A Rosa Yolanda Angulo Castilla se le vendieron propiedades con un valor ínfimo al avalúo, por lo que es señalada como cómplice. Foto: Archivo
Nota de Iris Velázquez/ Reforma, Cd. de México (04 enero 2018).-
En la audiencia de Roberto Borge, la Fiscalía presentó una la presunta red de corrupción para rematar 22 predios donde una de las principales artífices es su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla.
A ella se le vendieron propiedades con un valor ínfimo al avalúo, por lo que es señalada como cómplice.
También señalan como vendedora en distintos contratos a Claudia Romanillos Villanueva, quien fue secretaria particular en diversos puestos y a quien Borge nombró como titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo.
En los nombres de contratos, se mencionó a César Celso González Hermosillo y Melgarejo como el abogado de la familia.
También se nombró a María del Lourdes Pinelo Nieto, quien era secretaria del padre de Borge como otra de las beneficiarias de los terrenos a bajo costo.
La Fiscalía expuso que los 22 bienes se remataron en actos irregulares y a un 20.9 por ciento de su valor original.
Según la acusación, los predios fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121 pesos, aunque el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos.
La diferencia es de 900 millones 99 mil 419 pesos, lo que fue señalado como quebranto al patrimonio de la entidad.
Esta suma equivale a pagar los salarios de todos los elementos de las fuerzas armadas por un año.
La parte acusadora recalcó que los predios vendidos pertenecían a áreas protegidas y ubicadas en zonas turísticas.
En total, se expuso en audiencia, fueron 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados que es proporcional a la Isla Mujeres dos veces y 10 veces Xcaret.
La acusación contiene más de 89 datos de prueba, incluidos en 39 tomos que incluyen avalúos, y contratos.
La parte acusadora mencionó que la red de corrupción se realizó con ayuda de empresas fantasmas como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe.
Empero, en los contratos figuran más de trece empresas como Inmobiliaria Cigarra, y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.
Refirieron que de los 22 predios, tres se han comprobado con intención de ser ocultados.
Según la Fiscalía, los bienes de los cómplices permanecían restringidos con el argumento de protección de datos personales.
Resaltaron la venta de un terreno, marcado en la prueba número 6, cuyo metro cuadrado fue dado a 100 pesos.
En la prueba 43 se adjuntan 242 tomas fotografías tomadas por el Servicio Forense en 24 predios ubicados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, y Othón P. Blanco.
Entre las irregularidades en la venta de predios la Fiscalía señaló el que al ser áreas protegidas se debería de presentar un proyecto previo a la autorización de venta.
Tampoco se investigó la insuficiencia económica del interesado en la compra y tampoco existe constancia de que el interesado haya presentado documentos certificados para cotejo de sus datos.
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