Colombia: los retos del posconflicto/Salvador Martí Puig

Colombia: los retos del posconflicto/Salvador Martí Puig, profesor de Ciencia Política de la Universitat de Girona y coordinador del Informe de la ONU para América Latina sobre Conflictos y Recursos Naturales.

 El Periódico, 8 de julio de 2016.

Hace dos semanas, el 23 de junio, se firmó una tregua bilateral entre el Gobierno de Colombia y las FARC, y todo indica que este acto fue el último paso para la firma definitiva de los Acuerdos de Paz, prevista para finales de julio. Si eso ocurre, se pondrá fin a uno de los conflictos armados más longevos de América Latina, si bien no significará aún la desaparición de fuerzas irregulares en el país, ya que permanecen activos nuevos grupos de paramilitares y la guerrilla del ELN. De todas formas, con estos acuerdos se daría por concluida una guerra de posiciones que ha durado medio siglo entre el Ejército y la mayor guerrilla del país, con más de 8.000 efectivos y con el control de muchos territorios del oeste y suroriente colombiano.

 A partir de la firma de la paz los retos para Colombia serán otros, pero no de menor calado. De todos ellos, hay que señalar tres que van a resultar cruciales, a saber: el desarme y la desmovilización de los combatientes y su seguridad; la transformación de las FARC de guerrilla a partido, y el nuevo uso y titularidad de las tierras en las que durante décadas han operado las FARC.

 Respecto del primer reto, la historia reciente demuestra que el desarme e inserción de los guerrilleros en la vida civil no es nada fácil. En principio, y según los acuerdos, se espera que todos los guerrilleros de las FARC se concentren en determinados territorios y una vez allí destruyan, en una ceremonia solemne, las armas. Pero lo complicado no es escenificar una liturgia de la paz sino el proceso que significa transformar a un combatiente, que toda la vida ha llevado un fusil a cuestas, en un campesino, un comerciante, un maestro, un funcionario o un desempleado. En El Salvador o en Guatemala, la incapacidad de insertar en la vida civil a militares y guerrilleros en un contexto de pobreza supuso la aparición de poderosos grupos criminales (las maras) que hoy controlan amplias zonas del país, ejerciendo la extorsión y terror. Además, el caso de Colombia se percibe más complejo que el de sus vecinos centroamericanos, ya que aún perviven grupos armados como la guerrilla del ELN y varios grupos paramilitares. En este contexto, no solo se trata de que los guerrilleros dejen las armas y encuentren un oficio sino de cómo se garantiza su integridad física.

El segundo reto, el de la participación política de las FARC -que debe pasar de las balas a los votos-, tampoco se prevé fácil. Ciertamente, se espera que ahora se tomen mayores garantías que en el pasado, pues en anteriores procesos de paz muchos exguerrilleros colombianos que se convirtieron en candidatos terminaron asesinados. De todas formas, parece que el proyecto de las FARC no es conquistar la presidencia de la República (como sí pretendieron los desmovilizados del M-19) sino afianzarse políticamente en las zonas donde ya opera, y así retener sus bases territoriales de poder. A este reto, además, se añade la incógnita de si la comandancia de las FARC podrá mantener unida la nueva formación política que nazca de la guerrilla. El tránsito de una organización guerrillera, basada en la disciplina militar, a un partido que compite por votos y que debe debatir sobre ideologías y estrategias electorales termina a menudo en rencillas públicas, escisiones y grupúsculos.

 Finalmente, el tercer y último reto es el de establecer cuál va a ser la titularidad y el uso de la tierra que liberan las FARC y que debe pasar a ser administrada por el Estado, y que por lo tanto es susceptible de ser concesionada a empresas públicas y privadas. Obviamente, un pedazo de las tierras terminará en manos de los desmovilizados, pero lo realmente relevante va a ser cómo se explotarán los recursos naturales allí presentes, muchos de ellos de gran valor. Nos referimos a gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad, masa forestal y cultivos (lícitos e ilícitos) demandados por el mercado internacional.

 Sobre este tema, es un secreto a voces el diagnóstico de que con la paz van a incrementarse los conflictos en las zonas rurales del país. Todo el mundo sabe que los fondos económicos destinados al posconflicto serán limitados, y también que las inversiones exteriores vendrán de las actividades extractivas impulsadas por las empresas mineras, petroleras y forestales. En este sentido, la entrada del Estado y del mercado en los territorios que antes eran zona de guerra puede generar nuevas tensiones, sobre todo si se hace desde la vía de la fuerza y el despojo. Aunque si la penetración del Estado empieza por poner énfasis en lo social, el proceso puede tener éxito. El problema es que el Estado colombiano tiene una larga tradición de no confiabilidad.