La Carta Magna de la CDMX, en la mira de la SCJN. (Laynez)

La Carta Magna de la CDMX, en la mira de la Suprema Corte/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 2108, 26 de marzo de 2017..

Aún no entra en vigor y ya está siendo cañoneada legalmente. La flamante Constitución de la Ciudad de México ha sido impugnada a los más altos niveles por tirios y troyanos. De acuerdo con el abogado Javier Quijano –uno de los constituyentes por Morena– algunos de los embates más fuertes provienen del Poder Judicial capitalino, que vería acotado su poder. Y, posiblemente para evitar que esta tendencia se propague, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a pronunciarse en contra de la nueva ley capitalina. Como sea, parece que los aspectos más progresistas del texto serán coartados.

La Constitución Política de la Ciudad de México está en el limbo. De lo que aprobó la Asamblea Constituyente no se sabe lo que quedará: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá una catarata de juicios constitucionales promovidos por dos poderes federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hasta los partidos que la votaron.

La Presidencia de la República y el Congreso se sintieron invadidos en sus funciones, la Procuraduría General de la República (PGR) cuestionó la legalidad de gran parte de los derechos y obligaciones previstos para los ciudadanos de la capital del país, el Poder Judicial local se sintió trastocado, la CNDH se queja de que no aclara qué autoridad debe garantizar los nuevos derechos y Morena cuestionó la integración de lo que será el Congreso local.

Los reconocimientos a lo hecho por la Asamblea Constituyente acabaron en una simulación. Como la del propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien quiso pasar a la historia al “promulgar” la Constitución local en un acto que jurídicamente fue sólo de publicación.

Para esa ceremonia, Mancera escogió el 5 de febrero pasado, en el centésimo aniversario de la Constitución federal, una semana después de que el documento local fuera terminado por la Asamblea Constituyente.

El desacuerdo en torno a la Constitución capitalina prevalece hasta en quién debe contestar las impugnaciones, si la Asamblea Constituyente o la Asamblea Legislativa y Mancera. Por lo pronto, la Suprema Corte ya definió que estos últimos, aunque la decisión final aún puede estar por venir. La única certeza es que la Constitución Política de la Ciudad de México tiene que entrar en vigor el 17 de septiembre de 2018.

“Se ha querido desviar la atención porque Mancera quería promulgar. Para él era un acto simbólico, histórico. Hizo una ceremonia para aparentar que promulgaba, pero en realidad fue un acto de publicación”, dice el abogado Javier Quijano Baz, integrante de la Asamblea Constituyente como parte de los constituyentes de Morena.

Expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, miembro de la American Bar Association y exvicepresidente de la Union Internationale de Avocats, Quijano Baz abunda:

“Una Constitución no se manda a promulgar a nadie sencillamente porque no hay un Poder Ejecutivo”. Venustiano Carranza no mandó a promulgar la Constitución de 1917 porque no había jefe del Ejecutivo. Él era jefe del Ejército Constitucionalista.

“El efecto de la promulgación es dar al Ejecutivo la posibilidad de veto y la Carta no se puede vetar porque la propia Constitución federal dice que nadie podrá oponerse a ella. Una vez emitida, será obligatoria para todos y nadie podrá oponerse. Entonces, lo que se hace es sólo publicarla.”

Más que anecdótico, el señalamiento de Quijano es para explicar por qué Mancera no puede ser parte de las demandas ante la SCJN: “La publicación no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ergo, el jefe de Gobierno no puede ser autoridad demandada”.

Pero la Suprema Corte ya decidió lo contrario. El miércoles 22, el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite la controversia constitucional del Senado en contra de la Constitución, el tercer recurso de su tipo. Los otros dos son de la Presidencia de la República y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que dijeron sentirse invadidos en sus facultades.

Las otras impugnaciones son acciones de inconstitucionalidad, también a cargo de Laynez Potisek, en las que la PGR, la CNDH y los partidos Morena y Nueva Alianza cuestionaron varias disposiciones.

