Los diputados se erigieron en Jurado de Procedencia en contra de Lucero Sánchez López

¿Y la presunción de inocencia?
Decir Chapodiputada y Chapo Guzman es discriminatorio!
Dictamen de la Sección Instructora , del expediente S163/012016, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada del Congreso del estado de Sinaloa.
¿Devany Vianey Villatoro Pérez  es Lucero Guadalupe Sánchez?

Tal y como se esperaba…

El Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó hoy con 414 votos a favor y 37 abstenciones, el dictamen, en sus términos, elaborado por la Sección Instructora que declara: ha lugar a proceder penalmente en contra de Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local a la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa.

El procedimiento de Declaración de Procedencia fue solicitado por el Ministerio Público (MP) de la Federación por la probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246 fracción VII y sancionado en el artículo 243 párrafo primero del Código Penal Federal, vigente el día en que se llevó a cabo la conducta.

El dictamen precisa: queda expedita la facultad del MMFl, para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que lo determine respecto a Lucero Guadalupe Sánchez López, por el delito de uso de documento público falso previsto en el Código Penal Federal.

La presente Declaración de Procedencia se remitirá al Congreso de dicha entidad, para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda, con el efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público Federal a la denunciada, sin perjuicio de la facultad ya concedida en el dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo antes citado.

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Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del lunes 13 de junio de 2016
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la aprobación del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia para conocer el dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/LXIII/01/2016 y acumulado relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local a la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/LXIII/01/2016, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa.
Artículo primero. Iniciada la sesión extraordinaria en la que el pleno de la Cámara de Diputados de conocer del dictamen de la Sección Instructora, habiéndose aprobado previamente el presente acuerdo y conforme a lo establecido por el artículo 38 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la presidencia de la Mesa Directiva informará a la asamblea respecto de la comprobación fehaciente que la imputada, su defensor, el denunciante o el querellante y, en su caso, el ministerio público han sido debidamente citados para el desarrollo de esta sesión.
Una vez cumplido lo anterior, el presidente de la Cámara de Diputados declarará:
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo establecido por los artículos 74, fracción V y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y conforme a lo previsto por el artículo 4o, numeral 1o del decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio, se erige hoy lunes 13 de junio de 2016, en jurado de procedencia para conocer y resolver sobre el dictamen emitido por la Sección Instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia que solicitan los licenciado Arturo Ruiz Toribio y José Arturo López Ibarra, agentes del Ministerio Publico de la Federación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local a la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa.
A efecto de permitir las actuaciones a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la parte denunciante y la parte imputada con su defensor se ubicarán dentro del salón de sesiones.
Para ello se colocarán dos mesas separadas en la parte baja del salón de sesiones, frente a los costados de la tribuna, situándose quienes deban ocupar lugares en ellas, mirando a la asamblea, debiendo permanecer ahí hasta el momento en el que el presidente indique que pueden hacer uso de la palabra o hasta que instruya su retiro del salón de sesiones.
Artículo segundo. Inmediatamente después de que la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia, la asamblea conocerá y calificará los incidentes que se hubieren presentado en los términos de lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tienen el deber de excusarse o, en su caso, podrán ser recusados por el inculpado las diputadas y diputados que se ubiquen en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y demás disposiciones aplicables.
En estos casos, los incidentes se sustanciarán de la siguiente manera:
a) La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará cuenta de las promociones de recusación que hayan presentado el inculpado con expresión de causa y dentro del plazo señalado en el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo límite de recepción será al momento de la aprobación del presente acuerdo, así como las excusas que hayan solicitado o soliciten las diputadas y los diputados que vayan a intervenir en el jurado.
b) La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura por separado a cada una de las solicitudes de recusación y excusa que hubieren recibido y, sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar o algún impugnador, si lo hubiere, acto seguido se consultará al pleno si el asunto se toma en consideración inmediatamente.
c) Si la resolución del pleno fuera negativa la solitud se tendrá por desechada.
d) En caso afirmativo se pondrá a discusión, pudiendo hablar al efecto un orador en pro y un orador en contra, tras lo cual y sin mediar intervenciones se pondrá a consideración del pleno si es de aceptarse.
e) En apego a lo prescrito en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos las votaciones serán nominales, mismas que se realizarán mediante el sistema electrónico de votación.
f) En el supuesto de que el recusado presentara una solicitud de excusa y ésta fuere aprobada, el incidente de recusación quedará desde luego sin materia.
g) Las diputadas y diputados cuya solicitud de exclusa o promoción de recusación haya sido aprobado por el pleno no formarán parte del jurado de procedencia y por lo tanto deberán retirarse de inmediato del salón de sesiones.
Artículo tercero. Agotado el o los incidentes antes descritos, si los hubiere, la Secretaría de la Mesa Directiva procederá a dar lectura a una síntesis del dictamen de la Sección Instructora que contenga los puntos sustanciales y las conclusiones del mismo. De encontrarse publicada dicha síntesis en la Gaceta Parlamentaria, su lectura podrá dispensarse por decisión del pleno.
Inmediatamente después se abrirá la fase de alegatos, réplicas y contra réplicas de las partes a las que se refieren los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para lo cual se estará a lo siguiente:
a) Conforme a lo señalado por el artículo 31, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las intervenciones de quienes deban participar en el desahogo de la declaración de procedencia tendrán lugar en la tribuna del salón de sesiones.
b) En primer término se concederá la palabra al solicitando de la declaración de procedencia hasta por 10 minutos, quien podrá presentar su argumentación por escrito debiendo en este caso de incorporarse de manera íntegra al Diario de los Debates.
c) Posteriormente se concederá la palabra hasta por 10 minutos a la imputada o su defensor o a ambos, si así lo solicitaran. De ser de este modo, el tiempo otorgado se dividirá en dos intervenciones. De igual manera podrán optar por presentar su argumentación por escrito, debiendo en tal caso incorporarse de manera íntegra al Diario de los Debates.
d) En caso de que las partes hayan hecho uso de la palabra de manera directa y si el solicitante de la declaración de procedencia pidiera hacer uso de la palabra para replicar, se le concederá hasta cinco minutos.
De ocurrir lo anterior, la imputada o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término, lo harán hasta por cinco minutos, si solo uno de ellos hiciera uso de la palabra, o hasta por tres minutos cada uno si ambos lo solicitaren.
Tras lo anterior y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Presidencia de la Cámara de Diputados dispondrá que las partes y el defensor se retiren del salón de sesiones y pasen a los salones que al efecto se hayan dispuesto, donde permanecerán durante la discusión y votación del dictamen.
Artículo cuarto. Una vez concluida la fase de alegatos y réplica, se pondrá a discusión y votación el dictamen, conforme a lo siguiente:
a) Habrá una intervención del presidente de la Sección Instructora, hasta por 10 minutos; habrá posicionamientos de los grupos parlamentarios, en orden creciente, con intervenciones hasta por siete minutos.
b) Posteriormente, para los efectos de la discusión en lo general, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados, oportunamente se consultará al pleno si el asunto está suficientemente discutido.
c) Las diputadas y los diputados que no estén inscritos podrán pedir la palabra para rectificar hechos o para responder alusiones personales. Estas intervenciones serán hasta por cinco minutos y se verificarán después de concluido el turno de los oradores previamente registrados.
En este caso, el orador centrará su exposición precisando el hecho a rectificar o la alusión a contestar.
d) Agotada la discusión del dictamen se procederá a su votación nominal.
e) Concluida la votación, el presidente anunciará su resultado y hará la declaratoria que corresponda.
Artículo quinto. En todo lo no previsto con el presente acuerdo, se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás ordenamientos supletorios en la materia.
Transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno y se publicará en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Continúe.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Firman el acuerdo los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos del artículo primero del acuerdo recién aprobado, proceda la Secretaría a dar lectura a los documentos de notificación personal relativos a la cita para esta sesión, tanto a los agentes del Ministerio Público de la Federación, licenciados Arturo Ruiz Toribio y José Arturo López Ibarra, así como a la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local del honorable Congreso del Estado de Sinaloa a la LXI Legislatura y a sus abogados defensores.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 7 de junio de 2016. Licenciado Arturo Ruiz Toribio y licenciado José Arturo López Ibarra, agentes del Ministerio Público de la Federación, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, Procuraduría General de la República. Domicilio Paseo de la Reforma número 75, segundo piso, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, código postal 06300, Ciudad de México.
