Columna Solo para iniciados/ Juan Bustillos
Por
Juan Bustillos, Impacto, noviembre 6, 2016
A este dúo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló, el 23 de
agosto pasado, la concesión del ferrocarril conocido como ‘La Bestia’
Lo que toca investigar, ahora, a los nuevos responsables de la PGR es si el
contrato entre ex servidores públicos del calderonismo y Paulo DÍez incluyó
montar los equipos de espionaje inexistentes en la oficina del titular de la SCT
Un
nuevo giro, escandaloso, al estilo del empresario defraudador Pedro Topete y su
abogado, socio y publirrelacionista, Paulo Díez, involucró la credibilidad del
periódico Reforma en el conflicto que mantienen con el secretario de
Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, por la autopista “Los Remedios-Ecatepec”
y la cancelación de la concesión del ferrocarril conocido como “La Bestia”.
DE
RUTINA ESPIAR EN SCT
La
aclaración de la SCT a Reforma deja en ridículo al prestigioso diario y la
percepción de que las oficinas de Ruiz Esparza son inexpugnables.
En
el sexenio pasado ocurrió un hecho escandaloso y peligroso porque el Presidente
Felipe Calderón estuvo a punto de recibir de manos de la Subsecretaria de
Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, un disco compacto conteniendo
grabaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal y que supuestamente probaban
la corrupción del secretario Luis Téllez.
La
información de entonces fue difundida, profusamente, por IMPACTO a partir de lo
confiado por las dos partes en conflicto, Carpinteyro y Téllez. El secretario
me dijo, recuerdo: “Purificación me espiaba”.
En
realidad, Carpinteyro recibió el disco del ex presidente de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, a través del chofer de la Subsecretaria,
que acudió a un café Starbucks a recibir el sobre que lo contenía.
A
su vez, Purificación entregó el disco a Calderón en Los Pinos, en una reunión
que sostenía con varios miembros del gabinete, entre ellos el secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont. Este, a su vez, dio las grabaciones al
procurador general de la República para evitar que el mandatario tuviese en sus
manos el producto de un delito.
Como
salta a la vista, no es tan difícil mantener sometido a vigilancia a un secretario
de Comunicaciones. De hecho, le ha ocurrido, sistemáticamente, a Ruiz Esparza.
Supongo
que ni el “Staff” de Reforma ni la PGR de Raúl Cervantes dejarán el tema en
mera anécdota, como no ocurrió cuando Purificación Carpinteyro debió acudir
ante un juez a responder por la denuncia de Téllez. Sus fotos en Tribunales,
antes de declarar, son monumentales. No obstante, no se puede hacer mucho si
Ruiz Esparza niega que ocurrió lo que funcionarios de la Contraloría Interna de
la SCT filtraron al periódico.
Hay
antecedentes suficientes para conceder verosimilitud a la información obtenida
por los reporteros del diario.
Hasta
donde es posible especular, las pistas de lo que puede considerarse, desde
ahora, como el caso más grave de espionaje en contra del gobierno mexicano, si
ocurrió, apuntaría, de necesidad, hacia Paulo Díez, el representante legal de
la empresa Infraiber y socio de Pedro Topete, a quienes la SCT canceló, el 23
de agosto pasado, la concesión del ferrocarril conocido como “La Bestia”.
Ambos
personajes han difundido, entre el 21 de abril de 2015 y el 15 de junio de
2016, una serie de llamadas telefónicas, obtenidas mediante espionaje, de
funcionarios públicos con empleados de la empresa española OHL, que incluye una
conversación en la que aparece la voz del secretario Ruiz Esparza.
La
grabación corresponde a una llamada entre el funcionario federal y el directivo
de OHL Pablo Wallentin, realizada a principios del mes de abril de 2015 y
obtenida, ilegalmente, por medio de aparatos de espionaje. Fue difundida, el 7
de septiembre siguiente, como parte de una bien planteada estrategia de
desgaste mediático de la imagen del gobierno y de la empresa española.
En
el audio, visiblemente editado, se escucha a Ruiz Esparza comentar sobre el
resultado de un encuentro sostenido entre el Presidente Peña Nieto y directivos
del más alto nivel de OHL, lo que sirvió a efectos de la campaña negra
mediática desatada por Paulo Díez y Pedro Topete contra la compañía española.
Por
aquellos audios, 15 en total, directivos y empleados de Obrascón Huarte y Laín
S. A., en México presentaron puntual denuncia en contra de quienes impulsaron
la difusión ilegal de las conversaciones telefónicas; a consecuencia, Paulo
Díez se encuentra sujeto a proceso por un juez penal que realiza las
investigaciones pertinentes.