El propio Javier Quijano había presentado un amparo en contra de la manera en la que se integró la Asamblea Legislativa, pero se desistió ante las crecientes impugnaciones.

Contra la inexistencia

El ministro Laynez determinó negarle el carácter de demandado a “la entonces denominada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México” y en su lugar reconoció a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno, a pesar de que la Asamblea Legislativa no fue la que elaboró la Constitución.

Laynez incluso reconoció como tercera interesada a la Cámara de Diputados en el juicio constitucional promovido por el Senado, y no a la Asamblea Constituyente a la que dio por muerta.

“Es un pésimo augurio. La Corte se estaría erigiendo en una institución autoritaria y no quedaría más remedio que la sociedad se pronuncie en su contra”, asegura Quijano Baz en entrevista el mismo miércoles en que el ministro decidió dejar fuera a la Constituyente.

Litigante en materia civil y mercantil y uno de los tres abogados de Morena en esa Asamblea, Quijano señala que en la reforma política de la Ciudad de México, publicada en enero de 2016, se determinó que la Asamblea Constituyente cesaría en sus funciones al momento de la publicación de la Constitución y que sus reformas y adiciones se harán de conformidad con lo que la misma establezca.

“Las funciones que cesan son las legislativas, pero no todas. Esta Asamblea Constituyente recibió un presupuesto y tuvo que rendir cuentas después de la publicación de la Constitución.

“Después del 5 de febrero, cuando se publicó la Constitución, hubo varias reuniones de la Mesa Directiva. Se expidieron cheques, hubo reuniones con la autoridad. Es decir, siguió viviendo, por lógica. Incluso aún se tiene que pagar la renta a la UNAM por el uso del Palacio de Minería.

“¿Defender la Constitución en una demanda es acaso una función legislativa? No. Es una defensa de lo hecho, y quien tiene derecho a hacerla es quien la elaboró. Lo que se extinguió fueron las funciones legislativas, no la Asamblea, argumenta Quijano.

–Pero la Suprema Corte está dando otra interpretación. ¿Qué se espera con esta decisión? –se le pregunta.

–La plaza pública. Si a mí me cierran la puerta de los tribunales al pedir justicia, no me queda más remedio que pedirla en la plaza pública.

–¿Es un mal augurio esa decisión de la Corte, un paso para echar abajo lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México?

–Yo creo que sí. Se supone que el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa van a defender la supervivencia de la Constitución, pero ellos no la hicieron. Nosotros vamos a insistir en ser emplazados. Incluso, en su controversia constitucional el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) menciona como demandada a la Asamblea Constituyente o a la autoridad que asuma la responsabilidad por los asuntos en materia de su competencia. La Corte ni nos menciona como terceros interesados.

Asegura que el senador del PRD Alejando Encinas, presidente de la Mesa Directiva del Constituyente, puede darse por emplazado y hacer valer un recurso de apelación en contra del acuerdo del ministro Laynez Potisek.

“La Corte tiene que admitir el recurso cuando menos para los efectos de trasladarlo a un ministro. Nos podrán decir que Alejandro Encinas o Javier Quijano no representan a nadie y que la Asamblea Constituyente ya no existe. Pero nosotros tenemos que insistir en que lo que ha cesado son sus funciones legislativas y existen funciones de defensa y de orden administrativo. Es más, todavía tenemos que pagar la luz y renta. ¿Ya no se va a pagar? ¿O va a pagar la Asamblea Legislativa? ¡Claro que no!, ¿y el jefe de Gobierno? ¡Menos! Es absurdo. No veo por qué les preocupa tener a la Asamblea Constituyente como parte de la demanda.”

Asevera que Encinas puede convocar a la Junta Directiva para definir a un grupo de abogados encargados de defender la Constitución. Más simbólica sería la presentación por parte de la Junta Directiva de un amicus curiae, en el que presenten sus argumentos de defensa, pero sin ser obligatorio que la Corte los tome en cuenta.

