El juego perverso de la SCT y Tecnoradio

Revista Proceso # 2117, 27 de mayo de 2017

El juego perverso de la SCT y Tecnoradio/

JENARO VILLAMIL

El fiasco en que terminó la adquisición de 37 frecuencias radiofónicas por la hasta entonces misteriosa empresa Tecnoradio puso en evidencia las grandes lagunas en la regulación de las telecomunicaciones por el Estado. De igual manera, mermó la recaudación calculada por el gobierno federal por las señales licitadas y atizó la preocupación de los concesionarios por la transparencia de los procedimientos oficiales y la igualdad de las reglas para todos los participantes.

Considerada como la licitación de frecuencias de radio más grande en los últimos 20 años por estar en juego un total de 257 estaciones en FM y en AM, la subasta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió la caja de Pandora sobre las trampas entre los grandes grupos radiofónicos privados en México y ventiló la sospecha de la participación de funcionarios del actual gobierno federal como posibles “prestanombres” de consorcios radiofónicos.

Además, el procedimiento de adjudicación exhibió un papel débil de los órganos reguladores, como el propio IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que acabó lavándose las manos en medio de una agria polémica.

Todo este conflicto se ha generado en el contexto del realineamiento de los concesionarios de radio y televisión en vísperas de la sucesión presidencial de 2018 y el descontento de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), el organismo cúpula de los concesionarios, porque esta nueva licitación “encareció” el valor de las concesiones y deberán pagar más por la contraprestación de sus refrendos. Una buena parte de las concesiones vence antes de 2020.

Desde el 15 de junio de 2016, la CIRT se opuso a la licitación del IFT porque supone riesgos económicos y el organismo regulador “decidió simplemente no analizar la viabilidad económica plaza por plaza, con lo que se crea un entorno desfavorable para la viabilidad financiera de nuestras estaciones existentes”, según su comunicado oficial.

Por lo pronto, las presiones y fracturas al interior de la CIRT se ventilaron en la reciente reunión de su Consejo Consultivo, realizada el 24 y 26 de mayo en Tampico. Versiones de participantes en este encuentro señalaron que hubo reclamos contra su actual presidente, Édgar Pereda Gómez, por no haber defendido al sector.

Por si fuera poco, Pereda Gómez es hijo de Adrián Pereda, fundador del grupo Radiorama, el consorcio radiofónico más grande del país vinculado al escándalo de Tecnoradio, el consorcio que incumplió el 22 de mayo con el pago de 288 millones de pesos por la contraprestación de las 37 frecuencias en AM y FM que ganó. El retiro de Tecnoradio representó que el IFT obtuviera sólo 783.6 millones de pesos por las señales licitadas y no los más de mil 200 millones que pronosticaron.

En su discurso del pasado miércoles 24, Édgar Pereda afirmó en Tampico que “la industria le da la bienvenida a la competencia, pero, como lo hemos afirmado enfáticamente, con certeza jurídica, transparencia y reglas claras e iguales para todos”.

Tecnoradio y Radiorama

La atención se concentró desde el principio de la licitación en el presunto “nuevo jugador”, una empresa denominada Tecnoradio, que habría ganado 37 frecuencias en AM y FM, lo cual la convertiría en un nuevo y poderoso actor en este mundo de oligopolios familiares dominado por empresas como Radiorama, Grupo Radio Centro, Grupo ACIR, Núcleo Radio Mil, Radio Fórmula y Grupo MVS, que detentan la mayoría de las mil 308 concesiones comerciales de radio que existen en el país.

Resultó que Tecnoradio no era un “nuevo jugador” y que detrás de él estaban los vínculos con Radiorama, el grupo radiofónico fundado en 1970 por Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda. Durante los últimos años, tanto Pérez de Anda como Pereda han ido transfiriendo el poder y la propiedad de las concesiones a sus hijos y parientes. El tercer socio minoritario es la familia Sanabria.

Radiorama detenta ahora más de 400 concesiones de radio en todo el país, según el especialista Gabriel Sosa Plata, autor del libro Días de radio, aunque información interna del IFT señala que son 155 concesiones en FM y 30 en AM, la mayoría de las cuales está en manos de la familia de Javier Pérez de Anda, seguida por Adrián Pereda.

Actualmente el IFT tiene una investigación en curso sobre Radiorama por una concentración no notificada con Grupo ACIR, de Francisco Ibarra. Radiorama pretendió hacer lo mismo que Grupo Televisa al adquirir Cablecom: sólo dar el aviso, pero la concentración rebasó los índices y límites de concentración.

El vínculo entre Radiorama y Tecnoradio no fue revelado por las autoridades encargadas de investigar a los licitantes (IFT y SCT) sino por el responsable jurídico de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, colaborador del periódico El Universal.

El 16 de mayo pasado, una semana antes de que concluyera el plazo para el pago de contraprestaciones, Tejado Dondé publicó que el representante legal de Tecnoradio, Alí Eduardo Bañuelos, “está casado con Viviana Toscano, sobrina de Javier Pérez de Anda… Asimismo La Vivis es prima hermana de las tres hijas de Pérez de Anda, accionistas de Radiorama, de tal modo que existe parentesco por afinidad y consanguinidad en tercer grado entre el presidente de Tecnoradio y varios accionistas de Radiorama”.

La revelación de Tejado Dondé cayó como bomba en los órganos reguladores, que habían dado por buena la condición de “nuevo jugador” de Tecnoradio, lo que le permitiría tener un descuento de 15% en la adquisición de las nuevas señales.