De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 20 y 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en atención a lo dispuesto por el artículo 4o., numerales 1 y 2, del decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio de 2016, se hace de su conocimiento que el lunes 13 de junio de 2016, a las 12:00 horas, la Cámara de Diputados sesionará para conocer el dictamen emitido por la Sección Instructora, en el expediente SI/LXIII/01/2016 relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local, a la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa.
Derivado de lo anterior y en su calidad de solicitantes del procedimiento antes mencionado se les extiende el presente citatorio a la sesión de mérito, la cual se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sito en avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio A, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, a fin de que se presente la argumentación que a su derecho convenga.
Atentamente, diputada Isaura Ivanova Pool, secretaria, y diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, secretaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 7 de junio de 2016.
Ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local del Congreso de Sinaloa, LXI Legislatura.
Domicilio, calle Varsovia número 57, segundo piso, colonia Juárez, con código postal 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
De conformidad con lo establecido en los artículo 18, 20 y 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en atención a lo dispuesto por el artículo 4, numeral 1 y 2 del decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2016, se hace de su conocimiento que el lunes 13 de junio de 2016 a las doce horas, la Cámara de Diputados sesionará para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora con el expediente SI/LXIII/01/2016, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez, diputada local a la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa.
Derivado de lo anterior y en su calidad de imputada se le extiende el presente citatorio a la sesión de mérito, la cual se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio A, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, a fin de que presente la argumentación que en su derecho convenga.
Atentamente, diputada Isaura Ivanova Pool, secretaria. Y diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, secretaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 7 de junio de 2016.
Licenciado Rubén Antonio Tamayo Viveros. Licenciado Francisco Verdugo Fierro y licenciada Rosalba Alarcón Ramírez, abogados defensores.
Domicilio, calle Varsovia número 57, segundo piso, colonia Juárez, código postal 06600, delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.
De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 20 y 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en atención a lo dispuesto por el artículo 4o., numerales 1 y 2, del decreto por el que la Comisión Permanente Convoca a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, publicado el 3 de junio de 2016, se hace de su conocimiento que el lunes 13 de junio de 2016, a las 12 horas, la Cámara de Diputados sesionará para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI630116, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local a la LI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa.
Derivado de lo anterior y en su calidad de abogados defensores de la imputada, se les extiende el presente citatorio a la sesión de mérito, la cual se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio A, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, a fin de que presenten argumentación que a su derecho convenga. Atentamente, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, secretaria, y diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, secretaria.
Se acompañan también las actas de notificación a cada una de las partes y se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A todos, a ponerse de pie. A todas y a todos, para que no haya discriminación en el uso del lenguaje.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 74, fracción V, y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y conforme a lo previsto por el artículo 4o. numeral 1 del decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio pasado, se erige hoy, lunes 13 de junio de 2016, en Jurado de Procedencia para conocer y resolver sobre el dictamen emitido por la Sección Instructora, relativo al procedimiento de Declaración de Procedencia que solicitan los licenciados Arturo Ruiz Toribio y José Arturo López Ibarra, agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local a la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa. 
Muchas gracias. Pueden tomar asiento en sus respectivas curules.
Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, introduzca a este salón de sesiones, a los agentes del Ministerio Publico de la Federación, licenciados Arturo Ruiz Toribio y José Arturo López Ibarra, a los licenciados Rubén Antonio Tamayo Viveros, Francisco Verdugo Fierro y Rosalba Alarcón Ramírez, abogados defensores de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, y los conduzca a los lugares que deben ocupar conforme al acuerdo aprobado previamente.
Esta Presidencia, asimismo informa que en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del artículo segundo del acuerdo parlamentario que rige la actuación de la Cámara de Diputados como Jurado de Procedencia, la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local a la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa, no presentó incidente alguno de recusación.
Igualmente esta Presidencia informa que en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas y los diputados que han de integrar este jurado de procedencia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que la síntesis del dictamen de la Sección Instructora se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria desde el día de ayer y se encuentra disponible en el monitor de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa su lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si se dispensa la lectura a la síntesis del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia procederemos a desahogar el punto tercero del acuerdo.
En términos de los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se abre la fase de alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes.
En términos de los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se abre la fase de alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes.
Conforme a lo establecido por el artículo 31, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las intervenciones de quienes deban participar en el desahogo de la declaración de procedencia y de juicio político, se harán desde la tribuna de este salón de sesiones.
En consecuencia tiene la palabra el agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Arturo Ruiz Toribio, hasta por 10 minutos.
El ministerio público Arturo Ruiz Toribio: Con su venia, señor presidente. Honorables diputadas y diputados. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie –Montesquieu.
Comparezco a nombre del Ministerio Público de la Federación a efecto de expresar los argumentos de convicción para que esta soberanía declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, como probable responsable en la comisión del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y sancionado en el artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal.
Ante quienes actúan al margen de la ley, debemos responder con una estrategia integral de coordinación e implementación de acciones concretas para combatir la impunidad. Entre esas acciones se destaca la integración de investigaciones eficientes, transparentes, apegadas a estándares internacionales y con pleno respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
Bajo esos parámetros, esta representación social de la federación integró la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/089/2015 para determinar la situación jurídica de Lucero Guadalupe Sánchez López.
La referida indagatoria se inició con la denuncia del entonces director general del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en la que refirió que el 4 de septiembre de 2014 ingresó al citado penal federal una mujer que se identificó con la credencial para votar 51826349 como Devany Vianey Villatoro Pérez y se apersonó en la rejilla de prácticas correspondiente.
En cumplimiento a la facultad constitucional de investigar los delitos federales, esta representación social practicó las diligencias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la denunciada, entre las que destacan las siguientes:
Se obtuvieron de la Policía Federal dos imágenes de las cámaras de vigilancia del Cefereso I Altiplano, correspondientes a una mujer que ingresó al centro penitenciario y dijo llamarse Devany Vianey Villatoro Pérez; se obtuvo del titular de la Unidad de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, que en la averiguación previa 189 2014, corre agregado un parte informativo de elementos de la Policía Federal, a través del cual comunican que la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, ingresó al Cefereso I Altiplano a visitar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, identificándose con una credencial para votar a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez.
En la citada indagatoria también se encuentra afecta la licencia de conducir expedida por el gobierno de Sinaloa, a favor de Lucero Guadalupe Sánchez López, la cual fue localizada durante una diligencia ministerial en un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, estacionado en la cochera del inmueble ubicado en: Calle Río Humaya 130, Colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa. El referido inmueble fue asegurado en virtud de que en el baño, debajo de la tina se encontró un túnel que conectaba a la red de drenaje pluvial por donde escapo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, cuando era perseguido por elementos de la Secretaría de Marina.
Se solicitó a los servicios periciales la designación de perito en materia de identificación fisonómica para que dictaminara respecto de las imágenes de Devany Vianey Villatoro Pérez, proporcionadas por la Policía Federal, y la fotografía de la licencia de conducir de Lucero Guadalupe Sánchez López. El experto designado concluyó que sí existe semejanza dimensional, cromática y morfológica, de las características faciales entre la imagen de Devany Vianey Villatoro Pérez y la fotografía de Lucero Guadalupe Sánchez López, que en consecuencia es permitido señalar que la persona que aparece en ambas imágenes es la misma.
Con auxilio de personal pericial se descargó del portal del Congreso de Sinaloa la fotografía de Lucero Guadalupe Sánchez López, así como el video de la conferencia de prensa que la denunciada ofreció para negar su relación con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.
Del mismo modo se recabaron las imágenes de Lucero Guadalupe Sánchez López, que obran en la Dirección de Tránsito y Vialidad, y de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, las cuales junto con la fotografía del portal del Congreso, así como el video de la conferencia, se enviaron a Servicios Periciales a efecto de que se designara perito en materia de identificación fisonómica y se confrontaran con las fotos de la mujer que ingresó al penal federal y dijo ser Devany Vianey Villatoro Pérez.
En este segundo dictamen, el experto llegó a la conclusión de que sí existe semejanza dimensional cromática y morfológica de las características faciales entre la imagen de Devany Vianey Villatoro Pérez, y las imágenes de Lucero Guadalupe Sánchez López.
Por consiguiente, es dable afirmar que la mujer que aparece en las aludidas fotografías y video es la misma persona que aparece en las imágenes de Devany Vianey Villatoro Pérez.
