La
hora cero de la nueva justicia penal../ Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
Comentario para TV:
Ante ello el Presidente de la SCJN ha dicho – una y otra vez - que las pruebas obtenidas mediante tortura son nulas. Punto.
Publicado en la revista Código Topo de Excelsior, 4 de julio de 2016, paginas 16-20
El
18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
modificaciones a varios artículos constitucionales –16, 17, 18, 19, 20, 21, y
22; fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y
la fracción XIII del apartado B del artículo 123- para transformar nuestro sistema de Justicia
Penal de Inquisitivo a uno oral y adversarial. Para concretar dicha reforma el
legislador dio un plazo no mayor a ocho años que venció la noche del viernes 17
de junio de 2016.
Desde
el primer minuto del pasado sábado 18 de junio tenemos en todo el país un nuevo
sistema de justicia penal.
Pasamos de un modelo inquisitivo mixto a uno de
carácter acusatorio y oral, que hará que se actúe de forma efectiva y
transparente para castigar a los culpables y proteger a las víctimas.
El
nuevo modelo amplía los derechos del inculpado y de la víctima u ofendido del
delito; se prevén los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la
aplicación de criterios de oportunidad y la acción penal privada, entre otras
novedades.
Tienen
como principio llevar el un debido proceso, que exige muchísima calidad de
todos los operadores empezando por los policías, ministerios públicos, peritos,
abogados defensores, jueces y magistrados.
Se trata de reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en eliminar el abuso excesivo de la prisión preventiva del viejo sistema, concentrando la fuerza de la ley en los delitos que más dañan a los personas y a la sociedad.
Hay
que decir que este nuevo modelo aplica también para la justicia militar, a
partir de la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas
salas de justicia oral que recientemente se crearon..
La
reforma ha sido un camino sinuoso.
Se han
que sortear una serie de obstáculos; en un principio había varias
organizaciones que auguraban que no se concretaría y se equivocaron.
Pero
por otro lado, y durante ocho años un grupo de organizaciones sociales y
academicos participaron con miles de horas de discusiones en
seminarios, coloquios, congresos, y sobre todos de reuniones con legisladores para hacer posible
las reformas legislativas e ir armonizado las leyes.
El
gobierno ha invertido desde 2008 a la fecha poco más de 21 mil millones de pesos sin
contar con el apoyo del gobierno de los EU a través de la Agencia Internacional
del Desarrollo y de la Iniciativa Mérida
y del gobierno de Canadá.
Los
legisladores han creado y reformado 21 leyes federales y nacionales y se han
modificado más de 350 leyes locales.
Un
elemento clave fue la concreción del nuevo sistema fue el Código Nacional de
Procedimientos Penales, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014; meses después – en
diciembre de 2014- se aprobó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal.
Y es que muchas de las salidas del sistema se
van a resolver a través de mecanismos alternativas y de procedimiento
abreviado. El sistema va a privilegiar
la conciliación y la reparación de daño más que el castigo.
Se trata de
evitar que se llenen las cárceles, y que vayan ahí sólo el que cometa delitos
de alta peligrosidad.
Los
legisladores aprobaron ultimas reformas en periodo extraordinario; se trata de
la las nuevas leyes de Ejecución Penal, que crea la figura del juez de
Ejecución, cuyo objetivo será la reinserción social del sentenciado; la
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y una serie de reformas de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, publicadas en el DOF el 16 de junio de 2016.
Por
parte del Poder Judicial de la Federación se tomaron una serie de medidas a
través de acuerdos como la creación de jueces especializados, contrucción de
infraestructura y capacitación de alto
nivel, para jueces y magistrados y estudantes y grupos de abogados.
Se ha creado a decir del Ministro Presidente
de la Corte un “andamiaje jurídico que permitirá hacer realidad en la práctica
la aplicación de este nuevo sistema“. Dice Luis María Aguilar que en el Poder
Judicicla se tienen «más de 240 tesis de jurisprudencia que están regulando y
encauzando el nuevo Sistema.“
Y
aunque llegó la hora cero falta mucho por hacer.
Entre
el debido proceso y el proceso indebido
Falta
armonizar por ejemplo los derechos de las victimas con los imputados, sobre
todo cuando hay tortura.
Eso
se resolvería con una bien redactada Ley General contra la Tortura, que
armonice el nuevo paradigma de los derechos humanos y apoye también a las
victimas u ofendidos. Asociaciones de victimas como Alto al Secuestro de Isabel
Miranda de Wallace, piden que se legisle inteligentemente, ya que algunos
criminales salen libres por el hecho de haber sido torturados, no obstante en
muchos casos existen otras pruebas que los condenen.
