Columnas políticas hoy, a 21 de junio de de 2017...
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¿Inocentes de espiar?/ Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El financiero
Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de derecho”.
La carta jugó con la semántica.
Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó, al menos tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group, que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.
El gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:
1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías -les dijo- les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.
2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas para conocer su patrón de comportamiento.
3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así como también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán –muy probablemente clonada–, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? Si eres tu? Que te paso ese día!”
4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.
5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.
Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al Cisen con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.
El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aun cuando éste se encuentre –como irá emergiendo gradualmente– dentro del mismo gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del gobierno o encontrar a quién, dentro del propio gobierno, está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.
Twitter: @rivapa
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El asalto a la Razón/Carlos MarínMilenio
¡Sí los espiaban!
El informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México es tan amplio que abarca unas 300 veces el espacio de este Asalto…
La lectura íntegra del documento (profuso en información precisa, coyuntural y contextual) doblegó mi crónico escepticismo (dudo hasta de lo que pienso) porque, a diferencia de la nota periodística del NYT, me parece verosímil y lo doy por cierto.
Es comprensible que el gobierno federal emplee las mejores herramientas para salvaguardar la seguridad nacional y combatir la delincuencia organizada, pero quedo convencido de que los enlistados en el informe han sido víctimas del repugnante, aviesamente ilegal, espionaje político.
Me uno a la indignación de los que se sabe espiados: Juan Pardinas, Stephanie Brower, Santiago Aguirre, Carmen y Emilio Aristegui, Alexandra Zapata, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena y Mario Patrón.
… y la ignorancia de cuántos más habrá (o habremos, kimosabi) me sobresalta.
cmarin@milenio.com
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Los cacharon/
Jorge G. Castañeda
El Financiero
No existe ninguna duda en mi mente de que por lo menos desde los años sesenta, el Estado mexicano espía, vigila, sigue e interviene los teléfonos de sus adversarios, sus críticos, y sobre todo, sus integrantes y adeptos (para que lo sigan siendo). En momentos cruciales, se agudiza la vigilancia; el resto del tiempo, seguramente se lleva a cabo con la misma ineptitud, desidia e impericia que caracteriza a las fuerzas del orden nacionales en otros menesteres. No hay nada nuevo bajo el sol.
Salvo que en el caso del software Pegasus y de la empresa israelí NSO, los cacharon. Esa es la gran diferencia entre el escándalo revelado por The New York Times y la mayoría de los anteriores, remontándonos a la infame Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, Miguel Nassar y García Paniagua. A reserva de que resulte falsa la historia narrada en el largo reportaje del diario neoyorquino el lunes, esta vez un medio de prestigio internacional informa de una estrategia de intervención telefónica y de datos en diez casos concretos –deben ser muchos más– con nombres y apellidos. Los autores consultaron a los afectados, a expertos en “encriptar” y “hackear” celulares, a la empresa fabricante del software, y hasta al gobierno mexicano, que desde luego se hizo el desentendido.
He aquí la segunda característica novedosa de este caso. Normalmente, los gobiernos se rehúsan a responder –desmintiendo o confirmando– casos de espionaje de cualquier índole. Esta vez, Peña Nieto no tuvo más remedio –por tratarse del Times, de la extensión y detalle del reportaje, y de la coyuntura en la relación con Estados Unidos– que enviar una carta patética al Times, que podría haber sido redactada por Donald Trump. “No hay ninguna prueba de que fuimos nosotros”, dice el pobre encargado de medios internacionales de la Presidencia. E insta a las víctimas a interponer una denuncia ante la PGR, una de las tres dependencias que adquirió el software en Israel. Sólo que al responder, abre una caja de Pandora que no va a poder cerrar fácilmente.
El gobierno tiene manera de averiguar qué sucedió. Sabe exactamente qué dependencias compraron Pegasus, sabe cuánto han pagado por sus servicios –65 mil dólares por cada aparato hackeado– y quien tuvo acceso al dispositivo para utilizarlo, en su caso, indebidamente. El hacker no deja huellas en el celular intervenido, pero sí existen necesariamente huellas presupuestales, de cadena de mando, de utilización en oficinas de gobierno, o incluso de alquiler o venta venal del equipo a terceros.
Nadie puede afirmar que la PGR, el Cisen o la Sedena utilizaron el software para espiar a los mexicanos y la norteamericana nombrados en el artículo de NYT. Pero si se puede afirmar que el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para saber quién fue, aunque se tratara de un esquema más de corrupción de este régimen: un alto funcionario “prestando” el servicio a particulares, o a otros funcionarios, o a políticos externos a la administración pública, pero cercanos al partido de gobierno.
Es cierto que no veremos el espectáculo de Osorio Chong (jefe de las instancias de seguridad), Imaz, Cervantes, Cienfuegos o Meade (el que paga), interrogados en cadena nacional por senadores o diputados bien preparados y documentados sobre Pegasus y The New York Times. Es mucho pedir. Pero no lo es insistir que el gobierno investigue de oficio lo que probablemente sea un delito, sin duda es una estupidez, y seguro es inmoral.
