JESUSA
CERVANTES
Revista Proceso #2091, 2016-11-26
En
sólo dos reuniones con funcionarios federales, realizadas el 4 de julio y el 27
de septiembre, el clero católico doblegó al Ejecutivo e hizo naufragar la iniciativa
presidencial sobre los matrimonios igualitarios, que tanto emocionó a la
comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e
intersexual. Luego entró en escena la maquinaria del PRI en San Lázaro para
evitar que el tema se discutiera en el pleno. La propuesta quedó sepultada el
martes 8. Documentos a los que este semanario tuvo acceso exhiben las
estrategias de presión del alto clero católico en el asunto.
Cinco
meses y dos encuentros furtivos bastaron para que la jerarquía católica doblara
al presidente Enrique Peña Nieto y al segundo hombre más fuerte del país,
Miguel Ángel Osorio Chong, quienes, atribulados por el movimiento magisterial,
la presión del empresariado y la debacle electoral, decidieron no sólo
“congelar”, sino “sepultar” en el Congreso de la Unión la iniciativa de
matrimonios igualitarios.
La
lógica fue no abrir más frentes y pactar. Y aunque el andamiaje legislativo ya
estaba en curso para avalar la iniciativa presentada el 17 de mayo por el
presidente Enrique Peña Nieto ante la comunidad lésbico, gay, bisexual,
travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI), el PRI operó en la
Cámara de Diputados para evitar la votación en el pleno.
En
el camino cometió errores que evidencian sometimiento del Poder Legislativo al
Ejecutivo, sostienen diputados federales del PRD y del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena); incluso muestran documentos según los cuales
las “opiniones a favor” se modificaron cuatro días más tarde a “opiniones en
contra” para enterrar la iniciativa presidencial.
El
especialista en temas eclesiásticos Bernardo Barranco habla del “acuerdo” entre
Peña Nieto y Osorio Chong con la jerarquía católica para congelar en San Lázaro
la propuesta que legitima el matrimonio igualitario en el ámbito federal.
Pero
ante la falta de confianza en el gobierno federal y para evitar una traición de
éste, la jerarquía católica se reunió en una segunda ocasión con autoridades
federales –el encuentro se efectuó el 27 de septiembre con Osorio Chong–. Su
demanda fue no sólo que se congelara la iniciativa, sino tener la certeza de
que no habría “un albazo” en la Cámara de Diputados, según revelan las tarjetas
informativas del alto clero consultadas por Proceso.
De
ahí que el PRI, poco antes de iniciar el periodo ordinario de sesiones
septiembre-diciembre, se refiriera a la iniciativa presidencial como un tema no
prioritario, y en un segundo momento, el 4 de noviembre, sacara inopinadamente
del cajón de la “congeladora” el documento para votar en contra cinco días
después en la Comisión de Puntos Constitucionales. Con ello el partido de Peña
Nieto evitó que la discusión llegara al Pleno de San Lázaro.
El
pacto
El
16 de mayo último diversas agrupaciones de la comunidad LGBTTTI recibieron
llamadas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para
invitarlos a Los Pinos a un encuentro privado con el presidente Peña Nieto el
siguiente día. Al llegar a la residencia oficial, los convocados se percataron
de que era un evento público y se sorprendieron por la presentación de la
iniciativa de su anfitrión, que legitima los matrimonios igualitarios (Proceso
2082).
Sin
embargo, el mismo 17 de mayo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
emitió un comunicado para decir que “es prioritario evitar toda discriminación”
y “la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta
estabilidad”. Y también marcó límites: “Las uniones de hecho o entre personas
del mismo sexo no pueden equiparase sin más al matrimonio”.
Antes
de las elecciones locales del 5 de junio, los obispos de Veracruz emitieron un
mensaje a sus feligreses en el que sostienen: “La sociedad requiere de
gobernantes y legisladores que se comprometan seriamente para proteger la vida
de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, que se
defiendan y garanticen los derechos humanos en el amplio abanico de las etapas
de la vida…”
El
PRI perdió Veracruz y Aguascalientes, por lo que impugnó los resultados ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando intromisión
del clero en el proceso. Finalmente, la autoridad electoral desechó la
impugnación y ratificó el triunfo del PAN en ambas entidades.
Francisco
Labastida, excandidato presidencial y exsecretario de Gobernación, dijo en
entrevista con Radio Fórmula que la citada iniciativa fue “causa principal” de
la derrota de su partido y culpó directamente al secretario Osorio Chong.