Alejandro
Martí, presidente de de la organización SOS México, ha dios más directo. Pidió
en un foro nacional adecuar la Ley de Amparo al nuevo sistema de justicia
penal. Dice que se debe refrendar el compromiso del Estado con las víctimas de
los delitos y a tomar las medidas necesarias para garantizar sus derechos. Dijo
que “la liberación de un delincuente (presunto) –por parte de los jueces- que
argumentan tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra
más que la declaración o la confesión. “ Señaló que “existen algunos jueces y
magistrados que interpretan a modo los criterios de la SCJN, o bien, hacen
elásticas las leyes nuevas o antiguas, según la conveniencia de los abogados
defensores de los criminales, así como extrapolar jurisprudencias que favorecen
al delincuente, y revictimizan a los afectados.“
Reiteró no estar en contra del debido proceso, pero sí en contra del proceso indebido
para lastimar doblemente a las víctimas en la sociedad. En un discurso hizo alusión profesor Luigi Ferrajoli quien
días antes se había reunido en Italia con victimas mexicanas y ante ellas “reiteró que el Garantismo Penal
está contra el abolicionismo penal. Ya que el Derecho es lo único que defiende
a los más débiles frente a la barbarie. Reafirmó que los derechos humanos de
las víctimas imputados y de la sociedad a la seguridad, sólo se pueden dar en
el marco de los derechos para todos.“
Muy
firme Martí. Obviamente eso no cayo bien en los oídos del Poder judicial.
Ante
ello el Presidente de la SCJN ha dicho – una y otra vez - que las pruebas
obtenidas mediante tortura son nulas. Punto.
La noche del 17 d ejunio de 2016, el día del
“malletazo“ subrayó que es nuestra Constitución “la que determina que las
pruebas que hayan sido obtenidas con violación a los derechos fundamentales son
nulas, porque a pesar de que parece que prueban algo, si son violatorias no
prueban nada, así lo exige nuestra ley fundamental“
Agregó
que “todo imputado debe presumirse inocente, no importa en qué contexto social
o mediático se encuentre, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.“
Ambos
tiene razón, pero el presidente de la Corte no es legislador y sólo le
corresponde interpretar la ley y llevar el debido proceso.
Este
asunto compete resolverlos a los legisladores.
También
hace falta aprobar una ley general sobre el uso de la
fuerza, aplicable a todas las fuerzas de seguridad. Casos como el Noxistlán
debe ser la excepción y no la regla.
Y
tambien hace falta la creación de la Fiscalía General de la Republica (FGR)
proyecto que fue avalado por la Cámara de Diputados y se encuentra en “estudio“
desde hace muchos meses en el Senado de la República; se trata de una reforma
necesaria para dar plena autonomía al ministerio público sin depender del Poder
Ejecutivo.
La
norma es la ley reglamentaria de los artículos 21 y 102 de la Constitución
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de
febrero de 2014 mediante los cuales se le da autonomía a la Fiscalía que
sustituirá a la PGR, con el fin de evitar que la justicia “se politice”.
La nueva institución, a diferencia de la
PGR será autónoma del Ejecutivo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que busca hacerla más
moderna, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación
del nuevo sistema de justicia penal de
junio de 2008, en un contexto de respeto, protección, garantía y
promoción de los derechos humanos de todas las personas, particularmente del
imputado y de las víctimas del delito.
El
proceso de cambios ha sido lento.
También
hace falta una armonización legislativa de los ordenamientos legales con las
reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobadas en junio de
2011.
Y
sobre todo se requiere buena capacitación a todos los operadores.
Nos dice con
cifras alegres que se han capacitado a miles de operadores, sobre todo
policías, y que bueno pero no sabemos cual es el nivel de la capitación. Lo
veremos y calificaremos en la practica.
Por
cierto, resulta preocupante pero muchos abogados todavía nos creen lo que acaba
de ocurrir. Y es que algunos apostaron por el fracaso y ahora necesitan
capacitarse de inmediato o de planos estarán fuera de la jugada, y no podrán
litigar.
¿Que
hacer?
