Revista Proceso # 2144, 3 de diciembre de 2017
Y en Sedesol y la Cancillería actuó como tapadera/MATHIEU TOURLIERE
Cuando fue secretario de Desarrollo Social, el virtual candidato presidencial del PRI no actuó ante fraudes y desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación, y cuando encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó minimizar los cuestionamientos que la ONU, entre otros organismos internacionales, realizó al gobierno mexicano por graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, como en los que incurrió en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca.
Y en Sedesol y la Cancillería actuó como tapadera/MATHIEU TOURLIERE
Cuando fue secretario de Desarrollo Social, el virtual candidato presidencial del PRI no actuó ante fraudes y desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación, y cuando encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó minimizar los cuestionamientos que la ONU, entre otros organismos internacionales, realizó al gobierno mexicano por graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, como en los que incurrió en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca.
En los primeros cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade, ahora precandidato del PRI a Los Pinos, consiguió hacerse amigo de todos y lucirse ante el mandatario. Para conseguirlo, solapó actos de corrupción durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia que también utilizó como plataforma política personal, y buscó ocultar la crisis federal de derechos humanos cuando encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Meade heredó el 27 de agosto de 2015 una Sedesol en pleno descrédito. Un mes antes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) había revelado que creció 2 millones la cifra de pobres en México en los primeros dos años de la administración de Peña Nieto y que, pese a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se agravó la situación de personas sin acceso a la alimentación.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en febrero de 2015 un fraude de 845 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, llevado a cabo a través de convenios con las universidades del Estado de México y Morelos, instituciones educativas que a su vez contrataron empresas fantasma, cuando el programa social era administrado por el equipo de trabajo de Rosario Robles Berlanga en 2013.
El órgano fiscalizador también descubrió que la Sedesol utilizó esquemas fraudulentos idénticos en otros casos y desvió recursos entre 2014 y 2015. Específicamente en 2015 documentó daños al erario que ascienden a mil 787 millones de pesos. Algunas de esas irregularidades fueron cometidas después de que Meade tomó el control de la institución (Proceso 2103).
Pese a los hallazgos de las auditorías, cuando Meade asumió el control de la Sedesol no denunció las prácticas de corrupción ni los desvíos multimillonarios realizados durante la gestión de su predecesora.
En cambio, utilizó su corta estancia en Desarrollo Social para viajar a cada rincón del país y consolidar su capital político. Tejió alianzas con actores clave del poder.
Durante los 378 días como el responsable de la política social del país, Meade encabezó 246 actos públicos —145, fuera de la Ciudad de México— y firmó 85 convenios con gobiernos estatales y el sector empresarial, equivalente a uno cada cuatro días (Proceso 2080).
En sus giras de trabajo repartió despensas a beneficiarios de los programas sociales, elogió logros del gobierno de Peña Nieto y se reunió con gobernadores, alcaldes, empresarios, banqueros, líderes de organizaciones campesinas y ganaderas, militares, académicos y representantes religiosos.
El 17 de noviembre de 2015, en una gira de trabajo en Veracruz, Meade apapachó al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ambos habían firmado un convenio contra el rezago educativo.
“Nos conocimos cuando yo era funcionario de la Financiera (Rural) y él (Duarte), subsecretario de Ingresos del estado de Veracruz. Desde entonces los dos hemos hecho un buen recorrido, en donde nos hemos acompañado, y estoy hoy públicamente muy agradecido con él”, expresó ese día el funcionario federal. Once meses después, Duarte escapó del país para esconderse de la justicia mexicana, que lo buscaba por desvíos multimillonarios del erario.
El 30 de agosto de 2016, entre sus últimos actos como titular de la Sedesol, se presentó ante los senadores del PRI en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y posteriormente se reunió con los diputados del partido en la capital del país. En sus discursos, Meade, quien oficialmente no milita en algún partido político, habló a manera de elogio sobre los logros que en política social han obtenido, aseguró, todos los presidentes priistas.
Acciones en el papel
José Antonio Meade prácticamente no cambió ni una coma a la fallida estrategia contra la pobreza.
Al analizar su gestión en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, el Coneval detectó las mismas carencias de siempre en la política social: la falta de coordinación entre instancias de gobierno, la duplicación de programas sociales, la ausencia de objetivos mayores a la simple reducción de la pobreza y la persistencia de graves fallas en la atención a la población indígena, entre otras.
Pese a las observaciones, Meade logró reducir la pobreza, al menos en el papel. Fue el arquitecto de la “mejora” en el ingreso que los hogares mexicanos más humildes reportan a las autoridades, que incide en la medición que realiza el Coneval.