La Dirección General de Cefereso 1, Altiplano, proporcionó el archivo digital del escaneo de la credencial para votar folio 51826349, expedida a favor de Devany Vianey Villatoro Pérez, y que usó Lucero Guadalupe Sánchez López, para ingresar al mencionado centro carcelario.
La fotografía de la credencial para votar folio 51826349, expedida a favor de Devany Vianey Villatoro Pérez y la licencia de conducir que portaba a Lucero Guadalupe Sánchez López cuando rindió declaración ministerial ante el agente del ministerio público de la Federación, fueron confrontadas por el perito en materia de identificación fisonómica con la imagen de Devany Vianey Villatoro Pérez, proporcionadas por la Policía Federal.
Por tercera ocasión, la conclusión del experto fue toral al determinar que sí existe semejanza dimensional, cromática y morfológica de las características faciales entre las personas que aparecen en las imágenes, objeto de estudio.
Por consiguiente, es factible aseverar que la persona que aparece en la fotografía de la licencia de conducir de la diputada local es la misma que aparece en la imagen de la credencial para votar expedida a favor de Devany Vianey Villatoro Pérez, y la imagen de Devany Vianey Villatoro Pérez, tomada al interior del Cefereso 1, Altiplano.
Los dictámenes periciales se robustecen con el informe proporcionado por el jefe de Monitoreo del Centro Penitenciario, en el que refiere que en sus archivos obra tarjeta informativa elaborada con motivo del ingreso de Devany Vianey Villatoro Pérez, a una audiencia judicial en la Sala 12 del Penal Federal, así como tres imágenes fotográficas captadas por las cámara del Centro Penitenciario.
Diputadas y diputados, con los medios de pruebas citados no queda duda que Lucero Guadalupe Sánchez López es la mujer que el 4 de septiembre de 2014 se presentó ante el personal de seguridad del Cefereso 1, Altiplano, ante quienes se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez, con la credencial para votar folio 51826349, para posteriormente dirigirse hasta la sala 12 del penal federal, en donde estuvo presente en una audiencia judicial con el interno Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.
Ahora bien, la falsedad de la credencial para votar que usó Lucero Guadalupe Sánchez López se encuentra plenamente probada con los informes rendidos por el Instituto Nacional Electoral, de los que se desprende la inexistencia de registros de su expedición e incluso que el folio corresponde a otra persona. Luego entonces, resulta válido afirmar que la referida credencial para votar es falsa porque la dependencia facultada exclusivamente para ello afirma que no lo realizó.
Finalmente Lucero Guadalupe Sánchez López sabía e la falsedad de la credencial toda vez que contenía su fotografía, pero a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez y aun así la usó para identificarse ante el personal de seguridad del Cefereso 1, Altiplano, vulnerando la veracidad, confianza y seguridad de las credenciales expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral.
Distinguidos miembros de este honorable Jurado de Procedencia, como se ha expuesto, el agente del Ministerio Público de la Federación cuenta con una indagatoria firme, formada con pleno respeto a los derechos humanos y el debido proceso, sin ningún móvil político e integrada por medios de prueba sólidos, basados en el método científico, pertinentes y eficaces que acreditan el cuerpo del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción VIII, y sancionado en el artículo 243, párrafo primero, del Código Penal Federal, y la probable responsabilidad de Lucero Guadalupe Sánchez López en su comisión.
Es por ello que se solicita a este honorable Jurado de Procedencia declare que hay lugar a proceder penalmente en contra de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, para que esta representación social esté en aptitud de ejercer acción penal en su contra.
Nadie está sobre la ley y nadie por debajo de ella. Roosevelt.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, licenciado Ruiz.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el licenciado Rubén Antonio Tamayo Viveros, abogado defensor de la servidora pública imputada en su representación.
El defensor Rubén Antonio Tamayo Viveros: Buenas tardes. Estamos ante ustedes efectivamente debido al nacimiento de un juicio de procedencia que se basa en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nos preguntan si es un juicio político. De inicio lo es, porque se basa en nuestra Constitución, sin embargo, los periodistas, la gente, la ciudadanía nos pregunta por qué un juicio como éste ha tenido esa celeridad. Si hay 300 solicitudes antes de la diputada que nosotros representamos, ¿cómo es que éste ha tenido una celeridad como ésta?, inclusive haciéndoles venir en periodo extraordinario.
Sin embargo, lo que podemos decir nosotros es que la base con la cual está la acusación de la Procuraduría General de la República no tiene un fundamento suficiente, como para poder decir que ha lugar.
Nosotros estamos pugnando en esta Ciudad de México y en la República Mexicana, por los juicios orales, porque todo sea transparente y que no estemos nosotros simplemente ante juicios que se pueden hacer tras las puertas.
Aquí debe de analizarse que el juicio que estamos encarando nace por la detención de la diputada, en forma totalmente arbitraria, del 20 de enero de este año, quien estando en Culiacán, Sinaloa, saliendo de su domicilio fue detenida por diversos agentes del Ministerio Público de la Federación, los cuales dijeron que estaban en cumplimiento a una orden de búsqueda, localización y presentación.
Siendo ella diputada local y teniendo su domicilio, es como si a ustedes los quisiéramos encontrar y no pudiéramos hacerlo. Sabemos que trabajan aquí. A ella la podrían haber localizado, sin embargo con lujo de violencia la trajeron a esta ciudad ese mismo día 20 de enero, en un avión particular de la Procuraduría General de la República. Ese mismo avión se los pedimos para su regreso y no se lo concedieron. No sé por qué.
Estamos nosotros en que procedió ella a dar su declaración ante la misma Procuraduría General de la República, esa declaración no consta en el juicio del expediente que ustedes tienen acceso. Esa declaración, jamás le permitieron presentarse a ratificarla, a poder manifestarse al respecto. Ella inicialmente se reservó su derecho; sin embargo, después la presentó por escrito. Esa declaración no es así, no está en el expediente que nos ocupa.
Ahora, dice el agente del Ministerio Público, que ella se presentó en el Cefereso de alta seguridad, en el Altiplano, donde se identificó con una credencial del IFE que no correspondía a sus datos fisionómicos.
¿Qué a un penal de esa alta seguridad puede entrar cualquier persona con una identificación que no coincide con sus rasgos? Quisiera saberlo.
En el supuesto de que se haya introducido, bueno, al salir podrían haber dicho: momento, entrégueme esa credencial o la persona queda detenida. Pasa ante el Ministerio Público, declara y posiblemente se vaya, pero tenían que haberlo hecho. Al parecer, no fue así.
Sin embargo, nosotros tenemos la inquietud de saber qué es lo que había pasado con esa audiencia del 4 de septiembre de 2014, al que supuestamente acudió.
Solicitamos entre nuestras pruebas que el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales acudiera, por escrito, anexándonos copia de esa diligencia informativa a la que supuestamente acudió una persona de apellido Villatoro Pérez.
¿Qué es lo que sucedió? Que el juez anexó copia de la audiencia y de un escrito, en donde Guzmán Loera solicitó que tuviera como persona de confianza a una persona de apellidos Villatoro Pérez. Pero tenía que haber aceptado y protestado el cargo, no nada más era el que se le nombrara. Sin embargo, nunca acudió, como el mismo juez lo dice, a protestar y aceptar su cargo, como persona de confianza.
Bueno, vamos a pensar que lo hubiese hecho después, el día de esa audiencia del 4 de septiembre de 2014, ¿qué ocurrió? Que en la audiencia que está en el expediente aparece que acudió el juez, el secretario de acuerdos, el agente del Ministerio Público de la Federación, el defensor y el procesado, Guzmán Loera. Ninguna persona del sexo femenino.
¿Qué pasa entonces? Que el agente del Ministerio Público, estando ahí, debería haber solicitado que la persona que estaba compareciendo se acreditara, para ver si es cierto que tenía la facultad de hacerlo, de estar presente en esa reja de prácticas. No está.
También nosotros pedimos, ante esas constancias, que fuese presentado algún otro documento en el cual posteriormente hubiera aceptado y procesado el cargo, y no fue así.
Bueno, ¿qué estamos viendo con esto? Que no tiene ni siquiera el propio Cefereso, la Procuraduría General de la República algún video de los que se toman en esos penales de alta seguridad.
