Las columnas políticas hoy, 19 de agosto de 2016..
Lenguas Viperinas/LSR
I¿FUERZA RACIONAL O EXCESIVA? | Editorial El Universal
El enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes del crimen organizado en Tanhuato, Michoacán, el año pasado, resurge ahora como un enfrentamiento verbal entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Seguridad. El mismo hecho es abordado desde dos perspectivas diferentes en las que hay coincidencias y diferencias.
La CNDH dio a conocer ayer que se dieron “violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal”. Los hechos, ocurridos en mayo de 2015, terminaron con 43 muertos: 42 presuntos criminales y un agente federal. La desproporción de bajas entre uno y otro bando originó varias dudas entre la opinión pública y llevó a plantear la posibilidad del uso excesivo de la fuerza.
En respuesta al informe de ayer, el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales, dijo que el uso de las armas fue necesario y se actuó en legítima defensa. Explicó que los agentes se identificaron, exigieron la deposición de armas y como única respuesta recibieron disparos de arma de fuego.
La incursión del Ejército y de fuerzas federales en el combate al narcotráfico no ha estado exenta de polémica. Hace años se daban reclamos con justificada razón, pues las víctimas eran inocentes. Se dieron varios casos en los cuales —“por confusión”— civiles resultaron lesionados o perdieron la vida. Además de que las denuncias por abusos de elementos federales eran frecuentes. Por presión de organizaciones civiles hay avance en los protocolos de actuación para privilegiar el respeto a los derechos humanos; sin embargo el país carece aún de una normatividad que regule el uso de la fuerza por parte de quienes tienen como encomienda hacer cumplir la ley.
En el caso Tanhuato hay dos posturas difícilmente reconciliables. Por un lado, los familiares de las víctimas. Aunque sus hermanos, padres, esposos hayan estado involucrados en ilícitos, por supuesto que no deseaban que pagaran por ello con su muerte. Quizá sí en prisión, luego de un proceso justo.
Por el otro lado están los efectivos federales. Recibieron una denuncia, se encontraron con un grupo que poseía armas de uso exclusivo del Ejército —incluso con un lanzamisiles—, fueron recibidos con disparos directos; la defensa propia es lo que impera en esos momentos.
En este choque de punto de vistas, la Comisión Nacional de Seguridad acepta la recomendación de la CNDH y anuncia que cooperará para que la investigación se dé de manera imparcial y sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos. La colaboración entre ambas instancias es lo único que debe dar certidumbre. Si hubo alguna irregularidad debe castigarse; es lo justo y lo que debe prevalecer en un Estado de derecho como pretende ser México.
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Que la preocupación del gobierno federal no es la recomendación del ombudsman sobre los hechos de Tanhuato, que la veía venir, sino la fuerza que ha tomado el Cártel Jalisco Nueva Generación, no solo por atreverse a levantar a un hijo de “El Chapo” en Puerto Vallarta, sino porque ahora 42 de sus integrantes son reivindicados como víctimas inocentes.
A partir de esas conclusiones, la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza Renato Sales, y la Policía Federal, a cargo de Enrique Galindo, enfrentan la eventualidad de indemnizar económicamente a las familias de un grupo de sicarios que tenía en su poder el rancho de un civil ajeno al tráfico de drogas.
Por eso el gabinete de Seguridad Nacional perfila ya la estrategia para poner freno a ese cártel.
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V.¿Y el Congreso, cuándo? El gobierno federal asumirá las recomendaciones de la CNDH en el caso de Tanhuato. Pero ¿cuándo vamos, como sociedad, a definir los acuerdos necesarios para enfrentar al crimen organizado? Porque el enfrentamiento en cuestión no fue con arcángeles. Eran especialistas en el terror, capaces de derribar un helicóptero militar. Así que, diputados y senadores, a ustedes les toca atender este pendiente que se arrastra desde hace una década: darle un marco jurídico de certeza a la operación de las fuerzas armadas en el enfrentamiento a fuerte con los narcos.!
