Cinco días después de que se publicó la acusación contra él sobre una presunta vinculación en el desvío de 250 millones de pesos en recursos del estado de Chihuahua cuando gobernaba César Duarte, el sonorense reviró que se tratan de “filtraciones y conjeturas inverosímiles” de testigos protegidos (Sic, es colaborador) carentes de credibilidad.
Beltrones manifestó, en un comunicado, que dichas acusaciones parten de una indagatoria que realiza la Fiscalía de Chihuahua, en la que, a partir de declaraciones de un “testigo protegido o beneficiado”, figura de oprobio judicial que se creía erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, “se imputan nexos y conexiones que no existen ni existieron entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016”.
En su posicionamiento, acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de estar cometiendo un daño moral deliberado, “en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico”.
COMUNICADO DE PRENSA/ 22 de diciembre de 2017..
En México, hemos hecho grandes esfuerzos por contar con un Estado de Derecho basado en el Sistema Internacional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
En ese sentido, para hacer cumplir la ley, el primer postulado requiere que las autoridades se conduzcan con estricto apego a la ley, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.
El lunes, un diario de circulación nacional (Reforma) publicó un reportaje basado en filtraciones y conjeturas inverosímiles surgidas a partir de una indagatoria que realiza la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en el que, a partir de declaraciones de un “testigo protegido o beneficiado”, figura de oprobio judicial que creímos erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, se imputaban nexos y conexiones que no existen ni existieron entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016.
Al día siguiente, el martes, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó categoricamente que no tenían elementos que confirmaran la participación de ex funcionarios del PRI Nacional en las indagatorias que realizaba la Procuraduría de Chihuahua y que tuviera el significado que en los medios se pretendía dar a imputaciones dolosas y falsas.
El miércoles, nos enteramos de la detención de un colaborador cercano, el ex Secretario Adjunto al CEN, Alejandro Gutiérrez, porque el referido testigo protegido “le había dicho que le dijo que habría una trama financiera urdida en altos círculos gubernamentales y del partido”. Así, sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad.
Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico. Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, las notas periodísticas, los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios, que es lo común en los “testigos protegidos”, habitualmente delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan, no son prueba plena ante los tribunales, debiendo ser inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley. Recordemos que esa figura del “testigo protegido” nos tiene acostumbrados a asociarlos con la mentira.
Además, el Fiscal de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la investigación de referencia.
Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el Fiscal del Estado de Chihuahua, han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con “testigos protegidos” que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral.
Ante la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso, es que seguramente todos quienes se han visto agraviados deberán acudir a la justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien salvaguarde sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección.
Quiero dejar en claro que:
• El Presidente de un partido político carece de facultades para disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• La transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos locales no es un tema de partido, sino que se trata de una actividad regulada por las leyes, como el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• El Presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos Estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia.
• Alejandro Gutiérrez no era el Secretario de Finanzas del PRI, sino Secretario Adjunto, con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido.
• Es inverosímil que el Presidente del CEN del PRI haya instruido a un Gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio Ejecutivo Estatal en el marco de sus atribuciones.
• En el supuesto de que se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al Gobierno del Estado de Chihuahua, en todo caso, eso es materia de ambas instancias, pero no de quien ocupó la Presidencia del PRI en esa época.
Atentamente
Manlio Fabio Beltrones
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