De acuerdo con Quijano, una mayoría en el pleno de la Suprema Corte está en contra de lo que quedó en la Constitución capitalina respecto de los derechos humanos. “Se nos ha dicho que nueve de los ministros están en contra de todo lo que hicimos en esa materia. Si es así, podrán echar abajo lo que quieran. Puede ser un caos.

“No veo que combatan mucho las cuestiones de las demarcaciones políticas y la constitución de los órganos políticos de las mismas. Más bien están en contra de lo que vaya más allá en el tema de derechos humanos. Pero eso también es absurdo, porque hay leyes en la Ciudad que van más allá de la Constitución Política en materia de derechos humanos.

“Eso está en la propia Constitución, en el artículo primero, respecto de la progresividad de los derechos humanos. No podrán decir, por ejemplo, que la ley de matrimonios homosexuales en la Ciudad de México es inconstitucional porque va más allá del matrimonio heterosexual. Ese es un derecho ya ganado.”

Pugna contra el Poder Judicial

Otro asunto en el que la Corte puede modificar sustancialmente lo establecido en la Constitución local es el relativo al Poder Judicial capitalino, que prácticamente desaparecería en su organización actual.

Eso motivó la controversia que presentó Édgar Elías Azar (hasta la semana pasada presidente del TSJDF). Él, después de una década de controlar el tribunal, renunció al ser propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para embajador ante los Países Bajos.

De acuerdo con lo signado por los constituyentes, incluidos los del PRI, se creará una nueva organización y estructura del Poder Judicial local. Al igual que en el ámbito federal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia es presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de la vigilancia, administración y sanción de los jueces y magistrados locales.

Los integrantes del Consejo son nombrados por el propio Tribunal y el Legislativo local. En teoría, el Consejo vigila al Tribunal, pero al tener al mismo presidente, en la práctica la conducta del presidente nunca es vigilada y queda fuera de control, dice Quijano.

“No hay razón jurídica para ser vigilante y vigilado al mismo tiempo. Por eso es que decidimos que ningún magistrado en funciones forme parte del Consejo de la Judicatura, ni sus integrantes serán nombrados por el Legislativo porque se crean cuotas de partido. Quien lo va a nombrar es un Consejo Judicial Ciudadano integrado por 11 personas con reconocimiento social.

–¿Otro grupo de notables? –se le inquiere.

–No es pecar de inocencia, pero sí podemos integrar cada tres o cuatro años a 11 personas intachables –arguye Quijano y explica que el PAN apoyó la propuesta bajo el entendido de que ese consejo ­desaparecerá después de los nombramientos, pues al mantenerlo en el tiempo se convertiría en un grupo de poder.

Entre sus siete integrantes, no habrá ningún magistrado en funciones. Tres espacios en el Consejo serán ocupados por gente proveniente de la carrera judicial. Los otros cuatro provendrán de otros ámbitos.

Quijano Baz dice que bajo ese diseño, la propia Corte “pondría sus barbas a remojar”, pues el esquema que modificó el Constituyente es el mismo que actualmente funciona con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

“Si nos quitan eso y nos dejan en la situación actual estamos perdidos”, advierte.

La de la PGR es la más amplia de las impugnaciones en contra de la Constitución. Comprende 39 conceptos de invalidez, relacionados con cerca de 20 artículos; es decir, casi una tercera parte de los 71 artículos.

Los juicios contra la Constitución de la Ciudad de México significan “un asunto de interés nacional” porque abarcan temas que importan a todo el país. Pero si la Corte resuelve sin satisfacer el interés general de la ciudad, va a ser un escándalo, zanja.

“Ya hay Constitución y habrá Constitución. Eso no se puede echar para atrás. Pero la incógnita es qué Constitución queda”, asegura.