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Un año y tres meses después de lo ocurrido, la CNDH aclaró las cosas con una amplia investigación que abarcó entrevistas con los detenidos desde la cárcel, encuentros con los familiares de las víctimas, solicitudes de información a más de 10 dependencias, investigaciones documentales y de campo, e intervenciones periciales.
La verdad es que la tesis de la defensa no resulta muy convincente. Fueron 42 víctimas civiles y sólo una de la policía. ¿Sospechoso, no?
Su diagnóstico médico: “traumatismo craneoencefálico, edema en los dos ojos, fractura del tabique nasal, en el índice derecho, rotura de ligamento de la rodilla izquierda, esguince en los tobillos…”.
Demédicis había rogado previamente a los policías federales que “no nos golpeen, no nos ataquen, somos pueblo”.
Ejecuciones en Tanhuato/ Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero,
El 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, policías federales se enfrentaron con sicarios del Cártel Nueva Generación y el saldo fue de 42 presuntos delincuentes y un policía muertos. Fue una matanza, según concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hubo ejecuciones extrajudiciales y alteración de la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que no violó derechos humanos y que actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza. Resultó mentira. El gobierno tendrá que hacer una investigación y determinar qué y cuántos policías violaron la ley para proceder en consecuencia. Su resultado debe dictar también la suerte del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.
El documento de la CNDH es muy crítico de la actuación de los federales, y las recomendaciones serán acatadas en lo general. No basta, porque Tanhuato muestra las vulnerabilidades de los policías federales en la lucha contra los cárteles de la droga que tienen que resolverse, como la necesidad de una convención nacional que establezca los alcances y los límites sobre el uso de la fuerza. De otra manera, Tanhuato se medirá como Nochixtlán o como los desalojos de carreteras de maestros disidentes. Los casos son totalmente distintos.
En Tanhuato los federales llegaron tras una denuncia de invasión del rancho El Sol, y con información de inteligencia que ubicaba en esa propiedad a alrededor de 700 criminales que posiblemente estaban protegiendo al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho. El antecedente inmediato había sido el derribamiento de un helicóptero del Ejército –murieron ocho soldados y una policía federal del área de inteligencia– días atrás, en una operación en Jalisco para capturarlo. Con esos elementos, los federales realizaron el operativo.
No encontraron ni a Oseguera ni a los cientos de criminales que decía la información de inteligencia que ahí estaban. Pero no hay que confundirse. Que la operación haya tenido excesos no significa que nunca debió hacerse. A quienes enfrentaron son asesinos, no una población inerme y ajena a hechos delictivos. Tampoco debe dinamitarse a una institución por el hecho de que algunos o muchos de sus miembros violaran garantías individuales y minaran los protocolos sobre el uso de la fuerza. A quienes resulten responsables, tendrán que sancionarlos y, según el grado de su responsabilidad, aplicarles la ley. Pero generalizar las faltas de los individuos como putrefacción de las instituciones, es caer en el juego maniqueo de los criminales. Deslindar instituciones de personas es fundamental.
Los policías federales, como se escribió en este espacio en agosto del año pasado, violaron el código de conducta y el documento de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Junto con ello vino el uso excesivo de la fuerza, que de acuerdo con el índice de letalidad de la Policía Federal, establece como estándar un policía muerto por 1.4 agresores. En Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, son consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.
En Tanhuato no sólo hubo una matanza. Como lo refleja el documento de la CNDH, la Policía Federal quiso cubrir el abuso y exceso de su fuerza mediante la alteración de pruebas, el ocultamiento de evidencia y sembrar armas a los presuntos delincuentes, como lo apuntó una investigación de María Idalia Gómez en el portal Eje Central, quien afirmaba que al menos tres de los abatidos tenían disparos en la cabeza. Lo sabían Rubido y Galindo, a quienes apoyaron incondicionalmente sus jefes, quienes creyeron su versión. Las pruebas, varias de ellas incorporadas en el informe de la CNDH, están en dos paquetes de fotografías que tomaron los federales, que por error distribuyó la Policía Federal a los medios.
