La Sala Constitucional arrebata el poder a la fiscalía y otorga sus funciones a la Defensoría del Pueblo, ocupada por un chavista militante.
Nota de ALFREDO MEZA
El País, Caracas 28 JUN 2017
Mientras un helicóptero de la policía científica disparaba al caer la tarde del martes sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sus magistrados ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias. Una de ellas le ha restado funciones a la Fiscalía General de la República, crítica con el régimen de Nicolás Maduro, para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anula el reciente nombramiento del vice fiscal general y deja la designación de un sucesor en manos del Supremo, controlado por el chavismo. El ataque al tribunal eleva a un nuevo nivel la crisis que sacude al país desde hace tres meses.
El presidente, Nicolás Maduro, condenó el ataque y prometió capturar “más temprano que tarde” a la tripulación responsable del incidente. “Este es el tipo de escalada armada que he venido denunciando. He activado a la fuerza Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad. Yo condeno el ataque y le exijo a la Mesa de la Unidad Democrática [coalición opositora] que haga lo propio”, agregó en un acto en el Palacio de Miraflores. Horas antes, el mandatario había advertido: “Nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas”.
Hasta el mediodía del miércoles en Venezuela la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea no habían condenado el ataque —Bruselas pidió a todas las partes que “pongan fin con carácter urgente a la violencia y eviten el uso de la fuerza” y Brasil expresó su “preocupación” por la escalada de tensiones”—. El nuevo canciller, Samuel Moncada, se quejó con amargura de ese silencio. No aspiraba Moncada a que los Gobiernos respaldaran a Maduro, sino que se solidarizaran con los civiles que, a la hora del ataque del helicóptero, estaban cerca de los edificios. Era una manera de intentar imponer la idea de que el régimen de Venezuela se enfrenta a un grupo terrorista de derechas y no a una oposición democrática.
El ataque se produjo en una jornada con dos decisiones judiciales que son duros golpes del régimen, que controla al Supremo, a la línea de flotación del chavismo crítico que ha emergido durante las protestas de los últimos meses. La líder de ese movimiento es la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuya inesperada independencia ante el Gobierno ha sorprendido en medio de las protestas opositoras.
“Desmontaje progresivo”
Se espera que el próximo movimiento del Ejecutivo de Maduro sea el nombramiento de un número dos de la fiscalía que le sea afín y sustituya a Ortega Díaz con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a principios de agosto. La jerarquía oficialista ha prometido convertir la convocatoria para redactar una nueva Carta Magna en la ocasión para una purga generalizada.
Con la decisión del Supremo, la Defensoría del Pueblo, cercana también al Gobierno, podrá ahora investigar, emitir opiniones, revisar expedientes, promover pruebas y recibir denuncias en casos de derechos humanos, una competencia hasta ahora reservada al ministerio público. Como en otros casos, el chavismo crea una oficina paralela para restar poder a un órgano que puede ejercer de oposición. Algo parecido hizo el fallecido expresidente Hugo Chávez cuando su adversario Antonio Ledezma obtuvo la alcaldía mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008. Maduro ha seguido el ejemplo nombrando protectorados en regiones controladas por fuerzas opositoras.
El fallo del Supremo ha convertido al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en el fiscal general de facto. Ortega Díaz lo reconoció este miércoles en una rueda de prensa similar a la que ofreció para calificar de golpe de Estado las sentencias con las que el Supremo asumió las competencias del Parlamento. “Estamos ante al desmontaje progresivo del ministerio público”.
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Un helicóptero de la policía científica ataca a balazos el Supremo de Venezuela
El presidente Nicolás Maduro condena el ataque y promete capturar a los responsables
ALFREDO MEZA
Caracas 28 JUN 2017 - 12:07 CDT
Un helicóptero de la policía científica ataca a balazos el Supremo de Venezuela Leopoldo López grita desde la cárcel: “¡Me están torturando, denuncien!”
EL PAÍS pudo confirmar con dos vecinos de la zona que el temerario sobrevuelo de la aeronave, inédito en 18 años de era chavista, se produjo poco antes de las 18.00 (hora local) y provocó el caos entre las personas que a esa hora regresaban a sus casas. De inmediato, la zona fue acordonada. Varios vehículos militares han rodeado el Palacio de Miraflores en lo que parece un plan para defender al Gobierno.
El presidente, Nicolás Maduro, ha condenado el ataque y ha prometido capturar "más temprano que tarde" a la tripulación responsable. El jefe del Estado ha contado que una de las granadas arrojadas no llegó a explotar. “Este es el tipo de escalada armada que he venido denunciando. He activado a la Fuerza Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad. Yo condeno el ataque y le exijo a la Mesa de la Unidad Democrática (coalición opositora) que haga lo propio”, ha agregado en un acto celebrado en el Palacio de Miraflores.
Mensaje completo del inspector Óscar Pérez en Instagram.
Más tarde el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, ha ofrecido más detalles del ataque, que ha tildado de “una escalada golpista”. Antes de arrojar cuatro granadas sobre el edificio del Supremo, el helicóptero, supuestamente robado de la base aérea Francisco de Miranda, en pleno corazón de Caracas, sobrevoló la sede del Ministerio del Interior y Justicia y disparó, siempre según la versión del régimen, 15 veces a la terraza, donde estaba un grupo de periodistas celebrando su día —en Venezuela se festeja el 27 de junio—. Más tarde, a eso de las 18.15 (hora local), la aeronave aterrizó en el techo de un edificio de apartamentos de la urbanización La Trinidad, al sureste de Caracas. “Estuvo unos 15 minutos en la azotea de las residencias Ríos de Venezuela antes de alzar vuelo de nuevo”, explicó Yagnai Fernández, una vecina del sector, a la periodista Marisela Castillo Apitz.
El helicóptero estaba pilotado por el inspector Oscar Pérez y mostraba una pancarta que decía 350 Libertad, en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a desconocer el régimen que contraríe las garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos. Pérez colgó varios vídeos en Instagram en los que asegura que forma parte “de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de este Gobierno transitorio y criminal”.
Pérez ha sido señalado por el régimen como el piloto del exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, quien, como frontal opositor de Maduro, forma parte de la deriva del chavismo que rechaza la inminente instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. El exfuncionario rechazó las alusiones del Gobierno en Twitter. “Lamento desmentirlo de nuevo, señor presidente. Siempre volé con helicópteros del Sebin (policía política) al mando del comisario Pedro Pérez”.
Pérez se define en su perfil como instructor de vuelo e investigador de la policía científica. Hasta el cierre de esta información los cuerpos de seguridad intentaban ubicarlo sin éxito. Antes de perderse con rumbo desconocido a bordo de su helicóptero dejó como souvenir para los vecinos la pancarta con la que desafió al régimen en sus propias barbas. Libertad, 350.
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