¿Cómo es posible que no haya un video? Dicen que porque a los veintisiete días se reciclan los mismos, veintisiete días después de que ellos sabían que había introducido una persona a su Cefereso, que no coincidía con los rasgos fisonómicos de una credencial del IFE. Bueno, es demasiado tiempo.
¿Qué pasa con esto? Que no tiene la Procuraduría como dice que hay fotografías con las cuales se desahogaron diversas periciales para poder determinar si coincidían los rasgos fisonómicos de la diputada, que nosotros representamos, con los que estaban ahí en la credencial, supuestamente falsa.
¿Qué ocurrió? Que dichos peritajes únicamente hablan de semejanza. Entonces, los que sean gemelos o las personas que se parezcan uno a otro pueden ser, efectivamente, las personas que cometan un delito u otro. No puede ser así.
El perito que nosotros ofrecimos por parte de la defensa, en esta Sección Instructora, determinó que puede existir semejanza, pero no pueden realizar una identificación plena, no hay la identidad plena.
No pueden asegurar que la persona que acudió haya sido Lucero Guadalupe Sánchez López. No lo pueden asegurar. Y así es, de otra manera no hubieran estado preocupados por buscar tantas semejanzas, con documentos que inclusive dicen que fueron encontrados en cateos.
Sin embargo, se les olvida decir de otras pruebas que constan en el expediente y que en esta Sección Instructora están, en el sentido de que esa credencial fue encontrada en un vehículo que ya había sido reportado como robado con anterioridad al cateo. Esa es una documental pública, que la Procuraduría del estado de Sinaloa anexó al expediente, a solicitud de las pruebas de esta defensa que está realizando.
¿Qué pasa? Que las pruebas de las que habló la Procuraduría se están cayendo. ¿Por qué? Porque no hay elementos suficientes para poder determinar ese punto. Debemos nosotros también ir en el aspecto técnico de lo que estamos vertiendo ahora ante este jurado.
El delito por el cual fue llamada la diputada, fue por delincuencia organizada y uso de documento falso. Se le investigó ante diversos bancos. En registros públicos de la propiedad fue buscada para ver si también era propietaria de diversos vehículos y demás.
¿Qué ocurrió? Que la información que recabó la Procuraduría no fue suficiente como para decir que esta persona, la diputada que representamos, hubiese tenido algún manejo ilícito en sus recursos o en sus bienes. Si no lo hay, cómo nos están permitiendo investigar sobre esos puntos que el delito de delincuencia organizada obviamente no prosperó. Por lo tanto, se consignó únicamente ante esta Sección Instructora el expediente por el uso del documento falso.
Del documento falso que nosotros pedimos a la Procuraduría General de la República que remitiera, sin embargo, dijo que no lo tenía en su poder.
Se requirió al INE para que también lo anexara y ese expediente no lo tenía, ya lo habían manifestado. Por lo tanto, la Sección Instructora especificó que no se podían desahogar las pruebas que nosotros pedíamos para ver si la huella dactilar correspondía a la diputada o si correspondía a ella la firma que aparece en todas nuestras credenciales que tenemos del INE-IFE. Por lo tanto, no se podía determinar al respecto.
El delito de uso de documento falso, el primero de los elementos materiales para su existencia es el uso del documento falso. El documento falso en sí, para poderlo usar. ¿Dónde está ese documento? No lo sabemos, no lo tenemos, no se puede determinar. Por lo tanto, no hay elementos suficientes como para poder decir que se usó un documento falso. Por lo tanto, esta Sección Instructora debe apegarse a derecho y ver que es imposible consignar a una persona si no se tiene ese documento falso.
Por lo tanto, sugiero y solicito que apegados a derecho y a equidad de género se establezca que esta Sección Instructora no da a lugar al desafuero de la diputada.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, licenciado Tamayo. En razón de que el representante del Ministerio Público ha declinado su derecho de réplica, en términos del acuerdo parlamentario aprobado por el pleno hace unos minutos, se pide a los ciudadanos Arturo Ruiz Toribio, José Arturo López Ibarra, Rubén Antonio Tamayo Viveros, Francisco Verdugo Fierro y Rosalba Alarcón Ramírez retirarse del salón y esperar en el lugar designado hasta que se les requiera.
Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios les acompañe en la salida del salón de sesiones.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Honorable asamblea, está a discusión el dictamen presentado por la Sección Instructora, y de conformidad con el inciso a) del artículo cuarto del acuerdo, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora, hasta por diez minutos.
El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Con su venia, señor presidente.
Compañeros legisladores, compañeras legisladoras, vengo a fundamentar el dictamen de la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado por la Procuraduría General de la República en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada del Congreso local de Sinaloa, por su presunta comisión del delito de uso de documento falso, por el cual se formó el expediente SI63/01/2016.
Después de agotadas todas las etapas procesales, se está en condiciones de establecer que de acuerdo al material probatorio, esta Sección Instructora advierte que existen diversos medios de convicción que ponen de manifiesto la existencia del delito de uso de documento falso previsto por el artículo 246, fracción VII, en relación con el artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal, y la probable responsabilidad de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, en su comisión.
Por tanto, este órgano legislativo en cumplimiento de las funciones jurisdiccionales contenidas en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que existe mérito suficiente para resolver positivamente la presente Declaración de Procedencia.
Al respecto cabe reiterar, que la actividad jurisdiccional encomendada constitucionalmente a este órgano legislativo, se centra en la revisión del cumplimiento de los requisitos para la Declaración de Procedencia correspondiente, cuyo propósito está encaminado a evitar la vulneración de los fines de la institución del fuero constitucional.
En el caso estudio, se desprenden datos suficientes para estimar que es probable que la servidora pública, Lucero Guadalupe Sánchez López, sea la persona que las circunstancias de tiempo, modo y lugar ampliamente expuestas en el dictamen que nos ocupa, hizo uso de una credencial para votar falsa, ostentando falsamente el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez puesto que de las pruebas analizadas en su conjunto y destacando, entre otras, las declaraciones de las personas que laboran para el Centro Federal de Readaptación Social, número 1, denominado el Altiplano, se observa que fue precisamente la diputada, la persona que a fin de ingresar a ese centro de internamiento exhibió la credencial con fotografía falsa, lo cual se corrobora con los registros de seguridad que se tomaron para tal efecto, así como los dictámenes periciales  mediante los cuales se pone de manifiesto que los rasgos fisonómicos de la fotografía inserta en la credencial falsa con las imágenes captadas al ingresar a esa institución carcelaria sí corresponden a la diputada de mérito siendo relevante que el dictamen en la misma materia emitido por la propia defensa en su primera conclusión, determina la presencia de características faciales semejantes en sus elementos dimensionales, cromáticos y morfológicos, entre las fotografías de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez y la ciudadana que se ostentó como Devany Vianey Villatoro Pérez, coincidiendo así con el emitido por el perito de la Procuraduría General de la República.
En esas condiciones esta Sección Instructora, considera que como se apuntó anteriormente, obran elementos probatorios aptos y suficientes para tener por acreditada la existencia de un delito federal cometido probablemente por la diputada local del estado de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, pues se presentó una denuncia por el delito de uso de documento falso y existen datos suficientes que demuestran los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de aquella en su comisión.
Por ello emitimos los siguientes puntos resolutivos:
Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra de la diputada al Congreso del estado libre y soberano de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia solicitado en su contra por el Ministerio Público de la Federación por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y sancionado en el artículo 243, párrafo primero del Código Penal vigente el día en que se llevó la conducta.
Segundo. Queda expedida la facultad del Ministerio Público federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que lo determine respecto a la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, por el delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y sancionado en el artículo 243, párrafo primero del Código Penal vigente el día en que se llevó la conducta.
Tercero. Conforme a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, de acuerdo a lo establecido por el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y segundo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política del estado de Sinaloa, la presente declaración de procedencia se remite al Congreso de dicho estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda. Esto es, para el solo efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público federal a la denunciada sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior.
Cuarto. La presente determinación de declaración de procedencia deja a salvo la plena competencia y jurisdicción que tienen respectivamente las autoridades de procuración y administración de justicia.
Compañeros legisladores, quiero destacar que en todo momento esta Sección Instructora gozó de plena autonomía para hacer el estudio del presente asunto y para emitir sus resoluciones. Actuamos con total libertad, de manera objetiva y basando nuestras resoluciones única y exclusivamente en las pruebas del expediente.
