San Juan Chamula se pintó de rojo… sangre/

Revista Proceso # 2074, 31 de julio de 2016..

San Juan Chamula se pintó de rojo… sangre/

ISAÍN MANDUJANO

La hegemonía del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas tiene exacerbados a los militantes y dirigentes del PRI. Con el asesinato del presidente municipal de San Juan Chamula, Domingo López, alcanzó su mayor intensidad la serie de conflictos que el partido del gobernador Manuel Velasco enfrenta en prácticamente todos los municipios que gobierna. Sin embargo, las autoridades insisten en negar el origen del problema.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- El cadáver ensangrentado del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, quedó entre el Palacio Municipal pintado de verde y el edificio del Comité Municipal del PRI, que ostenta el letrero “Rojos de Corazón” y está pintado de ese color.

El afán del gobernador Manuel Velasco Coello y su partido, el Verde Ecologista de México (PVEM), por imponer su color le ha salido muy caro al estado. Ocasionó, por ejemplo, la renuncia de dos alcaldesas y el asesinato de López González, así como una serie de conflictos en varios municipios.

San Juan Chamula es uno de ellos. Ahí el PVEM chocó con su principal “aliado” nacional, el PRI, al que le arrebató el control que durante 86 años tuvo en ese municipio de más de 87 mil habitantes, uno de los más grandes de la región Altos de Chiapas.

Aunque López González fue presidente municipal de 2008 a 2010 por el PRI, llegó a su segundo mandato postulado por el Verde. Su triunfo fue una gran afrenta para los jerarcas priistas locales, cuyo candidato, Marcelino González López, tuvo que resignarse a una regiduría.

Una de las estrategias que le funcionó a Domingo López para ganar la elección fue la promesa de elevar casi al doble el pago anual de entre 3 mil y 5 mil pesos que se les otorga a las artesanas locales. Ya instalado en la alcaldía, no podía cumplir su compromiso. Según una fuente de la Secretaría de Finanzas, necesitaba 900 millones pesos para hacerlo.

Después que el pasado 10 de julio decenas de indígenas bloquearan el paso hacia Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas a la altura de Chiapa de Corzo, adonde fueron reprimidos a golpes y gaseados, según una fuente extraoficial, el gobierno estatal envió un camión de la Compañía Mexicana de Traslado de Valores con 50 millones de pesos provenientes de una cuenta de Banorte, aunque la administración de Velasco Coello niega que haya entregado ese dinero.

El caso es que el alcalde empezó a distribuir 7 mil pesos a cada mujer en algunas comunidades entre el 14 y el 19 de julio, como lo consignan los boletines del ayuntamiento correspondientes a esas fechas. Con ese dinero las artesanas suelen comprar hilos, estambres, mantas, lana de borrego y otros materiales o herramientas para elaborar textiles artesanales.

Pero no alcanzaba para todas las comunidades, que además pedían recursos para la obra pública. Tras enterarse de que Domingo López estaba entregando apoyos, miembros y líderes de más de 30 comunidades fueron a la cabecera municipal el sábado 23 a reclamar su parte. La inconformidad azuzada por líderes locales del PRI se convirtió en una avalancha de protestas que llevó a la tumba al alcalde.

Los alcances de la división

Ubicado a menos de 10 kilómetros de San Cristóbal, San Juan Chamula tiene un cacicazgo priista que ha sabido enraizarse aprovechando los usos y costumbres.

En la plaza donde el presidente municipal Domingo López fue rematado con una AK-47, en 2012 el entonces candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto realizó un mitin, y ya como mandatario vino en agosto de 2014 a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El antropólogo Gaspar Morquecho, conocedor de los Altos de Chiapas y en particular del territorio chamula, recuerda que el 19 de julio de 2015 poco más de 40 mil electores acudieron a las urnas. Unos 20 mil votaron por el verde López González y unos 10 mil por el priista González López. El resto de los votos de distribuyó entre los representantes de otros ocho partidos.

El investigador dice que en sólo dos décadas se erosionó la hegemonía de los caciques que se asumían cien por ciento priistas: “El férreo control excluyente del núcleo duro de poder bajo la bandera del PRI creó importantes descontentos en el resto de las fuerzas económicas, políticas y religiosas, que se fueron ampliando y diversificando. Se modificó la correlación de fuerzas. Todos los grupos de poder económico, político y religioso están armados. Las diversas formas de religiosidad chamula se consolidan”.

Indica que al instalarse el sistema de partidos en los Altos de Chiapas, los grupos excluidos del poder contaron con plataformas políticas para participar electoralmente. Desde entonces los operadores políticos se encargaron de negociar con las fuerzas locales los puestos de “elección popular”, lo que a decir de Morquecho puede explicar por qué hoy San Juan Chamula es verde.

En 2015 el control político en la región de los Altos de Chiapas se volvió multicolor. En 16 municipios la población es mayoritariamente indígena; nueve de ellos son gobernados por el PRI (uno es San Andrés Larráinzar), seis por el PVEM (como San Cristóbal de La Casas y Chamula) y dos por el PRD.

En el estado la situación es otra: el PVEM gobierna 59 de los 122 municipios y el PRI, 28.

