La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), denunció amenazas, intimidaciones, ataques físicos y privación de la libertad a comunicadores en Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México, por lo que solicitó conocer el estado que guardan estas investigaciones.
En reunión con fiscales de las entidades citadas y representantes de organizaciones del gremio, Velázquez Valdez sostuvo que, en el caso de Chiapas, se tiene conocimiento de ocho amenazas e intimidaciones, cinco ataques físicos o materiales y dos por abusos de autoridad, así como una privación de libertad.
En Quintana Roo - continuó-, se reportaron cuatro ataques físicos y una privación de la libertad. Ante ello, y derivado del informe de la misma fiscalía, solicitó conocer el estado de las indagatorias por abuso de autoridad, amenazas y lesiones.
Sobre la Ciudad de México, dijo que la Procuraduría de Justicia de esta capital reportó dos abusos de autoridad, siete amenazas y cuatro robos, por lo que pidió al titular de la fiscalía información sobre los avances de cada caso y acerca del asalto a las oficinas del medio digital “Endirecto.com.mx”, acontecido el pasado 11 de julio.
Comentó que de los 11 homicidios a periodistas, ocurridos de diciembre pasado a la fecha, sólo se presentaron sospechosos en el caso de Maximino Rodríguez y Miroslava Breach.
De los otros nueve, continuó, incluyendo el caso del periodista Javier Valdez, “no hemos conocido avances de las investigaciones y las autoridades federales permanecen en la indiferencia”.
La legisladora afirmó que a estos homicidios se suman diversas agresiones a periodistas como el espionaje, por lo que “lejos de esperar una investigación imparcial y que se sancione a los responsables, nos encontramos con una actitud autoritaria del Presidente de la República quien, aunque después se retractó, amenazó a los periodistas y activistas que demostraron haber sido espiados”.
Refirió que en reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, denunció el espionaje, las agresiones y los homicidios de comunicadores en México.
En esa visita, realizada la semana pasada, subrayó que pidió al organismo internacional tomar en cuenta de manera exclusiva a los periodistas y considerar a la libertad de expresión como un derecho fundamental.
Asimismo, anunció, “he tenido comunicación con el Relator Especial para la Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hará una visita conjunta con la ONU, en noviembre próximo a México”.
Virgilio Caballero Pedraza (Morena) señaló que los periodistas están ante un problema gravísimo, donde la autoridad no da respuesta y no reacciona. “Los comunicadores reclaman ya casi con gritos desde hace años y la situación sigue sin variar; cada vez son más las agresiones y los asesinados de este gremio, y el gobierno no escucha”.
El legislador solicitó a las fiscalías invitadas informar en qué situación se encuentran las recomendaciones para proteger a los periodistas, pues muchos casos de hostigamiento y amenazas a este gremio provienen de funcionarios públicos.
César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) mencionó que en los informes de las fiscalías falta el tema de prevención. Lo importante es evitar que se den casos de vulneración de derechos de los comunicadores y defensores de derechos humanos, estimó.
“Si sabemos lo que escribe cada periodista y son complejas las circunstancias en los estados donde se acentúa la delincuencia organizada como en Quintana Roo o cubren ese tipo de notas, ¿por qué no anticiparnos y brindar mecanismos de protección?”.
Miguel Ángel Salim Alle (PAN) dijo que los legisladores están comprometidos a generar iniciativas que permitan proteger a los periodistas y con ello dar las herramientas necesarias para garantizar sus derechos.
Añadió que como parte de la labor legislativa se presentó una iniciativa que plantea elevar a rango constitucional el secreto profesional de los periodistas.
De la misma bancada, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa estimó que se debe retomar el tema de la Ley de Bienestar Social, ya que cualquier trabajador tiene derecho a un contrato y prestaciones. Expresó su apoyo en buscar la protección y prevención para los periodistas y defender la libertad de expresión.
El Fiscal Especial para Periodistas de Chiapas, Carlos Tovilla Padilla, destacó que, hasta el momento, se tiene dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal una carpeta de investigación del 2016 y seis más del 2017, orientados a los delitos de amenazas, robos, lesiones y otras vulneraciones.
Subrayó que en la entidad se identificó que lo que genera mayor complejidad para el ejercicio de la libertad de expresión es la actuación de algunos funcionarios de los ayuntamientos, donde “hemos identificado que nos hacen falta mecanismos de actuación en la materia”.
