Buscan vigilar programas de prevención

Buscan vigilar programas de prevención

Nota Diana Baptista/ reforma

Cd. de México (20 diciembre 2016).-

Entre febrero y marzo de 2017 deberán integrarse 32 comisiones ciudadanas que vigilarán y evaluarán los programas de prevención de la delincuencia, aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La propuesta impulsada por el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, contempla la inclusión de tres miembros de la academia, tres del sector privado y tres de la sociedad civil, quienes ejercerán como contralores ciudadanos.

Las comisiones canalizarán quejas, apoyarán diagnósticos de factores de riesgo, elaborarán propuestas de vinculación entre los tres órdenes de Gobierno y firmarán convenios.

El Consejo también aprobó consolidar un modelo homologado de los Centros Estatales de Participación Social, los cuales trabajen de acuerdo con las necesidades de cada entidad.

"Destaca la importancia de capacitar a más de mil 500 servidores públicos, esa debe ser la prioridad para 2017", expresó Carreras.

Adelina Lobo, invitada permanente de la sociedad civil, criticó la desaparición del presupuesto etiquetado para el Programa de Prevención de la Delincuencia a tan sólo cuatro años de su implementación.

"Hago un llamado para que, en el ámbito de sus competencias, hagamos un esfuerzo desde Gobiernos estatales, desde el Gobierno de la República, desde municipios, para impulsar la prevención", pidió.

...y fortalecerán Policía cibernética

A propuesta del Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, el Consejo de Seguridad Nacional acordó crear un sistema homologado de Policía cibernética.

El modelo contempla unificar los mecanismos de inteligencia, investigación y cooperación entre instituciones, a fin de combatir los delitos cibernéticos.

Asimismo, el Consejo se comprometió a mejorar los tipos penales relacionados con esos ilícitos.

El modelo elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será implementado en todas las entidades y costeado por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Hora de publicación: 13:34 hrs

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Palabras de la licenciada Adelina Lobo Guerrero Serrano, invitada permanente de la sociedad civil a este Consejo Nacional.
-LIC. ADELINA LOBO GUERRERO SERRANO: Muchas gracias.
Señor Presidente; señor Secretario; amigos todos.
Hace cuatro años, en la Segunda Sesión Extraordinaria de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, este Gobierno, en palabras del Presidente, expresó que transitaríamos de una estrategia de seguridad a una real política de seguridad ciudadana.
Dentro de este discurso, donde se diseñó los lineamientos que enmarcarían la política pública en materia de seguridad, se expresó y se lanzó el Programa nacional de prevención del delito.
Este programa que, en cuatro años, ha tenido una inversión mayor a los nueve mil millones de pesos y, como todos sabemos, ha sido desaparecido en el presupuesto de egresos para el próximo año.
Desde la sociedad civil vemos como un riesgo el que una política pública tan importante y tan trascedente desaparezca de esa forma; que cuatro años no nos sirven para evaluar una política en materia de prevención, tendríamos que estar pensando en evaluar esta política a los 10 años.
Desde este espacio hago un llamado a todos los aquí presentes que, en el ámbito de sus competencias, hagamos un esfuerzo por continuar con esta política pública en materia de prevención; que hagamos un esfuerzo desde los gobiernos estatales, desde el Gobierno de la República, desde los municipios a apostar por la prevención.
Estas acciones han sido cuestionables, algunas, pero muchas otras representan un modelo de las mejores prácticas en prevención, y no sólo en México, estamos hablando a nivel internacional.
El tema de la prevención es prioritario, no para el Gobierno, para los ciudadanos, para el México que queremos, el México que necesitamos.
Dicho esto, paso a mi propuesta.
Dentro de esta aventura que ha sido ser representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional, he impulsado un proyecto para regular los antecedentes penales.
Como ustedes saben, actualmente existe un requisito de empleabilidad frecuente que es la carta de no antecedentes penales, incluso, todos los aquí presentes debimos de haber realizado ese trámite para ser gobernadores, congresistas, etcétera, pero este requisito es un requisito que violenta el derecho humano al trabajo.
Por qué. Porque no distingue el antecedente penal. No importa si robaste, no importa si te detuvieron con posesión de algún estupefaciente; no importa si fuiste un homicida o un pedófilo. No distingue. Simplemente es un estigma. Tienes un antecedente penal, no puedes encontrar un empleo.
Y, en ese sentido, no estamos apostando por una prevención terciaria. En ese sentido, seguimos empujando a las personas que han cumplido sus condenas en las prisiones a una repetición de la conducta delictiva.
Por qué. Una persona que sale de prisión, sus opciones de empleo son muy básicas, tal vez ser obrero industrial, tal vez manejar algún transporte público. Y al momento en el cual se le pide la carta de no antecedentes penales, esta persona ya no puede ser útil para su familia, ya no puede ser útil para la sociedad.
Y qué es lo que hacemos. Los empujamos hacia la informalidad o hacia la abierta ilegalidad. Una persona que ha pasado tres, cinco, 10 años en prisión, al momento de salir, sus contactos son con su familia y con el crimen, que conoció dentro de la prisión.
No digo que todos salgan e integren parte de las redes del crimen organizado, pero mucho los estamos obligando.
Por eso, el día de hoy pongo a su consideración un proyecto para regular los antecedentes penales. Este proyecto pasa un test de proporcionalidad, ya que sólo sería durante un periodo de prueba.
Qué quiero decir con esto. Evitar facilitar los medios para que se vuelva a repetir la conducta delictiva. Estos antecedentes penales estarían en oposición entre el delito y el trabajo que se busca.
Un ejemplo muy práctico: una persona que ha sido condenada por abuso sexual infantil, no podría durante un tiempo de prueba, tener un empleo que se relacione con menores; o una persona que ha participado de delitos de lavado de dinero o desvío de recursos, obviamente no los quisiéramos administrando nuestros bienes, inmediatamente después de que salieron de prisión.
Por tanto, en esta proporcionalidad, el proyecto representa un avance, representa el que las personas que efectivamente quieran reinsertarse a la sociedad, tengan la oportunidad.
Que la sociedad entendamos que las personas que están copurgando una pena privativa de libertad son parte de la sociedad, y no sólo son parte, son producto de esta sociedad.
Ellos, así como nosotros, les brindamos una segunda oportunidad. Y para brindar esta segunda oportunidad, es necesario regular los antecedentes penales.
Así que lo pongo a consideración de este Consejo. Es un proyecto que yo sé que no va a ser fácil, que necesita no sólo la voluntad de los estados, del Gobierno de la República, pero también necesitamos el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesitamos la participación activa de los Tribunales de Justicia.
Sin embargo, considero que este proyecto es un avance para lograr el México en paz que todos exigimos, que todos anhelamos.
Muchas gracias.
-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, licenciada Lobo Guerrero.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma nota de sus propuestas en los términos que ha expuesto.