Palabras de la señora Isabel Miranda de Wallace,

Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso

Hotel Camino Real, a 19 de julio de 2016..

¿Acaso las víctimas del delito no tenemos derechos humanos?, ¿acaso no son los delincuentes los primeros en violarlos?, ¿acaso no deberíamos de estar primero en derecho y en tiempo las víctimas para ser atendidas?

Palabras de la señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.

Bienvenidos todos y todas.

Y me da muchísimo gusto estar en este foro, pero más contar con la presencia de usted, señor Presidente. Se lo agradecemos mucho.

Quisiera obviar los nombres de todos y cada una de estas personalidades, porque ya las presentaron y porque creo que son muy conocidos por todos.

Y sobre todo agradecer a quienes ya están de vacaciones del Poder Judicial, tanto la Ministra como la Consejera, porque están sacrificando sus días de descanso para estar aquí, en este Foro de Víctimas.

Muchas gracias a todos.

Me siento rara usar indudablemente el presídium del Presidente, porque normalmente sé que sólo lo usa él.

Muchas gracias, Presidente.

Señor Presidente:

Agradecemos su presencia en este foro, ya que demuestra su compromiso y sensibilidad para escuchar, entender y atender a las víctimas del delito.

Detrás de cada víctima hay una historia de vida, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas materiales y, muchas veces, humanas.

Existen miles y miles de víctimas de secuestro, de trata, familiares de desaparecidos en espera de justicia.    

Atender a las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado. Al hacerlo, fomentará la confianza de la ciudadanía para que se acerquen al sistema a denunciar los delitos de los que han sido objeto.

Señor Presidente:          

Usted tiene el poder de cambiar las condiciones que hoy vivimos las víctimas del delito y ponerlas en el centro del sistema de procuración y administración de justicia.

Los operadores del sistema deben entender, sobre todo los juzgadores, que no es necesario anular los derechos de las víctimas para hacer valer los derechos humanos de los imputados.         

Señor Presidente.

Señores legisladores:

Ya con anterioridad, hemos señalado la urgencia de modificar la Ley de Víctimas, ya que la actual es inoperante por la gran burocracia con la que fue diseñada; la cual, desde las mesas de trabajo lo señalamos, y aquí le consta al Senador Roberto Gil, que estuvimos presentes en esas mesas.

Hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende únicamente a víctimas de competencia Federal, la cual, por cierto, hasta hace poco había indemnizado más a imputados que a víctimas del delito, lo cual no debería de ocurrir, señor Presidente.

En un sistema verdaderamente democrático y de Estado de Derecho, reducir los derechos humanos como un negocio para delincuentes es lo peor que le puede ocurrir a nuestro país.

Además, dicha Comisión, nos cuesta muy cara y simplemente no funciona como está conformada, pues se ha convertido en un elefante blanco burocratizado y no responde a las necesidades de las víctimas. Es urgente y necesario cambiarlo.

 Para tener la calidad de víctimas es necesario un arduo proceso, muy frecuentemente fuera del alcance de un ciudadano de a pie.

 Para obtener una reparación integral o compensación, la ley actualmente exige sentencia condenatoria, como si fuera responsabilidad de una víctima obtenerla y no una obligación del Estado y del propio sistema para poder hacer justicia y compensar a una víctima de forma integral.

 En contraste, tenemos el extremo, en que un imputado con el simple hecho de manifestar ante cualquier autoridad que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo a la ley, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores, tiene acceso a las ayudas de forma inmediata.

 Y si consigue una recomendación de cualquier Comisión de Derechos Humanos, cosa nada difícil en estos tiempos, tendrá derecho a una cuantiosa indemnización del mismo fondo de reparación de las víctimas del delito; es decir, nos meten en la misma bolsa, pero con un trato desigual.

 Señores:

 Con todo respeto pregunto, ¿acaso las víctimas del delito no tenemos derechos humanos?, ¿acaso no son los delincuentes los primeros en violarlos?, ¿acaso no deberíamos de estar primero en derecho y en tiempo las víctimas para ser atendidas?

 Si alguna institución o sus integrantes violan los derechos humanos, lo correcto es que les cueste de su presupuesto.

 Cómo es posible que, habiendo tantas víctimas, tomen del fondo presupuestal en lugar de apoyarlas para subsanar las fallas que como autoridad tuvieron.

 Por otro lado, debemos señalar que en algunos aspectos la ley es letra muerta, ya que a nivel Federal y estatal se han dado cumplimiento al compromiso de contar con asesores jurídicos, suficientes y capaces como marca la ley.

 Además, los estados no han creado los fondos de reparación e infraestructura necesaria para las reparaciones correspondientes.

 Debe existir alguna forma para que se cumplan las leyes, señor Presidente.

 Estamos ante un reto mayúsculo.

 Hoy quiero hablarle de lo que sufrimos las víctimas. Además de sufrir una mala procuración y administración de justicia en términos generales por falta de una adecuada capacitación, muchas de las veces en los operadores del sistema, somos lastimadas en nuestra dignidad. En otras palabras, somos revictimizadas, humilladas y sobajadas.

 Déjeme platicarle el caso reciente que atendimos en Alto al Secuestro, de un maestro de Michoacán que se encuentra aquí presente, el cual fue víctima de secuestro por varias personas, entre ellas, se encontraba su vecino, el cual pudo identificar porque fue su vecino durante 20 años.

