Malova derrochó... y no dejó huella
Presentan el informe sobre la deplorable situación financiera y administrativa que recibe el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel
Gabriela Soto, reportero.
Noroeste, 21/02/2017
Mario López Valdez gastó más de lo que tenía, “robusteció” la nómina, no pagó las pensiones y disparó la deuda del Gobierno de Sinaloa hasta que ocasionó un “boquete” en las finanzas.
Y fue más lejos, al ocultar el rastro del derroche de dinero público que hizo en su sexenio.
Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, reportó ayer que Malova heredó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel una administración pública estatal deficitaria con un mayor gasto en relación con los ingresos.
“El déficit de las finanzas públicas ha originado un crecimiento en el pasivo de corto y largo plazo”, evidenció.
Ayer en la presentación del Informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibe el Gobierno del Estado, Ortega Carricarte exhibió que López Valdez “disparó” la deuda pública a 13 mil 130 millones de pesos.
“El total de pasivos asciende a 13 mil 130 millones de pesos. De ese total, la deuda documentada a largo plazo es de 4 mil 518 millones de pesos y los pasivos de corto plazo, sin una fuente de pago específica reportan 8 mil 612 millones de pesos", expuso.
“A proveedores y contratistas se le adeudan 2 mil 241 millones de pesos y a los institutos de pensiones mil 725 millones (de pesos), lo que ha generado la descapitalización de los fondos y el incumplimiento de algunos compromisos”.
También denunció que la deuda del sector Salud asciende a mil 500 millones de pesos y 396 millones de pesos en Educación.
Al mismo tiempo, tampoco reportaron el Impuesto Sobre la Renta proveniente de la revisión de nóminas al Servicio de Administración Tributaria en 2013, 2014, 2015 y 2016, que representa más de la mitad del sexenio.
En el malovismo, acusó Ortega Carricarte, se crearon 11 organismos descentralizados y “robusteció” la nómina con 6 mil trabajadores más, a pesar de que al inicio de su mandato el ex Gobernador prometió lo contrario.
Pero Ortega Carricarte reconoció que el informe está incompleto, pues los servidores públicos malovistas sólo entregaron en promedio el 42 por ciento de las actas de entrega y recepción.
“No es posible conocer el estado en el que se recibe cada dependencia en su totalidad, entidad u organismo público descentralizado, ya que la información registrada sólo se enfoca a la entrega del despacho del titular y no del total de la dependencia”, denunció.
Se va Malova sin aclarar 7,714 mdp
En su útlimo día en el poder, el 31 de diciembre de 2016, cuando López Valdez entregó la Gubernatura a Ordaz Coppel, tenía pendiente de aclarar el ejercicio de 7 mil 714.5 millones de pesos a los diferentes órganos fiscalizadores del país, exhibió Carlos Ortega Carricarte.
El Secretario de Administración y Finanzas dijo que, del total, las observaciones por 2 mil 165 millones de pesos están en proceso de aclaración y la cantidad restante sigue pendiente.
Las observaciones provienen principalmente por pago de conceptos de gastos no autorizados por los fondos federales, la falta de documentación comprobatoria, traspasos entre cuentas bancarias, subejercicios y la no aplicación de los rendimientos financieros”, enunció.
La consecuencia es el déficit de las finanzas públicas estatales que heredó a su sucesor, al Gobernador Quirino Ordaz Coppel: incrementó la deuda del Gobierno del Estado a 13 mil 130 millones de pesos, al menos 6 mil millones de pesos más que lo recibido en 2010, estima Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.
De ese total, 8 mil millones de pesos que adeuda, el Gobierno estatal no tiene dinero para cubrirlo.
Ese es el tamaño del “boquete” que Malova hizo a la Hacienda pública estatal al “robustecer” la nómina; dejar de enterar el Impuesto Sobre la Renta al SAT; tener pasivos en el instituto de pensiones y no pagar a proveedores y contratistas.
Se desconoce cuánto tiempo le tomará al Gobierno de Sinaloa recuperarse del “hoyo” financiero que le hizo López Valdez.
Eso fue lo que reportó ayer Ortega Carricarte durante la presentación del Informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibe el Gobierno del Estado que se elaboró durante la transición entre López Valdez y Ordaz Coppel.
Pese al déficit financiero heredado, Ortega Carricarte afirma que no hay investigaciones ni denuncias penales en contra de Malova, a diferencia de lo que ha sucedido con otros ex gobernadores acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Aquí y ahora, en la administración de Ordaz Coppel, parece que no se replicarán las acciones que emprendieron los Mandatarios de Sonora, Claudia Pavlovich; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”.
Ortega Carricarte delega esta tarea a las entidades fiscalizadoras.
"Si (de las auditorías), de ahí deriva que hubo algún peculado, algún un mal uso del recurso, yo creo que procede una denuncia penal y se lleva un procedimiento penal, entonces tienen que surgir de las mismas revisiones que hacen estos órganos y las instancias fiscalizadoras”, dice.