Informó que la fiscalía a su cargo ya construye un protocolo, que parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de hacer un análisis de riesgo y medidas de protección, para dar seguimiento y cumplimiento a cada caso.
Resaltó que en la última década, la entidad no tiene ningún documento o evento asociado a los periodistas, en donde se diga que está en riesgo su vida o su libertad; sin embargo, reconoció que existen casos de amenazas, donde ya cuentan con indicios.
Destacó la importancia de la no revelación de la fuente, ya que es parte de la prevención. Mencionó que en el artículo 362 del Código Nacional, se establece la potestad de la no revelación de la fuente por parte de los médicos, ministros religiosos y algunas otras personas en razón de su secreto profesional, pero no está incluido el periodista y medio de comunicación.
Indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la facultad de atracción, es decir, se inicia el asunto en el fuero común y se puede ejercer la facultad de atracción; sin embargo, en la realidad las personas que están vulneradas en el ejercicio van directamente a la PGR. “En esos casos, no se está ejerciendo la facultad de atracción porque hay supuestos para hacerlo y ahí nosotros estamos preocupados”.
Al día de hoy, ya se tienen tres incompetencias de la PGR remitidas al fuero común sobre el ejercicio del periodismo asociado a la libertad de expresión.
Resaltó que los delitos de amenazas, lesiones, daños, no son considerados como de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se está en interlocución para mitigar la situación de riesgo, pero también para obtener la reparación del daño y sobre la investigación ejercer las acciones. Enfatizó que “si no se atiende el tema del riesgo en el momento y la medida de protección, entonces, se puede tener una noticia lamentable”.
Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General de Quintana Roo, dijo que de un total de 45 denuncias interpuestas en las diferentes agencias del ministerio público, hoy fiscalías, solo una ha sido por el delito contra la libertad de expresión.
En Cancún se ha tenido la mayoría de estas denuncias, donde también están inmiscuidas personas que acompañan a los periodistas, la mayoría tiene que ver por amenazas y lesiones.
Al respecto, se encuentra el caso del periodista Pedro Celestino Canche Herrera, quien fue objeto de estos actos, y el de una periodista que al perecer sufrió agresiones por taxistas.
No obstante, acotó que no se ha instalado el Comité para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aun cuando la ley ha sido normada; sin embrago, están en discusión diversos grupos sociales en aras de ajustar la ley en la materia o abrogarla.
Destacó que no existe una fiscalía para atender delitos contra los periodistas y aclaró que los mecanismos de protección están ya contenidos en una ley, tanto de protección de periodistas como para grupos defensores de derechos humanos. “Y ahorita está en discusión si se hace una reforma o una abrogación total, no obstante que a la ley algunos grupos de periodistas la tildan de “Ley Borge” y eso es lo que no les satisface”.
Comentó que ante el hecho de que la delincuencia organizada haya ocupado la zona norte de Quintana de Roo, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, ha hecho que se trabajen los tres niveles gobierno, con la actuación de la Policía Federal, “aunque existía un problema de mando único, de mando mixto en lo que toca a la protección de periodistas”.
Sostuvo que no existen medidas específicas de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, “más que aquellos mecanismos que hemos escuchado cuyos oficios se giran directamente por parte de las agencias investigadoras para que inmediatamente se giren medidas de protección, no de prevención”.
Margarita Vázquez Sánchez, Fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, de la Ciudad de México, consideró imperante legislar el delito de amenaza en las redes sociales; pidió a los diputados analizar la posibilidad de normar las intimidaciones cibernéticas, ya que en muchos casos las compañías no facilitan información para esclarecer esos casos.
Otro hecho grave, es que los periodistas agredidos no denuncian y los que lo hacen, en muchas ocasiones no regresan para dar continuidad al proceso, por lo que queda sin resolver.
Destacó que la fiscalía a su cargo trabaja en coordinación con la Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) y mantienen una intensa comunicación. Además, también se apoyan en el mecanismo de protección a nivel federal.
Informó que en el asunto de las oficinas de Joaquín López-Dóriga, se logró detectar que fueron 4 sujetos los que intervinieron, por lo que se avanza en cada una de las líneas que se tiene de la actual investigación, por lo que, aseguró, pronto habrá resultados.