Dicha estrategia se articuló alrededor de dos ejes: la distribución de las llamadas “cartillas sociales” a millones de familias beneficiarias y la nueva metodología de medición del ingreso en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En la cartilla social, las familias anotan los apoyos que reciben de cada programa federal y estatal. En agosto de 2016, Meade justificó su implementación al afirmar que los atendidos por la Sedesol reciben un ingreso en especie y que no había instrumentos para “saber cuáles eran sus ingresos”, y que esa información ayudaría a planear acciones en la materia.
Los detractores de la cartilla, como las organizaciones sociales que integran la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señalan que esta herramienta tiene un carácter político, pues puede servir para obligar a los hogares más pobres del país a reportar ingresos mayores y así reducir las cifras oficiales sobre la carencia.
El propio Coneval, en su informe 2016, solicitó a la Sedesol que explicara el objetivo de la cartilla y la problemática que busca atender. Además, le señaló que “es indispensable garantizar que el uso de la cartilla y la información que la integra estén blindados ante cualquier factor político”.
Cabe destacar que el diseño de la cartilla social fue hecho por Paloma Merodio Gómez, exfuncionaria de la Sedesol catapultada en abril pasado por la Presidencia de la República, y apoyada por los senadores del PRI, a una vicepresidencia del Inegi, pese a que su perfil incumplía los requisitos del cargo. Su nombramiento generó indignación entre políticos, académicos y organizaciones sociales.
También, cuando el hoy precandidato presidencial encabezó la Sedesol, de manera coincidente, el Inegi cambió su metodología de levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
La modificación detonó un conflicto inédito con el Coneval, organismo que se negó a publicar su medición de la pobreza municipal 2016 con base en las cifras “no congruentes” del Inegi, instituto que por sus nuevos medios ya había registrado un incremento de 11.9% en el ingreso general de los hogares mexicanos y 33.6% en el decil de los hogares más pobres del país.
Ya para el 7 de septiembre de 2016, Meade sustituyó a su amigo Luis Videgaray Caso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De inmediato presentó a los diputados el proyecto de presupuesto 2017, particularmente severo con el gasto social del país, al que mutiló 10.48%.
El recorte implicó reducciones en los apoyos sociales, como el retiro de 143 millones de pesos de subsidios para el Programa de Inclusión Social PROSPERA, dejó a la mitad los fondos asignados al Programa de Empleo Temporal, mientras el presupuesto asignado al Programa de Apoyo a la Infraestructura Indígena quedó en una tercera parte en comparación con lo destinado un año antes.
Gestión de daños
Apoyándose en la simpatía internacional de la nueva administración, hecho conocido como el “Mexican Moment”, José Antonio Meade, en sus primeros dos años en la cancillería, asumió la tarea de promover las reformas estructurales, principalmente la apertura del sector energético a las empresas nacionales y extranjeras.
Sin embargo, en los últimos meses de 2014 se acabó esa especie de luna de miel con el mundo. El 11 de septiembre salió a la luz la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio; el 26 de septiembre ocurrió la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y el 9 de noviembre se reveló el conflicto de interés de Peña Nieto con un constructor en el escándalo conocido como La Casa Blanca.
Esos casos exhibieron dos temas que le han sido criticados al gobierno de Enrique Peña Nieto a escala nacional e internacional: la crisis de derechos humanos y la corrupción gubernamental.
A partir de ese momento, Meade se dedicó a frenar la degradación de la imagen internacional del gobierno federal y a rechazar los repetidos señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso por la Santa Sede.
El 17 diciembre de 2014, el ahora precandidato presidencial del PRI negó que la tragedia de Ayotzinapa tuviera impactos negativos sobre la imagen de México en el exterior, aun cuando en ese momento el gobierno mexicano dio explicaciones del caso a la CIDH, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de varios países.
En marzo de 2015, la cancillería enfrentó abiertamente a Juan Méndez, el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, quién aseveró en un informe que dicha práctica era “sistemática” en México. Con el pleno respaldo de Meade, la SRE descalificó el informe y a su autor.
El 7 de noviembre de 2014, a dos días de publicarse la investigación periodística de La Casa Blanca, el gobierno federal canceló la concesión para la construcción del tren México–Querétaro, otorgada al consorcio conformado por tres empresas chinas y cuatro firmas mexicanas.
Una de las compañías nacionales ganadoras, Constructora Teya, es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista y amigo de Peña Nieto que había financiado y construido la residencia de la pareja presidencial en Lomas de Chapultepec.
