Las cuentas en Sinaloa

Malova fue denunciado y la PGJE lo solapa

Nota de Miriam Ramírez /Anabel Ibáñez

Rio Doce Web.,  6 febrero, 2017

Los casos fueron públicos y polémicos pero la sanción real nunca llegó. Año tras año, las denuncias penales contra el gobierno de Mario López Valdez se presentaron, pero la Procuraduría de Justicia de Sinaloa las archivó.

Y es que la suspensión a la cuenta pública de Malova no es el primer llamado de atención a su administración. Apenas iniciaba su gobierno cuando el mochiteco ya comenzaba a acumular demandas penales por el incorrecto uso de los recursos públicos y también una larga lista de procedimientos de sanción administrativos.

Una fuente al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó que durante el periodo de Marco Antonio Fox Cruz, auditor de 2008 a 2014, año en que falleció, se presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por reconocidos casos de corrupción como las “NaloPatrullas”, 90 patrullas compradas a su amigo Leonardo Félix Gutiérrez por 50 millones de pesos.

También se denunció la compra del avión Falcon, una aeronave que se compró sin licitación por 1.8 millones de dólares, y la compra de mil juegos de placas a la empresa china Cangnan Riwong por la cantidad de 331 millones de pesos.

Sin embargo, hasta la fecha, los casos sólo permanecen en la memoria colectiva y en los archivos pendientes de la PGJE.

De la cuenta suspendida en días pasados, Zenén Xóchihua Enciso, integrante de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de Sinaloa, confirmó que esta suspensión se trata sólo de un estatus que seguirá el mismo proceso que las otras cuentas tuvieron en semestres pasados.

En caso de que las irregularidades no se logren solventar, la ASE podría interponer denuncias que se sumarán a las que están pendientes en la PGJE, a cargo de Marco Antonio Higuera Gómez.

 El diputado panista, Xóchihua Enciso, hizo un recuento de las auditorías que semestre tras semestre se le realizaron al gobierno de López Valdez. El dispendio de recursos irregular fue el común denominador.

El legislador precisó que la primera auditoría realizada al gobierno de López Valdez, correspondiente al primer semestre de 2011, derivó en la presentación de 13 denuncias por el uso de documentación falsa en la adquisición de bienes y servicios.

Al terminar ese año, la ASE presentó otras 11 denuncias más por reincidir en el uso de facturas apócrifas y como si nada importara, en el primer semestre de 2012 de nuevo la auditoría detectó el mismo vicio y presentó otras siete denuncias por la misma irregularidad.

“Esa era la primera señal del estilo y los rasgos con el que el ejercicio del gasto se inició y se mantuvo a lo largo del sexenio, el cual está plagado de irregularidades”, afirmó Xóchihua Enciso.

De acuerdo con el informe de fiscalización a la Cuenta Pública del gobierno de López Valdez, la administración del mochiteco se fue sin explicar el uso de 77 millones de pesos, de los cuales 50 millones están explicados de forma parcial y 27 millones aún no se han explicado, ni regresado a la hacienda pública.

Los pliegos de observación que no se solventaron, es decir la acción por medio de la cual la ASE da a conocer observaciones  de  carácter  económico,  determinadas  por  presuntos  daños  o  perjuicios,  o ambos,  ocasionados  a  la  Hacienda  Pública,  corresponden a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) por los ejercicios de 2013 y 2014; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por 2012, 2013 y 2014.

También tienen cuentas pendientes la Secretaría de Desarrollo Económico por el ejercicio de 2013 y la Secretaría de Educación Pública por lo detectado en una auditoría de 2012.

Pero fue en 2014 cuando la SAyF alcanzó el monto de observaciones más alto de todo el sexenio de López Valdez, pues entre el primero y segundo semestre de ese año, la ASE calificó como irregular el uso de 249 millones de pesos en sólo esa dependencia, de los cuales a la fecha no han solventado 22 millones de pesos y cinco millones los explicó de forma parcial.

Ese mismo año, la Secretaría de Obras Públicas sumó pliegos de observación por 172 millones de pesos y a la fecha tiene pendiente de explicar el uso de 3 millones de pesos y 35 millones los ha explicado de forma parcial.