No obstante, Morquecho aclara que la cultura política de todos los partidos responde a la que el PRI forjó en sus 86 años de control. Sólo cambiaron los colores y algunas formas institucionales de ejercer el poder. Por eso funcionan como siempre el fraude electoral, las despensas, los programas sociales y la compraventa de votos. Sucede lo mismo en cada campaña y en todos los municipios.

Ese es el contexto en que el alcalde López González fue asesinado entre una multitud proveniente de unas 33 comunidades que la mañana del sábado 23 le reclamó el pago para las artesanas y recursos destinados a obras públicas.

Azuzados por el excandidato del PRI y regidor González López, los inconformes reclamaban a Domingo López que hubiera entregado primero los apoyos a las comunidades donde ganó el Verde.

Anteriormente dos alcaldesas del PVEM fueron forzadas a dejar sus puestos por las protestas de los pobladores. En marzo pasado fue la expriista María Gloria Sánchez, presidenta municipal electa de Oxchuc, que llegó con la bandera del PVEM. Ella y su esposo Norberto Santiz mantuvieron un cacicazgo en ese municipio durante más de 15 años, hasta que fueron expulsados.

Sustituyó a Sánchez al frente del ayuntamiento Óscar Gómez López, quien sobresalió en la coalición de partidos y ciudadanos que rechazaron el cacicazgo de la pareja, ya fuera bajo el amparo del PRI o del PVEM.

En Chenalhó, la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, postulada por el PVEM y sin pasado priista, se enfrentó a los caciques de este partido que antes controlaban la demarcación. Obligada Pérez a renunciar a finales de mayo pasado, se nombró alcalde a Miguel Santiz Álvarez. Actualmente Pérez Pérez litiga su retorno al cargo en el tribunal electoral.

Aun sin que se presenten conflictos de esas dimensiones en Chanal, Tila, Ixtapa, Amatenango del Valle, San Cristóbal de Las Casas y muchos otros municipios donde el PVEM ganó la elección, los alcaldes no han podido gobernar. Los opositores mantienen ocupadas las oficinas del ayuntamiento o bien se suscitan con frecuencia hechos violentos y tiene que intervenir la fuerza pública.

La mayor rivalidad que enfrenta el PVEM en el estado es con el PRI. Aunque los líderes mantienen una alianza formal, los militantes de ambos partidos se disputan el poder a toda costa en cada municipio.

Las elecciones del 19 de julio de 2015 fueron las más escandalosas e irregulares en muchos años. La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales recibió 524 denuncias, la mayoría contra el PRI y el PVEM.

Riesgo de violencia permanente

Pedro Arriaga, párroco de San Juan Chamula y amigo de López González, lleva ocho años en el municipio. Dice que en ese tiempo ha visto cómo muchos candidatos del PRI y del PVEM han hecho ofertas de campaña que luego no pueden cumplir.

Señala que los programas asistencialistas se han impuesto en donde persiste de la pobreza, pero se utilizan con fines electorales. Por eso el ambiente se tensó cuando no fluyeron los recursos del ayuntamiento hacia la población.

Relata el párroco que López González alegaba que los recursos exigidos no fluían desde los gobiernos estatal y federal e incluso una vez, el 10 de julio, se vio obligado a encabezar la protesta que fue reprimida, pero obtuvo recursos que le permitieron empezar a cumplir su compromiso de campaña.

El sacerdote señala que, una vez ocurrida la tragedia, “es urgente tender puentes de diálogo” entre los grupos de poder político local para evitar que se produzcan otros choques.

Arriaga dice que el alcalde era un devoto católico tradicionalista que convivía con funcionarios de otros credos, como el síndico Narciso Lunez Hernández, también asesinado, quien era miembro de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH).

El dirigente de esta organización en los Altos de Chiapas es Manuel Collazo Gómez, cuyo hermano Javier es presidente del comité municipal del PRI. En otros tiempos la OPEACH se enfrentó a balazos con los católicos tradicionalistas por las expulsiones que se han producido en las comunidades.

Por eso el párroco pugna para que la reconciliación en San Juan Chamula no sea superficial ni circunstancial, y propone que las mesas políticas que se instalen incluyan a todos los actores y sectores; de lo contrario los conflictos se repetirán continuamente.

Inmediatamente después de los asesinatos de funcionarios en San Juan Chamula, el procurador estatal Raciel López Salazar los atribuyó al clima de confrontación entre el PVEM y el PRI.

Luego, reconvenido por el gobernador Velasco Coello, López Salazar se retractó. “Es importante dejar en claro que no hay señalamientos hacia instituciones o partidos; por el contrario, tenemos plenamente identificadas a las personas que participaron en los hechos de San Juan Chamula y trabajamos para que pronto todos enfrenten a la justicia”, dijo ante la prensa nacional.

El reportero buscó a López Salazar para concretar la entrevista ofrecida a Proceso por el enlace de prensa del gobierno chiapaneco en la Ciudad de México, David León. Sin embargo, en Tuxtla, el jefe de prensa del procurador, Héctor Flores, pidió que mejor se le enviara un cuestionario.

También se solicitó una entrevista al presidente del PVEM en Chiapas y presidente del Congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, sobre los alcances de sus diferencias con el PRI, pero ni su oficina ni él respondieron.