19 dic 2017

Triangula SHCP millonada a PRI

Triangula SHCP millonada a PRI
A través de simulación de contratos se desviaron más de 250 millones de pesos, avalados por la Secretaría de Hacienda, para campañas estatales del PRI.
Nota de Abel Barajas/Reforma 

Reforma,Cd. de México (19 diciembre 2017).- 
Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.
El ex funcionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese momento por Luis Videgaray.
Según Herrera, los Gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.
REFORMA tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con "Identidad Reservada" I701/2017, rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes oficiales, corresponde a Herrera.
El ex funcionario detalló que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones.
Agregó que con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de "Fortalecimiento Financiero" por 275 millones de pesos.
"Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos", expuso Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.
Explicó que los recursos fueron recibidos y, con el apoyo del entonces Secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos.
Según Herrera, el Gobernador Duarte estuvo de acuerdo en apoyar al tricolor, porque había que "retribuirle" a Beltrones que le hubiera permitido postular como candidato del PRI a la Gubernatura a Enrique Serrano.
El testimonio de Herrera ha sido la base para enjuiciar a Yáñez, Villegas y Tarín.
La premura para operar el presunto desvío de 246 millones de pesos y destinarlos al PRI Nacional hizo que los implicados dejaran huellas que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Herrera Corral declaró el pasado 1 de julio que el organismo fiscalizador detectó oficios de esta operación con fechas erróneas.
El dinero lo recibió la Secretaría de Educación estatal, que a su vez usó 246 millones para pagar contratos simulados con empresas que les indicó el hijo de Alejandro Gutiérrez, según el ex colaborador de Duarte.
"Es de hacer notar que por la presión con la que insistió Alejandro Gutiérrez a la Secretaría de Hacienda federal, el trámite se hizo de manera incorrecta, existiendo evidencias actuales, ello por la premura en que se operó ya que el convenio se firmó con fecha 15 de enero de 2016 y no obstante que la solicitud del dinero se realizó con fecha 13 de enero, la SHCP federal lo selló con una fecha posterior, que fue el 16 de enero.
"Esto llevó a que derivado de una revisión de la ASF a la Secretaría de Hacienda federal solicitara la sustitución del oficio de esa solicitud para corregir esta irregularidad, misma que no se llevó a cabo", dice el testigo colaborador en su declaración, cuya copia posee REFORMA.
Herrera asegura que Gutiérrez le avisó que el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pediría a Duarte su apoyo económico para la campaña y que el 19 de diciembre de 2015 éstos tuvieron una comunicación en la que el entonces Gobernador expresó su acuerdo.
Apunta que desde el primer momento se buscó triangular el dinero a través de los estados, para no dejar indicios de los desvíos ante futuras auditorías federales.
"(Se pidió que) el dinero exigido saliera de dinero público pero de origen estatal, ello como decisión de las áreas de Egresos y Administración de la Secretaría de Hacienda del estado, a efecto de no hacer una devolución de recursos de origen federal con el mecanismo solicitado, en virtud de que se buscó que no fuera observado por la ASF", dice.
"Es decir, ingresó el dinero federal a las arcas del estado y, a fin de cumplir con el PRI Nacional, fue que se desvió 250 millones de pesos, pero de origen estatal, a fin de que no fueran revisados por auditorías federales, quienes vigilan el dinero de origen federal".
De todas formas, el testigo colaborador establece que Ricardo Yáñez, Secretario de Educación con Duarte, se percató que había otros errores en la facturación de los recursos, atribuibles al CEN tricolor, y de los que ya tenía noticia Javier Corral, entonces mandatario electo.
"A partir del 7 de junio de 2016 el titular de la Secretaría de Educación, Ricardo Yáñez, informa al ex Gobernador (Duarte) que la ejecución del proyecto de extracción de fondos, por fallas en el CEN del PRI, había sido detectada por el Gobernador electo (indicaba que la facturación había sido mal realizada, con facturas casi simultáneas, que evidenciaban el desvío de fondos), derivado a su vez de personal de la propia Secretaría de Educación del estado, quien observó dichas irregularidades en la facturación realizada por el titular de la Secretaría de Educación", indica.
Duarte, tras ser informado de lo anterior, ordenó regularizar estas operaciones de recursos y al final Yáñez le manifestó que la "operación había quedado bien blindada y a prueba de auditorías, toda vez que se cubrieron los requerimientos que justificaban la aplicación de dichos recursos cuyo destino, ya se sabe, tuvo un destino diferente".
Por estos hechos, Yáñez fue sentenciado a fines de noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, sin derecho a una sustitución de pena. 
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