"...Ahora se nos pasa una factura impagable y dolorosa. Décadas de mala administración e irresponsable gasto nos tienen en este atolladero..."
Editorial, semanario católico Desde la fe : Insensibilidad
Domingo, 8 de enero de 2017,
La última semana de diciembre del 2016, las autoridades reguladoras de energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adelantaron la liberación de los combustibles que incrementó su precio hasta en un 20 por ciento. A esto se suma otro golpe a la economía por el aumento a las tarifas de energía eléctrica que se ajustan entre 2.6 y 3.5 por ciento para el sector comercial, y en 2.6 por ciento para el uso doméstico de alto consumo. La razón, a decir de las autoridades, fue el alza de los combustibles para la generación de la electricidad, además de la liberación de los precios del gas que variarán según la oferta y la demanda.
Sin duda, México tendrá un amargo 2017, luego de décadas en las que, debido a la política energética de precios artificiales y subsidios gubernamentales –que representaron cerca del 3 por ciento del Producto Interno Bruto– fueron disfrazados los costos reales de los combustibles. A medida de que los subsidios fueron eliminándose, los gasolinazos mensuales desplazaron las aportaciones gubernamentales para reflejar los costos reales, hasta la liberación de precios que hoy se ve reflejada en 90 tarifas máximas distintas en el país, que variarán conforme a la cercanía de las instalaciones de producción, de distribución de combustibles y los precios internacionales.
Como sabemos, los precios de la gasolina tienen efectos fuertemente recaudatorios. Cerca del 43 por ciento del precio de cada litro es determinado por la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y servicios (IEPS) y el pago del 16 por ciento del IVA. El resultado son gasolinas carísimas usadas para captar impuestos de los cuales, por desgracia, no hay transparencia en cuanto a su destino y fin.
La mala administración de la riqueza petrolera fincó castillos en el aire; Pemex, ahora empresa productiva del Estado, fue caja chica para cobijar estructuras de poder que chuparon los recursos que debían ser aplicados al desarrollo de la industria que dio bonanza. No sólo fue la alta burocracia, sino que al amparo del petróleo creció el poder de sindicatos con prebendas increíbles, creando líderes intocables y millonarios. Esa riqueza fue dilapidada, desapareció, y ahora millones de contribuyentes son sacrificados para reponer con impuestos lo que se perdió debido a la corrupción e irresponsabilidad.
México quedó a la zaga del crecimiento cuando, por el orgulloso monopolio nacional petrolero, no hubo visión de futuro para expandir la infraestructura de refinación. El idilio del oro negro hizo del país un gigante enano, y ahora pagamos cara esa falta de visión. Mientras los Estados Unidos poseen 176 refinerías, aquí tenemos seis maltrechos complejos que tuvieron paros escalonados de labores el año pasado debido a la falta de insumos y dinero, dependiendo incluso del exterior en cuanto a la importación de combustibles para satisfacer el consumo interno.
Ahora se nos pasa una factura impagable y dolorosa. Décadas de mala administración e irresponsable gasto nos tienen en este atolladero de la nueva política energética que no vislumbró las consecuencias sociales porque no hubo sensibilidad al respecto. Y con razón el enojo de los contribuyentes cuando se les obliga a pagar por los errores de otros que, en el pasado, se sirvieron del poder con las bolsas henchidas de petrodólares, endeudando eternamente a los mexicanos de la clase media y pobre.
Las soluciones deben ser urgentes porque México no está preparado ante un mazazo brutal que le lastima más. Todos estamos llamados a la responsabilidad, y particularmente la alta burocracia y clase política de sueldos inmorales y prestaciones inconcebibles en el débil país del 2 por ciento de crecimiento anual, y la mitad de la población en situación de pobreza.
Urge una aplicación responsable de los recursos públicos para cubrir lo que importa y no se toleren más prestaciones como bonos discrecionales, vales de gasolina o consentir el gasto de consejeros electorales que, para actualizar teléfonos celulares, echarán mano de más de tres millones de pesos. Urge también más sensatez de los responsables de llevar las riendas del país que de manera insensible y arrogante todavía se atreven a decir que el gobierno está trabajando para apoyar a los sectores más vulnerables de la población y que los mexicanos deben sumir este nuevo reto para salir adelante. La gente está harta de todo esto. Por eso hay tanta indignación y furia.
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