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Razones/
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZExcelsior
Espionaje telefónico y fake news
Fue hace exactamente 19 años. Era el primer domingo de junio del 1998, en la elección de Zacatecas que ganó Ricardo Monreal. Una elección dura, competida. Me tocó cubrirla para MVS (donde tenía un programa de televisión) y para mi columna en El Financiero.
Fue un día frenético, donde tuve una larga reunión con Monreal en la que acordamos que ganara o perdiera, su única aparición televisiva, en el hotel Quinta Real, donde se concentraba toda la cobertura y los medios, sería conmigo. Así fue, Monreal es un hombre que suele cumplir con su palabra.
El fin de semana siguiente me sorprendió ver en la revista Proceso, una larga entrevista con López Obrador, entonces presidente del PRD que reproducía una conversación telefónica que yo había mantenido con Emilio Gamboa Patrón. Lo había llamado a Emilio desde Zacatecas, a eso de las cinco o seis de la tarde para preguntarle si tenían tendencias de cómo iba el proceso electoral. Mientras hablaba conmigo, Emilio hizo un aparte y dio instrucciones a algún colaborador suyo sobre el cierre de las casillas en el estado que escucharon claramente. Nada trascendente. Pero en la revista se decía, lo decía López Obrador, que esa grabación era la prueba de cómo se había preparado el fraude. Era evidente que López Obrador había hecho espionaje telefónico en mi contra y había utilizado esa grabación para sus propios fines.
En esa época, Andrés Manuel todavía recibía a quienes tenían diferencias con él. Pedí una cita para reclamarle, y me dijo que no me preocupara, que habían grabado a muchos para “impedir el fraude” y me regaló como recuerdo la cinta con mi grabación telefónica. Que yo recuerde, y lo escribía ayer Pablo Hiriart, era la primera vez que se hacía espionaje telefónico a un periodista, se divulgaba abiertamente y como sucedería después en innumerables ocasiones, no pasaría nada. El fin, diría Andrés Manuel, justifica los medios.
Dejemos atrás esa historia. Hace unos pocos meses, me reuní con unos buenos amigos empresarios regiomontanos en la ciudad de México, casualmente simpatizantes de López Obrador. En la plática, alguno de ellos había citado a un agente de una empresa de seguridad israelí que venía a ofrecerles un sistema de escuchas e intervención telefónica que podía extender a los números que quisieran, se pagaba por número intervenido además de comprar el equipo básico. Explicó someramente que habían tenido mucho éxito entre empresarios y políticos. Creo que alguno de mis compañeros de mesa quedaron con él para cerrar el negocio poco después.
La intervención telefónica en México es masiva, la realizan políticos, empresas, personajes públicos, gobiernos en todos sus niveles, partidos políticos. Se espía a periodistas, socios y adversarios políticos y empresariales, pero también a artistas y personajes de todo tipo. Existe una ley que castiga tanto el espionaje telefónico como la divulgación del mismo. Obviamente, la ley nunca se ha aplicado ni hace 19 años cuando López Obrador intervino mi teléfono en Zacatecas, ni hoy, en ningún caso. Las compañías de seguridad que ofrecen ese servicio son innumerables. Algunas nacionales y otras internacionales. Se puede comprar equipo para intervenir llamadas sin ningún control, por internet o en las numerosas tiendas como SPY Shop, ya sea en Madrid o Nueva York. Creo que también tiene sucursales en México.
Por eso, entre otras muchas razones, es absurdo y desconcertante el reportaje de The New York Times que retomó rápidamente El País, sobre el espionaje telefónico en México, con un programa llamado Pegasus que, supuestamente, sólo se puede utilizar para intervenir teléfonos de delincuentes o terroristas, contra un puñado de periodistas y miembros de ONG. El reportaje no tiene una sola fuente, ninguna, y reconoce explícitamente que no puede atribuir esas intervenciones telefónicas al gobierno federal, pero línea seguida afirma que sí ha sido el gobierno por el perfil de los espiados, o sea porque a los autores se les ocurre. Hace dos meses, Mario Patrón, del Centro Pro fue con el NYT para presentarles la historia, se la rechazaron porque no tenía bases. Regresó con la misma historia, pero agregando el nombre de un grupo de periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret, y entonces ya la vieron atractiva y la publicaron. El problema es que sigue siendo una historia sin fuentes, sin posibilidad alguna de comprobarla.
