RETALES/ Joaquín López Doriga../Milenio
1. PANTALLA. La salida de los dos socios de Tecnoradio, S.A., Carlos Lara y Cenobio Alfonso Amilpas, se formalizó el 28 de julio, la víspera para participar en la licitación de radio del IFT y no considera el traslado de sus acciones. A ver de dónde los nuevos e intempestivos socios van a sacar 280 millones por las 37 concesiones y otros 300 para montarlas"..
Dice Raymundo que "Lara Sumano explicó la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre (López Doriga dice que en julio), sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró por qué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público
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Seguritech, el querubín
Estrictamente Personal/RAYMUNDO RIVA PALACIO
El Financiero, 28 de marzo de 2017
Seguritech es el nombre de una empresa que genera muchos murmullos, pero de la que nadie quiere abiertamente hablar. Empezó en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió, en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51 por ciento de las acciones, y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30 por ciento de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19 por ciento, es una notaria pública en Veracruz. Como Tecnoradio SA de CV, Seguritech es una empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la primera, el que su campo de acción sea la seguridad evita que sus contratos sean públicos.
Seguritech es el nombre de una empresa que genera muchos murmullos, pero de la que nadie quiere abiertamente hablar. Empezó en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió, en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51 por ciento de las acciones, y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30 por ciento de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19 por ciento, es una notaria pública en Veracruz. Como Tecnoradio SA de CV, Seguritech es una empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la primera, el que su campo de acción sea la seguridad evita que sus contratos sean públicos.
Personas que han seguido su vertiginoso crecimiento recuerdan que Picker se relacionó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido, al haber sido puesto al descubierto hace dos domingos por la revista Proceso, es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano, aunque el volumen más importante de sus contratos, en función de montos, se ha dado con el gobierno de Eruviel Ávila.
Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de videovigilancia), los C4 (centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo de procedimiento no habría despertado sospecha en la industria, de no ser porque concentran cerca de 80 por ciento de todas las adjudicaciones directas que ha dado el gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan.
En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un ejecutivo de una empresa de seguridad, que citó el caso de un gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de seguridad a la empresa. Picker, por otra parte -señaló una persona que conoce la forma como se realizan estos negocios-, sólo los concreta con quienes gobiernan en los estados. “Su fuerza no está en Korenfeld o en el Estado de México -añadió otra persona que conoce los vínculos de Picker con el círculo íntimo de Peña Nieto desde hace tiempo-. La fuerza proviene de alguna oficina en Los Pinos”.
No está claro en la industria quién es su padrino dentro del círculo peñista, donde han mostrado una proclividad para establecer relaciones políticas o empresariales que se adentran en el conflicto de interés. Pero la certeza de que no hay otro lugar de donde podría tener el apoyo para que los gobiernos estatales vean a Seguritech como una empresa preetiquetada y le entreguen adjudicaciones directas, proviene de la facilidad como ha hecho negocio durante estos años. De la misma manera, la tensión que se ha dado en las últimas semanas ante las señales de cuando menos cinco gobierno estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugiere que por encima de Picker hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones en su contra.
El caso de Seguritech, como el de Tecnoradio que se exploró en el texto anterior, son dos ejemplos muy claros del entramado opaco entre Los Pinos y empresarios ligados a altos funcionarios de la Presidencia. No hay evidencias sólidas que permitan apuntar conflictos de interés de Seguritech con el equipo de Peña Nieto, y menos aún que sean beneficiarios de sus ganancias. Pero las sospechas son letales en el último tercio del sexenio. El caso de Tecnoradio es menos difícil de procesar porque al no estar en el campo de la seguridad, los conflictos de interés que aparentemente existen pueden ser solucionados y eliminados. Con el de Seguritech la situación es distinta.
No habrá manera de abrir esa caja negra, que es en donde se maneja, para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y comenzara una investigación. Eso no sucederá. O al menos, no en este sexenio, lo que no significa que la protección, quizá mutua, sea para siempre.
P.D. En la columna anterior, 'La misteriosa Tecnoradio', se apuntó que el Imer depende de la Secretaría de Gobernación. Depende de la Secretaría de Educación.
Twitter: @rivapa
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La misteriosa TecnoradioEstrictamente Personal/RAYMUNDO RIVA PALACIO
EL Financiero..., 27 de marzo de 2017..
La comunidad libanesa en México, a la cual pertenecen algunos de los empresarios más importantes del país, le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que luche contra la corrupción. “La corrupción produce desaliento y crea una imagen repugnante dentro de la sociedad”, dijo el líder del Centro Libanés, Alejandro Serio. “Señor presidente, le pedimos que se aplique la ley”. Peña Nieto, que en público y en privado asegura que su gobierno ha hecho más que nadie para combatirla, respondió que será la Ley Anticorrupción lo que probará su dicho. Pero el futuro no es el presente. Mientras se daba ese intercambio, crece la polémica sobre la opacidad en los contratos y adjudicaciones de dos empresas, Seguritech y Tecnoradio, que tienen vasos comunicantes con Los Pinos.