Dada la importancia que tuvo esta declaración de procedencia entre la opinión pública y entre los medios de comunicación, mantuvimos una postura de absoluta transparencia, como era nuestra obligación hacerlo, sin vulnerar el debido proceso y las restricciones para dar a conocer detalles de una investigación en curso.
Cumplimos a cabalidad con cada una de las etapas que la legislación marca para la atención de asuntos como el que tuvimos en nuestras manos. Nos ceñimos a los tiempos establecidos para cada etapa, con rigor y responsabilidad.
La persona presuntamente responsable de la comisión del ilícito, así como su equipo de abogados, gozaron de todas las garantías y derechos que la ley estipula para su legítima defensa.
En nombre de los compañeros diputados que integramos la Sección Instructora, agradezco el voto de confianza que esta Legislatura nos confirió para el análisis y presentación de la resolución, a manera de dictamen, de la declaración de procedencia puesta bajo nuestra responsabilidad. Esta coyuntura nos permitió constatar que las instituciones que con el tiempo hemos construido los mexicanos, funcionan y funcionan bien. Se trata de un ejercicio pocas veces visto que implica el pleno ejercicio de libertades democráticas, inherentes a la existencia de un legítimo Estado de derecho.
Agradezco al Presidente de la Cámara de Diputados y a las fracciones de todos los partidos con representación en este Congreso de la Unión, por atender nuestra solicitud de abrir un periodo extraordinario para la discusión y en su caso aprobación del dictamen que hoy presentamos ante esta soberanía.
Aprovecho la oportunidad para manifestar mi sincero agradecimiento a los diputados: Sandra Méndez Hernández, Juan Pablo Piña Kurczyn, y Omar Ortega Álvarez, integrantes de la Sección Instructora, ya que sin su valiosa participación y colaboración, no hubiese sido posible llegar a los consensos en todo el procedimiento.
Es del mayor interés público que los ciudadanos sepan que México cuenta con instituciones sólidas, a las que pueden recurrir, para la atención y resolución de los asuntos que ponen a prueba el orden democrático. Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, y hoy queda demostrado.
La función jurisdiccional del Congreso es una tarea que enaltece la esencia de la Cámara de Diputados porque los ciudadanos quieren que nada se escape a la acción de la justicia. La justicia es una de las mayores virtudes republicanas. Cierto, aún falta camino por recorrer para alcanzar el Estado de bienestar y derecho que todos anhelamos y por el que todos trabajamos desde la trinchera que nos ha tocado ocupar; pero veo con agrado que es posible sumar esfuerzos y deponer las rivalidades inherentes al juego de la política.
Uno de los principales deberes del Estado es el de brindar seguridad a los ciudadanos. Hoy en día enfrentamos el justo reclamo de muchos mexicanos para mejorar nuestras instituciones encargadas de procuración de justicia.
Derechos iguales para todos; privilegios especiales para ninguno. Es el principio fundamental con el que nos hemos conducido en esta Sección Instructora, pues obramos en el entendido de que nos erigimos en un órgano con facultades materialmente jurisdiccionales, respetuosos de los derechos de las partes, objetivo, garante de la legalidad, equidad, justicia y democracia.
Pero sobre todo, con la convicción de que constituimos el último reducto de esperanza de los gobernados que ven al fuero constitucional como sinónimo de corrupción e inmunidad frente a la ley.
Por tales motivos, la sección que presido cuenta con el firme ánimo de proveer las solicitudes de declaración de procedencia que le sean turnadas y que tengan sustento en la verdad y comprobanzas aptas y suficientes para sustraer datos que evidencien la comisión de un delito y la probable responsabilidad de algún funcionario público dotado de fuero, pero también contamos con la madurez para rechazar aquellas carentes de sustento o fundadas en falsedades que obedezcan a meras motivaciones ímprobas y de revanchismo político, precisamente porque debemos actuar convencidos que en este tipo de procedimientos actuamos no como un órgano legislativo, sino como un jurado de procedencia y por ello debemos de conducirnos con el mayor apego a la legalidad, con imparcialidad, independencia y objetividad.
Es tiempo de hacer lo conveniente, es tiempo de hacer lo correcto, con la ley en la mano y con instituciones sólidas sabremos encontrar el camino. Es un momento histórico para México, es el momento de hacer frente al escepticismo de la sociedad haciendo valer la función juzgadora del Congreso, es el momento de la nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados. En consecuencia tiene la palabra el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, hasta por siete minutos.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: “La arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado”. Giovanni Falcone.
La narcopolítica, compañeros, es un problema mucho más grave de lo que la sociedad mexicana lo reconoce. Lo vengo denunciando desde hace más de 10 años, por lo que sigo creyendo que es la mayor amenaza la incipiente democracia, y a las instituciones mexicanas.
La narcopolítica y el crimen organizado están infiltradas en los más altos niveles de las instituciones del Estado mexicano; lo están en organizaciones de seguridad y en las instituciones de procuración e impartición de justicia; lo están ya en la obra pública, en las comunicaciones, los puertos y aeropuertos, el petróleo, el transporte, en todos los partidos políticos y en los Poderes Legislativo y Judicial, hasta en las instituciones del Estado mexicano que fincan o deberían fincar su desempeño en el honor, en el deber y en el patriotismo.
La capacidad corruptora del crimen organizado es superlativa, por eso es incomprensible que cuando se habla de su combate no se haya implementado en México una cruzada contra la corrupción y contra el lavado de dinero.
Sabemos que el problema de la corrupción en nuestro país no es de corrupción individual. Falso. La corrupción en México es de corrupción organizada, por eso la corrupción organizada se entendió rápida y fácilmente con el crimen organizado.
Sabemos que cuando se pone al descubierto el modus operandi de las organizaciones criminales, aliadas con la corrupción organizada institucional, inmediatamente se busca presentar el caso como caso individual y así se pretende salvar al sistema corrupto.
Este es en mi opinión el caso de la diputada Lucero Sánchez, en donde se ha señalado incluso a los partidos políticos que la postularon en alianza, pero no se ha dicho que dicha postulación surge por recomendación del gobierno estatal del estado de Sinaloa.
Hoy se señala a los partidos opositores que la postularon, pero se calla con silencio cómplice las acciones del gobierno estatal que les ayudó a otros partidos que señalan con dedo flamígero a ganar la elección en mi estado.
Compañeros diputados, así como lo dice Falcone, la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado, pero lo es también a la complicidad del mismo en muchísimos casos.
Debemos pues empezar a limpiar la política de la corrupción y la narcopolítica, que este fue el grito que nos hicieron los mexicanos el pasado 5 de junio. Escuchémoslos. Actuemos en consecuencia, para que en México vivamos un verdadero Estado de derecho. No uno de discursos, en donde incluso los servidores públicos seamos los que pongamos el ejemplo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Hasta por siete minutos.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Los legisladores debemos ser ejemplo en el cumplimiento del Estado de derecho. Con la venia de la Presidencia.
Buenos días, compañeras y compañeros diputados. La situación por la que estamos reunidos en este pleno es sumamente trascendente para restablecer la credibilidad en las instituciones del Estado. En esta ocasión la Sección Instructora ha puesto a nuestra consideración el procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada del Congreso del estado de Sinaloa.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con la legalidad y el respeto irrestricto del Estado de derecho. Asimismo, somos conscientes de la actual crisis de procuración y administración de justicia y del hartazgo de la sociedad respecto a la política y a los políticos. Sin embargo, resulta prioritario que los procedimientos como el que estaremos votando el día de hoy se lleven con apego a lo que establece nuestra Constitución.
En este sentido, y en cumplimiento de lo que señala el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sección Instructora de la LXIII Legislatura ha determinado que existe mérito suficiente para resolver positivamente la declaratoria de procedencia en contra de la referida diputada del estado de Sinaloa.  Esto significa que se han cumplido los requisitos establecidos por la ley para proceder en su contra.
Queremos ser muy enfáticos en este aspecto. Nadie puede pretender estar por encima de la ley. Este es el mensaje que queremos enviar a nuestra ciudadanía. Este procedimiento hace posible que la autoridad pueda proceder penalmente contra la legisladora, y significa que se está actuando de acuerdo a la ley ni más ni menos.
Lo mejor que podemos hacer para contribuir a re-dignificar el ejercicio de la política en el país, es conducirnos con apego a la legalidad. Esto es precisamente lo que estamos haciendo este día.