Bernardo
Barranco considera que esa derrota fue una de las motivaciones de Peña Nieto
para dar marcha atrás en su iniciativa.
“Cuando
la anunció –dice a Proceso–, Peña no imaginó la oposición que iba a levantar ni
midió el disgusto en la jerarquía católica. Incluso el vocero de la
Arquidiócesis de México, el padre Hugo Valdemar, calificó a Peña de ‘alta
traición’, de no acatar el acuerdo que había con la Iglesia católica sobre todo
después de la visita del Papa Francisco.
“Luego
la jerarquía católica hace alianza con grupos del Yunque y la ultraderecha
–ellos son los que manejan el Frente Nacional por la Familia–, y el gobierno de
Peña, tras el revés electoral, pactó con la jerarquía, comprometiéndose a que
la iniciativa se va a congelar.”
El
gobierno de Peña Nieto no quiere abrir más frentes en su contra, insiste
Barranco. “El presidente estaba muy atribulado. Tenía en contra a los
empresarios, tensiones con los maestros, por lo que entre junio y julio pactó
con la Iglesia. Le dijo que no prosperarán los matrimonios igualitarios”.
Su
versión es similar a la de las tarjetas informativas de la jerarquía católica
consultadas por la reportera. En ellas se afirma que el 4 de julio Peña Nieto
se reunió en privado con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado
Mexicano y se comprometió a dar marcha atrás en su propia iniciativa.
De
la congeladora a la anulación
A
partir de entonces todo se complicó para la comunidad LGBTTTI. De las grandes
posibilidades para que se reconociera el matrimonio igualitario, el asunto
quedó en la congeladora parlamentaria.
El
11 de agosto, previamente al reinicio de las sesiones ordinarias el coordinador
parlamentario del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, dijo que los
matrimonios igualitarios no eran un asunto prioritario. Su homólogo en el
Senado, Emilio Gamboa Patrón, hizo lo propio el día 23: “Hoy en el país no es
un tema prioritario y no es un tema que esté presionando la sociedad de México
para sacarlo adelante”.
En
tanto, la CEM seguía ejerciendo presión: el 12 de agosto convocó a sus
sacerdotes y obispos a promover y llamar a las marchas contra el matrimonio
igualitario a las que convocó el Frente Nacional por la Familia (FNF).
Ese
mismo día y el 25 de agosto el frente realizó grandes movilizaciones. La
primera activó a grupos conservadores de varios estados; la segunda se
concentró en la Ciudad de México. La comunidad LGBTTTI también salió a las
calles.
Según
Barranco, la jerarquía católica cometió un error al respaldar a una agrupación
de ultraderecha, por lo que intentó desmarcarse de ella. El 25 de agosto
incluso emitió un tercer comunicado para señalar: “al no ser los obispos los
organizadores de la actividad, deseamos felicitar a quienes, encabezando este
esfuerzo, le brindan a la sociedad una magnífica oportunidad para unirse más
allá de sus creencias religiosas”.
La
arquidiócesis que encabeza Norberto Rivera también emitió un comunicado para
decir que sus sacerdotes no organizaban las marchas, aunque sí les daban su
apoyo.
Barranco
insiste: no fueron las marchas, ni la derrota electoral del PRI el 5 de junio,
ni las amenazas de posibles movilizaciones para 2018 lo que frenó la
iniciativa; la primera señal de distensión fue en Los Pinos, cuando la CEM y la
arquidiócesis se desmarcaron del FNF.
El
1 de septiembre, cuando arrancó el periodo de sesiones en San Lázaro, la
iniciativa ya estaba en la Comisión de Derechos Humanos para su opinión, y en
Puntos Constitucionales para ser votada. Ello generó focos rojos para el FNF,
cuyos representantes entregaron una contrarreforma bajo la figura de
“iniciativa popular”.
Del
aval del PRI
a
la negativa en “fast track”
En
San Lázaro los diputados de Morena y el PRD habían hecho suya la iniciativa,
pero el PRI y sus aliados del PAN, PES, Panal y PVEM maniobraron para desterrar
el debate. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió
con los jerarcas católicos para hacer lo propio.
Según
las tarjetas informativas del clero, el 27 de septiembre Osorio Chong y el
subsecretario para Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, se reunieron
para abordar tres asuntos: los matrimonios igualitarios, la llegada del nuevo
nuncio apostólico y la inseguridad.
En
ese encuentro los religiosos manifestaron su temor de un albazo en la Cámara de
Diputados y en el Senado, por lo que exigieron a su interlocutor que se votara
en contra de la iniciativa presidencial.