En la versión oficial del enfrentamiento dado a conocer por Rubido, todos los abatidos dieron positivo en las pruebas de radizonato y sodio y Walker, que demostraba que habían disparado armas de fuego. Nunca explicó el por qué hubo más presuntos criminales con rastros de pólvora, que armas en sus manos. El informe de la CNDH lo aclara ahora: los policías federales alteraron la escena del crimen. Hay fotografías dentro del documento de la misma persona muerta sin arma, con arma y con menos ropa que en la gráfica individual. Las primeras fotografías que distribuyó la Policía Federal mostraban cuerpos regados por todo el rancho, algunos en ropa interior y sin zapatos, donde no abundaban las armas. En otro paquete aparecían los mismos cuerpos pero con armas que no tenían antes en sus manos.
A algunos les dispararon a tres metros de distancia, como reveló el procurador de Michoacán, Martín Godoy, y en algunos casos, sin que estuvieran armados. Sembrarles armas y alterar la evidencia es un delito, al que se le debe sumar la ejecución extrajudicial en la que incurrieron al violar reglas, normas y protocolos. Los federales no son inocentes en Tanhuato, ni actuaron conforme a ley. La investigación que inicie el gobierno federal deberá determinar quiénes dentro de la Policía Federal pagan las consecuencias de sus violaciones, y hasta dónde llega la línea de mando que incurrió en las ilegalidades.
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Lecciones de Tanhuato/Pablo Hiriart
Uso De Razón
El Financiero,
El Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los sucesos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, asevera que las autoridades no dijeron la verdad. Y denuncia un procedimiento inhumano que no es propio de un país civilizado como el que tenemos y queremos.
Dice que a 22 personas las mataron por la espalda y a una la quemaron viva.
De acuerdo con la CNDH, los asesinos pertenecen a la Policía Federal.
Cuando la autoridad es la que mata por la espalda e incinera a una persona, como dice el informe, ¿qué se puede esperar de los delincuentes?
Vamos a tener versiones encontradas de la PF y de la CNDH, y así se perderá la discusión en las semanas y meses hasta que llegue la siguiente matanza y un nuevo intercambio de acusaciones.
Pero lo que queda como lección, y urge resolver, es un grave problema de seguridad y derechos humanos en el país.
Ese problema comenzará a resolverse el día en que el presidente anuncie el retiro del Ejército de las funciones de seguridad pública que le han encomendado.
No es que el Ejército, como institución, sea un violador de derechos humanos. Categóricamente no. Sino que retirarlo de las calles es la única forma de obligar a que el propio gobierno federal y los estatales formen policías de verdad.
Tampoco se trata de sacarlo de la noche a la mañana de las funciones que actualmente realiza, sino de anunciar un plazo perentorio de su retirada para que los gobiernos comprendan que no tienen de otra que armar buenos cuerpos policiacos.
Hace algunas décadas el gran problema que generaba inconformidad y recelo a las autoridades era la falta de limpieza electoral.
Hubo decisión política para crear el IFE, quitar a los partidos de la organización de las elecciones y se dio a representantes ciudadanos la mayoría del voto en el consejo del IFE.
Y sobre todo, hubo que invertir mucho dinero para contar con un 'ejército' de capacitadores y funcionarios electorales, además de una credencial de elector con fotografía. Santo remedio.
Desde luego todavía hay problemas con algún candidato al que no le gustan los resultados cuando no le favorecen, o también de exceso de gastos en rubros que no tienen que ver con el perfeccionamiento de la democracia.
Pero lo sustancial se arregló. No se duda del INE, ni hay trampa a la hora de contar los votos, y ya no votan los muertos.
Se acabó con un gran foco de malestar cívico que en los años 80 hacía ebullición en el país.