En diversas entrevistas, Meade se apresuró en afirmar que la relación de México con China no se afectó por la cancelación del proyecto del tren rápido, asegurando que se estableció un diálogo “para explicarles la necesidad de transparencia” en la licitación.
Sin embargo, el pasado 22 de noviembre el portal Aristegui Noticias reveló que el gobierno chino, desde octubre de 2015, reclama 600 millones de dólares al de México, en compensación por la cancelación de la obra.
En sus argumentos, el país asiático expuso que las autoridades mexicanas “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”, señalamientos que desmienten las afirmaciones que Meade hizo sobre el tema hace tres años.
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Meade heredó el 27 de agosto de 2015 una Sedesol en pleno descrédito. Un mes antes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) había revelado que creció 2 millones la cifra de pobres en México en los primeros dos años de la administración de Peña Nieto y que, pese a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se agravó la situación de personas sin acceso a la alimentación.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en febrero de 2015 un fraude de 845 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, llevado a cabo a través de convenios con las universidades del Estado de México y Morelos, instituciones educativas que a su vez contrataron empresas fantasma, cuando el programa social era administrado por el equipo de trabajo de Rosario Robles Berlanga en 2013.
El órgano fiscalizador también descubrió que la Sedesol utilizó esquemas fraudulentos idénticos en otros casos y desvió recursos entre 2014 y 2015. Específicamente en 2015 documentó daños al erario que ascienden a mil 787 millones de pesos. Algunas de esas irregularidades fueron cometidas después de que Meade tomó el control de la institución (Proceso 2103).
Pese a los hallazgos de las auditorías, cuando Meade asumió el control de la Sedesol no denunció las prácticas de corrupción ni los desvíos multimillonarios realizados durante la gestión de su predecesora.
En cambio, utilizó su corta estancia en Desarrollo Social para viajar a cada rincón del país y consolidar su capital político. Tejió alianzas con actores clave del poder.
Durante los 378 días como el responsable de la política social del país, Meade encabezó 246 actos públicos —145, fuera de la Ciudad de México— y firmó 85 convenios con gobiernos estatales y el sector empresarial, equivalente a uno cada cuatro días (Proceso 2080).
En sus giras de trabajo repartió despensas a beneficiarios de los programas sociales, elogió logros del gobierno de Peña Nieto y se reunió con gobernadores, alcaldes, empresarios, banqueros, líderes de organizaciones campesinas y ganaderas, militares, académicos y representantes religiosos.
El 17 de noviembre de 2015, en una gira de trabajo en Veracruz, Meade apapachó al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ambos habían firmado un convenio contra el rezago educativo.
“Nos conocimos cuando yo era funcionario de la Financiera (Rural) y él (Duarte), subsecretario de Ingresos del estado de Veracruz. Desde entonces los dos hemos hecho un buen recorrido, en donde nos hemos acompañado, y estoy hoy públicamente muy agradecido con él”, expresó ese día el funcionario federal. Once meses después, Duarte escapó del país para esconderse de la justicia mexicana, que lo buscaba por desvíos multimillonarios del erario.
El 30 de agosto de 2016, entre sus últimos actos como titular de la Sedesol, se presentó ante los senadores del PRI en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y posteriormente se reunió con los diputados del partido en la capital del país. En sus discursos, Meade, quien oficialmente no milita en algún partido político, habló a manera de elogio sobre los logros que en política social han obtenido, aseguró, todos los presidentes priistas.
Acciones en el papel
José Antonio Meade prácticamente no cambió ni una coma a la fallida estrategia contra la pobreza.
Al analizar su gestión en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, el Coneval detectó las mismas carencias de siempre en la política social: la falta de coordinación entre instancias de gobierno, la duplicación de programas sociales, la ausencia de objetivos mayores a la simple reducción de la pobreza y la persistencia de graves fallas en la atención a la población indígena, entre otras.
Pese a las observaciones, Meade logró reducir la pobreza, al menos en el papel. Fue el arquitecto de la “mejora” en el ingreso que los hogares mexicanos más humildes reportan a las autoridades, que incide en la medición que realiza el Coneval.
Dicha estrategia se articuló alrededor de dos ejes: la distribución de las llamadas “cartillas sociales” a millones de familias beneficiarias y la nueva metodología de medición del ingreso en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En la cartilla social, las familias anotan los apoyos que reciben de cada programa federal y estatal. En agosto de 2016, Meade justificó su implementación al afirmar que los atendidos por la Sedesol reciben un ingreso en especie y que no había instrumentos para “saber cuáles eran sus ingresos”, y que esa información ayudaría a planear acciones en la materia.
