Columna Estrictamente Personal
El Financiero, 23 de julio de 2018
El escándalo por el fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en el centro y sur del país el año pasado, jamás hubiera alcanzado los niveles actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en un aparador.
La reacción de López Obrador es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que no es un político honesto, que miente y que lastimó a aquellos sectores a quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada acusación de que se trata de un 'complot'. En el horizonte apareció la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y Monex?
Lo primero que habría que ver es lo que la resolución del INE no dice y lo que representa para el resultado de la elección presidencial. Primero, el INE nunca afirma que el dinero del fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales, que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y figuras de Morena. Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate. Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE miente, que lo ataca junto con el gobierno, y que se evapore la imputación de deshonestidad.
Lo segundo es que la multa no modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor a 5.0 por ciento entre el primero y el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser presidente de México a partir del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154 páginas es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley electoral:
1.- El 20 de septiembre de 2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría 50 por ciento de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el primer debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de pesos de los contribuyentes se habían dedicado unilateralmente a promover la ayuda a damnificados.
Esto contraviene el artículo 41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir financiamiento público destinado “al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales”, así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, que prevé que es obligación de ellos “aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados”. El reconocimiento del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le establecía la ley, lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción noble de su parte.
2.- El 25 de septiembre se formalizó el fideicomiso Por los Demás, donde el INE probó vínculos y subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los recursos con los cuales contara el fideicomiso. El comité técnico que fue creado para esos fines instruyó a la fiduciaria, en contravención también con lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos del fideicomiso a terceros que no eran “sujetos de apoyo” y que eran, a su vez, personas ligadas a ese partido. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Estos dos puntos golpearon por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la primera vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos. En la campaña presidencial de 2012, el PRI –como ahora lo hizo con la denuncia sobre el fideicomiso– señaló que la asociación civil que había creado en 2006, Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.
Seis años después está metido en un embrollo similar, pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable. Otro es que no es un candidato perdedor, sino el próximo presidente de México, por lo que la sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria ofensiva.
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El fraude de Morena (y II)/Raymundo Riva Palacio
El Financiero...24 de julio de 2018
Estrictamente Personal
El Pemexgate fue un esquema de financiamiento alterno del sindicato de Pemex, con dinero público, que ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en 2000. Amigos de Fox fue una asociación civil creada en 1999 para triangular recursos privados que apoyaran, de manera ilegal, la campaña presidencial de Vicente Fox. El Caso Monex se refiere a cómo, a través de dos empresas, se armó un andamiaje financiero para canalizar recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas bancarias del banco Monex.
Los tres revelan la forma como, para alcanzar el poder, los políticos rompen con la ley en busca de un objetivo ulterior. Durante años, Andrés Manuel López Obrador denunció este uso ilegal de recursos y llegó a pedir la anulación de la elección de 2012. Hoy, paradojas de la vida pública, se encuentra atrapado en el mismo dilema: ¿la fundación que creó Morena para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017 en el centro y sur del país, fue una red de financiamiento ilegal para su campaña presidencial?
Hasta este momento, de acuerdo con la investigación del INE sobre la fundación Por los Demás, no se puede documentar que el fraude a la ley que cometieron militantes y simpatizantes de Morena, al utilizar de manera ilegal recursos públicos para fines privados, hubiera terminado en las campañas de López Obrador o de los candidatos a puestos de elección popular. “Por lo que hace a los egresos”, señala el proyecto de la resolución que sustentó la multa por 197 millones de pesos por haber utilizado irregularmente recursos públicos, “el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados”.
Sin embargo, dejó abierta esa puerta: “La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los límites formales del contrato del fideicomiso”, dice el proyecto de la resolución. “La materialización y operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el entonces dirigente del partido (el 20 de septiembre), la orden de su Consejo Nacional (en sesión extraordinaria tres días después), y su puesta en práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político (el 25 de septiembre se constituyó en Banca Afirma el instrumento del fideicomiso Por los Demás)”.
Originalmente, Morena detalló en un boletín del 3 de octubre que se iba a hacer una dispersión de “apoyos” de dos mil 400 pesos a cada una de las 45 mil personas damnificadas en 325 municipios y delegaciones en ocho entidades, que sumarían 103 millones de pesos, la mitad de las prerrogativas para la campaña presidencial de 2018. La operación del fideicomiso ha sido difundida profusamente por el INE y los medios de comunicación, donde sobresalen las contradicciones al contrato del fideicomiso por tolerar depósitos de recursos en efectivo.
Durante siete días, entre el 26 y el 29 de diciembre, y el 23, 27 y 28 de marzo pasados, se realizaron depósitos por 19 millones 736 mil 222 pesos en efectivo, que representa 44.44 por ciento del total de recursos que ingresaron al fideicomiso en 16 sucursales de Banco Afirme. Del 26 al 29 de diciembre se realizaron otros depósitos en efectivo por 14 millones 733 mil 822 pesos, que representan 33.71 por ciento del total de los recursos. El modus operandi de los depósitos fue haberlos realizado con diferencia de segundos en diversas sucursales, por un total aproximado de 20 minutos. Esta acción sistemática consistía en que nueve personas entregaban a dos cajeros 28 depósitos en total, en las sucursales analizadas, por 50 mil pesos cada uno. Los egresos fueron a través de 171 cheques, de 120 mil pesos a un millón 53 mil 120, cobrados por un número similar de personas que no estaban en el padrón de damnificados, que eran funcionarios, diputados federales y locales, o candidatos a puestos de elección popular de Morena.
