Revista Proceso # 2107, 18 de marzo de 2007..
Un “regalo” inesperado/NOÉ ZAVALETA
Medio centenar de personas –en su mayoría mujeres– integran el Colectivo Solecito; buscan a sus familiares desaparecidos y vienen de diversos municipios veracruzanos.
moreSe organizaron a mediados del sexenio de Duarte. La indiferencia y negligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) las hicieron fortalecerse, las llevó a empezar a manifestarse y a ejercer presión ante los medios para darle nombre y apellido a los desaparecidos.
La narcofosa de Colinas de Santa Fe fue descubierta gracias a un “regalo” de la delincuencia organizada al Colectivo Solecito: el 10 de mayo del año pasado, durante una marcha, algunos desconocidos se acercaron a activistas de esa organización, les entregaron varios papeles y se fueron de inmediato.
Se trataba de hojas de papel bond con croquis y mapas hechos a mano, con decenas de cruces marcadas en la esquina de una hoja, y los dibujos de un puente, vías de tren y las casas de Colinas de Santa Fe. Así fue como las madres de los desaparecidos dieron con el “Predio de la muerte”.
A partir de ese 10 de mayo las mujeres se dedicaron a conseguir recursos y empezaron sus propias investigaciones. Con ventas de garaje, rifas, kermeses y boteos consiguieron efectivo para sufragar sus brigadas de búsqueda, ante la indiferencia de la Fiscalía General del Estado, que encabezaba entonces Luis Ángel Bravo, y de la SSP, cuyo titular de entonces, Arturo Bermúdez, hoy está en prisión, acusado por diversos colectivos de varias desapariciones forzadas.
Rosalía Castro, madre de Roberto Casso, desaparecido en Huatusco en diciembre de 2011, asegura que ella y otras madres cuyos hijos fueron “levantados” han dedicado todos los días de su vida a buscar a sus hijos.
“Con el Colectivo Solecito llevamos una lucha incesante, hemos participado en marchas exigiendo justicia, hemos ido a cavar en las fosas clandestinas, es un sufrimiento inenarrable”, expuso Castro en el Congreso local tres días después de que Yunes rindiera protesta como gobernador y se comprometiera a que el problema de los desaparecidos ocuparía un lugar principal en la agenda pública.
Hasta ahora la única integrante de Solecito que ha podido sepultar a su hijo –apenas el pasado miércoles 8– es Griselda Barradas, madre de Pedro Huesca, el agente del Ministerio Público asesinado en 2013.
Desencuentros
En Veracruz, activistas de Solecito han manifestado su molestia e irritación porque el fiscal general del estado, Jorge Winckler, habló en el noticiario de Carlos Loret de Mola en Televisa, el pasado martes 14, y dio detalles del hallazgo de la narcofosa de Colinas de Santa Fe, “como si fuera algo nuevo o él la hubiera descubierto”, y presumió logros que son de los familiares de desaparecidos, expone Lucía Díaz Genao, madre del disc-jockey DJ Patas, desaparecido en 2013.
Añade que Winckler es “indolente” e “insensible” y no tiene, asegura, la menor idea de lo que es el trabajo de los colectivos de personas desaparecidas.
“Se burla de nosotros en redes sociales, no nos atiende, no nos recibe, aparece cuando el gobernador Yunes se lo ordena o cuando Roberto Campa (Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación) viene al estado. Se cree un reyezuelo, pero es un rey de la mentira”, señala Díaz Genao.
Los colectivos de familiares de los desaparecidos y el fiscal han tenido varios desencuentros, ahora también en Twitter, donde Solecito le hace reclamos y Winckler contesta con sarcasmos.
Un funcionario de la FGE asegura que el propio gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, le dio “una zarandeada” a Jorge Winckler, y le exigió que limara “asperezas” con los colectivos y ocupara menos el Twitter.
Dos días después el funcionario cumplió las órdenes al pie de la letra: acudió más de tres horas al narcocementerio de Santa Fe, donde se reunió con activistas de Solecito, y de paso dejó de tuitear.
La relación entre el nuevo gobierno del panista-perredista Yunes y los colectivos se volvió tensa el pasado 16 de febrero, cuando familiares de desaparecidos dieron la espalda al subsecretario Campa Cifrián y abuchearon a Winckler por haberlos hecho esperar más de tres horas a las afueras de la FGE, donde tendrían una reunión de trabajo que finalmente dio pocos resultados.
Ese día las madres de desaparecidos tuvieron que entrar por la fuerza a la FGE, empujando a los policías ministeriales, pues ningún directivo de dicha oficina había autorizado su acceso.
Otros problemas han sido divulgados por periodistas de medios internacionales, como The New York Times y El País, entre otros, quienes reprochan que el gobierno y la FGE se niegan a darles información o siquiera a contestarles el teléfono; lamentan que el nuevo gobierno tenga entre sus “medios predilectos” a Televisa.
En el puerto de Veracruz la situación es similar. El pasado jueves 16 una treintena de fotógrafos, camarógrafos y reporteros de medios locales y nacionales entraron por la fuerza a Colinas de Santa Fe. Para llegar a las narcofosas tuvieron que esquivar a ocho policías ministeriales y cuatro estatales.
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