Revista
Proceso
# 2081, 18 de septiembre de 2016...
Zerón, bajo
cargos por Ayotzinapa, pero Peña lo cobija/JORGE CARRASCO
A. Y PATRICIA DÁVILA
De
manera inopinada y a punto de cumplirse dos años de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, el controvertido Tomás Zerón fue removido de la
Agencia de Investigación Criminal, una instancia de la PGR en la que el
funcionario “se manejaba solo”, según reconocía la propia procuradora Arely
Gómez. Lejos de ser una concesión a los deudos de los estudiantes, lo que hizo
el presidente Peña Nieto fue proteger a Zerón, uno de los férreos defensores de
la “verdad histórica”, pues horas después lo nombró secretario técnico del
Consejo Nacional de Seguridad.
Con
el movimiento de Tomás Zerón de Lucio, el presidente Enrique Peña Nieto hizo
más que defender la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa: se aseguró información de seguridad e inteligencia
de primera mano, sin depender únicamente del secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
En
vísperas de los dos años de la desaparición forzada de los estudiantes en
Iguala, el mandatario decidió cobijar en Los Pinos a quien elaboró, desde la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la
República (PGR), la versión oficial de los hechos que tienen a México bajo
escrutinio internacional.
De
paso, le quitó a la titular de la PGR, Arely Gómez González, una presencia
incómoda que siempre actuó al margen de ella al amparo de Peña Nieto, a quien
Zerón le ha proveído información de seguridad desde hace casi una década.
En
medio de esa disputa, la procuradora le inició al exdirector de la AIC un
expediente de investigación por sus actuaciones en la construcción de esa
“verdad histórica”. Según declaró a Proceso el subprocurador de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber
Betanzos, se abrió un expediente en contra de Zerón en la visitaduría general
de la procuraduría.
Horas
antes del cierre de esta edición, reiteró lo que había dicho el 8 de junio
pasado: que a iniciativa de esa subprocuraduría se mantiene la investigación
contra Zerón.
Sin
embargo, la investigación es más de forma que de fondo. El entonces titular de
Asuntos Internos, Alejandro Chávez Flores, terminó por renunciar un mes antes
de la salida de Zerón de la AIC, en rechazo a lo que consideró como un acto de
simulación, según informantes de la PGR.
Los
principales responsables de “la verdad histórica” están ya fuera de la mira en
la PGR. Además de Zerón, salió de la Coordinación de Servicios Periciales Sara
Mónica Medina Alegría, quien sin embargo aún forma parte de la estructura de la
procuraduría. Pero lo hecho, hecho está y la versión oficial se mantiene.
La
tarde del miércoles 14, la procuraduría anunció la renuncia de Zerón a la AIC. De inmediato, la noticia se
interpretó como una concesión del presidente Peña Nieto a la exigencia de los
padres de los normalistas. Pero horas después se supo la verdadera intención
del mandatario: hacerlo su consejero de seguridad en la oficina presidencial,
protegiéndolo de las presiones por el caso Ayotzinapa al tiempo de reivindicar
la “verdad histórica”.
Las
maniobras de Peña Nieto
La
decisión de cambiar a Zerón estaba tomada desde la mañana de ese día. Zerón
tuvo tiempo para preparar su salida. Se despidió de la PGR y, por la tarde, la
dependencia emitió un breve comunicado en el que se decía que la procuradora
Arely Gómez había aceptado su renuncia.
Remarcó
también que como director de la AIC estuvo a cargo de la Policía Federal
Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia (Cenapi).
Con
Zerón al frente de la AIC, Arely Gómez estaba fuera de esas áreas que la propia
PGR, al informar sobre la salida del hombre cercano a Peña Nieto, definió como
sustantivas. Zerón era el contrapoder en la procuraduría. “Se manda solo”,
llegó a admitir la procuradora ante sus excompañeros senadores.
Cuando
salió de las oficinas de la PGR, Zerón se fue con calma a comer. Luego se
dirigió a Los Pinos. Por la noche, después de reunirse con Peña Nieto, la
Secretaría de Gobernación anunció la decisión presidencial de nombrarlo
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
La
Secretaría Técnica del CSN es una oficina que opera desde Los Pinos y depende
directamente de la oficina del titular del Ejecutivo. El CSN es la máxima
instancia gubernamental en la que se definen las acciones en casos de riesgos y
amenazas a la integridad del territorio, el gobierno y la población.
Es
un órgano deliberativo con un fuerte componente policiaco y militar. Lo
encabeza el presidente de la República, con la participación de las secretarías
de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, responsable del Consejo Nacionl
de Seguridad, así como por la PGR, la Policía Federal (PF) y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
También
participan las secretarías de Hacienda, de la Función Pública, de
Comunicaciones y Transportes y la de Relaciones Exteriores, pero el énfasis
está en las instancias policiales y militares.