Y
el PRI comenzó a actuar. Evitó analizar la iniciativa en la Comisión de
Derechos Humanos, presidida por Armando Luna Canales, quien omitió incluir el
tema en la agenda en las reuniones de septiembre y octubre.
De
acuerdo con el procedimiento legislativo, desde el 18 de mayo se había turnado
a Puntos Constitucionales para su dictamen, previa opinión de la Comisión de
Derechos Humanos. Una vez votado el dictamen, se pasaría al pleno para su
votación final. Por ser una iniciativa presidencial, al principio se pensó que
sería avalada.
Luego
de la reunión del 27 de septiembre en Gobernación, en la que participaron el
presidente de la Conferencia del Episcopado, el cardenal Francisco Robles; el
vicepresidente y obispo de Zamora, Javier Narro; el obispo auxiliar de Monterrey,
Alfonso Miranda; el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias; el de Zacatecas,
Sigfrido Noriega, y el de Cuernavaca, Ramón Castro, la Cámara de Diputados dejó
descansar el tema en octubre.
Pero
el asunto se reactivó el pasado viernes 4, cuando Luna Canales convocó a sesión
para votar la opinión que su secretario técnico, el también priista Rafael
Sifuentes Barba, había elaborado “en sentido positivo”.
El
documento de 44 cuartillas alude a la argumentación de la iniciativa de Peña
Nieto, la alaba en todo momento y expresa: “Esta comisión opinante externa su
plena coincidencia y apego con los planteamientos e ideas expuestos a lo largo
de la presente opinión y, al mismo tiempo, hace propios dichos contenidos para
efectos de sustentar el presente documento”.
La
cita para aprobar la “opinión favorable” estaba programada para el martes 8;
sin embargo, el PRI no se presentó, por lo que se evitó la discusión.
El
diputado de Morena Cuitláhuac García Jiménez, integrante de la Comisión de
Derechos Humanos, relata: “El PRI dejó que pasara el tiempo –septiembre y
octubre– para no discutir el tema”.
El
mismo martes, la mayoría de los legisladores del PRI no llegó; los que sí
asistieron se fueron para evitar que hubiera quórum para discutir. La diputada
del PES se molestó y reclamó al diputado Luna Canales por qué dejó ir a sus
correligionarios.
En
la reunión había sólo seis diputados, pero se requerían 16 para iniciar. Cuando
se pasó lista, algunos diputados priistas firmaron, pero se retiraron, detalla
García Hernández, y lamenta que “se haya convocado tardíamente e incluso se
jugara con el tema”.
Ese
día, dice, el PRI emitió una opinión favorable, de respaldo a la iniciativa de
Peña Nieto, pero luego mandó otra convocatoria y un documento de “opinión en
sentido negativo”.
Cuando
uno de los diputados cuestionó a Luna Canales por la posición cambiante, él le
respondió: “Si quieres te escucho aquí entre amigos, pero nada quedará asentado
en el acta porque no hubo quórum para instalar la comisión”.
El
segundo documento enviado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos
–de sólo 17 cuartillas– se escudaba en el federalismo: “Aprobar la iniciativa
en los términos presentados implicaría desconocer la facultad que tiene cada
Congreso local para legislar soberanamente lo concerniente a la celebración de
matrimonios dentro de su territorio”.
En
otro párrafo establecía: “Imponer desde este Congreso, sin previa atribución
general expresa en tal materia, conllevaría a sujetar a las entidades
federativas a una previsión no contemplada, todavía, en el texto de la Ley
Suprema”.
Al
siguiente día, el miércoles 9, la Comisión de Puntos Constitucionales que
encabeza el perredista Guadalupe Acosta Naranjo emitió un dictamen favorable.
Sin embargo, el PRI y sus aliados del PAN, PES, Panal y PVEM lo echaron abajo
por 19 votos contra seis.
El
perredista Omar Ortega, integrante de dicha comisión, comentó que se trató de
una imposición del PRI. “Fue la línea que les impusieron”. Para corroborar la
votación, el propio coordinador, sin ser parte de la comisión, asistió a ella.
En
la reunión con representantes de la jerarquía católica, Osorio Chong les
advirtió: la iniciativa “debe ser votada”, pues la maquinaria legislativa no
podía omitirla. No obstante, el PRI encontró una salida: frenarla en
comisiones, votando en contra. Eso evitó que llegara al pleno. Y quedó
sepultada, como pedía el clero.
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