Palabras del doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado de San Luis Potosí y Vocal Permanente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Palacio Nacional a 20 de diciembre de 2016
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.
Señor Secretario de Gobernación, señores Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.
Señora y señores representantes de los Poderes Judicial y Legislativo.
Señor Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; señor Comisionado Nacional de Seguridad Pública; señor Procurador General de la República; señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señora Gobernadora y señores Gobernadores.
Señores representantes de la sociedad civil.
Para consolidar una política integral de prevención social de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana, acorde a lo establecido en el programa nacional en la materia, es necesario la creación de mecanismos que permitan la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y el impulso a la participación activa de la ciudadanía.
Bajo esta premisa, los Centros Estatales de Prevención Social son un elemento central en este esfuerzo del Estado, al constituirse en las áreas especializadas en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención.
Por ese motivo, en la pasada Sesión Ordinaria de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto del 2016, se acordó la elaboración de un diagnóstico de los Centros Estatales de Prevención Social con miras a construir un modelo homologado para su operación y funcionamiento.
Durante este tiempo, en coordinación con el Programa Juntos por la Prevención de la Violencia, de USAID (https://www.usaid.gov/es/mexico)
, se trabajó en un proyecto encaminado a definir un modelo homologado para la operación y funcionamiento de los centros con la posibilidad de adecuar su implementación a las necesidades que actualmente tienen las entidades federativas y los municipios del país.
Dentro de este modelo homologado destaca la importancia de capacitar a más de mil 500 servidores públicos, que laboran en programas de prevención del delito a nivel estatal y municipal.
Consideramos que ésta debe de ser la prioridad para el 2017, así como la focalización de acciones en materia de prevención con el propósito de evitar dispersión de recursos y esfuerzos y obtener entre todos mejores resultados.
No debemos olvidar que el objetivo es promover una cultura de prevención de la violencia y la delincuencia, a través del diseño e implementación de estrategias, encaminadas a la construcción de comunidades seguras con calidad de vida, convivencia pacífica, cohesión social, respeto a los derechos humanos y equidad de género, en las distintas localidades de cada entidad federativa.
En este mismo sentido, además de la consolidación del modelo homologado referido, quiero destacar también la necesidad de la integración de las Comisiones Ciudadanas de evaluación y apoyo a la prevención social de la violencia y la delincuencia, de conformidad al Acuerdo número 5, aprobado por este Consejo Nacional, referente a la necesidad de conformación de grupos colegiados para supervisar y evaluar los programas de prevención social.
Para alcanzar este objetivo, tenemos conocimiento que se han suscrito ya convenios entre la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y el Consejo Coordinador Empresarial.
Conforme a lo acordado por los miembros del Consejo, la integración y operación de estas Comisiones Ciudadanas deberán de seguir los siguientes lineamientos:
Primero. Se establecerá una Comisión por cada entidad federativa, hecho que deberá de quedar entre febrero y marzo de 2017.
Las Comisiones tendrán como finalidad evaluar el diseño e implementación de los programas de prevención social, que sean financiados con recursos públicos y apoyar, asimismo, la gestión la política de prevención social en los 32 estados de la República.
Cada Comisión va a estar integrada por tres representantes de la academia, tres representantes del sector privado y tres representantes de organizaciones de sociedad civil.
Las Comisiones tendrán entre sus facultades: la canalización de quejas ciudadanas, el apoyo en la elaboración de diagnósticos de factores de riesgo, la elaboración de propuestas de acciones e intervenciones, la supervisión de actividades de los servidores públicos en el orden estatal y municipal, que implementan programas de prevención; la vinculación de los tres órdenes de Gobierno, los sectores académico, privado y social, comités vecinales y Centros Integrales de Prevención Social; la difusión de información y la firma de convenios con organismos académicos, empresariales y de la sociedad civil.
Estas comisiones ciudadanas deberán ser un espacio de participación de la sociedad en los programas de prevención social, y se instalarán como contralores ciudadanos para evaluar y dar seguimiento a las acciones que realicemos cada una de las entidades federativas, así como para sumar esfuerzos con propuestas e intervenciones, y coadyuvar a la difusión de información que se genere en torno a estas acciones.
Por lo anterior, señor Presidente de la República, señoras y señores consejeros, propongo que se lleven a cabo las acciones necesarias para consolidar la homologación en la operación y funcionamiento de los Centros Estatales de Prevención Social en todos los estados; así como para integrar las Comisiones Ciudadanas de Evaluación y Apoyo para la Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, a fin de lograr un México más seguro para todos los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, señor Gobernador.
En atención a lo expuesto por el Gobernador de San Luis Potosí, se somete a su consideración la aprobación del Modelo Homologado para la Operación y Funcionamiento de los Centros Estatales de Prevención Social, y la implementación de un Programa Nacional de Profesionalización para los Servidores Públicos que trabajan en dichos centros.
Asimismo, se somete a su consideración aprobar los lineamientos para la integración de los grupos colegiados de carácter civil y académico, que en cada entidad federativa supervisarán y evaluarán los programas de prevención que sean financiados con recursos públicos, cuya implementación quedará a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.
Gracias.
Señoras y señores consejeros:
El acuerdo ha sido aprobado.
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