Con
su hombre de confianza en el CSN, Peña Nieto ya no dependerá únicamente de la
información que le quiera dar el secretario de Gobernación, quien tiene en sus
manos el Cisen, la PF y las prisiones federales.
Osorio
Chong tenía como interlocutor en la secretaría técnica del CNSP a un político,
Luis René Souvervielle Gorozpe, cuyo interés está en el Estado de México. Ahora
tendrá que lidiar con un experto en investigación policial.
Con
la designación de Zerón, Peña Nieto acota al titular de la Secretaría de
Gobernación, pues apenas hace tres semanas designó como jefe de la Policía
Federal a Manelich Castilla Craviotto, a quien ha impulsado desde que llegó al
poder.
La
trayectoria de Zerón
Tomás
Zerón tuvo un breve y frustrado paso por la entonces Policía Federal Preventiva
(PFP), antecedente de la actual PF, al inicio del gobierno de Felipe Calderón y
bajo el mando de Genaro García Luna.
Durante
el primer semestre de 2007 fue director general de supervisión en la entonces
Secretaría de Seguridad Pública, de la que dependía la PFP y que fue absorbida
en esta administración por Gobernación. Su salida estuvo marcada por el caso de
una caravana de medio centenar de delincuentes que recorrió 200 kilómetros de
carretera entre Caborca y Cananea, Sonora, ante la pasividad de la PFP.
En
esa acción, los delincuentes desarmaron a un grupo de policías federales y
secuestraron y ejecutaron a 10 personas. La policía estatal fue la que
intervino para enfrentar a los delincuentes.
García
Luna ordenó el cese de los mandos de Seguridad Regional de la corporación,
entre ellos Zerón y Vidal Díazleal Ochoa, quien después se integró a la PGR,
donde Zerón lo designó jefe de la Policía Federal Ministerial. Hoy, Díazleal
está al frente de la AIC.
Otro
de los destituidos fue el responsable de Seguridad Regional de la PFP, Javier
Garza Palacios. Sin embargo, García Luna lo envió como agregado policial a
Colombia. De forma coincidente, ese mismo cargo lo ocupó en 2013 el ahora
comisionado general Castilla Craviotto cuando fue destituido como jefe de la
División de Seguridad Regional de la PF.
Después
de su salida en 2007 de la Policía Federal Preventiva, Zerón se incorporó a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el gobierno de Peña
Nieto. Ahí trabajó para Alfredo Castillo Cervantes, actual director de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Titulado
en administración industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Zerón
fue director y luego coordinador de Investigación y Análisis en la procuraduría
mexiquense. Cuando Peña llegó a la Presidencia lo designó al frente de la AIC,
que reemplazó a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En
la AIC, continuó con la operación del equipo de investigación y espionaje
adquirido en la administración de Peña Nieto; fue uno de los interlocutores con
los proveedores extranjeros de esa tecnología (Proceso 2019).
Como
titular de la AIC se fortaleció con la captura del Joaquín El Chapo Guzmán en
febrero de 2014, luego de que el capo estuvo prófugo 13 años, durante los dos
gobiernos del PAN. Pero su salida de la procuraduría quedó marcada en abril
pasado.
El
día 24 de ese mes, justo cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) dio a conocer su segundo informe sobre el caso Iguala y
pidió investigar a Zerón, reveló que la víspera de que fueran encontradas
bolsas de plástico con restos óseos en el afluente del río San Juan, en Cocula,
el funcionario participó en diligencias ministeriales que no figuran en la
averiguación previa.
Incluso
sus integrantes mostraron un video en el que a un costado del personal de la
PGR estaban bolsas “muy parecidas” a las que el 29 de octubre de 2014 fueron
sacadas del río San Juan por buzos de la Marina, en una de las cuales
encontraron los restos óseos del normalista Alexander Mora Venancio.
Carlos
Beristain, uno de los expertos independientes, aseguró que la PGR tiene
materiales que no ha integrado en el expediente.
Zerón
se tardó tres días en refutar, sin aclarar el cuestionamiento sobre las bolsas
ni por qué el video no se integró al expediente. Se limitó a señalar que las
actuaciones fueron totalmente transparentes y que forman parte de
investigaciones que se sustentan en un mandamiento ministerial. Esa fue la
última ocasión en que Zerón apareció públicamente como director de la AIC.
A
partir de entonces, la exigencia de los padres de los normalistas, apoyados por
los integrantes del GIEI, se acentuó: demandaron que Zerón fuera destituido de
su cargo y sancionado penalmente por las irregularidades cometidas en el caso
Ayotzinapa.
