Una trama de despojos exhibe a los Mouriño y a Javier Duarte/
ROSA SANTANA
Un ejidatario logró revelar que la familia de Juan Camilo Mouriño –quien fuera secretario de Gobernación durante el régimen calderonista – estaba vinculada a un despojo de tierras en Campeche. Y la misma indagatoria, realizada por el activista Pedro Celestino May Can, sacó a la luz los nombres de algunos testaferros de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz actualmente preso en Guatemala. Pese al valor de dicha investigación, las autoridades no solucionan el problema original ni frenan el acoso contra el indígena.
CAMPECHE, Camp.- Hace nueve años Pedro Celestino May Can comenzó una lucha legal contra el despojo de tierras en el ejido de Lerma, en Campeche. Su investigación reveló que el clan Mouriño estaba vinculado a las irregularidades. Y hoy, los datos y pruebas que reunió han ayudado a documentar otro caso de corrupción en México: el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.En la indagatoria de May Can la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hallaron información útil para fincarle cargos a Javier Duarte, actualmente detenido en Guatemala, y a sus presuntos cómplices por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.
El robo de terrenos indagado por May Can se remonta al gobierno de Felipe Calderón e involucra a miembros del PAN, pero también a prestanombres de Duarte, que presuntamente realizaron operaciones de compraventa de terrenos de Lerma aledaños al Country Club de los Mouriño. La intención, sospecha hoy la PGR, fue blanquear recursos supuestamente robados al erario veracruzano.
Las averiguaciones oficiales para desentrañar el despojo buscan, entre otras cosas, aclarar cuánto costaron los predios, cómo, quién y en dónde los pagó, qué más se les dio a los poseedores originales y por qué muchos de los involucrados no reportaron ni pagaron al SAT el correspondiente impuesto por la operación.
Los vínculos
“(Hace unos meses) me vinieron a visitar unas personas del SAT. Se identificaron y me mostraron un ejemplar de la revista Proceso en el que aparecían las declaraciones que les di para un reportaje en 2012 sobre el despojo de tierras en Lerma y en el que se mencionaron los nombres de varios de los personajes que, hoy resulta, son también presuntos cómplices del exgobernador de Veracruz”, comenta May Can a la reportera.
En dicho reportaje, publicado en noviembre de 2012, el semanario dio cuenta de que “próximo a extinguirse el calderonato, que la llevó a la cúspide del poder, la familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño (quien fuera secretario de Gobernación)” apretaba el paso para consumar el sueño de su patriarca, Carlos Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializaba para su Campeche Country Club.
Asimismo, detalló las irregularidades mediante las que, con la complicidad de funcionarios de todas las instancias del sector agrario y municipales, así como notarios públicos –todos vinculados a los Mouriño– se consumó el despojo.
La operación fue dirigida por Antonino Almazán Arteaga, exdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán. Él, de acuerdo con documentos que posee este semanario, registró a su nombre y de sus familiares mil 900 lotes ejidales sólo en aquella entidad, pero desde hace años también es frecuentemente mencionado en casos de despojo en Campeche y Quintana Roo.
En aquel reportaje se identificaban, como empleados de Almazán y presuntos testaferros de los Mouriño, a Moisés Manzur Cisneyros, empresario que perteneció al entorno más cercano a Javier Duarte, y Alfonso Ortega López, quien hace unos meses confesó cómo era el sistema de ingeniería financiera con el que el exgobernador de Veracruz lavaba dinero.
También se identificó a Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firmó el plano del deslinde de los terrenos de Lerma. A él supuestamente se le asignaron 600 parcelas; a Cruz García Ramírez, quien se benefició con 42 terrenos; a Luis Alberto Cu Flores, que recibió 19; a Jorge Enrique Pérez Ruiz –hermano de Geni Pérez Ruiz, abogada de Almazán y exempleada de la Procuraduría Agraria–, quien consiguió 61 lotes, y Abel Muñoz Lagunes, que se hizo de 51.
De igual manera se mencionó a María Isabel Riveroll Mendoza, Santa Bartola Acuña –contadora de Almazán–, Héctor Apolinar Huesca, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo Gómez Rico.
A la postre, la mayoría de ellos –cuyos nombres también figuran en los padrones de ejidatarios o posesionarios de tierras ejidales en lugares vecinos, como Tulum y Holbox, en Quintana Roo– resultaron implicados en el caso Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016.
