Nota de Abel Barajas/
Reforma, Cd. de México (21 febrero 2018).- Elba Esther Gordillo interpuso hoy quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a sus derechos fundamentales, derivadas de la restricción de visitas y llamadas telefónicas.
Al mismo tiempo, presentó una queja administrativa contra el juez federal Alejandro Caballero Vértiz y amplió una denuncia penal que ya había presentado en su contra ante la PGR, al ser el responsable de ordenar dichas medidas que califica de draconianas.
En un comunicado, el despacho de abogados de Marco Antonio del Toro afirmó que las medidas dictadas por el juez Caballero contra la maestra son un castigo por el apoyo que Fernando González Sánchez y René Fujiwara, yerno y sobrino de Gordillo, han brindado a Andrés Manuel López Obrador.
"Esas determinaciones restrictivas solicitadas por la PGR y ordenadas por el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la CDMX no son medidas de seguridad para vigilar la permanencia de la maestra en su domicilio, se trata de medidas de control absolutamente arbitrarias y vejatorias de sus derechos fundamentales.
"Es evidente el carácter de persecución política que enfrenta la maestra, ya que estas 'medidas de control' están directamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República de su yerno y nieto, lo que gestó especulaciones sobre sus propias decisiones, a pesar del prudente silencio de años que ha guardado la maestra", dijo el despacho de abogados.
La defensa de la maestra también que ha presentado un recurso de queja ante un tribunal colegiado, en contra de la negativa de un juez de amparo para suspender provisionalmente dichas restricciones instruidas por el juez Caballero.
"Todo ello (es) para combatir las claras violaciones a diversos derechos humanos de la maestra, entre ellos a la intimidad, privacidad, a la inviolabilidad de su domicilio y a sus comunicaciones privadas", dijo.
"Se pidió expresamente a la PGR que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, tome conocimiento de las violaciones a varios derechos fundamentales de la maestra".
El miércoles pasado Alejandro Caballero Vértiz, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en esta ciudad, impuso un régimen más restringido a las visitas de Gordillo en su departamento de Polanco donde está sujeta a la prisión domiciliaria.
En su resolución, le prohibió comunicarse vía telefónica o electrónica con personas que no estén autorizadas judicialmente y le dio un plazo de 24 horas para entregar el nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter en que acudirán a verla.
La maestra no entregó esta lista y recurrió al amparo, sin embargo, le negaron suspender dichas restricciones.
Hora de publicación: 19:32 hrs.
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