Abiertas
ocho denuncias penales por mal uso de recursos en el gobierno de Malova
Nota de Miriam Ramírez
Rio Doce, 31 octubre, 2016
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) desmintió al gobierno de Sinaloa, al
confirmar que existen ocho denuncias penales ante la Procuraduría General de la
República (PGR) por el mal uso de recursos federales durante la administración
de Mario López Valdez.
La
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (¿Víctor Manuel Andrade Martínez?) detalló
que cada uno de los procesos penales se encuentran abiertos y en proceso de
deslindar responsabilidades. Enfatizó que hasta el momento, ninguna denuncia
penal de las que enfrenta el gobierno de Sinaloa ha concluido, como lo alega
mediáticamente la administración de López Valdez.
En
días recientes, la ASF actualizó el resumen de las denuncias penales
correspondientes a las cuentas públicas de 1998 a 2014, con fecha de corte al 30
de septiembre del año en curso. Ahí se enlistan denuncias contra los gobiernos
de 24 entidades, entre ellas las ocho denuncias de Sinaloa.
Por
medio de una asesoría técnica, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF atendió
a Ríodoce vía telefónica y a través de correos electrónicos. La respuesta fue
puntual:
“Se
debe precisar que las ocho denuncias penales están debidamente presentadas ante
la PGR, sobre las cuales corresponderá a la propia PGR determinar lo
conducente”.
—Entonces,
para precisar ¿ninguna de las ocho denuncias está concluida?
—Están
en seguimiento, en ninguna se ha dictado acción penal porque están en
seguimiento. Siguen abiertas.
Las
denuncias
Fue
en el segundo año de gobierno de López Valdez, con Francisco Frías Castro como
titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, cuando se realizaron
transferencias millonarias de recursos de la educación hacia cuentas pagadoras
estatales de un año anterior. Del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB) 2012 se tomaron 509 millones 913 mil pesos y se
transfirieron a cuentas estatales para saldar deudas de 2011.
La
ASF consideró que se dañó a la Hacienda Pública Federal y le exigió al gobierno
de Mario López Valdez que reintegrara los recursos a la cuenta del FAEB, más
los intereses generados, y además le pidió que presentara evidencias del por
qué se realizó el movimiento.
Por
esta irregularidad, el 26 de agosto de 2014 la ASF presentó la denuncia de
hechos ante la PGR por desvío de recursos.
También
en 2012, en la Secretaría de Salud de Sinaloa, a cargo de Ernesto Echeverría
Aispuro, se detectaron irregularidades en pagos a trabajadores, los cuales
derivaron en dos denuncias penales contra funcionarios públicos del gobierno
malovista.
Con
recursos para el funcionamiento del programa federal Seguro Popular, la
Secretaría de Salud de Sinaloa pagó el sueldo a dos servidores públicos
comisionados al Sindicato de Trabajadores de la Salud, un área que no está
autorizada para pagarse con los recursos del Seguro Popular, debido a que los
comisionados sindicalizados no prestan atención directa a los beneficiarios del
programa federal.
Las
tres restantes corresponden a la simulación de reintegros y son las denuncias
más recientes que la ASF presentó a finales de 2015.
Gobierno
en negación
Con
un documento oficial frente a él, en el que se enlistan las ocho denuncias penales
que ha interpuesto la ASF, el titular de la Unidad de Transparencia y Rendición
de Cuentas (UTYRC) del Gobierno de Sinaloa se negó a aceptar su existencia.
A
pesar de que el documento fue elaborado por la ASF y es de acceso público en el
portal web de la dependencia federal, el funcionario estatal se refirió a las
denuncias penales como “supuestos”.
Y
durante veinte minutos de una entrevista en su despacho, cada vez que habló de
las denuncias, Humberto Villasana Falcón utilizó la frase “las supuestas
denuncias”.
El
funcionario que arribó a la UTyRC a principios de este año, defendió que las
denuncias penales son contra personas físicas y no contra el gobierno estatal
por lo que su dependencia no conoce de ellas.
“Cuando
se trata de una denuncia penal va dirigida a la persona física, no al servidor
público, es por ello que sale del ámbito o de la competencia del gobierno del
Estado de Sinaloa porque va dirigida a la persona. Con esto quiero decir que
desde el momento que es presentada, si fuera el caso, gobierno de Sinaloa es
probable que ni siquiera se entere”, enfatizó.
Y
agregó “Aunque en algunos informes aparezca que hay denuncias, o en algunos
medios se diga que hay denuncias en contra del gobierno del Estado, debemos
recordar que esas denuncias penales no son en contra de gobierno, son en contra
de servidores o ex servidores, en contra de personas físicas, no una
administración”.
—¿La
Unidad de Transparencia no reconoce estas denuncias?
—No
tenemos conocimiento de ellas. O sea, a la Unidad no se le informa cada que se
presenta una denuncia penal, no nos llega ninguna notificación.
—¿Pero
si se les informa sobre los procesos de sanción?
—Esa
es otra vertiente, la vertiente administrativa, de esa sí nos llegan
notificaciones e incluso solicitudes de apoyo. De las observaciones sí tenemos
conocimiento, del proceso de solventación claro que tenemos que conocimiento y
tenemos e injerencia, cuando de ahí se deriva una denuncia penal no tenemos
conocimiento.
—Porque
hay una denuncia por un movimiento de 509 millones de pesos del FAEB, hablando
de una cantidad de esta magnitud, ¿no tienen conocimiento?
—De
esa observación del FAEB (509 millones de pesos) sigue en proceso de
solventación y es muy probable que lo solventemos y que nos llegue la
solventación en 15 días aproximadamente, sí estamos en posibilidades de
solventarlo. Lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es trabajar hasta el último
momento para solventar todo el tipo de observaciones. Yo no me puedo desanimar
porque existe el rumor o en medios se ha estado ventilando que existen
denuncias.
—Pero
no es rumor, hay documentos oficiales.
—Pero
no por eso nos vamos a desanimar. Yo tengo que seguir trabajando y más
importante aún, suponiendo sin conceder que existe una denuncia penal, si
solventamos, si subsanamos, la ASF se desiste de la denuncia inmediatamente.
—Pero
hasta el momento no ha desistido de ninguna de estas ocho denuncias.
—Eso
no lo sabría. Lo que pasa dentro del proceso de la observación si tenemos
conocimiento, si de ello deriva una acción penal no tenemos conocimiento. Yo no
sabría decirte en contra de quien fue presentada una denuncia o en qué proceso
está.
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