De la misma forma en como lo hizo durante el primer semestre de 2016, en el segundo semestre de 2014 la tesorería de Armando Villarreal Ibarra desvió recursos públicos de cuentas donde se transfieren recursos de la federación de los ejercicios anteriores 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013. En total se transfirieron ilegalmente 20 millones 685 mil pesos desde 27 cuentas bancarias antiguas y se depositaron en la cuenta pagadora de 2014.

Esta es una de las irregularidades que el gobierno de Mario López Valdez dejó sin explicar. Pues de acuerdo con el último informe de fiscalización, la SAyF no ha logrado solventar el uso irregular de 21 millones de pesos que fueron señalados en 2014, más un millón de pesos que fue señalado ese mismo año pero en el primer semestre.

 Irregularidades sin freno

De acuerdo con un análisis que elaboró el diputado panista Zenén Xóchihua Enciso y que fue expuesto en el pleno del Congreso sobre las irregularidades del sexenio de López Valdez, en 2013 fue cuando hizo crisis la contratación de créditos bancarios o préstamos quirografarios y a pesar de que la ASE inició procedimientos de sanción, la práctica continuó semestre tras semestre.

Según una investigación de Ríodoce, ese año la tesorería de Villarreal Ibarra contrató 26 créditos quirografarios con Banorte, Bajío, Banamex e Interacciones. El monto llegó a los 4 mil 489 millones 429 mil 093 pesos.

A partir de ese año, la tesorería de Sinaloa a cargo de Armando Villarreal Ibarra, dejó de pagar seguros de vida, cajas de ahorro, préstamos a caja de ahorro, seguros de gastos funerarios, aportaciones al ISSSTE, aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y hasta el Impuesto Sobre la Renta.

Una de las deudas más alarmantes es la deuda con el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), que hasta enero de 2016 alcanzaba los 827 millones de pesos. Un monto que se multiplicó por cinco en los últimos tres años.

Xóchihua Enciso señaló que también en 2013 la ASE destapó una viciada operación para la adquisición de placas para automóviles, que además de ser irregular el procedimiento de adjudicación del contrato, no se realizó el contrato conforme a necesidades reales y solicitud de la demanda.

“Para este primer semestre de 2016, las cosas no cambiaron, no hay, no existió ni se tuvo la voluntad por parte de los servidores públicos encargados del ejercicio del gasto en mejorar sus prácticas”, sostuvo el legislador.

Y agregó: “el tema de fondo es que finalmente en ningún momento, en ningún semestre, se mostró por parte de los responsables del gasto estatal, la eliminación de la malas prácticas en el ejercicio del gasto”.

En el más reciente informe de fiscalización se detalla que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas acumula 392 procesos de sanción administrativa que no se resolvieron al cerrar el sexenio de López Valdez.

De esa cantidad, 17 corresponden a pendientes que dejó el gobierno de Jesús Aguilar Padilla y 375 son sanciones administrativas que no se resolvieron en contra de funcionarios del gobierno de López Valdez.

 La famosa cuenta suspendida

A pesar de que la suspensión a la cuenta pública de López Valdez fue considerado como un acto histórico en el Congreso de Sinaloa, el proceso que seguirán las irregularidades es el mismo que sigue una cuenta aprobada.

Por la ley, la ASE notificará personalmente a los titulares de las dependencias observadas y a los responsables del acto irregular, quienes deberán pedir apoyo al gobierno en turno para acceder a la documentación por medio de la cual puedan solventar la falta.

Ese proceso llevará 30 días una vez que se notifique. Posteriormente, en caso de que los ex funcionarios no logren solventar, la ASE tiene la opción de presentar denuncias penales ante la PGJE o un crédito fiscal ante la Procuraduría Fiscal de la SAyF. Para una falta administrativa, se promueve la sanción administrativa ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, una dependencia que tiene 392 procesos aún pendientes por resolver.

Los parámetros para decir si una cuenta es aprobada o suspendida no existen legalmente, ya que esta decisión queda sólo a juicio de los legisladores en turno.

 —¿Cuál es la diferencia entre una cuenta aprobada o suspendida? —se le preguntó al legislador panista Xóchihua Enciso.

—Lo que se ve en este tema es si las observaciones que puedan tener, a juicio de los diputados, son menores entonces se avala, cuando la gravedad de las faltas se consideran mayores entonces se suspende.

—Entonces la suspensión es un estatus, ¿el proceso es el mismo?

—Sí, el proceso sigue su camino. Aquí el tema de la suspensión o aprobación de las cuentas públicas no es limitativo para que las observaciones sigan su curso.