Ahora son los temas de inseguridad y derechos humanos los que agobian a una gran parte de la ciudadanía y alimentan una pésima imagen de México en el mundo.
Hay, pues, que obligar a los estados a tener policías de primer nivel en un tiempo perentorio, pagar buenos sueldos, dar asesoría y equipamiento necesarios… e invertir mucho dinero.
¿No hay? Tiene que haber. Como lo hubo en su momento para crear el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La seguridad y los derechos humanos son una prioridad nacional, fuente de malestar social y de escarnio contra México en el mundo.
Twitter: @PabloHiriart
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PUES SÍ PASÓ ALGO EN TANHUATO/ Carlos Loret de Mola
El Universal
La Policía Federal dijo que fue un enfrentamiento, pero 22 civiles fueron ejecutados arbitrariamente. La Policía Federal dijo que respetó los protocolos, pero cuatro muertos más fueron con uso excesivo de la fuerza: 4 mil balas desde un helicóptero contra una bodega. La Policía Federal dijo que fue una batalla, pero 13 personas recibieron disparos por la espalda, como en ley fuga. La Policía Federal dijo que los detenidos aceptaron su culpa, pero dos fueron torturados. La Policía Federal movió de lugar siete cadáveres, sembró armas a 16 de los civiles muertos, quemó a dos personas que ya estaban muertas y manipuló todos sus informes oficiales para ocultarlo todo.
Ese es el resumen del informe de 31 tomos, integrado por 11 mil 292 fojas, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Tanhuato, Michoacán, donde murieron 42 presuntos delincuentes y un policía federal el 22 de mayo de 2015.
Hace justo un año, en agosto de 2015, denuncié en estas Historias de Reportero y en los espacios informativos a mi cargo en radio y televisión, que lo de Tanhuato no era un enfrentamiento sino que hubo ejecuciones extrajudiciales. Lo expuse a partir de esa fecha con base en fuentes oficiales, documentos, fotografías.
Ante estas publicaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto se esmeró en negar los hechos, incluso en tratar de ridiculizar la denuncia. En lugar de transparentar las indagatorias oficiales, que ya les apuntaban estas irregularidades, prefirió ocultar el escándalo. Y lo hizo demostrando que nada aprendió de su manejo en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.
Obviamente, siguió un escándalo nacional e internacional. Varios colegas periodistas insistieron en la denuncia, la reportó Human Rights Watch, insistió Amnistía Internacional y corona la CNDH con recomendaciones contra la Policía Federal y la procuraduría de Michoacán.
Lo importante es que 26 personas fueron ejecutadas por elementos de la Policía Federal.
Sin embargo, del gobierno sólo hay silencio y cerrazón. Silencio porque la procuraduría de Michoacán nunca arrojó sus conclusiones, que las tuvo, sobre el caso. Silencio porque la PGR atrajo desde hace meses la investigación y esta es la fecha en que no ha dicho nada. Cerrazón porque Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, salió ayer a declarar que acepta la recomendación pero —vaya contradicción— rechaza todos sus fundamentos.
El gobierno federal sigue empecinado en defender una mentira insostenible, animando el fuego de los costos políticos que tendrán que enfrentar el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, y su superior, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong.
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Columna Arsenal / Francisco Garfias
Excelsior
Tres relatos de horror y un vergonzoso informe
No acababa de digerir los relatos del horror que escuché en voz de Luisa, José y Juan, tres policías federales heridos en Nochixtlán que testificaron en el Senado, cuando en mi WhatsApp apareció la síntesis del informe de la CNDH sobre lo ocurrido en Tanhuato, Michoacán.
Apenas podía creer lo que leía. La valiente denuncia del organismo que dirige Luis Raúl González Pérez acusaba a la Policía Federal que participó en el ataque al “Rancho El Sol” de “uso excesivo de la fuerza”.
En ese sangriento hecho, ocurrido el 22 de mayo de 2015, murieron 43 personas.
