Gobierno de Malova ocultó información de penales a la SEDENA
Rio Doce, 24 abril, 2017 por Redacción
VISITA AL CECJUDE. Para jugar beisbol.
Detrás de la fuga de los cinco internos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) con sede en Culiacán, hay indicios que apuntan actos de corrupción en que incurrió la pasada administración de Mario López Valdez.
Una revisión sorpresiva del Ejército, que duró seis horas y media el 12 de mayo de 2016, dio cuenta de los privilegios que algunos internos tenían dentro del penal durante la anterior gestión.
Esas condiciones influyeron (¡?) para que Juan José Esparragoza Monzón, el Negro; Jesús Peña González, el 20; Rafael Félix Núñez, el Changuito Ántrax; Alfonso Limón Sánchez, el Limón; y Francisco Javier Zazueta Rosales, el Chimal —recientemente abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Marina y con apenas casi dos meses de reclusión—, dejaran el encierro sin que nadie hiciera algo por impedirlo.
El gobierno de Mario López Valdez ocultó información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pese a que ésta observó los lujos en los que algunos presos vivían dentro del penal.
Toda una estructura para disimular que el día a día transcurría con normalidad, operó al interior del Cecjude de Aguaruto, según revela información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información.
Con fecha 26 de septiembre, el general Alfonso Duarte Múgica, entonces comandante de la Tercera Región Militar, solicitó a través del oficio JRI-30961, un informe respecto a la situación que guardan las carracas de lujo que se encontraron durante la revisión a ese centro penitenciario el 12 de mayo de 2016, “toda vez que no ha recibido información respecto al avance de su destrucción”.
Asimismo, Duarte Múgica pidió conocer las acciones que los funcionarios estatales habían adoptado para obtener mayor información que permitiera descartar la posible fuga de reos de ese Cecjude, “o bien reorientar o incrementar la seguridad para evitar este tipo de eventos”, cita el documento.
La solicitud del general fue respondida por Rafael Báez Sidar, director del Cecjude, con fecha 28 de septiembre de 2016, mediante el oficio 4707/2016, el cual cita:
“Actualmente en este Centro Penitenciario no existen carracas consideradas de lujo y de igual forma le hago de su conocimiento que para descartar posibles fugas, se están llevando a cabo revisiones continuas ordenadas por el grupo de Coordinación Sinaloa, y las propias llevadas a cabo por el personal de custodia de este centro, aunado a ello se contrató los servicios de maquinaria pesada para llevar a cabo la limpieza y excavaciones en el perímetro exterior con zanjas de aproximadamente 12 metros de profundidad para detectar posibles túneles”.
En su respuesta Báez Sidar agregó que “para fortalecer las acciones que permitan sacar todos aquellos implementos considerados como de lujo, se sesionó en reunión del Comité Técnico y se levantó acta de todos aquellos artículos permitidos y no permitidos dentro de las carracas”.
En la solicitud de información hecha al Cecjude de Culiacán, se pidió conocer cuántos ingresos registró personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR) durante 2016, cuál había sido el motivo y resultado de su entrada al penal.
Durante 2016, se informó, la Sedena participó en seis operativos en el Cecjude de Culiacán.
“El día 12 de mayo ingresó directamente hacia el interior para una revisión en los módulos 05, 06 y 10, siendo apoyados por agentes de seguridad y custodia. Asimismo en los otro cinco operativos con fecha 30 de mayo, siete de julio, 20 de septiembre, 17 de agosto y 20 de diciembre del 2016, solamente participaron en apoyo en la seguridad perimetral sin ingresar al centro penitenciario”, detalló el informe.
Con relación al resultado del operativo del 12 de mayo de 2016 se elaboró un parte informativo con número 056/SEG/CECJUDE, por el Departamento de Seguridad, que se transcribe a continuación:
“Que siendo las 20:30 horas, arribaron a este Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, un grupo de 69 elementos militares asignados a la Novena Zona Militar, quienes se avocaron a efectuar una revisión al interior de los módulos 05, 06 y 10, siendo apoyados por los agentes de seguridad y custodia. Asimismo informo que dicho operativo se dio por concluido a las 03:00 horas del día 13 del mes y año actual, dando como resultado de esta intervención el aseguramiento de diferentes objetos”.
En el informe obtenido por este medio, se omitió detallar los objetos asegurados, sólo se dio a conocer que fueron sacados del penal en cubetas, bolsas y cartones.
Carracas de lujo
Sería hasta después de la fuga que las corporaciones policiacas del estado se dieran a la tarea de desmantelar las carracas 05, 06 y 21. De la más lujosa encontrada por los militares, la 10, nadie reveló nada.
Fuentes militares informaron que esa carraca había sido ocupada por la persona que tenían registrada como Rafael Cruz Romero o Rafael Alvarado.
El 8 de julio de 2016, se propagó la noticia de que al interior del penal había ocurrido una balacera. De la movilización policiaca sólo se desprendieron datos que apuntaban a que Rafael Alvarado había sido colgado de una viga, previo a darle muerte a golpes.
El hombre de 30 años fue señalado por estar preso por delitos contra la salud, pero no por ocupar la carraca 10, como lo documentó la Sedena, sino la 09. Y no se dijo más.
Un día antes de que lo asesinaran, en la “Peni” hubo una revisión sorpresa que comandó Jesús Aguilar Íñiguez, entonces director de la Policía Ministerial.
El informe militar al que Ríodoce tuvo acceso en 2016 señala que una de las carracas, la habitada por Rafael Lugo Cruz Romero y/o Rafael Alvarado, el Rafa, sobresalía de las demás.
Tenía la habitación con más lujos y comodidades no sólo para él, sino para sus escoltas armados, quienes contaban con colchonetas.
Ropa de marca y diez pares de zapatos marca Gucci, cocina integral, aparatos electrodomésticos y pantallas, se agregaron a la descripción.
El informe militar también cuestionó la labor de los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, pues estaban obligados a ingresar al penal para constatar las condiciones en las que se daba el proceso de reclusión.
Internos que cumplieron con su sentencia vieron como desde el 1 de enero del 2015, las lujosas carracas empezaron a ser habilitadas y reconstruidas sin que nadie hiciera nada.
El desdén de Malova por los penales
Excluidos de las inversiones millonarias, los centros penitenciarios del estado apenas sí alcanzaron a beneficiarse con reparaciones y mantenimientos.
Los últimos dos años de su gobierno, el ex gobernador Malova apenas rebasó el millón de pesos.
La partida de 2015 sumó 627 mil 831.01 pesos en los conceptos de reparaciones y mantenimiento del edificio, mientras que en 2016 fue de 526 mil 595.82 pesos. El total: 1 un millón 154 mil 426.83
En el caso del penal de Mazatlán se informó que se invirtió en un circuito cerrado de monitoreo y un módulo para vinculados a proceso que se encuentra inconcluso. En ninguna de las dos acciones se informó el monto.
Lo que sí se reveló es que el Ejército registró dos ingresos con motivo de revisión, siendo el resultado negativo en relación a objetos y sustancias ilícitas.
En el Cecjude Goros, de Los Mochis, el gobierno del estado invirtió en 2016 el monto de 286 mil 197.05 pesos en pintura, plomería, materiales y agregados y material de herrería.
En 2016 hubo cuatro revisiones en las que personal militar únicamente participó para dar seguridad extrema, ingresando dos elementos castrenses para el conteo y fotografías de lo decomisado como sustento legal de lo manifestado.
El 20 de mayo del 2016 ingresó personal militar y de la Marina acompañados de personal de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial y Municipal.
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