Propuestas de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Palabras del  Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Palacio Nacional a 20 de diciembre de 2016..

Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes.

Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

Señores y señoras integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Representantes de órganos autónomos de la sociedad civil, de la academia y de los medios de comunicación.

Nuestro país está en un proceso de recomposición nacional, en el cual se busca brindar a los ciudadanos, y acabamos de escucharlo, un sistema de justicia penal más cercano, y que pueda y logre resolver sus necesidades.

Los desafíos que enfrentamos son grandes. No obstante, se debe reconocer también que se han dado pasos importantes. Pasos para que estas tareas se conviertan en áreas de oportunidad y se pueda emprender un cambio sustancial que México necesita.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal es una tarea de gran trascendencia. Es, diría yo, una piedra angular para consolidar las transformaciones que nuestro país requiere.

Estamos hablando de un proceso que ha durado más de ocho años en su diseño, en su estructura, que nos ha ocupado para armonizar instrumentos jurídicos, así como para capacitar elementos y para lograr infraestructura.

Se busca que los trabajos realizados por todas las fuerzas políticas y actores involucrados, nos permitan construir una nueva forma de concebir la justicia, tanto entre funcionarios encargados de operar las instituciones, cuanto entre los ciudadanos.

Mucho se ha hablado, en éste y otros foros, sobre las bondades que trae aparejada la implementación del Sistema de Justicia Penal, así como el uso de los medios alternativos para dirimir controversias sin la necesidad de llegar a un juicio.

O la introducción de la oralidad en audiencias de carácter público, presunción de inocencia, respeto irrestricto al debido proceso y atención al imputado, como sujeto de derechos, entre otros ejemplos.

Pero hay que ser claros, también. El sistema, el nuevo Sistema de Justicia Penal aún presenta grandes deficiencias, requiere y es indispensable aplicar mejoras para que sea eficaz y eficiente.

Al respecto, en mi carácter de Coordinador de la Comisión de Seguridad de Justicia de CONAGO, quiero destacar algunas de estas tareas y señalar algunos pendientes en materia de homologación institucional, que me parece que es una de las líneas que claramente hemos coincidido en varias tareas, que requerimos impulsar para abonar a la consolidación de este Sistema de Justicia.

En consenso, hemos propuesto elaborar un Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso, y el Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, por lo que hoy someteré a consideración de este pleno las propuestas correspondientes.

Como es sabido, el Sistema de Justicia, en este Sistema de Justicia prevalece el principio de presunción de inocencia del imputado, y conforme a él debe ser tratado en todas las fases del procedimiento.

Por ello, la prisión preventiva, tan comentada como medida cautelar, como sistema de control social, ahora sólo se utiliza como excepción y no como regla general.

Como mencionamos en la pasada sesión, en la Reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el pasado 17 de junio, se detalla que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional de proceso tendrá como objeto realizar la evaluación del riesgo del imputado, con el propósito de que el juez de control cuente con elementos para, si es el caso, decida la medida cautelar diferente a prisión preventiva, o bien, imponer ésta si es que hay un riesgo comprobable.

También llevar a cabo el seguimiento de medidas cautelares y, por supuesto, la suspensión condicional de proceso.

De acuerdo con el último informe de SETEC, existen 29 unidades de medidas cautelares con características no homologadas, las cuales, debido a ello, no están presentando un correcto funcionamiento por la falta de mecanismos efectivos para hacer las evaluaciones de riesgo.

Esto es fundamental para evitar que aquellos que sí deben estar en prisión preventiva, no la evadan, en aras de ausencia o de criterios claros, o de actuaciones técnicas oportunas.

Por lo anterior, se ha propuesto un modelo con las condiciones técnicas estructurales, organizacionales y operativas de estas unidades, que pueda servir como referencia al interior de todas y cada uno de nuestros estados para crear y, en su caso, fortalecer la figura.

Además, cabe resaltar que para impulsar la debida implementación de este modelo está por aprobarse un subprograma especializado para dotar de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Por otro lado, también debemos tomar conciencia que es indispensable contar con cuerpos especializados para la seguridad en las salas de audiencia, así como para la custodia, el traslado de imputados, acusados, sentenciados, además del resguardo necesario de testigos y, por supuesto, de la evidencia.

Por ello, en agosto propusimos un modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal, el cual nos permitirá que las policías en funciones de seguridad procesal tengan herramientas para actuar conforme a derecho, de esta manera lograremos salvaguardar integridad de las partes procesales, del público y de todos los que intervienen en la sala de audiencias.

Para ello, estos policías contarán o deberán contar con elementos tácticos, capacidades de reacción y conocimientos para realizar el traslado y resguardo de elementos y datos de prueba que se presenten en juicio, así serán un eslabón importante en la cadena de custodia de las pruebas.

Cabe resaltar también que para impulsar esta medida que se propone para su debida implementación, se podrá contar en la definición de un subprograma especializado para dotar de recursos del FASP, a partir de 2017, a estas unidades de policías en funciones de seguridad procesal.

Y, finalmente, comento que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una tarea fundamental en este nuevo sistema de justicia. Es evitar que todo necesariamente se vaya a juicio, es despresurizar el sistema de actuación.

En este sentido, los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y las unidades de atención temprana son la instancia encargada para que puedan funcionar de manera eficaz.

Sin embargo, la implementación de estos órganos y unidades, aún está incompleta, aún tenemos tareas pendientes.

Debemos de homologar y debemos de garantizar uniformidad en este tipo de procedimientos en todo el país.

Esta diversidad y falta de homologación imposibilita la integración de la información de los registros en una base de datos nacional, conforme a lo establecido en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Por eso, hoy proponemos el Acuerdo para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la PGR, puedan elaborar un modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y unidades de atención temprana.

Este modelo permitirá garantizar la consistencia de y, por supuesto, mejorar los registros que se generan a nivel nacional.

Me parece que es una gran oportunidad para consolidar este Sistema de Justicia Penal.

Hay que reconocer las deficiencias que estamos enfrentando, hay que reconocer también que esto incrementa una percepción de inseguridad, que a nadie ayuda.

Es el momento de que cerremos filas, de que no nos repartamos culpas, sino que homologuemos la actuación y podamos trabajar, tanto Federación como estados en este diseño que exige la participación.

Es indispensable que todos participemos y que nos sumamos a tareas de corto, mediano y largo plazo para una implementación exitosa, total, a fin de alcanzar la meta propuesta de una mejor justicia, un mejor sistema de enjuiciamiento penal en todo el país.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, doctor Mancera Espinosa.

Conforme a lo expuesto, tanto por el doctor Olvera invitado permanente de la Sociedad Civil al Consejo y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se someten a la consideración de este Consejo Nacional los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar el modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso y el modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal, exhortando a las entidades federativas a designar recursos del FASP para la implementación de dichos modelos.

Segundo. Aprobar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría General de la República, elaboren el modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución a controversias en materia penal y de unidades de atención temprana.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos, les solicito expresarlo levantando su mano.

Gracias señoras y señores Consejeros.

Los acuerdos han sido aprobados.