No dudo que Carmen, Carlos, y decenas de periodistas tengamos nuestros teléfonos y cuentas de mail intervenidas por quien sea. Conozco empresas muy grandes que tienen departamentos completos de seguridad e inteligencia que se dedican, entre otras cosas, a esa labor. Lo sabemos todos. Tanto lo sabemos que todos los periodistas hemos usado, por lo menos una vez, alguna información proveniente de una filmación o grabación que proviene de una fuente ilegal. En las campañas electorales es cosa de todos los días y proviene de innumerables fuentes. Es la norma en los programas políticos y de espectáculos y en muchos deportivos. Nadie puede llamarse a engaño, como nadie puede asombrarse de que lleguen a sus teléfonos o correos, mensajes que evidentemente intentan infectarlos, y eso ocurre con todo y todos.
Pero victimizarse y pensar que se pueden gastar cientos de miles de dólares para intervenir el teléfono de una periodista o de su hijo adolescente, de un funcionario de una ONG y su esposa, que por cierto intervienen bastante poco, o nada, en temas políticos estratégicos, o a los padres de los 43 que todo mundo ya sabe qué van a decir y cómo van a actuar, es ridículo.
El espionaje telefónico es una realidad, extendida, añeja, que llega a todo y a todos, que queda además impune, en todos y cada uno de los casos, pero inventar ahora una trama de espionaje gubernamental, sin una sola fuente, de un puñado de “espiados” con programas sofisticados que en realidad son accesibles para cualquiera que tenga la intención de usarlos y dinero para comprarlos, es una fake news de esas que, con toda razón, The New York Times combate, día con día, en su enfrentamiento contra Donald Trump.
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Espionaje celular
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
Reforma
"Si el conocimiento es un espía de la tristeza, no es seguro conocer." William Davenant
Desde que tengo memoria los críticos del gobierno mexicano han dado por hecho que son objeto de espionaje. Muchos expresaban incluso orgullo cuando decían que sus teléfonos estaban intervenidos: era una forma de realzar su propia importancia. No sé qué tan real era el espionaje y cuánto era producto de una muy extendida e incluso sana paranoia.
La frecuencia con la que hemos escuchado conversaciones telefónicas de políticos y otros personajes públicos recalca que las intercepciones no son algo inusitado. Quienes saben del tema me dicen que en la actualidad no hay que ser agente del Cisen para realizar estas grabaciones. La tecnología permite intervenir conversaciones telefónicas con relativa facilidad. Por eso se ha hecho común que los funcionarios del gobierno, e incluso algunos altos ejecutivos de empresas, pidan que las personas con las que conversan dejen sus celulares fuera del lugar. Apagar el teléfono no es suficiente, dicen.
El New York Times ha denunciado un presunto esfuerzo del gobierno de México para espiar a periodistas y a activistas utilizando un software, o un malware para ser más precisos, llamado Pegasus, el cual ha sido elaborado por NSO Group. La nota señala que el gobierno de México ha contratado este programa. La empresa afirma que su software sólo lo vende a gobiernos y con la condición de que se emplee únicamente para combatir el crimen o el terrorismo. La Presidencia de la República ha reconocido que realiza labores de espionaje, pero sólo para combatir el crimen. "No hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje", señaló en una carta Daniel Millán, director de Medios Internacionales de la Presidencia de la República.
Si bien el New York Times no confirma en su artículo que efectivamente el gobierno mexicano esté espiando a activistas o periodistas, sí subraya que el software sólo se vende a gobiernos y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha examinado los teléfonos de las presuntas víctimas y ha certificado que han sufrido intentos de captura de su información o que han caído en la trampa al recibir mensajes por lo que el malware ha quedado instalado en sus teléfonos. El gobierno de Enrique Peña Nieto sería el sospechoso número 1.
Las presuntas víctimas han presentado denuncias ante la PGR al mismo tiempo que pregonan su escepticismo de que esta institución pueda realmente ser imparcial. Habrá que ver ahora la investigación. ¿Por qué habría el gobierno de encontrar que él mismo es responsable de espiar a ciudadanos por el simple hecho de ser críticos o hacer trabajo periodístico?
Caer en una trampa que pudiera llevar a una infección de un teléfono con Pegasus puede ser muy sencillo. Basta con que el usuario dé click a un enlace en un mensaje de SMS. Es muy difícil saber si un link lleva a una fuente de contagio. Algunos de los textos, por otra parte, hacen muy difícil que uno resista la tentación de darle click.
El tema es demasiado serio para que termine en un artículo de periódico, que no puede comprobar el espionaje pero que sí aporta información que lo sugiere, o en un desmentido abstracto del gobierno. Por ley toca a la PGR hacer una investigación. Merecemos que se haga bien y a fondo, y que sea realizada o supervisada por personal calificado independiente.
· SIN CREDIBILIDAD
Los partidos de oposición no sólo han conseguido ganar la mayor parte de las elecciones desde 2015, también han tenido éxito en destruir la credibilidad de las autoridades electorales. Una encuesta de Reforma señala que el 60 por ciento de los mexicanos no creen que el INE pueda operar la elección de 2018 mientras que 55 por ciento considera que no es independiente del gobierno.
@SergioSarmiento
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