GLORIA REZA M.
Revista Proceso # 2155, 18 de febrero de 2018..
GUADALAJARA, JAL.- En lo que va de este año se han registrado casi 200 ejecuciones en esta ciudad. El gobernador del estado, el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, atribuyen la ola de violencia a un reacomodo de los grupos de la delincuencia organizada, mientras que policías y académicos sostienen que se debe a la corrupción e impunidad.
La agencia AFP informa que entre el 1 de enero y el 11 de febrero se reportaron 174 muertes violentas en Jalisco, en tanto que la estación de radio Notisistema, con base en sus propias estadísticas, contabilizó en la primera quincena de febrero 70 homicidios únicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que equivale a 4.8 por día o uno cada cinco horas.
En su página de internet, la Fiscalía General del Estado (FGE) incluye solamente los homicidios dolosos en los cuatro municipios conurbados y los de la región centro, que en enero sumaron 92.
Este semanario solicitó una entrevista con el fiscal general para consultarlo al respecto, pero su área de comunicación social respondió que “trae una agenda complicada”. No obstante, el domingo 11 Sánchez Jiménez declaró a la prensa que la ola de violencia en la zona metropolitana se debe en gran parte a la captura de Alfredo “N”, El Argentino, quien controlaba la venta de droga en Tonalá y Tlaquepaque, así como al desmantelamiento de una célula delictiva, lo cual provocó que al menos dos grupos del crimen organizado se disputen la zona.
Consultados al respecto, policías estatales no coinciden del todo con su jefe. Apuntan que según sus investigaciones sí hay una pugna interna por el territorio en el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Sin embargo, señalan que los mandos policiacos reciben dinero de ese cártel y por eso, cuando alguien de su propia organización les estorba, piden a la autoridad que lo detenga.
“El policía que no esté de acuerdo con ese sistema, lo chingan, le inventan delitos, lo quitan”, lamenta uno de los agentes, y sostiene que El Mencho quiere y tal vez puede asumir el control de la droga en todo el país: “Es el más fuerte porque tiene el apoyo de las autoridades”.
El CJNG no sólo controla la distribución de droga en el país y la contrabandea al extranjero, sino también el narcomenudeo, la prostitución, el tráfico de alcohol adulterado y mercancía pirata.
El policía comenta que cuando ejecutan a alguien y le colocan una cartulina con el mensaje: “Esto me pasó por rata o por secuestrador”, se debe a que no paga el “impuesto” a la organización.
Quienes se dedican a robar casas, autos y camiones, combustible, así como a secuestrar, pagan una cuota y tienen asignada una zona. Si no respetan “el derecho de piso” los sicarios del CJNG “se lo chingan”, tercia otro policía.
Algunos de los policías que aceptaron hablar tienen más de una década en la que hoy es la FGE y comentan que los delitos empezaron a incrementarse durante la gestión de Luis Carlos Nájera Gutiérrez como secretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Emilio González Másquez. Añaden que la tendencia siguió con Aristóteles Sandoval, quien creó la FGE y le dio el cargo a Nájera.
Éste asumió el mando de la FGE en 2013 y renunció el 6 de julio de 2015. Días antes, el 23 de mayo, fue señalado por policías de proteger al CJNG. Su lugar fue ocupado por el priista Eduardo Almaguer, quien actualmente aspira a la presidencia municipal de Guadalajara.
Uno de los entrevistados cuestiona por qué el gobierno federal, cuando detiene a narcotraficantes pesados de Jalisco que se paseaban libremente, no investiga quién lo protegía en la entidad.
Incluso dicen que en municipios ajenos a la zona conurbada circulan grupos armados del CJNG, “pero nadie los detiene, ni la policía municipal, los convoyes de la FUR o la PGR, (pues) los tienen controlados”.
Impunidad, corrupción y política
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se registraron mil 19 homicidios dolosos en Jalisco; en 2016, mil 153; en 2017, mil 369 y, en los primeros 45 días de 2018, alcanzan 190 muertes violentas.
“Cada año supera la marca anterior; es el patrón que hemos vivido en los últimos 10 años, (…) Si Jalisco continúa a este ritmo, si no se toman medidas serias, claras, objetivas y especificas para reducir los altos índices de violencia y de homicidio que azotan al estado, estaríamos cerrando conservadoramente alrededor de 2 mil muertos”, calcula el abogado constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara.