Pidieron
lo mismo para Sara Mónica Medina Alegría, incondicional de Tomás Zerón, quien
como coordinadora general de Servicios Periciales (CGSP) de la PGR fue la
responsable de la elaboración de los cuestionados peritajes contenidos en el
expediente del caso Iguala y que sirvieron para elaborar y sostener la “verdad
histórica” (Proceso 2033 y 2041).
Sin
embargo, la procuradora se decía atada. En reuniones con integrantes de la
Comisión de Justicia del Senado, reiteradamente se quejó de que Zerón le
ocultaba información: “¡Ayúdenme! Porque no lo puedo mover. No me informa. Se
manda solo”, confiaba a puerta cerrada.
Limpia
en la PGR
Tomás
Zerón se ocultaba. El 3 de junio, Gómez González dio a conocer la designación
de Jorge Alberto Zúñiga Malvárez como titular de la Coordinación General de
Servicios Periciales, en sustitución de la química Medina Alegría. Zúñiga
Malvárez, dijo, tiene una trayectoria de 10 años en la institución y se ha
desempeñado como perito en la materia de contabilidad.
Cinco
días después, el 8 de junio, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (DHPDSC) de la PGR, en la
presentación del informe del caso Iguala, aseguró que la Visitaduría General y
el Órgano Interno de Control de la PGR iniciaron desde el 27 de abril
investigaciones para determinar lo que “conforme a derecho” corresponda en
contra de Zerón.
Ese
mismo día, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, dijo que con la salida de
Alegría la PGR se inició el proceso de “limpia” de los funcionarios
involucrados en la investigación de la desaparición de los normalistas, aunque
indicó que faltaba fincarle responsabilidad penal. También sostuvo que la
titular de la dependencia les informó que continuaba la investigación de la
Visitaduría General contra Zerón.
Después
de dos meses, en una reunión efectuada el pasado 18 agosto, el entonces
visitador general de la PGR, Alejandro Chávez Flores, aseguró a los padres de
los normalistas que sí se encontró responsabilidad en Zerón, sólo que faltaba
investigar a los demás funcionarios involucrados.
El
desliz cometido por Chávez Flores al evidenciar a Zerón no se le perdonó. El 12
de septiembre la misma procuradora Gómez dio a conocer a Adriana Campos López
como la nueva visitadora general de la PGR. Al interior de la institución se
asegura que Chávez Flores se negó a manejar una “investigación a modo” para,
por instrucciones del presidente, exonerar al titular de la AIC.
La
protección se extendió a todo el equipo que apoyó a Zerón en la construcción de
la “verdad histórica”. En realidad, Medina Alegría nunca fue retirada de la
PGR, donde aún conserva su nivel. Fue nombrada titular de la Unidad de
Programación e Integración de Recursos para la procuraduría, con un sueldo de
161 mil 259 pesos al mes.
Desde
allí, de acuerdo con informantes de la propia dependencia, continúa manejando
el área de servicios periciales, en donde cuenta con personal que le es
incondicional.
Explican
que el sustituto de Zúñiga Malvárez es un funcionario puesto a modo de la
química Medina Alegría. Se trata de un contador público, por lo que su
conocimiento se concreta a peritajes de documentos cuestionados (falsificación)
y carece de conocimientos en medicina, criminalística, siniestros,
antropología, balística, genética y química. Su desconocimiento lo coloca en
posición vulnerable.
Otro
de ellos es Gildardo Cruz Velasco, director general de laboratorio de
Criminalística, quien tiene a su cargo a personal afín a Medina Alegría y a
Zerón, como Rosa Elia Luna Fuentes, directora de Especialidades
Criminalísticas; Martha Acela Valdez González, directora de Biología Molecular;
Jorge Franco Rodríguez, director de Análisis Conductual, y Eduardo Sánchez
Ruiz, director de Identificación Forense, precisan.
Entre
el personal incondicional dentro de la coordinación las fuentes consultadas
también identificaron a Francisco Escobar Valdez, actualmente coordinador de
asesores y quien durante la investigación del caso Ayotzinapa estaba a cargo de
la Dirección General de Especialidades Médico Forenses. Escobar Valdez tenía a
su mando a Inés Retana López, director de Especialidades Médicas, quien operó
los dictámenes de antropología, medicina, odontología y psicología del caso.
Además,
mencionan a Héctor Enrique Osorno Magaña, director general de Ingenierías
Forenses, quien opera a través de Óscar Manuel Lira Arteaga, director de
Ingenierías y Telecomunicaciones en Materia Forense, así como a Javier López
Santiago, subdirector de Siniestros.
Al
mando de Osorno Magaña están Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos,
los peritos en incendios y explosiones que firmaron los peritajes que avalan la
“verdad histórica”, aunque en la versión pública del expediente no existe un
dictamen técnico pericial que la avale.
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