Años de irregularidades
El despojo de Lerma comenzó a gestarse a principios de 2008, en el sexenio de Calderón. Las primeras reuniones para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras se efectuaron en la sede del PAN municipal de esa ciudad, según May Can:
“Nos mandaron llamar a 20 ejidatarios que ellos consideraban líderes a una junta en el PAN municipal. Acudimos, y el que salió a atendernos fue (Georg Rubén) Silesky Mata, quien era en ese entonces secretario de acuerdos del Tribunal Agrario en Campeche”, relata May Can.
Tiempo después Silesky Mata fue ascendido a magistrado del Tribunal Agrario en Quintana Roo. De ese estado se fue a Oaxaca, con el mismo cargo.
May Can, quien fue dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, comenta que en aquellas reuniones se les presentó el proyecto de Lerma como “un nuevo Campeche”.
A por lo menos una de esas juntas –realizada en el hotel Francis Drake, en el centro de la ciudad– acudieron el entonces diputado panista Juan Carlos Lavalle Pinzón y su primo, el actual senador Jorge Luis Lavalle Maury, rememora el luchador social.
“¡Eso es una total y absoluta mentira, es una difamación!”, replica en entrevista aparte Lavalle Maury: “No sé quién esté inventando todo eso, pero yo nunca he tenido nada que ver con asuntos de tierras en Lerma”.
Acepta conocer a Antonino Almazán. Aclara que alguien se lo presentó hace muchos años en el aeropuerto local, pero asienta que nunca tuvo tratos con él “y menos de tierras”.
En cuanto a Velázquez Nieva y el resto de los personajes que hoy se mencionan como prestanombres de Duarte, sostiene que no los conoce, que nunca los ha visto ni sabe quiénes son. Asienta que tampoco identifica a Silesky Mata.
Lavalle Maury es el mismo que, en abril de 2009 y como coordinador de campaña de Mario Ávila Lizárraga (el entonces candidato del PAN a la gubernatura), fue acusado por el Grupo Megamedia –editor de El Diario de Yucatán– de intentar sobornarlo con recursos de la Lotería Nacional. El señalamiento también fue contra Carlos Mouriño Terrazo, hermano de Juan Camilo.
Como legislador federal, Lavalle Maury impulsó el desmantelamiento, que está en puerta, de la planta termoeléctrica de Lerma, ubicada a unos metros de la entrada al Country Club de los Mouriño.
Para tentarlos a ceder sus tierras y moverlos a convencer al resto de los ejidatarios, recuerda May Can, los funcionarios-empresarios les ofrecieron, para empezar, camionetas Tornado, “y nos tiraron las llaves de algunas. Yo no acepté, pero Silesky Mata me advirtió que lo tendría que hacer”.
Así empezó su tormentosa disputa legal en defensa de su ejido.
En este contexto, abunda, el actual gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas (priista que habrá de gobernar de 2015 a 2021), lo hizo encarcelar por invasión, lo sentenció a tres años de cárcel y lo dejó en libertad pero con medidas de restricción que le impiden hacer declaraciones o acercarse a personas implicadas en el caso.
Al salir de la cárcel se le detectó un cáncer. Cuando el padecimiento entró en fase terminal decidió romper su mordaza. Milagrosamente logró superar la enfermedad, “lo que me regresó el brío para continuar mi batalla legal”.
Hasta el momento ha podido dejar a salvo –como tierras ejidales– 360 hectáreas. Sin embargo, los miembros del comisariado, bajo el control de Velázquez Nieva y Santa Bartolo, siguen traficando con las tierras que quedaron mediante procedimientos irregulares.
Un hombre identificado como Martín Alvarado, presunto empleado de la Procuraduría Agraria en Mérida, parece ser el encargado de vender las tierras asignadas a Velázquez Nieva, delinea May Can.
Los ejidatarios que no lo son
El 21 de agosto de 2011 irrumpieron en Lerma Moisés Manzur, Apolinar Huesca Damián, Pablo Gómez Rico, Santa Bartolo Acuña y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. En una asamblea se les intentó reconocer como ejidatarios. La reunión se disolvió debido a la oposición de May Can y su grupo.
Pero Gabriela Albarrán, comisaria municipal de Lerma en el periodo 2012-2015 –y con fechas anteriores a 2011– expidió cartas en las que “reconocía” como habitantes de la zona a esas personas, quienes en realidad eran prestanombres de Duarte, según May Can.
Esa documentación ya no está en los archivos de la comisaría municipal, que preside Omar Alberto Uc Sánchez. Se quemó en un incendio del inmueble o la extravió la anterior administración, asegura, nervioso, el oficial mayor Ángel Chan Novelo, quien indica a la corresponsal que cualquier explicación al respecto la solicite “por la vía institucional al ayuntamiento de Campeche”.
