Palabras del DR. Alberto Javier Olvera Rivera, invitado permanente de la sociedad civil a la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Palacio Nacional, a 20 de diciembre de 2016
Buenas tardes.
Señoras y señores funcionarios electos y designados, Y colegas invitados permanentes de la sociedad civil:
Ésta es la segunda y última vez que haré uso de la palabra en esta instancia, dado que se vence mi periodo, y uso la ocasión para compartir con ustedes mi profunda preocupación por el estado que guarda, no sólo el sistema de justicia y seguridad, sino la salud misma del Estado mexicano.
En efecto, después de tener varias reuniones de este Consejo, de estudiar los documentos que ha producido y de investigar académicamente el tema, he llegado a la convicción de que los graves problemas que atraviesa nuestro país en estas materias no tienen sus causas últimas en déficit técnicos legales e institucionales específicos, sino en el propio sistema político.
Permítanme explicarle. Hace 10 años yo inicio la infausta guerra contra las drogas, pero también un ciclo de reformas de las instituciones de seguridad y justicia.
En este periodo se han logrado importantes avances legales e institucionales, se han realizado diagnósticos precisos de los problemas a enfrentar y acordado soluciones a los mismos, sin que se hayan logrado cambios sustantivos en el desempeño institucional, ni detener la oleada de violencia criminal, ni evitar violaciones a los derechos humanos.
Las policías locales, estatales y federal no han podido ser profesionalizadas plenamente, a pesar de las inversiones en capacitación y equipo que se han impulsado desde este mismo consejo.
Hace sólo unos días, la red nacional por la seguridad, una red civil, emitió una nueva petición para que se lleve a cabo una reforma integral de las policías del país, antes de aprobar una ley de seguridad interior.
En materia de implementación de la Reforma Penal, observamos que el país experimenta una simulación legal e institucional en gran escala, que en la práctica ha obstaculizado aún más el acceso a la justicia, en vez de facilitarla.
Tanto las policías como los agentes del Ministerio Público prefieren evitar que se inicien carpetas de investigación ante la certeza de que las exigencias técnicas de la reforma rebasan sus capacidades reales, dada la falta de capacitación, equipo, personal y liderazgo moral.
Áreas esenciales de la reforma, como las unidades de atención temprana y mecanismos alternativos, las defensorías públicas y las instancias de ejecución de sentencias, entre otras, están en pañales.
Los penales del país siguen siendo, como todos sabemos, una desgracia nacional, al igual que la precaria justicia para adolescentes.
Incluso la prevención de la violencia ha sido dejada sin presupuesto para el año próximo.
La crisis de los desparecidos está lejos de ser resuelta, dada la ausencia de respuestas políticas, técnicas y legales apropiadas a la magnitud de la tragedia.
Los Tribunales Superiores de Justicia del país carecen en su mayor parte de la autonomía política y de la autoridad moral para cumplir sus funciones, como el caso reciente de Jalisco lo ha demostrado.
Tenemos que preguntarnos en qué hemos fallado.
Los errores no vienen de carencias de diagnóstico, ni de escasez de propuestas.
Todos sabemos lo que hay que hacer y si no se hace o no se hace bien, es porque la mayoría de los políticos han considerado que no les es rentable la inversión en el sistema de justicia, pues piensan que no da votos o por lo menos pensaban hasta hace poco.
Mientras que una aplicación efectiva de las reformas implica la pérdida de su control sobre las instancias de seguridad y justicia, las cuales han usado para impulsar o proteger sus propias carreras.
Un ejemplo extremo de los efectos de esta actitud son los escándalos recientes de corrupción, cuya magnitud escandaliza al país y al mundo, y demuestran el colapso moral de una parte de la clase política. Vengo de un estado de Veracruz, donde el gobierno anterior incurrió precisamente en estos problemas.
La corrupción es un factor sistémico incompatible con el Estado de derecho, que no tolera más la ciudadanía.
Es por ello que invito a los miembros de este Consejo a que reconozcamos que vivimos una crisis de régimen y no sólo una crisis de inseguridad y justicia. Ésta última es consecuencia de la primera.
Mientras no se modifiquen las reglas informales, que obligan a los distintos sectores de la clase política a acumular recursos a como dé lugar para financiar la competencia electoral y a satisfacer clientelas a cualquier costo con los mismos fines, el país no podrá crear un verdadero Estado de Derecho.
El primer paso en esta dirección será impedir que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones estatales futuras, se vean colonizados por intereses políticos como lamentablemente ha sucedido con algunas instituciones del campo electoral y de la transparencia y acceso a la información, lo cual ha mermado su legitimidad.
Será necesario crear una Fiscalía Nacional verdaderamente autónoma y hacer lo propio en los estados del país.
Es igualmente imprescindible que procedamos a una reforma integral de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, que constituyen el último reducto intocado del viejo régimen del Siglo XX.
Hay que impulsar en serio la reforma de la justicia y abrir ese proceso a la vigilancia y verdadera colaboración con la sociedad civil.
Y, ante todo, será necesario que se aplique realmente la legislación electoral en materia de financiamiento, hasta hoy burlada en múltiples formas.
En síntesis. La crisis de seguridad y justicia sólo puede resolverse mediante una reforma política profunda, que conduzca al desarrollo de un verdadero Estado de Derecho.
Muchas gracias.
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