La Carta Magna, instrumento del poder

Revista Proceso # 2101, 5 de febrero de 2017.

La Carta Magna, instrumento del poder/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Un libro hecho de retazos de añejas demandas de justicia social, componendas políticas y loables propósitos que no incluyen las garantías para cumplirlos: así es la Constitución Mexicana a un siglo de su promulgación en 1917, afirma uno de sus principales estudiosos, el doctor Elisur Arteaga Nava. Por ese motivo, dice, “los mexicanos comunes y corrientes no tenemos nada que festejar; en cambio, quienes han gobernado el país, tanto el PRI como el PAN, sí… Con ella nos han querido hacer creer que vivimos en un Estado de derecho”.

moreUna Constitución burlada, utilizada para mantener el control político, inaplicable en la división de poderes y sin garantías para hacer realidad los derechos previstos en ella es lo que uno de los principales constitucionalistas de México, Elisur Arteaga Nava, dice del documento que desde hace 100 años rige la vida del país.

Considerado como la máxima autoridad en la Constitución mexicana y autor del Tratado constitucional, publicado en cuatro tomos por la Universidad de Oxford en 1999, Arteaga Nava asegura que la llamada Carta Magna se ha convertido en un instrumento de “engaño y sometimiento”, con grupos de poder, como el Ejército y la Iglesia católica, o poderes formales, como los de los gobernadores, que actúan por encima de ella.

“La han convertido en una buena máscara para ejercer el poder”, dice el especialista que se ha dedicado por más de 60 años al estudio de la ley fundamental.

También litigante, asevera: “Los mexicanos comunes y corrientes no tenemos nada que festejar (por el centésimo aniversario de la Constitución). En cambio, quienes han gobernado el país, tanto el PRI como el PAN, sí tienen mucho que festejar. Con ella nos han querido hacer creer que vivimos en un Estado de derecho”.

Sin embargo, se opone a la creación de una nueva: para él basta que se aplique honestamente para que en buena parte funcione, “eliminando lo que inexpertos en derecho le han metido”.

Licenciado por la Escuela Libre de Derecho, historiador por la UNAM y doctor en derecho constitucional por la Universidad Iberoamericana, Arteaga hace una revisión histórica de los artículos relacionados con los derechos sociales y de las modificaciones que se la han realizado al calor de las disputas políticas:

“La Constitución comenzó con un gran engaño. (Venustiano) Carranza (presidente de México entre 1914 y 1920), como estaba consciente de que no podía imponer de buenas a primeras un nuevo texto constitucional, recurrió al expediente de decir: ‘Constitución de 1917 que modifica la de 1857’.

“Eso fue una falacia porque el documento se hizo al margen de lo que establecía el artículo 127 de la Constitución del 57, que es similar a nuestro artículo 135. En aquél se establecía un procedimiento para reformarla en una combinación del Congreso de la Unión con una mayoría reforzada por la intervención de las legislaturas de los estados. Carranza se brincó esa disposición constitucional y convocó a un Constituyente ad hoc en el que los obregonistas hicieron lo suyo.”

Esa fue la primera mentira, dice el historiador y constitucionalista nacido en 1937 en Taxco, Guerrero. “Para impedir que los obregonistas tomaran el poder, Carranza estableció que todos aquellos que hubieran intervenido directa o indirectamente en una asonada, motín o cuartelazo no podían ser presidentes de la República. Trató de imponer al ingeniero (Ignacio) Bonilla (embajador de México en Washington) como presidente y fracasó.

“Obregón se le adelantó y sacrificó a Carranza. Hubo un interregno de Adolfo de la Huerta (presidente en 1920), quien convocó a elecciones, y resultó alguien que no podía ser presidente de la República por haber intervenido en el golpe de Estado contra Carranza: Álvaro Obregón”; de todas formas fue el titular del Ejecutivo federal de 1920 a 1924.

“Después, cuando Obregón trata de reelegirse, se encuentra con el impedimento del artículo 83, que le prohibía ser presidente de la República por el inconveniente de la no reelección. Tampoco respetó el periodo de cuatro años establecido en la Constitución para ejercer el cargo. Se le hizo poco y lo aumentó a seis.

“Hubo una rebelión en su contra y para quitarle los elementos armados y el dinero a la oposición antirreeleccionista (encabezada por los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano), Obregón le ordena a Calles (entonces presidente de la República, 1924-1928) que modifique la Constitución para neutralizar a los adversarios de Obregón.”

Dice el también profesor en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco: “La Constitución sirvió para asegurar el poder a una facción del grupo revolucionario e impedir que los enemigos, los que están en la periferia, ingresaran al poder”.