ATANDO
CABOS
Las
pruebas recolectadas por la PGR en un cateo a la empresa Infraiber, luego de la
denuncia presentada por empleados de OHL, serían de mucha utilidad para
discernir si el equipo tecnológico que según Ruiz Esparza no se descubrió en
sus oficinas es similar al que permitió captar algunas de las grabaciones
ilegales que difundió la dupla Díez-Topete en YouTube a través de una cuenta
anónima.
Según
investigaciones de IMPACTO, La Revista,
al año de que perdieron un contrato valuado en 4 mil millones de pesos para
auditar el flujo de vehículos en autopistas del Estado de México, obtenido,
graciosamente, sin concurso previo y con una empresa constituida apenas 3 meses
antes, el dueño de Infraiber y su vocero mediático habrían activado una serie
de contactos con ex servidores públicos del área de Seguridad Nacional en el
gobierno de Felipe Calderón y llegaron a un arreglo para armar una red de
espionaje enfocada, primeramente, a la empresa española y, luego, al propio
gobierno mexicano.
Después
de resolver cuestiones de logística económica, que para efectos de querer recuperar
un contrato multimillonario era lo de menos, Topete y Díez lograron algo que
los catapultó a las primeras planas de los periódicos, que les abrió mayores
espacios en páginas de noticias digitales, en la radio y en la televisión:
Información que se vende como pan caliente y que, además, puede ser editada y
manipulada.
Las
grabaciones fueron filtradas a medios de comunicación, aliados o
antigobiernistas, quienes las validaron sin reparar en los “saltos” de las
voces que, según todos los expertos, confirman que se trata de materiales
manipulados.
Para
amarrar las negociaciones con su proveedor de espionaje, Paulo Díez se
entrevistó con un personaje llamado José Carreto Ortega en el Starbucks de
Polanco el 20 de abril de 2014. En ese encuentro, el representante legal y
socio de Pedro Topete le dio el nombre del “blanco” al operador de Genaro
García Luna, el ex poderoso secretario de Seguridad Pública durante el gobierno
de Calderón.
Según
testimonios periodísticos recabados de fuentes bien informadas, Carreto Ortega
hizo anotaciones en una libretita color café para consultarlas después con su
jefe. En realidad, el nombre que anotó Carreto Ortega no era el de una persona;
era de una empresa: OHL.
EL
FACTOR GARCÍA LUNA
¿Quién
es José Carreto Ortega? Fue subalterno de García Luna en la AFI; es su socio en
la empresa que aquel creó en Estados Unidos a la salida del gobierno y es,
además, el responsable de la oficina que la empresa International
ConsultingIntelligence and Technology (ICIT)
tiene en Toluca, Estado de México.
La
empresa ICIT es propiedad de otro de los socios del ex secretario de Seguridad
Pública Mauricio Samuel Weinberg, uno de los “empresarios de seguridad” de
confianza en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón a través de las
empresas Teletron LTD, el propio Grupo ICIT y Gull de México.
Reportes
publicados en prensa revelan que la amistad de Weinberg con García Luna es tal que ICIT Security Group
Holding LLC fue creada en Miami, Florida, el mismo día y en la misma dirección
que una de las empresas familiares de García Luna, y comparten otra
coincidencia: El agente registrador, Daniel DÍaz Sarmiento.
Semanas
después, por medio de un teléfono encriptado que le fue entregado a Paulo Díez,
éste recibió una llamada. Su interlocutor sólo le dijo “Vamos para adelante”.
La operación para la intervención telefónica de ejecutivos de Obrascón Huarte y
Laín S. A. de C.V., ya estaba en marcha. Fue el 14 de mayo de 2014.
Lo
que toca investigar, ahora, a los nuevos responsables de la PGR es si el
contrato entre ex servidores públicos del calderonismo y Paulo Díez incluyó
montar los equipos de espionaje inexistentes en la oficina del titular de la SCT.
Habrá
que esperar el siguiente episodio de esta serie que podría llamarse “Espías con
espuelas en conflicto” porque desechado el absurdo de que Reforma entrara al
juego de Topete y Díez, el “Staff”, formado por Lázaro Ríos y René Delgado,
tiene presente la máxima de Manuel Buendía: Todo periodista que se precie de
serlo es como un buen pistolero que jamás dispara todos los tiros en el primer
jalón del gatillo; siempre se guarda los que suelen ser letales.
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