May Can cuenta: “Nosotros solicitamos por escrito las cartas de avecindados que expidió la comisaría municipal a estas personas y nos respondieron que no hay archivos, que todos se los llevó la anterior administración. Pregunté al comisario si denunció, porque eso es un delito, y si no lo hizo, él sería cómplice, porque no es posible que se desaparezcan así nada más todos los registros de un pueblo. No ha respondido”.
Y asevera que no sólo ahí están desapareciendo documentos relativos al caso Lerma. También en el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Lo bueno que tenía ya todas mis copias de las actas de asamblea, porque la PGR fue a visitar a los del comisariado y ellos dijeron que yo no soy ejidatario, que fui a extorsionarlos y a pedirle al comisario 1 millón de pesos. Con mis actas demostré quiénes mienten aquí.”
Comenta que impugnó todas las asambleas celebradas desde 2007 en las que se reconocieron nuevos ejidatarios. En este sentido dice que los 16 presuntos prestanombres de Duarte fueron indebidamente reconocidos hasta en seis asambleas diferentes como avecindados.
“No se explica uno cómo pudo suceder si no es por la corrupción. Se supone que ni el propio sistema del RAN lo permite. Sólo una vez puede darse ese reconocimiento y aquí lo hicieron hasta seis veces con las mismas personas y los mismos predios, supongo que previendo que, si en una asamblea se anulaba alguna declaratoria, pues estaban otra y otra”, añade.
Entre las actas de asamblea que May Can impugnó está la del 1 de agosto de 2010, en la que se asignaron a Mauricio Teodoro Jiménez Canet Villegas las parcelas 420, 699 y 670, que suman una superficie de 90 hectáreas. Ese terreno fue vendido por el excomisario ejidal Ángel Felipe Dzib Can.
También repudió la asamblea del 7 de junio de 2009, en la que entraron como ejidatarios Abel Muñoz Lagunes, “soltero, agrónomo, de 25 años, originario de Córdova, Veracruz”; Cruz García Ramírez, “soltero, empleado, de 31 años de edad y originario del ejido Benito Juárez, Carmen (Campeche)”; Miguel Velázquez Nieva, “soltero, agrónomo, de 28 años, oriundo de Benito Juárez, Carmen, Campeche”.
Otra importante reunión que May Can desconoce es la del 25 de enero de 2009, cuando fueron “reconocidos como posesionarios” y se les asignaron parcelas a Muñoz Lagunes, ingeniero agrónomo nacido en Córdova el 10 de noviembre de 1983, soltero; a Velázquez Nieva, “ingeniero agrónomo nacido el 14 de octubre de 1981, soltero”, y a García Ramírez, comerciante, soltero, originario del ejido Benito Juárez, Carmen, nacido el 3 de mayo de 1978.
También recibió el “título” Luis Alberto Kuk Flores, de la ciudad de Campeche, nacido el 3 de junio de 1961, soltero, comerciante y con domicilio fiscal en Torres de Cristal –sede del Grupo Energético del Sureste, corporativo de los Mouriño–. Él es el posesionario de varios de los lotes donde los Mouriño edificaron infraestructura aledaña al Country Club, como el Colegio Cumbres y un hospital.
De igual manera impugnó la asamblea del 21 de agosto de 2011, que se caracteriza porque fue la primera cuyas actas fueron firmadas por personas fallecidas. Aquel día fueron reconocidos como avecindados y ejidatarios Moisés Manzur Cisneyros y Alfonso Ortega López.
El 6 de noviembre de 2011 fueron aceptados, con igual calidad, María Isabel Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. May Can también repudia la junta en que ocurrió esto.
El 11 de diciembre de 2011, en tanto, de nuevo entraron como avecindados y ejidatarios Velázquez Nieva, García Ramírez, Muñoz Lagunes, Ortega López, Manzur Cisneyros, Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro, Rosas Bocardo, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Santa Bartolo Acuña, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Héctor Apolinar Huesca Damián, Víctor Manuel Urtusuástegui Astorga y Pablo Gómez Rico.
“Falta que la autoridad decrete la nulidad. Estamos presentando pruebas, pero voy despacio porque no está fácil conseguir el dinero para la documentación certificada”, explica.
Apunta que aunque sigue el tráfico de tierras, el RAN no debe registrar ninguna acta de asamblea en la que se reconozcan nuevos avecindados o ejidatarios en tanto no se resuelva este caso.
“Lo que queremos es demostrar que ninguna de esas personas es, ni ha sido nunca, avecindado en Lerma, por lo que su reconocimiento como ejidatarios es ilegal. Queremos que los presenten ante la justicia y que las tierras regresen al ejido.”
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