 Lamentablemente y a consecuencias de fallas de una mala capacitación y no del sistema, de víctima pasó a victimario, debido a la práctica no poco común de los delincuentes de victimizarse y tratar de cambiar los papeles; es decir, aparecer como víctimas y convertir a las víctimas en victimarios.

 El colmo en este caso, el profesor después de escapar de sus captores, terminó siendo acusado por una jueza de haber torturado y participado en una ejecución extrajudicial, esa fue la acusación que hizo una jueza.

 Le dio vista al Ministerio Público para que fuera investigada la víctima de secuestro, terminara siendo juzgada prácticamente.

 Gracias a Dios, y a la buena investigación que aquí se hizo, el Ministerio Público se pudo probar que eso no fue así. Que las cosas fueron muy diferentes, y que el maestro ni había participado en ninguna ejecución extrajudicial, y mucho menos había torturado al secuestrador.

 Lamentablemente, las cosas no pararon ahí, ya que, además, los jueces de oralidad dejaron libre al secuestrador.

 Después de nuestra intervención, y con la ayuda del doctor Samuel González, pudimos revocar la sentencia, pero el secuestrador ya estaba en libertad, lo cual es una gran falla, ahí sí, del sistema, sobre todo, en el delito de secuestro.

 No debe de quedar en libertad ningún secuestrador hasta que no haya sentencia definitiva, porque lo que vivimos es que lo sueltan y después ya no tenemos forma de detenerlos.

 Y lo peor vino después, cuando el secuestrador se va a un amparo directo, regresa con la jueza de oralidad, el expediente, y en virtud de una mala redacción, ojo procuradores, a la Reforma de la Miscelánea Fiscal, al Artículo de la Ley de Amparo 191, la orden de reaprehensión, esto quedó en estado de suspensión, contrario a lo que marca la Constitución en caso de secuestro, que debe de haber prisión preventiva oficiosa.

 El tribunal de apelación de Michoacán competente y la jueza suspendieron el acto reclamado y la jueza de oralidad canceló simplemente la orden de aprehensión. Desde mi punto de vista, pese a que no soy abogada, extralimitándose en su función.

 Si ésta es la interpretación que le van a dar los tribunales, significa que en los hechos todas las órdenes de aprehensión y recaptura no van a poder ser ejecutadas, porque serán suspendidas de manera automática, independientemente de su mérito por la mera presentación de un amparo.

 Éste es uno de tantos ejemplos que tenemos en el país y del gran desequilibrio en los procesos, tanto en los mixtos como en el nuevo sistema, por lo que nuestras peticiones concretas son las siguientes, señor Presidente:

 La primera, que las víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia y a la verdad, para que así se abata la impunidad tan alta que existe en el país.

 Dos. Cambiar la ley de víctimas, que hoy es inoperante.

Tres. Contar con abogados victimales suficientes y capaces para que haya igualdad de armas. Hoy no las tenemos.

Tener participación en las quejas que presenten ante las diversas instancias de derechos humanos contra los imputados, incluidos particularmente los casos de tortura.

Hoy, comentábamos en el auditorio, Alto al Secuestro pudo obtener el primer amparo para echar abajo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque las víctimas no son llamadas a estos procesos, entonces los delincuentes o los procesados se van libres y no hay quien se oponga, y pueden echar una recomendación.

 Peor aún, ni siquiera llaman a quien dicen los fue torturado, es decir, se les quita la presunción de inocencia a los ministerios públicos, a los policías o a cualquier persona que acusen de que los torturaron. No se está respetando también la presunción de inocencia.

 Cinco. Ser parte de los informes que el Estado mexicano rinde ante organismos internacionales, como los rinde la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la propia PGR.

 Trabajar en la redacción y firma, Presidente, esto es muy importante, trabajar en la redacción y firma del Tratado de Protección de Derechos de las Víctimas en la ONU y en la OEA.

 Como muchas veces la ONU y la OEA no cree en México, vamos a tener que ir las víctimas cuerpo a cuerpo a pelear nuestros casos contra los delincuentes y que se den cuenta que en México también las víctimas tenemos voces.

También solicitamos a los medios de comunicación a hacer conciencia para no convertirse en instrumentos de los delincuentes, quienes siempre buscan evadir su responsabilidad.

En lugar de ello, todos debemos construir una opinión pública, que proteja la integridad de las víctimas.

Señor Presidente:

Usted lo sabe bien. El Estado tiene la obligación de proteger al inocente, castigar al culpable y no dejar impune el delito, como marca la Constitución.

Para ello, resulta indispensable y pertinente decirlo: urgente transformar la atención y reglas con las que se atiende a las víctimas.

México no tolera más un sistema en el que se premian a los delincuentes y se persigue a los inocentes.

Este país nuestro, somos demasiados quienes hemos sido reducidos a la calidad de víctimas indefensas.   

Señor Presidente:

Con todo respeto, lo invitamos a que se coloque del lado correcto de la historia, y se una y apoye nuestra causa.

Con su ayuda, estamos seguros, lograremos convertirnos de víctimas a sobrevivientes.

Muchas gracias, Presidente.

-MODERADOR:  En este momento, la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro hace entrega de la Iniciativa de Ley General de Víctimas del Delito al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(ENTREGA DE INICIATIVA)