Palabras del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Palabras del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante la a Promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Palacio Nacional, a 18 de julio de 2016..

Muy buenas tardes.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

 Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

 Ministro Arturo Zaldívar, integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Señoras y señores Legisladores aquí presentes.

 Señores Gobernadores; señor Jefe de Gobierno.

 Señoras y señores miembros del Gabinete.

 Distinguidas y distinguidos miembros del presídium.

 Amigas y amigos todos:

 Los decretos que hoy se promulgan, una vez que entren en vigor, constituirán en su conjunto una herramienta importante en el combate a la corrupción.

 Son sólo el primer paso para la construcción de un sistema de integridad en la actuación de los servidores públicos.

 El Sistema Nacional Anticorrupción aporta elementos esenciales para ello, al contar con una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción en los tres niveles de gobierno, al ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para investigar, no sólo a los entes públicos, sino también a personas físicas y morales que reciban o ejerzan recursos públicos.

Y al establecer órganos que le darán viabilidad, a través de los comités coordinador, de participación ciudadana, rector del sistema nacional de fiscalización, así como de los sistemas locales, entre otros.

En ellos quedan, por cierto, recogidos planteamientos de amplios sectores de la sociedad, de la izquierda democrática y del movimiento progresista.

Sin embargo, hay que decirlo, en nuestra democracia también se vale tener una opinión diferente para expresar un punto de vista.

Este sistema que hoy se promulga, al dejar a un lado la conocida como Ley 3 de 3, iniciativa ciudadana que establecía que los servidores públicos informaran obligatoriamente a la sociedad, sin candados ni restricción alguna, sobre su patrimonio, ingresos y conflicto de intereses con la presentación de tres diversas declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses, apelando a la ética como fundamento de un moderno Estado social y democrático de derecho, al no incorporarse preceptos en toda su amplitud, no queda, desde nuestro punto de vista, completo este sistema.

En efecto. Es para todos conocido que el pasado 17 de marzo, haciendo uso de la facultad que le confiere la Constitución, un grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados, respaldados en más de 600 mil firmas, presentaron ante el Senado de la República, en el marco del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, una propuesta de ley en materia de responsabilidades administrativas, que después se conoció como Ley 3 de 3.

Esta iniciativa de gran calado, en la que participaron académicos de diversas universidades y centros de investigación, como la UNAM, el CIDE, el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, entre otros, se basó en la firme convicción de que incluía instrumentos normativos de rango nacional en el combate a la impunidad, opacidad y corrupción.

Sin embargo, no hubo el eco legislativo suficiente deseado al discutirse las leyes que conformarían el nuevo Sistema Nacional en ambas Cámaras.

Como legislador y como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le envié al Presidente de la República una atenta solicitud para que observara los Artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recién aprobadas, como parte de ese conjunto de leyes.

Qué bueno, me place que el Presidente de la República, en ejercicio de su facultad constitucional, hizo observaciones al Artículo 32 y a Artículos relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que el Legislativo rectificara y suprimiera la obligación de que las personas físicas y morales presentaran declaraciones de situación patrimonial y de intereses, como cualquier servidor público.

Lamento que no hubiera observado igualmente el Artículo 29, para dar paso a que el Legislativo incorporara, ahora sí, el reclamo ciudadano contenido en la Iniciativa 3 de 3.

Aún con estas insuficiencias, estoy convencido, como ya lo dije hace unos minutos, de que lo que hoy se promulga es un primer paso, muy importante, significativo, en el combate a la corrupción.

 La necesidad de máxima publicidad de todos estos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas proviene de un hartazgo social, que exige más y que demanda que la corrupción termine ya.

 No podemos hacer oídos sordos ante esta exigencia ciudadana.

 Debemos ser una generación y un país que le dé un vuelco definitivo a la corrupción, asumiendo nuestra responsabilidad con inteligencia y determinación, y desterrar la impunidad, que nos hace enorme daño como país y que nos cuesta mucho como nación.

 Por ello mismo, no puedo dejar de reconocer el valor de las acciones de inconstitucionalidad que el Gobierno de la República promovió, a través de la Procuraduría General de la República, para revertir reformas en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, con las que se pretenden blindar a Gobernantes por actos indebidos en sus Administraciones.

 La gente espera que no se cometan más atrocidades, y no quede, ningún funcionario público, en la impunidad.

 Espero, en el mismo sentido, que la decisión que hoy temprano conocimos sobre el titular de la Función Pública sea una buena señal en este día, en que se promulga este Sistema Nacional Anticorrupción.

 Por su atención, muchas gracias