En el caso de Carmen Aristeguí, dijo, se investigaron todas y cada una de las líneas proporcionadas por Fernando Luis Canales, sin resultar ninguna verídica, aunque se le otorgaron medidas de protección posteriormente por amenazas recibidas.
Teodoro Rentería Arróyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), subrayó que “los informes emitidos por las fiscalías son terribles y todos los asuntos quedan en total impunidad. Desde hace 16 años se creó el primer grupo que buscaba la protección a los periodistas, aquí, en la Cámara de Diputados, y desde aquel tiempo no se ha avanzado nada”.
Afirmó que es indispensable la federalización de los delitos contra informadores y medios de comunicación; se logró una iniciativa de ley en la que se comprometieron los líderes políticos de distintos partidos; sin embargo, no se ha hecho nada, pese a que es una ley que debería ser defendida desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comentó que un estudio de Artículo 19 refiere que las agresiones a periodistas provienen primordialmente de funcionarios de los tres órdenes de gobierno; entonces, se requiere que estos delitos en contra de la libertad de expresión se reconozcan con un fuero federal.
Teodoro Rentería Villa, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Faparmex), estimó que se debe impulsar una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección del secreto profesional de los comunicadores y una Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental como medida para lograr un periodismo libre.
Una situación que debe atenderse es otorgar a los periodistas contrato de trabajo y seguridad social, pues cerca del 90 por ciento del gremio no alcanza esos derechos, mencionó.
Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, indicó que es una realidad que el gobierno ha sido rebasado por la violencia, pero es necesario que defienda la libertad de expresión. Que el Estado brinde seguridad social, pues la mayoría no cuenta con esta prestación y que se permita la profesionalización de las personas que ocupan el micrófono.
Pidió ayuda a los legisladores para proteger a los comunicadores. “Sí hay recursos, pero los ocupan en espionaje en contra de nosotros”, apuntó. Refirió que Acapulco, Guerrero, es la segunda zona más violenta a nivel mundial, después de Caracas, Venezuela. “Los trabajos de prensa son sensibles en cualquiera de estas situaciones y se suma el espionaje ejecutado desde el gobierno federal lo que entorpece a los periodistas”.
José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana, coincidió en que es fundamental lograr federalizar los delitos en contra de los periodistas, pues el comunicador sigue siendo la parte más débil del entramado social. “Demandamos que nos escuchen y nos ayuden”.
En Quintana Roo - continuó-, se reportaron cuatro ataques físicos y una privación de la libertad. Ante ello, y derivado del informe de la misma fiscalía, solicitó conocer el estado de las indagatorias por abuso de autoridad, amenazas y lesiones.
Sobre la Ciudad de México, dijo que la Procuraduría de Justicia de esta capital reportó dos abusos de autoridad, siete amenazas y cuatro robos, por lo que pidió al titular de la fiscalía información sobre los avances de cada caso y acerca del asalto a las oficinas del medio digital “Endirecto.com.mx”, acontecido el pasado 11 de julio.
Comentó que de los 11 homicidios a periodistas, ocurridos de diciembre pasado a la fecha, sólo se presentaron sospechosos en el caso de Maximino Rodríguez y Miroslava Breach.
De los otros nueve, continuó, incluyendo el caso del periodista Javier Valdez, “no hemos conocido avances de las investigaciones y las autoridades federales permanecen en la indiferencia”.
La legisladora afirmó que a estos homicidios se suman diversas agresiones a periodistas como el espionaje, por lo que “lejos de esperar una investigación imparcial y que se sancione a los responsables, nos encontramos con una actitud autoritaria del Presidente de la República quien, aunque después se retractó, amenazó a los periodistas y activistas que demostraron haber sido espiados”.
Refirió que en reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, denunció el espionaje, las agresiones y los homicidios de comunicadores en México.
En esa visita, realizada la semana pasada, subrayó que pidió al organismo internacional tomar en cuenta de manera exclusiva a los periodistas y considerar a la libertad de expresión como un derecho fundamental.
Asimismo, anunció, “he tenido comunicación con el Relator Especial para la Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hará una visita conjunta con la ONU, en noviembre próximo a México”.