En su revisión sobre cómo la Constitución se ha adaptado a la clase gobernante, Arteaga refiere también el periodo presidencial de Emilio Portes Gil (1928-1930), después del asesinato de Obregón y quien sucede a Calles como presidente interino: “Portes Gil no podía ser presidente de la República porque era gobernador de Tamaulipas y no se retiró un año antes de la elección.

“Además era hijo de un abogado dominicano; es decir, que no era hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento, como lo exigía en ese momento la Constitución. Pero se hizo una interpretación para permitir el enjuague de Calles de poner a Portes Gil.

“Después, hace presidente a Pascual Ortiz Rubio (1930-32), quien también estaba impedido porque era el embajador de México en Brasil. No reunía el requisito constitucional de no haberse ausentado del territorio nacional un año antes de la elección, pero Calles lo impuso.”

Con Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) hubo otro rompimiento constitucional. Era secretario de Guerra y Marina. Pertenecía al Ejército y, como tal, de acuerdo con el artículo 82 original, tenía que retirarse con 90 días de anticipación. No lo hizo.

Asegura que Adolfo Ruiz Cortines, presidente de 1952 a 1958, tampoco debió serlo porque su mamá era española. “Lo mismo pasó con Adolfo López Mateos (1958-1964), porque su papá era español, Mariano López”.

Casi medio siglo después, a finales de los noventa, se modificó el artículo 82 para que Vicente Fox, del PAN, fuera presidente. “Lo hicieron tan ad hoc que el nuevo artículo dice ‘ser hijo de padre o madre mexicanos por nacimiento’. Ahí estuvo la complicidad de Diego Fernández de Cevallos, quien negoció esa reforma constitucional”.

El poder, por encima de la ley

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y autor también de los volúmenes Derecho Constitucional y Garantías Individuales, así como del Manual de Derecho Constitucional publicados por la Universidad de Oxford, Arteaga revisa la actuación de los poderes Legislativo y Judicial en relación con el documento centenario:

“El Congreso de la Unión ha hecho lo que le importa al titular del Ejecutivo o al jefe de poder en turno. Ni con las facultades exclusivas del Senado o de la Cámara de Diputados, el Congreso nunca ha demostrado independencia, ni aun cuando la oposición ha contado con mayoría.”

Respecto al Poder Judicial, dice: “Todos sabemos que sus sentencias en todas las instancias responden a los intereses de la clase gobernante. No hay causa importante en el país que no resuelva conforme a ello”.

Titular del despacho Arteaga, García y Olvera, repasa también la conducta constitucional de las autoridades de los tres niveles de gobierno: la vida política de los estados gira en torno a una figura, que es el gobernador. Salvo que exista un cacique fuerte que lo neutralice, el gobernador tiende a controlar el Congreso, el Poder Judicial y hasta los llamados entes autónomos.

“Esto significa que la federación deja a los gobernadores de los estados hacer lo que quieran a condición de que se sometan a las líneas generales que les dan. ‘Haz lo que quieras, pero en esto vas a hacer lo que yo te diga. Dispón del dinero como tú quieras y no te va a pasar nada. Pero cuando yo te necesite vas a cooperar’.”

Refiere entonces las experiencias más a la mano, pero lejos de ser las únicas, de los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua.

Sobre las autoridades municipales, explica: “A principios de los años ochenta la federación comenzó a perder los municipios importantes del país y creó la figura de la desaparición de ayuntamientos. ‘Me vas a ganar, pero en caso de que se me salgan de control, los desaparezco’, fue el sentido de la reforma al artículo 115. Se usó al principio, pero cuando el PAN y el PRD empezaron a obtener control en las legislaturas de los estados ya no se recurrió a ellos”.

Arteaga se detiene en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994, periodo en el que ocurrieron importantes modificaciones constitucionales. “Llegó al poder con todos los cuestionamientos. Necesitaba legitimación interna y externa. Al interior, se la dieron el PAN y la Iglesia católica. Y les devolvió el favor.

“Modificó los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución para permitir que la Iglesia adquiriera cierto estatus como el que tenía antes de la Revolución de Francisco I. Madero y de la Constitución de 1917.”

Añade que la Iglesia católica nuevamente ha tomado fuerza e injerencia en la política a pesar de que lo prohíbe el artículo 130, pero como presta su complicidad al sistema no se le hace nada y puede opinar sobre las leyes. No hay secretario de Gobernación que sea capaz de ponerla en orden.

Salinas también modificó el artículo 27 constitucional, uno de los pilares del documento surgido de la Revolución. Dice el especialista respecto a los derechos previstos en el documento original:

“Se decía que la Constitución de 1917 estableció la paz por cuanto los campesinos ya no se levantaron en armas. Pero la reforma agraria fue un engaño en el fondo porque se vinculó al campesino a la tierra, y como tenía algo que perder, ya no se levantó en armas.”

