Hawái, que logró la orden cautelar de suspensión de entrada en vigor, alega que la orden afecta a su población musulmana y estudiantes extranjeros, y que dañará el turismo en el archipiélago
La justicia paraliza también el nuevo veto migratorio de Trump
Un juez federal de Hawái impide la puesta en marcha del decreto como medida cautelar horas antes de que entre en vigor
JOAN FAUS, Corresponsal en EU/
El País, Washington 15 MAR 2017
A la segunda, tampoco. Un juez federal de Hawái falló este miércoles en contra del Gobierno de Estados Unidos y ordenó que no entre en vigor el nuevo decreto sobre inmigración de Donald Trump. Esta era la nueva versión del veto miratorio que provocó el caos en los aeropuertos y fue paralizado por un juez de Seatte. Debía entrar en vigor en la medianoche de este miércoles. No lo hará porque el juez ha concedido la medida cautelar pedida por el Estado de Hawái para que no se aplique hasta que se resuelva la demanda contra él.
Dos mujeres somalíes en el aeropuerto de Nueva York, la semana pasada CRAIG RUTTLE AP
En la madrugada del jueves en Estados Unidos debía en vigor el nuevo veto migratorio de Donald Trump tras el fiasco del primer decreto. El presidente
estadounidense afrontaba una prueba de fuego. Quería evitar el tumulto de la anterior orden ejecutiva. La justicia la paralizó una semana después de aprobarse al considerar que había indicios de que fuera inconstitucional. Antes, la orden había provocado escenas de caos en los aeropuertos y desató una ola de indignación internacional.
La Administración republicana había tratado de evitar errores con el nuevo texto. En vez de recurrir la suspensión de la norma original por parte de un juez de Seattle, el Gobierno había impulsado una nueva versión más moderada y ha bajado el tono dialéctico.
El veto estaba pensado para ser efectivo a los 10 días de firmarlo Trump en un acto a puerta cerrada, lejos de la parafernalia de su firma del primer decreto, el 27 de enero, cuando prometió “mantener a terroristas islamistas radicales” fuera de EE UU. Y el presidente ha dejado de atacar al magistrado que frenó su estrategia.
La prohibición es más acotada que la anterior, que se implementó inmediatamente sin que los agentes fronterizos supieran exactamente cómo aplicarla. Pero la tesis ideológica detrás del veto es la misma que atizó Trump en campaña: el supuesto peligro, no demostrado, que entraña para EE UU la entrada de refugiados e inmigrantes musulmanes.
Se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
Se mantiene la paralización durante 120 días del programa de refugiados pero se levanta la suspensión indefinida a los ciudadanos sirios. También se elimina el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatiza que el veto responde a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.
El nuevo veto, sin embargo, fue amenazado por la justicia desde el principio, con denuncias de Estados y organizaciones sociales esgrimen que el decreto sigue discriminando a los musulmanes. Las batallas judiciales eran varias. Hawái, que logró la orden cautelar de suspensión de entrada en vigor, alega que la orden afecta a su población musulmana y estudiantes extranjeros, y que dañará el turismo en el archipiélago. El Estado de Washington, que logró parar el primer decreto, argumenta ante el mismo juez que el nuevo veto mantiene su inconstitucionalidad y afecta gravemente a sus residentes, estudiantes y empresas. Otros cinco Estados se han unido a ese recurso.
El Gobierno alega que no hay ninguna necesidad de paralizar la orden porque no causa “ningún daño inmediato” y sostiene que es “sustancialmente diferente” a la anterior.
“No se revoca ningún visado, no se prohíbe el retorno de ningún residente permanente. Nadie que esté legalmente en Estados Unidos pierde la habilidad de salir del país y volver”, esgrime el Departamento de Justicia en un escrito ante un tribunal federal de Maryland, en el que grupos sociales han presentado un recurso que considera ilegal la reducción del número de refugiados en medio del año fiscal.
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