La legisladora ha tenido la oportunidad de contar con una defensa y de ser oída durante el procedimiento. De ello da cuenta el expediente y el propio dictamen que estaremos aprobando el día de hoy. Del mismo modo y como cualquier ciudadano, tendrá los derechos y prerrogativas que la ley le otorga durante el proceso penal que se lleve en su contra.
Para Nueva Alianza es prioritario partir del principio de la presunción de inocencia, no solo en este, sino en todos y cada uno de los casos. La aplicación de la ley se debe hacer con apego irrestricto a los derechos humanos.
En razón de lo anterior, Nueva Alianza votará a favor del dictamen que el día de hoy se está discutiendo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con su venia, señor presidente. Compañeros, no nos engañemos ni engañemos al pueblo de México, la demanda que los ciudadanos hacen de justicia no se va a satisfacer con la decisión que vamos a tomar hoy.
Anuncio que los diputados de Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor de este juicio de procedencia, sentimos que hay elementos suficientes y que nadie debe sustraerse a la investigación ni a la acción de la justicia. Sin embargo, a mi ver, este acto que estamos hoy escenificando es un acto más de las muchas simulaciones que agobian a esta República.
Digo esto basándome en tres reflexiones. En primer lugar, el fuero constitucional. Compañeros, es hora de eliminarlo, es una ofensa al pueblo de México que subsista.
Claro que hay razones históricas para que exista, en el siglo XIX, hace mucho tiempo. Recuerdo incluso un gobernador de Tamaulipas, Servando Canales, que en 1876 arrestó a todos los diputados del estado para obligarlos a votarle un crédito, imagínense.
Sin embargo, ha pasado el tiempo y ahora, aunque existe el riesgo de que algún gobernador, algún funcionario federal, hay gobernadores de perfil criminológico, eh, tanto de los que están en vigor, como los que fueron electos.
Sin embargo, a pesar de sus riesgos, compañeros, siento que es un ofensa al pueblo mexicano que se sustraiga de la acción de la justicia un segmento de los servidores públicos, y en particularmente a los diputados.
Creo que este asunto que estamos viendo hoy, que ya anuncié en qué sentido lo vamos a votar, debe darnos ocasión para estudiar a profundidad y tomar la decisión política correcta, que es la de eliminar el fuero constitucional y permitir que todo servidor público pueda ser sometido a la acción de la justicia, de lo contrario, es ofensivo.
En segundo lugar quiero decir, que no estoy de acuerdo con el presidente de la Sección Instructora, que dijo que las instituciones trabajan y trabajan bien. No, no trabajan y no trabajan bien.
Estamos hoy en un juicio de procedencia muy particular, pero pregunto yo, ¿qué pasa con los 350 juicios políticos que están congelados aquí en el Congreso? Cuando entré yo, cuando comencé de diputado y formé parte de la Comisión Jurisdiccional pregunté a la presidencia de esa comisión si había juicios políticos y me contestaron que no.
Después pregunté a la Secretaría del Congreso, que con diligencia me mandó un listado de 350 demandas que están ahí durmiendo el sueño de los justos, o mejor dicho, de los injustos.
Ya se instaló hace dos meses una Subcomisión de Examen Previo, soy miembro de ella, se hizo con publicidad, se invitó a los medios, y no ha pasado nada. Siguen esos 350 o más procedimientos de juicio político congelados y prescribiendo.
Entonces, insisto, esto no está funcionando bien y el pueblo de México sigue esperando de nosotros un acto de justicia.
Y en tercer lugar quiero señalar algo muy importante, hay una averiguación previa que está viendo el asunto de esta diputada de Sinaloa. Yo pido al Ministerio Público Federal que sea una averiguación previa amplia, comprensiva, quién la nombró candidata, por qué, de dónde, qué nexos hay.
Miren, acabamos de tener elecciones en varios estados y hubo acusaciones cruzadas de vínculos con el narcotráfico hacia muchos candidatos. Algunos de los que perdieron y otros de los que ganaron.
Es un hecho que el crimen organizado está infiltrado en todos lados, incluyendo de forma importante en la política. De tal manera, que este caso espero que nos sirva como ejemplo para que el Ministerio Público llegue a profundidad e investigue y, en su caso, persiga los vínculos que pueda haber entre algunos sectores de la política mexicana y los delincuentes.
Amigos, amigas, la justicia en pedacitos, en abonos no es justicia, es simulación. Gracias. Buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por siete minutos.
El diputado Alfredo Basurto Román: Sí, buenas tardes diputadas y diputados de esta Legislatura, hoy constituidos en un órgano constitucional.
Con su venia, señor presidente. Justicia para mis amigos y la ley para mis enemigos. En Morena, desde que asumimos cargo de diputados federales estamos en contra de la corrupción y venimos a hacer las cosas bien, pero el caso que hoy nos toca estudiar parece pecata minuta.
Hay asuntos tan delicados para el país, estoy seguro que si realmente se procediera con objetividad e imparcialidad, yo creo que hasta más diputados estarían en la cárcel.
Hay muchos delincuentes de cuello blanco que se siguen paseando felizmente por las ciudades, por los estados, incluso hasta se les premia con gubernaturas, me refiero a Yunes, quien tiene una investigación por desvío de recursos por más de 3 mil millones de pesos, compañeros.
Y hoy nos vienen a distraer y llamar la atención por un delito menor de falsificación de documento. Falsificación de documento que a criterio de la fracción de Morena existen lagunas de ley, donde la Comisión Instructora no hizo bien su trabajo.
Constituida por legisladores del PAN, PRD y PRI. De ninguna otra fracción forma parte. No sé por qué, incluso se nos cita a una sesión extraordinaria para ver este tipo de asuntos cuando el país y los mexicanos, está atento, pero para ver asuntos que realmente trasciendan en la vida política y jurídica del país.
Escuché con detención y atención la postura de las partes. Más sin embargo, estimo que existen medios de convicción por desahogarse. Y cito nada más uno, los dictámenes periciales, el ofrecido por la defensa y el ofrecido por la Fiscalía federal, que existe contradicción y vean de dónde viene ya viciado el procedimiento cuando no se cita y no se pide un tercero en discordia, compañeros.
De entrada, el procedimiento va viciado y la garantía del nuevo sistema de proceso penal –que, por cierto, el próximo sábado entra en vigor para toda la República– nos habla de un principio de oralidad, del principio del debido proceso que viene viciado en este procedimiento instaurado por la comisión de desafuero, comúnmente llamado, compañeros.
En Morena nos pronunciamos porque se hagan las cosas bien. De febrero para acá se finca un procedimiento sumario, cuando existen más de 350 expedientes empolvados y archivados contra funcionarios que ostentan cargos públicos, diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado y ahí siguen durmiendo en sus laureles. Esos más de 350 expedientes, compañeros, cuando debemos estar analizando cuando se está afectando al patrimonio de la nación y no por un caso de falsificación de documentos.
Por Dios, compañeros, hagamos las cosas bien y hagámoslas en serio. Y si queremos ir a combatir la impunidad y la corrupción, que estamos reprobados por organismos públicos internacionales por la violación contundente a los derechos fundamentales, la impunidad y la corrupción que existe en México.
No simulemos con estos procedimientos, compañeros, entrémosle a combatir en serio la corrupción. Morena apostamos a eso. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, esta soberanía en ningún momento será el verdugo del pueblo de México. Cabe resaltar que de aprobarse el presente dictamen se notificará la procedencia al Congreso de Sinaloa para que éste realice lo conducente.
Por tanto, esta Cámara de Diputados no está juzgando ni mucho menos condenando a nadie, toda vez que enjuiciarla y sentenciarla corresponderá en su momento a las autoridades judiciales y no a esta soberanía, la cual solamente se pronuncia para que se retire la protección constitucional a la inculpada, a efecto de que las autoridades competentes puedan realizar su trabajo de investigación, enjuiciamiento y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas o penales.
El estado de derecho consiste en la actividad estatal, se sujete a la Constitución y a los ordenamientos aprobados conforme a los procedimientos que ella establezca. En este sentido la consolidación, desarrollo y fortalecimiento del estado de derecho depende fundamentalmente de que quienes detentan los cargos del servicio público se apeguen de modo irrestricto a la ley, especialmente cuando se trata de aquellos que se encargan de hacer y modificar las normas que rigen la convivencia social de nuestro país.
