiapas, 12en Morelos y en Durango.
Mientras que en el sistema tradicional se resuelve una de cada seis averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve una de cada cuatro carpetas de investigación, aunque aquí las variaciones son muy grandes, por ejemplo, 66 por ciento de carpetas de investigación resueltas en Oaxaca, ya con la Reforma funcionando, contra 6 por ciento solamente de averiguaciones previas resueltas en Tabasco, sin reforma todavía.
Falta mejorar nuestro diseño institucional, sobre todo, para fortalecer a las defensorías públicas, 84 por ciento de ellas en nuestro país dependen indebidamente del Poder Ejecutivo en las entidades federativas.
Su presupuesto representa apenas el 2 por ciento del total destinado a los operadores del sistema penal, lo que equivale para el año 2015, a 921 millones de pesos.
Solamente en seis estados, las Defensorías Públicas tienen peritos propios. Los estados en los que ya funciona la Reforma, hay en promedio 3.06 defensores por cada 100 mil habitantes.
En los estados sin reforma, hay 2.46. En los estados con reforma, cada defensor público debe atender 60 casos anualmente. En los estados sin reforma, debe atender 174 casos. En los estados con reforma, los defensores públicos ganan en promedio 20 mil 136 pesos. En los estados sin reforma, ganan 10 mil 744 pesos al mes en promedio.
Uno de los grandes protagonistas del nuevo sistema es el llamado Procedimiento Abreviado.
En las causas que ya se han ventilado bajo la competencia de autoridades Federales, el 90 por ciento se ha resuelto mediante este tipo de procedimientos.
En las entidades federativas hay muchas variaciones, ya que mientras en Baja California el 62 por ciento de los asuntos se van por procedimiento abreviado, esa cifra es apenas del 17 por ciento en Guanajuato, o del 21 por ciento en Tabasco.
Lo cierto es que son pocos los casos que llegan a la etapa de juicio oral, lo que viene a demostrar que las salidas alternas y el procedimiento abreviado están funcionando de manera adecuada en términos generales.
En el Estado de México una de cada siete causas que ingresan a su Poder Judicial termina llegando a la etapa de juicio oral. En Baja California hay un juicio oral por cada 102 casos que ingresan a su conocimiento de su Poder Judicial.
Menos casos llegan, por tanto, a sentencia dictada en la etapa de juicio, pero se trata en casos en los que se ventilan delitos de mayor impacto social. La sanción promedio pasó de 420 días de prisión en el sistema anterior, a 679 días de prisión en el nuevo sistema.
Es vital que las autoridades de las procuradurías y fiscalías del país estén bien preparadas para presentar sus casos ante los jueces, porque de lo contrario, los abogados defensores les van a comenzar a ganar cada vez más casos.
En el sistema antiguo, recordemos que el 93 por ciento de todas las sentencias penales en el país de primera instancia eran condenatorias. El órgano acusador tenía enormes ventajas para obtener una sentencia de ese tipo. Con el nuevo sistema, la cancha se empareja.
En Morelos, el 56 por ciento de las sentencias son absolutorias y en Tabasco el 90 por ciento lo son. Pero, por ejemplo, en Baja California, que sí ha implementado bien la reforma, solamente el 11 por ciento de las sentencias son absolutorias bajo las reglas del nuevo sistema.
No se trata, por tanto, de un problema de diseño del propio sistema, sino de capacidad institucional para hacer buenas investigaciones y presentar sólidas teorías del caso.
El Nuevo Sistema Penal permite ganar celeridad en la impartición de justicia. En el anterior sistema, un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos nos permiten obtener soluciones justas en solamente 30 días.
Hemos ganado, también, en términos de costos económicos. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15 mil 198 pesos. En los asuntos resueltos mediante métodos alternativos bajo el nuevo sistema, el costo se redujo hasta un monto de mil 566 pesos por asunto en promedio.
Hemos ganado, también, al aplicar medidas cautelares distintas de la prisión. Cada interno en nuestras cárceles cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California.
Gracias al Nuevo Sistema Penal, entre el año 2008 y el 2016, unas 70 mil personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de presos en prisión preventiva ha bajado del 45 por ciento al 25 por ciento en Nuevo León, y del 47 por ciento al 29 por ciento en Morelos.
Señor Presidente.
Señoras y señores:
El 18 de junio no finaliza nada. Por el contrario, arranca una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal, una etapa en la que habrá que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios y respecto de la cual todos tendremos tareas pendientes de la mayor relevancia.
A partir de esa fecha, habrá que trabajar al menos en los siguientes seis puntos:
Primero. Informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo en ello, sobre todo, a nuestros amigos de los medios de comunicación.
Dos. Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera.
Tres. Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal.
Cuatro. Como decíamos, complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores.
Cinco. Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.
Y Seis. Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi, casi en tiempo real, ésta puede ser la tarea que haga la SETEC cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año.
Nunca en la historia jurídica de América Latina se había intentado una reforma del alcance de nuestra transformación del procedimiento penal. Se suelen citar los casos de Colombia y de Chile, pero sus condiciones geográficas, su número de habitantes, la extensión de sus países y hasta su forma de gobierno, se trata de países centralistas, no federales como México, hacen que la comparación sea imposible.
En el 2008, México decidió emprender una transformación jurídica de proporciones heroicas, nos toca ahora, entre todos, convertir tales propósitos en realidades cotidianas.
No nos demoremos. La tarea no ha terminado. Apenas comienza.
Muchas gracias.
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