Miguel
Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y
uno de los impulsores de la reforma, nos compartió algunos datos duros en un
reciente coloquio,
Y
subrayó que partir de la hora cero, se deben trabajar en seis puntos, por lo
menos, a saber:
i)
Informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a
partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de
presunción de inocencia, incluyendo en ello, a los medios de comunicación, se
requiere una gran sensibilidad y conocimiento de periodistas de lo que ha
ocurrido;
ii)
Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral para evitar que
sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga
siendo una quimera;
iii)
Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales,
recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas
del procedimiento penal;
iv)
Complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del
sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores;
iii)
Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder
Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva
normatividad, y:
vi)
Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la
reforma. Dice que debe ser “casi, casi en tiempo real“.
Comparto
lo expresado por Miguel, obviamente todavía no se pueden ver sus frutos, aunque
hay avances
Hacia
una nueva Setec
Y
con respecto a mecanismo de implementación debe seguir. Nadie puede decir que
no. De hecho creemos que es más
importante hoy que antes. Pero con todo respeto no le pidamos peras al olmo en
eso de la evaluación y el seguimiento en tiempo real que pide Carbonel.
En el marco del 8° Foro Nacional sobre
Seguridad y Justicia. celebrado el 7 de
junio, el presidente de la República dio la instrucción al secretario de
gobernación de avanzar en un acuerdo para continuar con la implemnetación, dijo
entonces:
“...quiero dejar comprometido
aquí la voluntad y la amplia disposición del Gobierno de la República para
seguir acompañando este esfuerzo, lo hemos seguido haciendo, lo hemos a través
de la SETEC, precisamente la Secretaría Técnica, que depende de la Secretaría
de Gobernación. Y hoy, a su titular, le doy la indicación para
que, en diálogo con los otros poderes y con estas organizaciones, veamos de qué
mecanismo nos valemos, qué hacemos, si estamos de acuerdo en que ya una vez que
vamos a echar a andar este modelo, lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar,
a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden
federal, y que eso nos permita enriquecer y, sobre todo, asegurar que el modelo
funciona y funciona bien para todo nuestro país.“
Por
lo que días después la noche del 17 de junio se concretó denominado “Acuerdo
Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de
Justicia“ suscrito por los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Fue publicado en el
DOF , el lunes 20 de junio.
¿De
que se trata?
Recordemos
que cuando se dieron una serie de acuerdos para dar cumplimiento al mandato
constitucional se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación de la
reforma de justicia penal, con el objeto de analizar y acordar las políticas de
coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de
gobierno. El Consejo ha sido acompañado desde hace ocho años por una Secretaría
Técnica (Setec) donde han estado tres responsables; el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos,
el hoy Consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, y Maria de
los Angeles Fromow quien prácticamente concluyó su tarea el 18 de junio de 2016.
Setec debería de extinción formal a finales de octubre de este año, pero
afortunadamente no será así, existe por lo menos un mecanismo para continuar
con el trabajo para consolidar el nuevo sistema y por eso bienvenido el
ACUERDO
que dice:
Primero.
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
fue una instancia que permitió la actuación coordinada por parte de los
distintos actores involucrados en esa tarea.
Segundo.
Es necesario continuar con las acciones que la Consolidación del Sistema
requiere.
Tercero.
Los Poderes de la Unión desplegarán las acciones a que se refiere el acuerdo
segundo anterior en el ámbito de sus facultades constitucionales, bajo su
respectiva y entera responsabilidad.
Cuarto.
Los Poderes de la Unión acuerdan establecer un canal de comunicación coordinado
y permanente, a partir del intercambio de experiencias de todos los actores
involucrados y con la colaboración que en cada caso resulte más adecuada, a fin
de lograr la Consolidación.
Quinto.
Los Poderes de la Unión, contarán, en la esfera de sus facultades, con un
órgano que fungirá como enlace operativo y, a la vez, como integrante de la
instancia tripartita coordinadora de la Consolidación; que en el caso del
Ejecutivo Federal estará adscrito a la Secretaría de Gobernación.
Sexto.
Las entidades federativas que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía,
podrán adherirse a este acuerdo.“
El
acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, es decir el último día
de gobierno de EPN. Ello significa que Setec se convertirá en un nuevo órgano
de coordinación que coadyuve a consolidar la reforma.
María
de Los Ángeles Fromow, titular de la oficina dijo en una entrevista que el acuerdo pude durar de 5 a 10 años.
Bien.
Pero
no echemos aun las campanas al vuelo, aún.
La reforma de justicia penal apenas
inicia y falta mucho camino por recorrer.
Por
cierto, falta que la las personas de a pie crean que el sistema funciona y que
será para su beneficio esa es uno de los grandes retos.
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