A partir de 1917 y de la reforma agraria, quienes se levantan en armas son los miembros del Ejército, salvo alguno que otro líder social, como Rubén Jaramillo. Pero en general, explica, como los campesinos temían perder sus tierras ya no se levantaron.

“Cuando los campesinos fueron sometidos totalmente se dio un vuelco a la reforma agraria en tiempos de Salinas de Gortari. Se desvirtuó el ejido porque sus integrantes ya estaban incorporados a una clase media baja.”

Lo mismo pasó con los obreros. “A los obreros supuestamente les dieron derechos. Estuvieron en el papel. En el caso de las utilidades, se comenzaron a dar hace cuatro décadas, a pesar de que es una obligación desde hace 100 años. Ese y otros derechos de los trabajadores no son efectivos porque el gobierno tiene el control a través de los grandes sindicatos y las grandes centrales de trabajadores”.

Continúa: “Modificaron el articulo 123 cuando los trabajadores ya estaban sometidos. Permitieron la flexibilidad laboral, el outsourcing y otro tipo de operaciones, de tal manera que han hecho nugatorios los supuestos derechos de los trabajadores”.

Además de autor de textos especializados, Elisur Arteaga es escritor. Está próximo a publicar un libro singular, cuyo título tentativo es Edipo, la otra tragedia: la del Poder, en el que a través de una reconstrucción del mito y la tragedia griega analiza el ejercicio del poder.

“Ausencia de Estado de derecho”

Sobre los derechos reconocidos en la máxima ley del país, dice: “Nos dicen que la Constitución es de las más avanzadas del mundo porque reconoce todos los derechos humanos y sociales. Podrían darnos esos o más derechos, pero no los respetan y las vías que existen para defenderlos, como es el amparo y la nulidad de los actos de las autoridades, no funcionan. Los derechos existen en el papel, pero no están las garantías para hacerlos efectivos”.

Ejemplifica con los casos de violencia que han llegado a ser muy conocidos. “Los conocemos porque hay grabaciones y videos que se difunden, pero los responsables no están en la cárcel y muchas de las víctimas sí.

“Nuestra autoridad está obligada a darnos seguridad jurídica, pero desde el momento en que no hay los elementos para someter a la delincuencia y que hasta cierto punto actúa en connivencia con las autoridades, es clara la ausencia del Estado de derecho.”

Menciona también el problema de las autodefensas: “Cuando la ciudadanía se organiza en autodefensas, meten a la cárcel a sus líderes”, dice en alusión a José Manuel Mireles, encarcelado por las diferencias que tuvo con el que fue comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.

“Cuando no hay seguridad y la ciudadanía paga por ella al crimen organizado, significa que está pagando una doble tributación. A pesar de que tenemos uno de los impuestos más grandes del mundo, tenemos uno de los servicios más mediocres; de conformidad con los impuestos que nos cobran, lo que vemos es que la autoridad va en nuestra contra.

“En el caso de la lucha contra el narcotráfico, hemos visto cómo el Ejército y la Marina actúan en violación al artículo 29 de la Constitución, que establece la suspensión de garantías individuales en casos de perturbación grave de la paz. Por orden del Ejecutivo, los militares realizan operativos y hasta han tomado alcaldías o policías municipales sin ajustarse a ese artículo.”

Arteaga afirma que el ejercicio de los derechos queda a discreción del Estado. Toma el caso de la libertad de expresión: “Ahora ya se puede criticar al presidente de la República o al Ejército. Pero hay un momento en el que alguien habla: ‘Oye, tú tienes contratada publicidad con tal medio. Ponlo en orden. No le des publicidad a Proceso porque publicó tal o cual cosa’. Los recursos públicos se usan para castigar a los que disienten.

“Los periodistas incluso pueden tener consecuencias negativas por su trabajo y no habrá autoridad que los defienda y que reprima al que los ofende”, refiere en torno al manejo de la publicidad oficial y a los más de 100 asesinatos de periodistas en México desde el 2000, cuando se inició la alternancia entre el PRI y el PAN.

Contundente, afirma: “Nuestra Constitución nos hace creer que vivimos en un Estado de derecho, pero sabemos que cuando queremos tener una particularidad diferente, se van a encargar de emparejarnos a base de meternos a la cárcel y, si no entendemos, a base de suprimirnos.

“El cardenal Norberto Rivera nunca se va a sentar ante los tribunales, ni los generales ni los gobernadores, porque nuestra Constitución sigue siendo muy endeble. Los que van a la cárcel son aquellos con los que se necesita ejemplaridad. Bajo la Constitución que ahora se celebra, sigue siendo válido que la ley en México sólo atrapa a los pequeños, pero no a los grandes.”