“La
falsa justicia de Sinaloa”/Adrián López Ortiz
Sinembargo.com, septiembre 29, 2016 - 12:00 am
Hace
más de dos años recibí un balazo en un supuesto robo de auto.
Regresaba
de la Ciudad de México tras compartir con Artículo 19 y FUNDAR en la
presentación y difusión del Índice de Publicidad Oficial 2013 sobre México. En
“Espiral”, el programa de mi amigo Ricardo Raphael, pude hablar de las particularidades
del caso Sinaloa en el manejo de medios vía publicidad oficial. Venía contento
de aportar desde la esfera regional a una discusión imprescindible en la esfera
nacional.
El
gusto me duró poco, tras bajar del avión en que venía también el Gobernador y
enfilar a mi casa, dos jóvenes armados me bajaron del auto, intentaron llevarme
y, ante mi resistencia, uno se llevó mi vehículo y otro se quedó conmigo para,
finalmente, darme un balazo que me atravesó ambas piernas.
Me
tomó más de un año de terapia física recuperarme para caminar correctamente de
nuevo. Hubo que trabajar también en lo emocional y con mi familia. Incluso hubo
que iniciar un proceso de capacitación y reflexión institucional en nuestro
periódico para no sucumbir al coraje y la indignación. Era muy fácil que eso
sucediera y debíamos ser responsables con nuestra voz: en 2014 Noroeste fue el
periódico más atacado del país.
Son
situaciones para las que uno no está listo nunca. Por más protocolos y
capacitaciones que tomes, la violencia irrumpe como el huracán y te rebasa.
Otras secuelas seguirán allí por el resto de mi vida: la precaución permanente,
cierto dolor que ya se ha hecho mi amigo, algunas pastillas.
Dos
días después del ataque, la Policía Ministerial detuvo a dos jóvenes con una
rapidez que sorprendió a todos y hasta generó suspicacias. El Gobernador
presumió de inmediato “caso aclarado” e insistió en la tesis del robo de auto.
Sin
embargo, hay todavía muchos cabos sueltos: la tesis del clonazepam es
inverosímil; el agresor directo sigue prófugo; la investigación nunca consideró
elementos relevantes mencionados en mi declaración como la participación de
otro vehículo con logos de una compañía de seguridad privada; y el por qué
nunca pudimos ver la grabación de la cámara de video vigilancia conectada al
centro de control C4 colocada en el lugar de los hechos.
A
eso hay que agregar algo que me temía: esta semana liberaron a uno de los
implicados por falta de pruebas y violación del debido proceso.
Es
un joven implicado por sus compañeros y al que yo no identifiqué pues nunca lo
vi. Lo grave es que en las declaraciones se consigna que, tras la detención,
ambos jóvenes permanecieron incomunicados por horas en las que no sabemos qué
sucedió ni que hizo la Policía Ministerial con ellos.
No
abundo más en los detalles sino en el contexto del caso. A tres meses de irse,
se cae la simulación de eficacia de las autoridades policiales. El “caso
aclarado” que el Gobernador presumió ante los medios y hasta reclamó por la
incredulidad de nuestra parte se desmorona. Nuestras sospechas eran ciertas:
les urgía mandar un mensaje de que hacían la chamba para bajarle a la presión.
Por
supuesto, no puedo desligar estos hechos del contexto local en que el periódico
que dirijo ha liderado la crítica al gobierno saliente por escándalos de
corrupción, violaciones de derechos humanos, inseguridad, malos manejos en las
finanzas públicas, influyentismos y conflictos de interés del grupo político en
el poder.
Justo
esta semana dos periodistas nuestros se hicieron acreedores al Premio Nacional
de Periodismo de Divulgación en Sustentabilidad por un reportaje sobre la
construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira. El sitio es una
reserva ecológica RAMSAR y el proyecto lo lidera el exgobernador Francisco
Labastida y lo promueve (y defiende) su hijo, Francisco Labastida Gómez de la
Torre, actual Secretario de Desarrollo Económico. Ambos muy cercanos al
Gobernador López Valdez.
Debo
entender la liberación como el mensaje de despedida de un Gobierno sumido en el
desprestigio?
La
pregunta no es especulativa, es muy concreta. Su respuesta debe venir de las
autoridades de Procuración de Justicia del Estado.
Es
tan simple como mostrar eficacia en la detención de los implicados prófugos y
en la integración de una investigación exhaustiva.
Tan
simple como demostrar con hechos que en Sinaloa los ciudadanos podemos aspirar
a un mínimo de justicia.
Tan
simple como resolver mi caso y los otros cien que tenemos pendientes en
Noroeste durante este sexenio. Incluidas las agresiones de policías a nuestros
fotógrafos en las marchas pro-Chapo Guzmán y de las que sobra la evidencia,
pero falta la voluntad política.
Por
último, la liberación de uno de los implicados en mi caso vuelve a poner en
evidencia la incapacidad de nuestra policía para hacer su trabajo en el marco
de la ley. Mientras la tortura y las irregularidades en la cadena de custodia
sean practica habitual de nuestros mandos policiacos y sus efectivos, el estado
de derecho seguirá siendo solo una bonita frase.
Gracias
a mi trabajo y mi posición, tengo la fortuna de poder explicar mi caso a la
sociedad, pero sé que no todos pueden hacerlo y eso nos deja a la intemperie.
Todos
sabemos que en Sinaloa la impunidad campea y que la justicia existe para los
amigos y los privilegiados, no para los que disentimos.
Los
sinaloenses vivimos con el miedo permanente de saber que ninguna autoridad es
capaz de protegerte ante la bestia salvaje del crimen organizado. Vivimos en un
estado donde impera la Ley del Más Fuerte.
Y
todavía peor, que si resultas víctima lo seguirás siendo porque las autoridades
están ahí para garantizar otros intereses.
Sirva
mi caso como metáfora de la impunidad en Sinaloa. Sirva para que el Gobernador
Electo Quirino Ordaz pondere sus prioridades de Gobierno. Debe aprender que
simular el combate al crimen organizado es una puerta falsa, vender el alma al
diablo.
Así
la falsa justicia en el sexenio de Mario López Valdez que, para bien de todos,
ya se va.
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