Tecnoradio no sólo tenía vínculos con Radiorama sino también con Núcleo Radio Mil (NRM), otro de los grandes consorcios radiofónicos en México, ya que Lorena Pérez Toscano, hija de Javier Pérez de Anda y pariente de la esposa de Alí Eduardo Bañuelos, está casada con Mauricio Huesca, hijo de Edilberto Huesca Perrotín, fundador de NRM. Según Darío Celis, columnista de Excélsior, “los Pérez de Anda tienen una tercera parte de las acciones de este grupo” con fuerte presencia en la Ciudad de México (columna “Dinero”, Excélsior, 24 de mayo de 2017).

Entre las estaciones nuevas de mayor valor que ganó Tecnoradio se encontraban una en Playa del Carmen, Quintana Roo, con valor de 55.7 millones de pesos; dos estaciones en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, con valor de 23.5 y 21.6 millones de pesos; una de Huauchinango, Puebla, de 20 millones, y varias más en Querétaro, Jalisco, Veracruz y Zacatecas.

Curiosamente, el interés de los especialistas no se concentró en los otros grupos que también adquirieron un buen número de concesiones nuevas, como son Escápate al Paraíso, que ganó en 14 frecuencias en AM (pagó 18 millones de pesos por una en León, Guanajuato); Media FM, que ganó cinco en AM y siete en FM; Centrado Corporativo SA, que ganó ocho estaciones en FM; o por el mismo Edilberto Huesca Perrotín, que adquirió seis nuevas estaciones en FM en Campeche y Oaxaca, pagó 25.2 y 25 millones de pesos por cada estación de FM que ganó en San Francisco de Campeche.

La SCT se lava las manos

Después de conocerse públicamente que Tecnoradio burló a las autoridades, la primera entidad en lavarse las manos fue la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.

El 18 de mayo, dos días después de la revelación de Tejado Dondé, un comunicado de la SCT indicó que a esta dependencia “no le corresponde revisar el cumplimiento de los requisitos que se establecen en las bases de licitación del IFT, entre ellos la declaración de un participante sobre sus vínculos comerciales, familiares o potenciales conflictos de interés”.

La SCT sólo “emite una opinión técnica no vinculante al IFT” sobre temas como el otorgamiento, la prórroga, la revocación de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, “con base en la información que el IFT le remita para tal efecto, lo cual se realizó, en tiempo y forma, con respecto a la empresa Tecnoradio”.

La dependencia afirmó que “no puede solicitar más información que la que el IFT requirió a los participantes de la licitación conducida por dicho organismo autónomo”.

También responsabilizó al IFT de “los desarrollos licitatorios” y recordó que le corresponde al instituto determinar “qué participantes cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable”.

Irene Levy, directora de Observatel y abogada especialista en el sector, recordó en un artículo especializado publicado el 22 de mayo que la SCT es responsable de aportarle al IFT “información que únicamente puede proporcionar el Ejecutivo federal sobre cuestiones de seguridad o a efecto de verificar la idoneidad de los inversionistas y/o su capacidad económica o cualquier otro aspecto de índole legal”.

Levy le recordó al secretario Ruiz Esparza que algo debía saber de los ejecutivos de Tecnoradio, ya que Alí Eduardo Bañuelos aparece también como director general de Polaroid en la empresa Diamonds Electronics, una de las grandes beneficiarias de la multimillonaria compra de televisiones digitales, con sobreprecios escandalosos, que operó ni más ni menos que la SCT de Ruiz Esparza.

Diamonds Electronics, asociada a Comercializadora Milenio, ganó contratos por 14 mil millones de pesos en la adquisición de 5.5 millones de televisores digitales que la SCT compró para regalarlos durante el proceso del “apagón analógico” en todo el país.

Los vínculos con Eduardo Sánchez

Los datos originales de la creación de Tecnoradio en 2011 involucraban a dos exfuncionarios federales: Carlos Lara Sumano y Alfonso Amilpa, cercanos al actual vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, quien antes ya había trabajado con concesionarios de radio como asesor jurídico. Los tres tienen fuertes vínculos también con Radiorama y otros grupos radiofónicos.

Según el Registro Público de la Propiedad, Carlos Lara Sumano, actual director del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) tenía 249 del total de 600 acciones de Tecnoradio, Amilpa tenía 306 y el resto estaban en manos de Héctor Zires Cataño.

Tres días antes de que se conociera que Tecnoradio había ganado 37 licitaciones de radio, el 23 de febrero de este año Lara Sumano y Amilpa formalizaron su salida de la empresa y, en su lugar, quedaron como nuevos accionistas Francisco Márquez Lozano, Enrique Escalante Oropeza, Alí Eduardo Bañuelos, René Padilla Pérez y Miguel Sánchez Maldonado.

El columnista Raymundo Rivapalacio recordó en su columna de El Financiero, el 5 de abril pasado, que Lara Sumano, Amilpa y Eduardo Sánchez son viejos conocidos. Trabajaron juntos en la SCT en los tiempos en que su titular era Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de los senadores del PRI.

Entre 1991-1993 Sánchez fue director de Radio en la SCT y Amilpa lo sustituyó. Lara Sumano fue director de Telecomunicaciones en la misma dependencia. Ya en el gobierno actual, Sánchez invitó a Lara Sumano a ser el director del Instituto Mexicano de la Radio (Imer).

En ese puesto, Lara Sumano no renunció a su participación en Tecnoradio, hasta que estaba a punto de ser declarada ganadora de las nuevas concesiones de radiodifusión.

De esta maniobra no se dieron cuenta ni la SCT ni el IFT. Lo han documentado los otros integrantes de la industria radiofónica, que representa 9% del mercado publicitario del país, con poco más de 7 mil millones de pesos, y que será indispensable en el próximo proceso de sucesión presidencial por la cobertura que tienen las estaciones en comunidades remotas y municipios de crecimiento económico constante.