Virgilio Caballero Pedraza (Morena) señaló que los periodistas están ante un problema gravísimo, donde la autoridad no da respuesta y no reacciona. “Los comunicadores reclaman ya casi con gritos desde hace años y la situación sigue sin variar; cada vez son más las agresiones y los asesinados de este gremio, y el gobierno no escucha”.
El legislador solicitó a las fiscalías invitadas informar en qué situación se encuentran las recomendaciones para proteger a los periodistas, pues muchos casos de hostigamiento y amenazas a este gremio provienen de funcionarios públicos.
César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) mencionó que en los informes de las fiscalías falta el tema de prevención. Lo importante es evitar que se den casos de vulneración de derechos de los comunicadores y defensores de derechos humanos, estimó.
“Si sabemos lo que escribe cada periodista y son complejas las circunstancias en los estados donde se acentúa la delincuencia organizada como en Quintana Roo o cubren ese tipo de notas, ¿por qué no anticiparnos y brindar mecanismos de protección?”.
Miguel Ángel Salim Alle (PAN) dijo que los legisladores están comprometidos a generar iniciativas que permitan proteger a los periodistas y con ello dar las herramientas necesarias para garantizar sus derechos.
Añadió que como parte de la labor legislativa se presentó una iniciativa que plantea elevar a rango constitucional el secreto profesional de los periodistas.
De la misma bancada, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa estimó que se debe retomar el tema de la Ley de Bienestar Social, ya que cualquier trabajador tiene derecho a un contrato y prestaciones. Expresó su apoyo en buscar la protección y prevención para los periodistas y defender la libertad de expresión.
El Fiscal Especial para Periodistas de Chiapas, Carlos Tovilla Padilla, destacó que, hasta el momento, se tiene dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal una carpeta de investigación del 2016 y seis más del 2017, orientados a los delitos de amenazas, robos, lesiones y otras vulneraciones.
Subrayó que en la entidad se identificó que lo que genera mayor complejidad para el ejercicio de la libertad de expresión es la actuación de algunos funcionarios de los ayuntamientos, donde “hemos identificado que nos hacen falta mecanismos de actuación en la materia”.
Informó que la fiscalía a su cargo ya construye un protocolo, que parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de hacer un análisis de riesgo y medidas de protección, para dar seguimiento y cumplimiento a cada caso.
Resaltó que en la última década, la entidad no tiene ningún documento o evento asociado a los periodistas, en donde se diga que está en riesgo su vida o su libertad; sin embargo, reconoció que existen casos de amenazas, donde ya cuentan con indicios.
Destacó la importancia de la no revelación de la fuente, ya que es parte de la prevención. Mencionó que en el artículo 362 del Código Nacional, se establece la potestad de la no revelación de la fuente por parte de los médicos, ministros religiosos y algunas otras personas en razón de su secreto profesional, pero no está incluido el periodista y medio de comunicación.
Indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la facultad de atracción, es decir, se inicia el asunto en el fuero común y se puede ejercer la facultad de atracción; sin embargo, en la realidad las personas que están vulneradas en el ejercicio van directamente a la PGR. “En esos casos, no se está ejerciendo la facultad de atracción porque hay supuestos para hacerlo y ahí nosotros estamos preocupados”.
Al día de hoy, ya se tienen tres incompetencias de la PGR remitidas al fuero común sobre el ejercicio del periodismo asociado a la libertad de expresión.
Resaltó que los delitos de amenazas, lesiones, daños, no son considerados como de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se está en interlocución para mitigar la situación de riesgo, pero también para obtener la reparación del daño y sobre la investigación ejercer las acciones. Enfatizó que “si no se atiende el tema del riesgo en el momento y la medida de protección, entonces, se puede tener una noticia lamentable”.
Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General de Quintana Roo, dijo que de un total de 45 denuncias interpuestas en las diferentes agencias del ministerio público, hoy fiscalías, solo una ha sido por el delito contra la libertad de expresión.
En Cancún se ha tenido la mayoría de estas denuncias, donde también están inmiscuidas personas que acompañan a los periodistas, la mayoría tiene que ver por amenazas y lesiones.
Al respecto, se encuentra el caso del periodista Pedro Celestino Canche Herrera, quien fue objeto de estos actos, y el de una periodista que al perecer sufrió agresiones por taxistas.
No obstante, acotó que no se ha instalado el Comité para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aun cuando la ley ha sido normada; sin embrago, están en discusión diversos grupos sociales en aras de ajustar la ley en la materia o abrogarla.