El hecho de que cualquier servidor público permita, encubra o participe de cualquier forma en actividades vinculadas con la ilegalidad o bien que se relacione o tenga conexión alguna con la delincuencia organizada, es algo que debemos de condenar enérgicamente, porque lastima de manera profunda a una sociedad que sufre todos los días las consecuencias de las actividades criminales.
Es por ello que resulta de gran importancia evitar que la delincuencia pueda permear dentro de la estructura de gobierno, a cualquier nivel, pero sobre todo en aquellos servidores públicos que representan a la sociedad. Una sociedad que demanda de nosotros trabajo, responsabilidad, transparencia y honestidad.
La política es el elemento transformador que debe ser vista como una herramienta para mejorar nuestra realidad, por ello no podemos permitir que el poder corruptor contamine la política, pues ello sería ir en contra de nuestro compromiso republicano de velar en todo por el bien y la prosperidad de nuestra nación.
La peligrosa vinculación entre la política y el crimen organizado debe de sancionarse de acuerdo a la ley, pero debe sancionarse de manera ejemplar para evitar que este tipo de conductas se repitan.
Este pleno tiene hoy en sus manos la posibilidad de mandar un mensaje claro de que en este país nadie puede estar al margen de la ley y de que el fuero no es un impedimento para hacerla cumplir.
En un contexto en el que la ciudadanía nos exige que en los hechos y no solo en la forma la ley sea igual para todos, resulta ineludible actuar para que quien cometa un delito no pueda sustraerse a la acción de la justicia del amparo del fuero.
Es importante que los propios servidores públicos seamos los que abanderemos una batalla frontal en contra de quien no respete la ley e incurra en conductas contrarias a la misma. Sin embargo, es igual importante ser responsables de la gravedad que tiene el hecho de realizar sin fundamento acusaciones en este sentid, porque ello no hace más que desprestigiar y deslegitimar a la política y a los que participamos en ella. También, pues, que no se culpe a la gente que no tiene nada que ver.
El Partido Verde Ecologista de México siempre ha sido un impulsor de disposiciones normativas que promuevan el actuar de los servidores públicos. Muchas de estas directrices fueron retomadas por ejemplo en el Código de Ética que aprobamos en la sesión anterior, porque fue un compromiso de conducirnos de manera legal, de manera transparente en nuestro ejercicio como legisladores.
Por lo anterior votaremos a favor de la resolución del presente dictamen, y a favor de que el Estado mexicano actúe de manera firme y decidida frente a un hecho tan grave como lo es la vinculación de la política con el crimen organizado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, estamos en esta Cámara de Diputados el día de hoy, con una facultad jurisdiccional que tiene este Congreso, de erigirse como jurado de procedencia, para en su momento determinar si a lugar o no a la declaración de la misma. Tenemos que ser muy claros que este Congreso, con esta facultad, no va a juzgar a ningún representante popular ni a la diputada local Lucero Sánchez, simplemente se está demostrando en el dictamen que presenta la Sección Instructora de que existen los elementos del tipo y la probable responsabilidad,  para en mérito de ello determinar,  esta Cámara de Diputados, poner a su consideración el dictamen de que haya lugar de la separación del fuero, para que esté a disposición de la autoridad correspondiente.
No se está prejuzgando si es culpable o no el (sic) representante popular, simplemente se está quitando la inmunidad constitucional para que, en consecuencia de ello, se ponga a disposición de la autoridad, igual que cualquier otro ciudadano, ante las autoridades, para que demuestre, entre ellas mismas, si es o no responsable del delito que se le imputa. Tendríamos que decirlo con toda claridad, y ante esta Cámara de Diputados y este jurado de procedencia.
También decir que a través de la Sección Instructora donde un servidor forma parte, se llevaron a cabo todos los extremos de la acción; se respetó desde la notificación misma la solicitud de comparecencia que le hizo a través de sus defensores; se abrió un periodo de prueba para desahogarse en 30 días; se les permitió conocer del dictamen a las dos partes, y después se abrió un periodo de alegatos, y esta Sección tuvo sus conclusiones y puso el dictamen a consideración de todos, lo que hoy se está discutiendo.
Se respetó los extremos de la acción en beneficio, por supuesto, en este caso, de la probable responsable del delito que se le imputa. Pero también había que señalar con toda precisión, el delito que se imputa es el uso de documentos falso-público, que no es delito grave. Que aun cuando sea por un servidor público, solamente puede subirse hasta la mitad de la pena.
En consecuencia no será privada de la libertad, suponiendo sin conceder si es que hay elementos para que se haga la consignación correspondiente, y el juez obsequie, en su caso, el auto constitucional respectivo.
Pero lo que llama más la atención, es que por supuesto que estamos obligados a actuar en consecuencia y hacer esa facultad o esa atribución jurisdiccional, pero estamos más obligados a que este tipo de procedimientos sean más expeditos, que generen certeza, objetividad y que permita con toda claridad demostrar que esta Cámara no solapa a ningún delincuente, y tampoco es la casa de la impunidad. Tenemos que decirlo con todas sus letras, compañeros.
Existen solamente dos jurados de procedencia en los últimos 12 años: 2004 para un legislador del Distrito Federal; 2010 para un legislador federal, y los 320 expedientes que duermen el sueño de los justos en esta Cámara de Diputados, donde la comisión o la subcomisión de Examen Previo apenas se instaló el mes pasado, qué podemos decir de eso. Qué podemos decir de todos los representantes populares que ocultándose atrás del fueron, hacen de este Estado mexicano, sea el estado más impune, más corrupto y más inseguro.
Tenemos que decirlo con todas sus letras, compañeros, el Partido de la Revolución Democrática, por supuesto que votará a favor de este dictamen, pero hace un llamado de atención a este Congreso, para que se resuelvan las iniciativas que tienen que ver con desaparecer el fuero constitucional no sólo de los representantes populares, sino también del presidente de la República. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señor presidente. La declaración de procedencia se utiliza para dar curso al procedimiento de responsabilidad penal de los servidores públicos que enuncia el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso que nos ocupa analizamos la procedencia de retirar la inmunidad a una diputada local del Congreso de Sinaloa, ya que la representación social de la federación así lo ha solicitado al acusarla del delito de uso de documento falso.
Desde nuestro punto de vista se cumplen los requisitos legales para ello, como lo es el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para los efectos parlamentarios correspondientes no vinculantes para el juez que eventualmente conozca de la consignación. Sin embargo, resulta de suma importancia que los mexicanos conozcan las circunstancias que se han presentado en el presente asunto por ser de interés público.
La investigación se inició formalmente como consecuencia de la denuncia que hizo el director general del Centro de Readaptación Social, conocido como El Altiplano, en el que señaló que la acusada había ingresado al penal el 4 de septiembre de 2014, utilizando una credencial de elector que aparece un nombre distinto. Lo que no se explica es por qué la denuncia se formuló hasta mediados de abril del año siguiente.
Además, en el texto, el director del penal afirmó, y lo cito textualmente: derivado de los estrictos controles que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación ha implementado en los centros federales, incluyendo el de El Altiplano, así como de los rigurosos protocolos de vigilancia respecto de las actividades de los internos, se identificó que la persona que presentó la credencial de elector con el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez no corresponde con los rasgos, características y biométricos de quien aparece en la citada credencial, es decir que quien ingresó ostentó una identidad que no le corresponde. Termino la cita.
Lo que nos hace reflexionar sobre si acaso los mexicanos nos merecemos pagar con nuestros impuestos un penal de alta seguridad, perdón de máxima seguridad, que cuenta con un estricto control y riguroso protocolo de vigilancia,  que tarda nada más ocho meses en advertir que ingresó una persona utilizando una identificación falsa.
Adicional a lo anterior, los mexicanos vimos en un medio de comunicación, también con antelación, una nota en la que se exhibía el presunto delito. Me pregunto, ¿por qué, a pesar de que el asunto fue ventilado en los medios de comunicación no se formuló una denuncia antes de transcurrido el periodo de ocho meses? ¿Quién dio esa instrucción o quién o quiso formular esa denuncia? Los mexicanos que pagamos impuestos merecemos respuestas.
Otra irregularidad que se apercibe en el expediente versa sobre la calidad jurídica o la justificación por la que la indiciada ingresó al centro penitenciario. Al respecto, las instituciones responsables se culpan entre ellas sobre la irregularidad de dicho ingreso.