Estos son los problemas heredados por el malovismo.
Incremento al gasto y deuda
Malova se caracterizó por gastar más de lo que ingresaba a la Hacienda pública, así describe Ortega Carricarte a su gestión.
En su último año, en 2016, le autorizaron 45 mil 598 millones de pesos, sin embargo gastó 2 mil 225 millones de pesos en exceso, que se cubrieron con recursos extraordinarios del Gobierno federal.
Esta práctica la repitió a lo largo de su mandato.
“Lo que ha generado un aumento en el pasivo del Estado”, evidencia.
Con Malova la deuda pública creció a 13 mil 130 millones de pesos, exhibe el funcionario estatal.
De este total, la deuda a largo plazo es de 4 mil 518 millones de pesos; mientras que los 8 mil 612 millones de pesos restantes que son pasivos de corto plazo, no tienen fuentes de pago.
“A proveedores y contratistas se le adeudan 2 mil 241 millones de pesos y a los institutos de pensiones mil 725 millones (de pesos); lo que ha generado la descapitalización de los fondos y el incumplimiento de algunos compromisos”, reporta.
“Adicionalmente, se han identificado otros pasivos no registrados en la contabilidad por 933 millones de pesos, que incluyen proveedores y contratistas, bonos de pensión en firme, compromiso con trabajadores y ajustes en participaciones, por lo que el total de pasivos asciende a 13 mil 130 millones de pesos”.
Según el funcionario, la deuda en el sector Salud asciende a mil 500 millones de pesos y en Educación a 396 millones de pesos.
'Boquete' a pensiones
Las pensiones se convirtieron en el mayor lastre por concepto de gasto del Gobierno estatal.
En la administración anterior, el número de jubilados incrementaron en 77 por ciento y el subsidio pasó de 709 millones de pesos en 2010 a 2 mil 900 millones de pesos en 2017.
El subsidio se incrementó tres veces más. /5926913/bloque_entremedio_notas
Administración 'obesa'
En el sexenio malovista, se crearon 11 organismos descentralizados, con lo que actualmente existen 51 entidades que pertenecen al Ejecutivo estatal, evidencia el mazatleco.
“Generando una presión a las finanzas públicas”, señala.
Estas dependencias carecen de mecanismos de armonización contable, indicadores de gestión y resultados de los programas y acciones, un adecuado control y seguimiento en el ejercicio de recursos, evidencia.
A través de estos organismos descentralizados “robusteció” la nómina.
Al principio de su administración, en 2012, López Valdez declaró la existencia de un “gravísimo problema de nómina”. El total ascendía a 71 mil 300 burócratas y consideró que había 20 mil empleados “de más”.
Pero eso fue sólo discurso, pues en su periodo empleó a 6 mil personas más, acusa Ortega Carricarte.
“Durante el proceso de Entrega-Recepción, se han identificado 74 mil 435 trabajadores activos, un crecimiento estimado de 6 mil trabajadores durante el periodo 2011-2016. Los organismso descentralizados son los que presentan el mayor incremento de 19 por ciento en el mismo periodo”, exhibe.
El problema es tan grave que la actual administración no ha logrado identificar al total del personal contratado.
“(Se presume) el consecuente crecimiento en costos y duplicidad de funciones”, expone.
No enteró impuestos
Debido a que no enteró el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la nómina en 2013, y que obligó que Ordaz Coppel solicitara un crédito fiscal por 555 millones de pesos, el Gobierno del Estado solicitó al SAT audite los periodos siguientes de 2014 al 2016.
Recaudación baja
Al mismo tiempo que gastaba el dinero, dejó de recaudar impuestos.
“Se observa una tendencia negativa en el esfuerzo recaudatorio, generando una pérdida de recursos por distribución de participaciones federales”, reporta el Tesorero estatal.
“Del 2011 al 2016 los ingresos propios fueron menores en 2 mil 153 millones de pesos de los presupuestados en la Ley de Ingresos”.
Desactualización
Al malovismo no le interesó la modernización de la administración pública estatal.
“El 80 por ciento del equipo informático de comunicaciones está desactualizado con más de 6 años de antigüedad, presentando fallas en la operación y altos costos de mantenimiento”, evidencia Ortega Carricarte.
En tanto, sólo el 58 por ciento de las unidades del parque vehicular está en buenas condiciones y el 32 por ciento son modelos recientes de 2011 a la actualidad.
“(Sin embargo), de las patrullas recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública el 63 por ciento estaba fuera de servicio”, denuncia.
Ocultan los informes
Como lo intentaron otros ex gobernadores acusados de corrupción, Malova ocultó el 58 por ciento de los registros documentales que informan el estado de los bienes del Gobierno del Estado.
“El promedio de integración de las actas de entrega-recepción fue de 42 por ciento, al no contar con toda la información que debe ser agregada en sus respectivos anexos por los responsables en términos de la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa”, revela.