Destacó que no existe una fiscalía para atender delitos contra los periodistas y aclaró que los mecanismos de protección están ya contenidos en una ley, tanto de protección de periodistas como para grupos defensores de derechos humanos. “Y ahorita está en discusión si se hace una reforma o una abrogación total, no obstante que a la ley algunos grupos de periodistas la tildan de “Ley Borge” y eso es lo que no les satisface”.
Comentó que ante el hecho de que la delincuencia organizada haya ocupado la zona norte de Quintana de Roo, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, ha hecho que se trabajen los tres niveles gobierno, con la actuación de la Policía Federal, “aunque existía un problema de mando único, de mando mixto en lo que toca a la protección de periodistas”.
Sostuvo que no existen medidas específicas de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, “más que aquellos mecanismos que hemos escuchado cuyos oficios se giran directamente por parte de las agencias investigadoras para que inmediatamente se giren medidas de protección, no de prevención”.
Margarita Vázquez Sánchez, Fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, de la Ciudad de México, consideró imperante legislar el delito de amenaza en las redes sociales; pidió a los diputados analizar la posibilidad de normar las intimidaciones cibernéticas, ya que en muchos casos las compañías no facilitan información para esclarecer esos casos.
Otro hecho grave, es que los periodistas agredidos no denuncian y los que lo hacen, en muchas ocasiones no regresan para dar continuidad al proceso, por lo que queda sin resolver.
Destacó que la fiscalía a su cargo trabaja en coordinación con la Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) y mantienen una intensa comunicación. Además, también se apoyan en el mecanismo de protección a nivel federal.
Informó que en el asunto de las oficinas de Joaquín López-Dóriga, se logró detectar que fueron 4 sujetos los que intervinieron, por lo que se avanza en cada una de las líneas que se tiene de la actual investigación, por lo que, aseguró, pronto habrá resultados.
En el caso de Carmen Aristeguí, dijo, se investigaron todas y cada una de las líneas proporcionadas por Fernando Luis Canales, sin resultar ninguna verídica, aunque se le otorgaron medidas de protección posteriormente por amenazas recibidas.
Teodoro Rentería Arróyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), subrayó que “los informes emitidos por las fiscalías son terribles y todos los asuntos quedan en total impunidad. Desde hace 16 años se creó el primer grupo que buscaba la protección a los periodistas, aquí, en la Cámara de Diputados, y desde aquel tiempo no se ha avanzado nada”.
Afirmó que es indispensable la federalización de los delitos contra informadores y medios de comunicación; se logró una iniciativa de ley en la que se comprometieron los líderes políticos de distintos partidos; sin embargo, no se ha hecho nada, pese a que es una ley que debería ser defendida desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comentó que un estudio de Artículo 19 refiere que las agresiones a periodistas provienen primordialmente de funcionarios de los tres órdenes de gobierno; entonces, se requiere que estos delitos en contra de la libertad de expresión se reconozcan con un fuero federal.
Teodoro Rentería Villa, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Faparmex), estimó que se debe impulsar una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección del secreto profesional de los comunicadores y una Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental como medida para lograr un periodismo libre.
Una situación que debe atenderse es otorgar a los periodistas contrato de trabajo y seguridad social, pues cerca del 90 por ciento del gremio no alcanza esos derechos, mencionó.
Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, indicó que es una realidad que el gobierno ha sido rebasado por la violencia, pero es necesario que defienda la libertad de expresión. Que el Estado brinde seguridad social, pues la mayoría no cuenta con esta prestación y que se permita la profesionalización de las personas que ocupan el micrófono.
Pidió ayuda a los legisladores para proteger a los comunicadores. “Sí hay recursos, pero los ocupan en espionaje en contra de nosotros”, apuntó. Refirió que Acapulco, Guerrero, es la segunda zona más violenta a nivel mundial, después de Caracas, Venezuela. “Los trabajos de prensa son sensibles en cualquiera de estas situaciones y se suma el espionaje ejecutado desde el gobierno federal lo que entorpece a los periodistas”.
José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana, coincidió en que es fundamental lograr federalizar los delitos en contra de los periodistas, pues el comunicador sigue siendo la parte más débil del entramado social. “Demandamos que nos escuchen y nos ayuden”.
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