La parte acusadora señala que ingresó como parte del equipo jurídico que lleva la defensa del procesado, en concreto como persona de confianza, previsto en el artículo 20 constitucional, y más allá, presenta varios testimonios en ese sentido. Sin embargo, a pregunta expresa de la Sección Instructora, el titular del juzgado que conoce de la causa informó que la persona cuyo nombre aparece en la causa penal y en la credencial de elector apócrifa no estuvo presente en la audiencia que se desahogó el 4 de septiembre de 2014.
No obstante,  la autoridad judicial reconoce que le otorgó dicha calidad a una persona que jamás se apersonó en el juzgado para ser debidamente identificada y tampoco verificó que en efecto existiera la persona señalada como defensora. Y peor aún, cuando se le preguntó al juez si él había ordenado el ingreso al penal respondió que no, que personal de su juzgado simplemente había solicitado a las autoridades encargadas de la vigilancia del penal, permitir su entrada sin haber verificado la identidad de la imputada.
Lo anterior pone en evidencia la corrupción, o peor aún, la ineficiencia que existe en el sistema penitenciario federal, el cual permite que las personas indebidamente salgan o entren de los penales de máxima seguridad de manera irregular e ilícita.
Otro dato que resulta importante destacar es el hecho de que esta ciudadana obtuvo un acta de nacimiento oficial, la cual le fue entregada a través del Registro Civil del gobierno del estado de Sinaloa, con fecha de registro 21 de marzo de 2014.
Hablamos de un acta de nacimiento extraordinaria, obtenida tan solo 32 años después de la fecha de nacimiento que consigna la misma, y según dispone la legislación aplicable, el responsable de otorgar esta acta de nacimiento es el secretario de gobierno del estado de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros.
De igual forma, en la averiguación previa se ofrecen testimoniales a cargo de los oficiales de guardia y custodia, que se encontraban ese día en el penal y todos refieren que se enteraron a través de los medios de comunicación que la persona que ingresó no era quien ostentaba el nombre de esa credencial de elector. Es decir, su principal fuente de información son los noticieros.
Diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen como un acto de congruencia a lo que siempre hemos expresado en esta tribuna, actuando siempre a favor de la legalidad y en contra de la impunidad, demostrando siempre la plena disposición para que se aplique la ley a todas las personas que la infrinjan, sin importar su cargo o afiliación partidista. Pero también señalamos las graves omisiones e irregularidades cometidas por parte del gobierno de la República en torno al presente caso y, en concreto, a la vigilancia y supervisión que hay respecto del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Nuestro Grupo Parlamentario coadyuvará respetando al órgano jurídico, confiando en que cada institución involucrada en el procedimiento dará cabal cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de manera expedita.
Dejamos claro que la continuación del procedimiento, a partir de este momento y bajo su más estricta responsabilidad, corre a cargo del gobierno federal y ya hemos advertido la existencia de grandes omisiones y posibles complicidades de las cuales también exigimos resultados jurídicos.
Finalmente, exhortamos a que los otros partidos voten a favor del presente dictamen y lo hagan igual cuando se trate del sistema nacional anticorrupción, para evitar actos como el que nos ocupa.
Que quede claro, el PAN nunca representará un obstáculo para que las instituciones en cargadas de administrar e impartir justicia cumplan cabalmente con su obligación. Con ello demostramos nuestro compromiso con todos y cada uno de los ciudadanos, que nos han manifestado su confianza mediante el ejercicio de su voto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Piña.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por último, tiene la palabra la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Sandra Méndez Hernández: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputados ciudadanos, el fuero político protege ideales, no delitos del orden común. Protege ideas políticas, no prácticas corruptas y cada uno que representamos en partidos debemos comprometernos que se cumplan siempre, sea quien sea.
Lo más penoso en esta Cámara es que también algunos que me antecedieron con el uso de la palabra, y algunos es que no sabemos a veces lo que estamos haciendo en el proceso.
Es muy lamentable que confundamos lo que es un juicio político y la declaración de procedencia, artículo 111 constitucional, y artículo 110 constitucional, juicio político. Porque desafortunadamente algunos legisladores no identificamos la diferencia entre ambas figuras jurídicas.
Vamos a puntualizar un poquito más. La declaración de procedencia retira el fuero al servidor público, demandando a efecto de que pueda ser juzgado por la autoridad correspondiente por una presunta conducta delictuosa.
Mientras que el juicio político tiene que ver con las violaciones de carácter administrativo y no sólo pueden sancionarse con la destitución del cargo y la inhabilitación para el servidor público.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está firmemente a favor de la defensa del Estado de derecho. Las instituciones que nos rigen deben respetarse y hacerse valer, ya que este es el mejor camino para hacer prevalecer la paz y la armonía social, así como combatir la corrupción y la impunidad por medio de la legalidad y la justicia.
La figura jurídica de la declaración de procedencia es una de las facultades jurisdiccionales exclusiva de la Cámara de Diputados, misma que se encuentra prevista en el artículo 111 constitucional y cuyo espíritu fundamental consiste en que el ejercicio de un cargo público no se convierta en sinónimo de impunidad ante la probable comisión de un delito de carácter penal.
El fuero constitucional es la garantía para la libre expresión de las ideas políticas. El fuero constitucional otorgado a los servidores públicos, hay que decirlo con toda claridad, no es un seguro de impunidad, se equivocan rotundamente quienes así lo entienden. Esta Cámara de Diputados está llamada a rendir buenas cuentas a los ciudadanos.
El día de hoy enfrentamos la responsabilidad histórica de refrendar el firme compromiso que tenemos como representantes de la sociedad, de actuar con la ética que demanda la tarea legislativa.
No se trata de una persecución o de una venganza por motivos políticos, sino de dejar muy en claro que el servicio público no debe dar cabida ni protección a conductas ilícitas.
La división de poderes consagrada en nuestra Carta Magna es la piedra angular que evita un ejercicio arbitrario del poder político que los ciudadanos confieren a las autoridades.
La Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada en Investigación del Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ha realizado las investigaciones y reunido los elementos de prueba que permitieron a la Sección Instructora emitir el dictamen en el que se manifiesta que existen las condiciones legales para retirar el fuero constitucional a la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del dictamen, porque éste es producto de un arduo trabajo legislativo realizado por la Sección Instructora, cuyo actuar en todo momento se caracterizó por un estricto apego a derecho y el respeto absoluto al debido proceso y garantías legales de la demanda, concluyendo que existen los elementos suficientes para retirarle el fuero constitucional a la ciudadana por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y en relación al artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal.
Qué bueno que podemos resistir a la tentación de hacer política con un tema estrictamente jurisdiccional.
Compañeras y compañeros legisladores, la Cámara de Diputados defiende la ética en el desempeño del servicio público. La Cámara de Diputados está dispuesta a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. La Cámara de Diputados en el ejercicio de su facultad jurisdiccional garantiza la vigencia de la legalidad en nuestro país y el fuero constitucional nuestro espíritu esencial.
Esos son los valores y principios que defendemos los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional, y por ello es que votaremos a favor de este dictamen. No les vayamos a fallar a los mexicanos. Nada ni nadie por encima de la ley. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Méndez.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido el dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 414 votos a favor, 37 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado el dictamen por 414 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria:
Primero. A lugar a proceder penalmente en contra de la diputada del Congreso del estado libre y soberano de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, como consecuencia del procedimiento de Declaración de Procedencia solicitado en su contra por el Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y sancionado en el artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal.
Segundo. Queda expedita la facultad del Ministerio Público federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que lo determine, respecto a la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López por el delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y sancionado en el artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal.
Tercero. Conforme a lo dispuesto por el artículo 28, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, de acuerdo a lo establecido por el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y segundo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política del estado de Sinaloa, la presente declaración de procedencia se remite al Congreso de dicho estado para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Esto es, para el solo efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público federal a la denunciada sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior.
Cuarto. La presente determinación de declaración de procedencia deja a salvo la plena jurisdicción que tienen las autoridades de procuración e impartición de justicia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules tres dictámenes de la comisión de Justicia.
Uno. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVIII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.
Dos. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Tres. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Es cuanto.
De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
Como parte también del resolutivo anterior, se instruye que se notifique a la imputada ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, a su defensa y al Ministerio Público de la Federación.
Comuníquese igualmente al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; al presidente de la Mesa Directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación e intégrese el expediente y remítase al Archivo de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (14:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 14 de junio a las 11 horas. Buena tarde.