El primer fin de semana de febrero se registraron en la zona metropolitana 21 asesinatos: cuatro en Guadalajara, nueve en Tonalá, seis en Tlaquepaque y dos en Tlajomulco.
Sobre el argumento de la autoridad: que las ejecuciones sólo se dan entre delincuentes, el académico considera que es “una explicación corta, muy simple y sin entrar al fondo de la problemática, en la que no se deslindan responsabilidad de las autoridades (de los tres niveles de gobierno)”.
Uno de los factores del incremento de los delitos, en opinión del especialista, es el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el cual se libera a delincuentes sin prepararlos para su reinserción en la sociedad, por lo que la falta de oportunidades de empleo los lleva a unirse a la delincuencia.
Otro factor, dice Jiménez Reynoso, es la impunidad. “Un delincuente sabe que cometer un delito equivale a jugar la ruleta rusa: tiene una posibilidad de ser sancionado y 99 de que no le pase nada (…) y si es detenido tiene muchas posibilidades de resolver su problema con las salidas alternas. Otro punto a su favor es que el sistema (penal) está en manos de personas incompetentes”.
Aunado a ello, considera que las policías municipales no previenen el delito y que los agentes del Ministerio Público no “hacen investigaciones serias, sólidas, para perseguir a quien no pudo contener la policía”.
Al pedirle que abunde sobre la incompetencia de los mandos, explica: “Los políticos no han querido entender que debe separarse la política de la seguridad… En este sexenio se notó de manera marcada una partidización de la seguridad”, pues el gobernador es priista y los presidentes municipales de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque pertenecen a Movimiento Ciudadano (MC).
“El gobernador –ejemplifica– nombró a un priista como fiscal general (Eduardo Almaguer) y, en venganza, digámoslo así, el presidente municipal de Guadalajara (Enrique Alfaro) nombra a Salvador Caro, otro político, al frente de una institución que necesita especialistas, policías de carrera, con conocimientos en materia de seguridad, de prevención del delito”.
Sin embargo, admite que en el caso de Raúl Sánchez, con experiencia previa en la FGE, y de Juan Bosco Pacheco en la comisaría de Guadalajara, tampoco se pudo disminuir la criminalidad porque carecen de liderazgo.
Incluso recordó que Sánchez Jiménez fue despedido como director del área de Atención a Delitos contra la Indemnidad Sexual y la Integridad de Personas por incompetente, cuando Luis Homero águila asesinó a balazos a cuatro empleadas de la dependencia, el 13 de septiembre de 2016. Sánchez regresó a la FGE el 30 de junio de 2017 como fiscal regional; el 14 de noviembre asumió como encargado de despacho y un mes después se le dio la titularidad.
“De estar en la calle, despedido por incompetente, lo hacen fiscal general. Imagínese la gratitud y el servilismo con la que llegan esas personas”, comenta Reynoso.
Y relata que más de una decena de policías de diferentes municipios lo buscaron para denunciar que sus jefes los hicieron firmar de recibido por cinco pares de botas e igual número de uniformes, además de un curso de capacitación en justicia penal, cuando no les dieron nada de eso.
El doctor en derecho Guillermo Zepeda Leucona, especializado en seguridad ciudadana y justicia penal, recuerda que Luis Carlos Nájera –recién reintegrado al gabinete como secretario del Trabajo– decía que “para el que ande en malos pasos, es inseguro Jalisco, pero para la gente de bien, no lo es… En vez de comprometerse a castigar el delito, lo que hacen es sacar el currículum delictivo de las personas asesinadas (…) para que el ciudadano diga: un delincuente menos.
“Lo que no explican es por qué los sicarios lo ubicaron en 24 horas, y las policías tenían seis meses, un año o dos con las órdenes de aprehensión en su contra” y no dieron con ellos.
“Habría que complementar la frase de la autoridad, de que son pugnas entre células. Hay que agregar en el vacío institucional. Si no hubiera el clima de impunidad, no seguirían optando por estas medidas de violencia”, recalca Zepeda Lecuona.
Y aporta cifras: dice que hace seis años la impunidad en materia de homicidios en la entidad era de 34%, es decir que se resolvía uno de cada tres. En 2016 el índice ya era de 72%.
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