Retiren los cargos contra Edward Snowden/

Retiren los cargos contra Edward Snowden/Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch. Salil Shetty es secretario general de Amnistía Internacional.

The New York Times, 19 de septiembre de 2016..

Edward Snowden es el estadounidense que probablemente haya dejado la huella más profunda en el debate político durante los años del gobierno de Obama.

 Snowden, quien dejó la Agencia Nacional de Seguridad tras entregar documentos secretos que detallaban los programas de vigilancia masiva de Estados Unidos a varios periodistas, se enfrenta a una acusación por espionaje aunque el propio presidente ha reconocido que sus revelaciones desataron un debate público importante.

 Las filtraciones de Snowden provocaron reacciones en todos los niveles del gobierno. La justicia decidió que el gobierno no debía utilizar la Patriot Act para justificar la recopilación masiva de datos. El congreso sustituyó aquella ley por la USA Freedom Act que se supone que mejora la transparencia de la vigilancia realizada por el gobierno y limita su capacidad para almacenar cierta información. El presidente ha nombrado un grupo de personas independientes para que la examinen y ese grupo ya ha emitido recomendaciones importantes para su modificación.

 Eso solo en lo que atañe al gobierno de Estados Unidos. Los periódicos que publicaron las revelaciones de Snowden ganaron el Pulitzer. Las Naciones Unidas aprobaron resoluciones para la protección de la privacidad digital y crearon el mandato que defiende el derecho a la privacidad. Muchas empresas tecnológicas, que se han visto criticadas por su supuesta complicidad en la vigilancia masiva, comenzaron a ofrecer encriptación de uno a otro usuario. Cuando han pasado tres años, los medios siguen hablando de las revelaciones de Snowden. Lo que hizo ha incrementado la conciencia de los riesgos que sufre la privacidad en la era digital y los derechos que dependen de la privacidad.

Edward J. Snowden hablando a una audiencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en julio. Credit Kayana Szymczak para The New York Times

Edward J. Snowden hablando a una audiencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en julio. Credit Kayana Szymczak para The New York Times

Pero el presidente Obama y los candidatos que le sucedan no han enfatizado el servicio público de Snowden sino la importancia de presentar cargos contra él. Hillary Clinton ha dicho que Snowden no debería regresar a casa “sin enfrentarse a consecuencias”. Donald Trump ha dicho: “Creo que es un traidor y le trataría con dureza”.

Eric H. Holder Jr. utilizó un tono mucho más mesurado en mayo, al dejar su cargo como fiscal general de Obama. Reconoció que aunque Snowden violó la ley, “cumplió un servicio público” al abrir el debate sobre las prácticas de vigilancia.

La ley que la administración Obama quiere usar para perseguirlo no se fija en que revelar esa información fue un servicio público. Según la —anticuada— ley de espionaje de 1917 el único tema sería que información de la “defensa nacional” llegara a alguien no autorizado para recibirla. No importa si los secretos revelados implicaran un comportamiento incorrecto o si ponían en peligro la defensa nacional o si se pasó la información a un periodista de Estados Unidos o a un enemigo extranjero.

Hay, obviamente, un interés público en permitir que el gobierno mantenga la información de seguridad nacional en secreto. Pero según el derecho internacional humanitario, el interés público —y no el de gobierno alguno— es crucial. Nadie debería ser perseguido por exponer violaciones a los derechos humanos. Al menos, debería tener una oportunidad real de defenderse en nombre del interés público.

El enorme valor de las revelaciones de Snowden está claro. ¿Qué daño hizo? Las declaraciones de varios funcionarios, durísimas contra él, marcan el camino. Algunos han advertido que las actividades de algunos grupos terroristas se han vuelto más difíciles de rastrear, pero los adversarios más peligrosos siempre han sabido protegerse de la vigilancia. Al menos un estudio independiente muestra que las revelaciones de Snowden han tenido poco impacto.

Lo que ha cambiado es que desde que se supo que el gobierno vigilaba, el público reclama más privacidad y las empresas han comenzado a ofrecerla en diversas plataformas. Sin duda, entre los millones de usuarios de tecnología de cifrado hay algunas que protegen la comisión de delitos. Pero el resto solo quiere que le devuelvan su privacidad.

Desde que Estados Unidos canceló su pasaporte, dejándolo atrapado en el aeropuerto de Moscú, Snowden ha continuado demostrando los principios que le llevaron a publicar el alcance de la vigilancia. Lidera un grupo de derechos humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa. Ayuda a desarrollar tecnología para proteger a los periodistas en zonas de riesgo por la vigilancia gubernamental que pueda ponerlos en peligro y ha criticado con frecuencia las políticas tecnológicas y de derechos humanos de Rusia, el único país que se interpone entre él y una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Desde la época de George Washington, el poder de perdonar ha permitido que los presidentes defiendan el interés nacional. Quienes filtran información pueden jugar un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y aquellos que publican la información protegida por el secreto gubernamental. En palabras de Snowden: “Si la gente que informa de cosas mal hechas, de la peor naturaleza, tiene que prenderse fuego, vamos a encontrarnos sin voluntarios cuando la sociedad más lo necesite”.

En su Twitter, Snowden dice: “Trabajé para el gobierno, ahora trabajo para la gente”. Eso no debería ser algo que te encierre en prisión de por vida o te obligue a vivir en el exilio. El presidente tiene la oportunidad de corregir esa injusticia. Es hora de perdonar a Snowden y traerlo de vuelta a casa, no para que se enfrente a las consecuencias de sus actos sino para trabajar por la seguridad y la privacidad de todos.