Matar sin piedad, con impunidad ¿hasta cuándo?

Matar sin piedad, con impunidad ¿hasta cuándo?

Riodoce, 15 mayo, 2017/ por Ismael Bojórquez

Cuál es la diferencia, debiéramos preguntarnos. Si se trata de crímenes de la mafia, el pretexto —que no la razón— que se esgrime es que están relacionados con delitos federales y por lo tanto localmente no se les da el seguimiento adecuado que lleve al castigo de los victimarios. La estadística criminal está llena de estos casos. Más del 90 por ciento de los homicidios, seguramente. Y entonces ya ese 90 por ciento se fue al caño de la impunidad. Pero si se trata de crímenes de otra naturaleza, donde participen integrantes del crimen organizado —feminicidios, ofensas personales, pleitos en los bares, disputas familiares o por propiedades—, es la misma. Tampoco se investigan y esta vez por puro miedo. De tal forma que, durante décadas —al menos desde el sexenio de Antonio Toledo Corro—, los asesinatos relacionados con el hampa y los de alto impacto, del origen que hayan sido, nunca se aclaran. (Lugar especial ocuparía el caso de Norma Corona, pero no así el de Michel Jacobo, que quedó impune).

¿Cuándo se hará la diferencia? ¿Por qué los crímenes de alto impacto —no solo en Sinaloa sino en la mayor parte del país— nunca se aclaran? ¿Por qué están ligados al narcotráfico? ¿O al poder, al Gobierno, a los empresarios, a la Iglesia, a las compañías trasnacionales, a los caciques? ¿Cuál es la línea que los identifica y los une para que todos caigan en la misma zanja oscura, insondable, y luego en el olvido?

El viernes por la mañana, cuando llegaba a su oficina en Mazatlán, el abogado Miguel Ángel Sánchez Morán fue asesinado. Era una figura pública, abogado de prestigio, ex funcionario público de buen nivel y de una vida social abierta. Pero alguien decidió quitarle la vida y lo hizo a manos de un grupo de matones.

No es el primer abogado que matan en Mazatlán. Y en ninguno de los casos, vale decirlo aunque ya se sepa, se han castigado ni a los autores materiales ni a los intelectuales. En junio de 2013 asesinaron en Concordia al ex juez civil Isidro Hernández Ramírez, junto con su esposa y sus dos hijas. Fue un crimen ominoso igual que el silencio que lo rodeó.

De eso se quejaba un compañero suyo, Javier Sámano Bazúa —también ex juez civil mazatleco—, del silencio que guardaron las autoridades y de la falta de información sobre el crimen. Solo pasaron ocho meses para que también lo asesinaran. Lo mataron llegando a su despacho, en la colonia Ferrocarrilera. Igual que a Sánchez Morán el pasado viernes, quien cayó a una distancia de cien metros donde ocurrió el crimen de Sámano Bazúa en febrero de 2014.

Los dos primeros homicidios de alto impacto, fueron enterrados entre el silencio y la burocracia, el miedo y las complicidades con el poder y los grupos criminales. De este último, o más reciente, debiéramos pensar que puede aclararse, que hemos entrado a una nueva administración, que hay un nuevo sistema de justicia penal, que ya hay en Sinaloa un fiscal nombrado con relativa autonomía por el Congreso del Estado y que ese fiscal no tiene compromisos con el crimen. Y que, entonces, hay mejores condiciones para que la impunidad que históricamente ha rodeado estos casos llegue a su fin.

¿Quiere el nuevo Gobierno estatal bajar los índices de impunidad? Empiece a castigar a los culpables. Es la mejor vía. Y la prevención, claro. Pero mientras no se rompan los círculos viciosos de la impunidad, los crímenes se irán reproduciendo porque todos matan sabiendo que no serán castigados. Ni los autores materiales ni los intelectuales.

Y corre la cuenta para Quirino Ordaz Coppel, pero también para el fiscal Juan José Ríos Estavillo. Y no hay pretexto. Se supone que llegaron para cambiar las cosas, no para estarse quejando de que no hay recursos, que las camionetas no sirven, que los sistemas informáticos tampoco, que las armas, que faltan policías, que no hay ni para la gasolina… La gente quiere resultados, que bajen los índices delictivos. Y que no se cometa un crimen así, contra un profesionista, sin que sea castigado.

Bola y cadena

CON EL GOBIERNO DEL CAMBIO vivimos algo semejante. Llegó Mario López Valdez al poder con el discurso de “ni una víctima más”. Y resulta que con él se cometieron crímenes abominables, que pasarán a la historia como los más deleznables. Y tampoco se esclarecieron ni se castigaron. El ex colaborador de Malova, Luis Domingo Pérez Hernández y la secuela que le siguió, entre ellos el de la vidente Martha Olivia Alonso; el periodista Humberto Millán, de cuyo crimen se dijo siempre que no podía provenir intelectualmente del narco porque no se metía nunca con ellos, sino de la clase política; y el de Sandra Luz Hernández, asesinada en su delirante y esperanzada búsqueda del hijo que había desaparecido…

Sentido contrario

MALA SEÑAL QUE EL CONGRESO ESTATAL cambie la forma en que ahora serán aprobados los contratos de deuda del gobierno estatal —por mayoría simple de los diputados presentes, no con las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Pésima si se toma en cuenta lo que los gobiernos estatales y el de Malova recientemente, han hecho: endeudar a las entidades y malgastar los recursos.

Humo negro

CUANDO ESTÁ EN DISCUSIONES LA Ley de Seguridad Interior para que el Ejército Mexicano tenga un respaldo legal en sus acciones contra la delincuencia en las que fueron metidos, ocurre el asesinato de un presunto huachicolero en Puebla, al que soldados habían sometido y mataron a mansalva. ¿Es un hecho aislado, fortuito? ¿Cambia esto la visión de los legisladores? ¿Deben los militares gozar de una protección legal? ¿Deben seguir de lleno en la lucha contra la delincuencia? ¿Por qué no se baja este debate a los ciudadanos?