Esto fue, en palabras del INE, “un sistema orquestado de organización y de maquinación necesariamente dirigido”, dentro de “un entramado de simulación y fraude a la ley”, donde no hay certeza del origen de las aportaciones de los militantes. Este tema, sin embargo, tiene músculo para crecer. Si el caso camina del órgano electoral a la autoridad judicial, se podrían configurar los presuntos delitos de lavado de dinero, por hacer uso de recursos de procedencia desconocida, y por delincuencia organizada, al estar dos o más personas actuando en coordinación para cometer un ilícito.
El INE no llegó a ese nivel de imputación –no es su función–, pero admitió la imposibilidad de rastreo de esos recursos sobre el destino o fin que tuvieron. En todo caso, apuntó que la sistematicidad y encadenamiento de conductas, los llevaron a advertir que “se estaba frente a un esquema operado por y en beneficio” de Morena, que nunca perdió el control en la instrumentación y manejo del fideicomiso. La opacidad castigada por el INE arroja incertidumbre sobre el uso de esos recursos, pero quizá, de manera más delicada, sobre el origen de los mismos. Se abre de esta manera la posibilidad de que se denuncie a Morena en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo que la vena penal quedaría encaminada a perseguir al nuevo gobierno de López Obrador.
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Se llama fraude/Pablo Hiriart
El Financiero...
Uso de Razón
No robar, no mentir…
¿Por qué el presidente electo, en atención a la enorme esperanza depositada en él a través de las urnas el 1 de julio, no condena el fraude hecho con el fideicomiso Por los Demás, en lugar de defender lo indefendible?
No cambia. Cuando no le dan la razón la emprende contra las instituciones.
Ya pasó la campaña. Su nueva tarea es defender las instituciones, no calumniarlas, insultarlas ni demolerlas.
El monto del fraude con el fideicomiso Por los Demás sí importa, 78.8 millones de pesos, pero lo impactante es que lo hicieron con dinero que supuestamente se recolectaba para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre.
Lavaron dinero para comprar votos.
Se trata de un fraude económico, penal, electoral, sí, aunque por encima de esas figuras es un fraude moral.
¿No que las escaleras se barrían de arriba para abajo?
¿No que sería implacable con la corrupción, especialmente de los suyos?
Gracias debería darle al INE, y tendría que aplaudir de pie a los consejeros por sacar a la luz este fraude después de las elecciones y no antes.
Todo es “una vil venganza”, replica AMLO y la emprende de manera personalizada contra consejeros autónomos.
¿Venganza por qué? ¿De qué?
En el fondo lo ayudaron, ¿no entiende? Reventaron la bomba un par de semanas después de las elecciones y no un par de semanas antes, como debió ser.
Lo que hizo Morena fue una operación de lavado de dinero con recursos que se recaudaron en nombre los damnificados por los sismos.
Como lo informó el consejero Ciro Murayama (un intelectual de izquierda, por cierto), los depósitos al fideicomiso fueron realizados en operaciones “con diferencia mínima de segundos” y siempre en fajos de billetes de 50 mil pesos.
Dice Murayama que los videos de las cajas de Banca Afirme (otra vez Banca Afirme y Morena) muestran a “un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada”.
En el informe del INE se apunta que en la sucursal San Ángel de ese banco, el 28 de diciembre, seis personas hicieron 28 depósitos consecutivos en dos cajeros, hasta ingresar 14 millones de pesos en efectivo en 20 minutos.
¿Y quiénes retiraron el dinero? Los mismos que lo aportaron, dirigentes de Morena, sólo que en cantidades mucho mayores.
León Felipe Vidaurri, de la Secretaría de Organización de Morena, tiene un sueldo de 10 mil pesos mensuales y donó 98 mil pesos. Su esfuerzo se recompensó: retiró en efectivo dos millones 700 mil pesos.
José Manuel Vera Salgado, representante de Morena ante el INE poblano, depositó 120 mil 703 pesos y retiró, en cash, un millón 800 mil.
Rodrigo Abdalá, diputado federal de Morena y próximo coordinador estatal de Programas de Desarrollo (representante del presidente) en Puebla, dio 225 mil pesos y después cobró un cheque de caja por un millón 400 mil pesos.
Un integrante del (así llamado) Comité de Transparencia de Morena, Guillermo Genaro Polanco, retiró dos millones cien mil pesos luego de donar 96 mil.
Dice el consejero Murayama que los 58 aportantes identificados como fideicomitentes, 84 por ciento son legisladores de Morena.
Por instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso, quienes cobraron el dinero, “el 80 por ciento tiene relación directa con Morena: son miembros de órganos directivos, están en su nómina o son militantes o candidatos”, establece el consejero Murayama.
Fue una operación de lavado de dinero. Un fraude en toda la línea.
¿De dónde llegó ese dinero que, en carrusel, los miembros de Morena depositaban en fajos de 50 mil pesos? Nadie sabe, nadie supo.
¿Adónde fue a parar ese dinero que retiraron en cheques de caja y los convirtieron en efectivo los dirigentes de Morena?
Absolutamente nadie de los que retiraron dinero del fideicomiso está en el padrón de damnificados de los sismos.
El INE multó a Morena con 197 millones de pesos por ello. Una bicoca si lo comparamos con los mil 500 millones de pesos que ese partido recibirá de financiamiento público el próximo año.
Todo fue una “vil venganza”, dice nuestro presidente electo.
Hay que recordarle que será el encargado de velar por las instituciones, no su demoledor.
Y que cumpla:
No robar, no mentir…
Primero los pobres…
Las escaleras se barren de arriba hacia abajo…
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