“No es posible conocer el estado en el que se recibe cada dependencia en su totalidad, entidad u organismo público descentralizado, ya que la información registrada sólo se enfoca a la entrega del despacho del titular y no del total de la dependencia”
El funcionario estatal incluso evidencia que en el proceso de entrega y recepción del Gobierno se les negó información sobre las observaciones y acciones que realizaron las instancias fiscalizadoras.
Ante la negativa de información, la actual administración requirió los datos a través de solicitud de información posterior y acudir a otras fuentes.
En su interés de no dejar rastro de las irregularidades, en 2015 y 2016 la extinta Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, entonces a cargo de Juan Pablo Yamuni Robles, ahora Diputado local panista, no realizó auditorías a la administración de su ex jefe Malova.
Y sólo revisó el sector de obra pública de 2014 a 2016, por obligación con la Federación, denuncia Ortega Carricarte.
“Durante los años 2015 y 2016, no se tiene registro de que se hayan ordenado auditorías propias”, exhibe.
Enel país, distintos gobernadores han actuado contra la administración anterior por casos de corrupción.
Claudia Pavlovich
Sonora
En su segundo día como Gobernadora, inició una investigación contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés, por seis mil 200 millones de pesos que dejó como deuda.
Reformó el Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.
Eliminó la Secretaría de Imagen Institucional y Comunicación Social creada por Padrés.
Padrés Elías y su hijo fueron detenidos el 10 de noviembre de 2016 y permanecerán recluidos el tiempo que dure su juicio, que podría ser de al menos ocho meses. Los delitos que se le imputan al exgobernador de Sonora son lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada.
Jaime Rodríguez, "El Bronco"
Nuevo León
Reestructuró la Procuraduría de Justicia para integrar la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, la cual estará integrada por abogados y expertos.
Convocó al público a presentar información de corrupción, ofreciendo confidencialidad y premió por recuperaciones, así como perdón de penas en el caso de complicidades.
Inició una investigación llamada "Operación Tornado" en la cual se investigaron hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial y ejercicio indebido de funciones de funcionarios del gobierno previo. Esto logró que un juez decretara el aseguramiento y embargo de bienes de 11 ex funcionarios, incluido el ex Gobernador.
En enero de este año, logró meter a prisión preventiva a Rodrigo Medina, el ex Gobernador, por presunto peculado y daño patrimonial de por al menos 3,600 millones de pesos. Aunque en el mismo día un juez le dio libertad.
Javier Corral
Chihuahua
Instauró un grupo especial integrado por un Fiscal General, cuatro Fiscales de Zona y un Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con motivo de investigar las irregularidades en el gobierno previo, liderado por César Duarte Jáquez.
Creó el sitio web www.denunciachihuahua.mx, el cual permite a empleados del gobierno y ciudadanos hacer sus denuncias de forma anónima sobre irregularidades; el sitio cuenta con un campo para subir fotos, videos y documentos, así como un espacio para darle seguimiento a las quejas.
Estableció un plan de austeridad que consistió en fomentar medidas de ahorro y desincorporarse de inmuebles de la administración anterior: las medidas de ahorro consistieron principalmente en la cancelación de comidas en restaurantes, líneas de celular y compra de boletos de avión en primera clase, así como un recorte millonario para el área de Comunicación Social; en cuanto a la desincorporación de inmuebles, Corral puso en venta 4 aviones, 2 helicóptero, 13 terrenos y 500 automóviles.
Corral piensa acudir a organismos internacionales o hacer una colecta para pagar los 55 mil millones de pesos de deuda que heredó; la mas alta del país.
Miguel Ángel Yunes
Veracruz
Desde antes de asumir su puesto como Gobernador, Yunes realizó un investigación de campo sobre la corrupción sistémica de Duarte.
En enero de este año interpuso denuncias contra Duarte y ex funcionarios de salud por la compra y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina que se utilizaron como sustitutos de medicina en las quimioterapias de los tratamientos de niños con cáncer; también lo hizo así para las 70 mil pruebas falsas de detección de VIH/Sida dirigidas a mujeres embarazadas. Posteriormente, dictó prisión preventiva al ex titular del Seguro Popular en la Secretaría de Salud.
Dirigió un operativo derivado de una denuncia anónima en el cual se encontró y aseguró una bodega con pertenencias del ex Mandatario Javier Duarte y de su esposa, Karime Macías. Se encontraron desde artículos vanos como palos de golf, vajillas, balones, plumas, arte, muebles y libros, hasta artículos presumiblemente propiedad del Gobierno de Veracruz, como sillas de ruedas, andaderas, despensas, útiles escolares, entre otros; además, se encontraron diarios y libretas con anotaciones de puño y letra de cuentas bancarias, referencias sobre propiedades, y una relación extensa de familiares, funcionarios, socios y diversas personas con quienes hacían negocios ilícitos.
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