Los detractores de la cartilla, como las organizaciones sociales que integran la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señalan que esta herramienta tiene un carácter político, pues puede servir para obligar a los hogares más pobres del país a reportar ingresos mayores y así reducir las cifras oficiales sobre la carencia.
El propio Coneval, en su informe 2016, solicitó a la Sedesol que explicara el objetivo de la cartilla y la problemática que busca atender. Además, le señaló que “es indispensable garantizar que el uso de la cartilla y la información que la integra estén blindados ante cualquier factor político”.
Cabe destacar que el diseño de la cartilla social fue hecho por Paloma Merodio Gómez, exfuncionaria de la Sedesol catapultada en abril pasado por la Presidencia de la República, y apoyada por los senadores del PRI, a una vicepresidencia del Inegi, pese a que su perfil incumplía los requisitos del cargo. Su nombramiento generó indignación entre políticos, académicos y organizaciones sociales.
También, cuando el hoy precandidato presidencial encabezó la Sedesol, de manera coincidente, el Inegi cambió su metodología de levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
La modificación detonó un conflicto inédito con el Coneval, organismo que se negó a publicar su medición de la pobreza municipal 2016 con base en las cifras “no congruentes” del Inegi, instituto que por sus nuevos medios ya había registrado un incremento de 11.9% en el ingreso general de los hogares mexicanos y 33.6% en el decil de los hogares más pobres del país.
Ya para el 7 de septiembre de 2016, Meade sustituyó a su amigo Luis Videgaray Caso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De inmediato presentó a los diputados el proyecto de presupuesto 2017, particularmente severo con el gasto social del país, al que mutiló 10.48%.
El recorte implicó reducciones en los apoyos sociales, como el retiro de 143 millones de pesos de subsidios para el Programa de Inclusión Social PROSPERA, dejó a la mitad los fondos asignados al Programa de Empleo Temporal, mientras el presupuesto asignado al Programa de Apoyo a la Infraestructura Indígena quedó en una tercera parte en comparación con lo destinado un año antes.
Gestión de daños
Apoyándose en la simpatía internacional de la nueva administración, hecho conocido como el “Mexican Moment”, José Antonio Meade, en sus primeros dos años en la cancillería, asumió la tarea de promover las reformas estructurales, principalmente la apertura del sector energético a las empresas nacionales y extranjeras.
Sin embargo, en los últimos meses de 2014 se acabó esa especie de luna de miel con el mundo. El 11 de septiembre salió a la luz la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio; el 26 de septiembre ocurrió la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y el 9 de noviembre se reveló el conflicto de interés de Peña Nieto con un constructor en el escándalo conocido como La Casa Blanca.
Esos casos exhibieron dos temas que le han sido criticados al gobierno de Enrique Peña Nieto a escala nacional e internacional: la crisis de derechos humanos y la corrupción gubernamental.
A partir de ese momento, Meade se dedicó a frenar la degradación de la imagen internacional del gobierno federal y a rechazar los repetidos señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso por la Santa Sede.
El 17 diciembre de 2014, el ahora precandidato presidencial del PRI negó que la tragedia de Ayotzinapa tuviera impactos negativos sobre la imagen de México en el exterior, aun cuando en ese momento el gobierno mexicano dio explicaciones del caso a la CIDH, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de varios países.
En marzo de 2015, la cancillería enfrentó abiertamente a Juan Méndez, el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, quién aseveró en un informe que dicha práctica era “sistemática” en México. Con el pleno respaldo de Meade, la SRE descalificó el informe y a su autor.
El 7 de noviembre de 2014, a dos días de publicarse la investigación periodística de La Casa Blanca, el gobierno federal canceló la concesión para la construcción del tren México–Querétaro, otorgada al consorcio conformado por tres empresas chinas y cuatro firmas mexicanas.
Una de las compañías nacionales ganadoras, Constructora Teya, es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista y amigo de Peña Nieto que había financiado y construido la residencia de la pareja presidencial en Lomas de Chapultepec.
En diversas entrevistas, Meade se apresuró en afirmar que la relación de México con China no se afectó por la cancelación del proyecto del tren rápido, asegurando que se estableció un diálogo “para explicarles la necesidad de transparencia” en la licitación.
Sin embargo, el pasado 22 de noviembre el portal Aristegui Noticias reveló que el gobierno chino, desde octubre de 2015, reclama 600 millones de dólares al de México, en compensación por la cancelación de la obra.
En sus argumentos, el país asiático expuso que las autoridades mexicanas “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”, señalamientos que desmienten las afirmaciones que Meade hizo sobre el tema hace tres años.
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