La prensa especializada lleva dos semanas mostrando lo que parece una proclividad a apoyar a esas dos empresas que han florecido durante el gobierno de Peña Nieto. Tecnoradio ha sido cuestionada por el hermetismo con el que las autoridades cuidan la identidad de sus socios. Fundada en 2011, de la nada se presentó en el concurso público del Instituto Federal de Telecomunicaciones para obtener 191 frecuencias de radio FM y 66 en AM, y se quedó con 34 FM y tres AM en 18 estados, por las cuales ofreció pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, de largo historial en la industria. La suspicacia general la resumió Javier Tejado, experto en telecomunicaciones y abogado de Televisa, en su columna en El Universal el martes pasado: “¿Quién está detrás de Tecnoradio?”.
La prensa estaba volcada en sus accionistas y representantes públicos, Carlos Lara Sumano, director del Instituto Mexicano de la Radio (Imer); Alfonso Amilpa, exfuncionario federal y asesor de varios grupos radiofónicos, y Alí Eduardo Bañuelos, que trabaja con Diamond Electronics, que es importante contratista de televisoras digitales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El debate se ha centrado en Lara Sumano, ante un posible conflicto de interés. ¿Cómo puede un funcionario, cuya área de competencia es la radio, participar en un concurso de licitación de frecuencias de radio? La prensa reveló que Lara Sumano tiene 249 de las 600 acciones de Tecnoradio, mientras que Amilpa tiene otras 306. Quién tiene las 45 restantes es otro misterio, porque Bañuelos sólo aparece como representante legal.
Lara Sumano explicó la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de Tecnoradio, vendió sus acciones en septiembre, sin mostrar ningún documento que avalara su dicho, ni tampoco aclaró por qué, si desde febrero pasado apareció esa empresa como la ganadora del concurso público, no hizo del conocimiento público su retiro como accionista hasta que el escándalo lo comenzó a quemar. El gobierno ha dejado solo al director del Imer. La Secretaría de Gobernación, bajo cuya jurisdicción se encuentra ese instituto, no ha dicho absolutamente nada. La Secretaría de la Función Pública no ha abierto ninguna averiguación que se sepa, hasta este momento. Las autoridades judiciales competentes tampoco han intervenido, ni siquiera informalmente, para que Lara Sumano les aporte las pruebas de que, en efecto, no es accionista en la empresa. Este funcionario tampoco ha presentado una denuncia penal por el mal uso de su nombre y el abuso de confianza por haber existido, en dado caso, usurpación de su nombre para actividades que serían ilegales, que obligaría a la cancelación del concurso.
Este tema se ha vuelto muy caliente por las ramificaciones que tiene hasta Los Pinos, en particular con la Dirección de Comunicación Social que encabeza Eduardo Sánchez. Lara Sumano, Amilpa y Sánchez son un trío de viejos amigos que se introdujeron en el tema de la radio y telecomunicaciones desde que trabajaron en esas áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando el secretario era Emilio Gamboa, actual coordinador del PRI en el Senado. Sánchez fue director de Radio de la SCT, de 1991 a 1993, y lo sustituyó Amilpa, mientras que Lara Sumano era director de Telecomunicaciones en tiempos de Gamboa. Esa dependencia fue su plataforma para ingresar y ser asesores de grupos de radiodifusores dentro de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), por la que Sánchez llegó a una diputación años después.
Sánchez fue parte activa en la campaña presidencial de Peña Nieto, y al iniciar este gobierno fue nombrado subsecretario de Normatividad de Medios en Gobernación. Sánchez incorporó a su equipo a Lara Sumano, a quien nombró en la dirección del Imer, y regresó de Denver, donde era cónsul, a Andrés Chao, a quien nombró director de Radio y Televisión en su subsecretaría. Ninguno de ellos dos ha dicho nada sobre Lara Sumano, aunque política y formalmente depende de ellos. Sánchez es vocero del presidente y responsable de medios en Los Pinos desde 2013, mientras que Chao es subsecretario de Normatividad.
De Tecnoradio nadie quiere hablar. Este grupo, que según Lara Sumano no tenía recursos, concursó con fuerza y elevó dramáticamente los costos. En general subió en 22 por ciento el precio del mercado con respecto a los valores mínimos, según Fernando Mejía Barquera, un experto en el tema. Empresarios de la industria aseguran que lo que pagó Tecnoradio hace inviable el modelo de negocios, con lo cual crecen las dudas sobre quién o quiénes están detrás, no sólo en términos legales, porque pueden ser testaferros, sino en términos reales. La opacidad es el nombre del juego en el peñismo, como sucede con Seguritech, de quien se hablará en la siguiente entrega.
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