El documento de la CNDH habla de 22 víctimas ejecutadas en forma “arbitraria” por los federales, quienes poco antes habían perdido varios elementos en un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Precisa que a 13 de las víctimas les dieron por la espalda; otras cinco murieron por disparos desde un helicóptero. A tres los mataron cuando ya estaban sometidos.
La Comisión también balconea las mentiras de la Policía Federal. “Las armas que se encontraron junto a 11 de las víctimas fueron sembradas”, asegura el informe. Y más: a una de las víctimas la quemaron viva, de acuerdo con el peritaje médico oficial que cita la CNDH. Otra fue atropellada.
Parafraseando a El Peje, ese nivel de represión ni Putin lo tiene.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, salió a desmentir el informe, sin haberlo leído. “Fue en defensa propia”, alegó el hombre, en el mensaje que ofreció ayer acompañado de Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal.
“Hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad. En esta acción un agente de 25 años perdió la vida… el uso de las armas fue necesario ante un escenario hostil”, justificó Sales.
A las víctimas las llamó el comisionado “presuntos miembros de la delincuencia organizada”.
Por cierto, González Pérez le pidió al comisionado que primero lea el informe y luego opine.
Fue un jueves negro en cuanto a revelaciones de hechos de represión y salvajismo ocurridos en el país.
Hasta el Salón de Protocolos del Senado llegaron ayer nueve policías heridos en Nochixtlán.
Se pusieron de espaldas durante el tiempo que duró la reunión con la Comisión Legislativa que da seguimiento al caso, para no revelar su identidad.
A lo largo del inédito conclave —no tengo memoria de algo similar— hubo momentos de congoja, de vergüenza, de llanto.
Tres de ellos narraron el viacrucis que vivieron en esa localidad de Oaxaca.
A José, de 37 años, ingeniero en Control y Automatización, le estalló un petardo en la pierna. Cayó. Lo desnudaron, lo golpearon hasta hacerle perder el conocimiento, lo rociaron de gasolina y amenazaron con quemarlo, lincharlo.
Estuvo secuestrado en la iglesia del pueblo casi tres días. Lo intercambiaron por 22 detenidos.
Luisa, madre de dos hijos, narró su experiencia con el llanto en los ojos. Recordó el machetazo que le dieron en una pierna, las patadas y golpes con palos que recibió en la cara, en “las pompas”, en el cuerpo.
“Me cocieron, me cortaron el pelo, nos quitaron la ropa. Las mujeres llevaban palos, los hombres machetes”, dijo.
También la retuvieron para el intercambio que quería la Sección 22 de la CNTE
A Juan lo golpearon en la cabeza con un palo y le amputaron la mano con un machete. Lo retuvieron cuatro días y lo intercambiaron.
En el encuentro hubo de todo. Hasta un enfrentamiento verbal del perredista Fidel Demédicis con las senadoras Mariana Gómez del Campo y la priista Mariana Benítez.
Las dos mujeres recordaron al senador del PRD que utilizaba un tono intimidatorio al hacer sus preguntas, que los policías no comparecían ante el Ministerio Público, sino ante una comisión de seguimiento. Demédicis amenazó incluso con salirse.
Fue después de que preguntara al gendarme José si llevaba armas ese día que surgió la tensión.
-Sí —repuso.
-¿De qué tipo? —insistió el legislador.
-Llevaba mi pistola.
-¿Que calibre? —machacó.
-Nueve milímetros.
-¿La accionó?
-Sí, la tuve que accionar.
José explicó que después de que se empezaron a recibir heridos por arma de fuego, hubo la instrucción de que una pequeña parte del personal llevara su equipo táctico.
Hubo un momento en que el perredista exasperó al gendarme con sus insinuaciones de que a los federales los mandaron a agredir y no a contener.
José le revirtió la pregunta: “entonces, si a aquella persona no la puedo yo golpear ¿aquella sí me puede dañar? O no sé ¿entonces yo sólo me puedo morir?”.
El perredista ya no supo por dónde jalar. Sólo dijo: “sí claro…”.
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